Rosa María Córdoba Silva
Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosa María Córdoba Silva
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja civil 66/2022, misma que en su punto resolutivo único dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Rosa María Córdova Silva, por propio derecho, contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado por el Secretario Encargado del Despacho por vacaciones de la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo 52/2022-V-A, mediante el cual desechó de plano la demanda". Confírmese la recepción de estilo correspondiente Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 2 Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. Finalmente, intégrense al juicio en que se actúa las copias certificadas remitidas al órgano colegiado revisor con motivo del medio de impugnación interpuesto, toda vez que dichas documentales no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo general, relativo a los cuadernos auxiliares generados por los órganos jurisdiccionales, por lo tanto, al igual que el expediente en que se actúa, son susceptibles de ser destruidas..V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de marzo de dos mil veintidós. CONFIRMA RECEPCIÓN DE RECURSO. Agréguese a los autos el oficio referido en la cuenta secretarial; visto su contenido, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio por medio del cual, se rindió informe sobre la materia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cuaderno original del juicio de amparo 52/2021-VA, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios relativo. Asimismo, comunicó mismo que quedó radicado bajo el número 66/2022...V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de enero de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Se tiene a Rosa María Córdova Silva, dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. En ese sentido, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; La intelección conjunta de los preceptos invocados permite determinar que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de autoridades formal y materialmente jurisdiccionales que se cometan fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, esa procedencia queda sujeta a las siguientes directrices: 1. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados 2. Si se trata de actos de ejecución de sentencia (siendo esta hipótesis la que interesa en el caso) sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Pudiéndose reclamar hasta ese momento las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa lo cual implica que no se puede entorpecer la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada. Por tanto, es posible que las violaciones cometidas durante éste se puedan analizar cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una resolución definitiva, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Tratándose del procedimiento de remate es necesario precisar que éste se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio, por orden y con la dirección del órgano jurisdiccional, que tiene como finalidad vender o adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate. En general, dicho procedimiento comprende básicamente las tres etapas siguientes: (i) avalúo; (ii) subasta o remate, y (iii) entrega del precio, otorgamiento de escritura y pago al ejecutante, o bien, adjudicación directa del bien al ejecutante. Mediante este procedimiento, el titular del derecho real del bien sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y se transfiere al juez, el cual está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo en favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados. Ahora, en términos del numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate deben hacerse valer mediante la promoción del juicio de amparo, cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de la cosa juzgada, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Luego, a fin de precisar el alcance de la hipótesis de procedencia en comento, es menester acudir a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de claridad y certeza, estableció que la última resolución del procedimiento de remate es, indistintamente, aquella que: a) En forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien, b) Ordena la entrega de bienes rematados. En efecto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen al citado criterio jurisprudencial, la Primera Sala del Máximo Tribunal del Estado Mexicano concluyó que la conjunción copulativa "y" contenida en el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pudiera interpretarse en el sentido de que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, pero ello provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial y sostuvo que dicha disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. El referido criterio jurisprudencial es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, registro digital 2011474; que es del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En la diversa jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), la propia Primera Sala del máximo Tribunal de la República, estableció el criterio de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquélla que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. El referido criterio jurisprudencial se encuentra publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, registro digital 2020631; de rubro: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. Por tanto, basta que se emita una sola de las resoluciones antes precisadas, para considerar actualizada lo que se considera como la última resolución en relación con el procedimiento de remate, y permitir así la procedencia del juicio de amparo biinstancial; sin embargo, de no reclamarse la primera hipótesis que se haya actualizado en el juicio de origen, se tornaría improcedente. En el caso, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta la promovente, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea, se advierte que Rosa María Córdova Silva comparece a sede constitucional en su carácter de parte demandada en el juicio especial hipotecario 318/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual, se encuentra en etapa de remate del bien inmueble embargado. Ahora, en su escrito de aclaración, la quejosa precisó que el acto que pretende someter a escrutinio constitucional es la orden de desalojo o entrega del bien inmueble embargado en el contradictorio de origen. Sin embargo, también manifestó, bajo protesta de decir verdad, que desde el once de octubre de dos mil veinte se ordenó la escrituración del bien embargado, notificación que se le realizó por medio de lista; sin embargo, contra dicha determinación no promovió juicio de amparo indirecto, al considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate; razones por las que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia analizada. De considerar que el presente proceso constitucional es procedente contra el acto reclamado, podría traer como consecuencia otorgar a la parte quejosa dos oportunidades para promover juicio de amparo en el procedimiento de remate iniciado en el juicio de origen. Pues se insiste, basta que se emita una sola de las resoluciones antes precisadas, para considerar actualizada lo que se considera como la última resolución en relación con el procedimiento de remate, y permitir así la procedencia del juicio de amparo biinstancial; sin embargo, de no reclamarse la primera hipótesis que se actualice y promover juicio de amparo contra la segunda, dicho juicio se tornaría improcedente, como sucede en la especie, ya que la parte quejosa no reclamó la determinación emitida el once de octubre de dos mil veinte en la que se ordenó la escrituración del bien embargado. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Rosa María Córdova Silva, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y otra autoridad; en su atención se acuerda: RADICACIÓN. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 52/2022-V-A, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACLARACIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.]." Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 2 demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracciones IV y V, de la misma legislación, disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; y, V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" [.]." De lo anterior, se advierte que, que corresponde al accionante del amparo indicar con precisión el acto reclamado (norma general acto es sentido estricto u omisión) que pretende someter a escrutinio constitucional; lo anterior, en atención a que tal requisito es necesario para que el juzgador se encuentre en aptitud de proveer respecto de la admisibilidad de la demanda e inclusive sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado y, en su caso, los efectos de la medida cautelar. Asimismo, procesalmente esa exigencia también responde a la necesidad de que las autoridades responsables se encuentren en posibilidades de saber de manera cierta y clara, cuál es el acto y los hechos que se les imputan, y de esta manera rendir su informe con justificación, ya sea negando o aceptando su existencia, y en su caso, 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 3 defender la constitucionalidad del mismo, o bien, alegar alguna causal de sobreseimiento. En suma, el señalamiento específico del acto reclamado es un elemento necesario para la integración de la litis constitucional. Asimismo, se advierte que es un requisito de la demanda que el quejoso narre los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o bien, aquellos que sirvan de fundamento a su conceptos de violación, lo cual debe hacer bajo protesta de decir verdad, toda vez que ello constituye un requisito formal que debe realizarse de manera expresa en la misma, pues no constituye un mero formulismo sacramental, sino que entraña una responsabilidad directa de quien la formula, respecto de la veracidad de los antecedentes del acto que en esta vía constitucional se reclama. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, la página 99, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 4 reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el caso, la parte quejosa reclama la etapa de ejecución en el expediente civil 318/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, así como la orden de desalojo y/o entrega del bien inmueble embargado, sin que se advierta la fecha de dicha actuación. Ahora bien, por regla general, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de autoridades formal y materialmente jurisdiccionales que se cometan fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, esa procedencia queda sujeta a las siguientes directrices: 1. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados 2. Si se trata de actos de ejecución de sentencia (siendo esta hipótesis la que interesa en el caso) sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Tratándose del procedimiento de remate es necesario precisar que éste se traduce en una venta pública y se realiza en la 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 5 fase de ejecución de la sentencia de un juicio, por orden y con la dirección del órgano jurisdiccional, que tiene como finalidad vender o adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate. En general, dicho procedimiento comprende básicamente las tres etapas siguientes: (i) avalúo; (ii) subasta o remate, y (iii) entrega del precio, otorgamiento de escritura y pago al ejecutante, o bien, adjudicación directa del bien al ejecutante. Mediante este procedimiento, el titular del derecho real del bien sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y se transfiere al juez, el cual está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo en favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados. Luego, es menester acudir a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de claridad y certeza, estableció que la última resolución del procedimiento de remate es, indistintamente, aquella que: a) En forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, b) Ordena la entrega de bienes rematados. Una vez explicado lo anterior, y de la lectura integral de la demanda de cuenta, no se aprecia con claridad cuál es el acto reclamado que pretende someter ante esta instancia constitucional, y de la narrativa de los antecedentes no se advierte la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Dicha exigencia es esencial, ya que crea certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio biinstancial pues es el único elemento con el que se cuenta para tomar las decisiones relativas a la procedencia del juicio y admisión de la demanda. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 6 PREVENCIÓN. En esas condiciones, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días: ? Precise con claridad cuál es el acto reclamado que somete a esta instancia constitucional; ? En qué fecha se ordenó la escrituración del bien embargado y cuando tuvo conocimiento de ello; y, ? En qué fecha se llevó a cabo la entrega del inmueble embargado y cuando se hizo sabedor de dicha circunstancia. En el entendido de que, lo referido en los dos últimos puntos, deberá manifestarlo, bajo protesta de decir verdad. Se invoca, en apego a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1079, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." APERCIBIMIENTO. Se le apercibe de que, de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en lo dispuesto 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 7 en el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa señaló como lugar para recibir notificaciones las listas que se fijan en este juzgado, se ordena que las notificaciones derivadas de este juicio, incluso las de carácter personal, se le practiquen por ese medio. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 8 registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 9 USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) expedición de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 10 Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito.
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