Rosa María Atala Yedra Pérez

Expediente 1797/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1797/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Atala Yedra Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. SE DECLARA FIRME RESOLUCIÓN. Como transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se impugnara el auto de sobreseimiento dictado en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Háganse los registros condignos en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es destruible, al sobreseerse fuera de audiencia...II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de diciembre de dos mil veintidós. Intégrense al sumario el oficio de cuenta signado por el encargado del Despacho de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, y anexo que acompaña; en atención a su contenido se tiene por recibida copia certificada del dictamen de quince de noviembre de dos mil veintidós, y laudo de veintidós de noviembre del año en curso, ambos emitidos en el expediente laboral ***, de los que se advierte que el quince de noviembre de dos mil veintidós, se elaboró el acta de citación; posteriormente el veintidós de ese mismo mes y año, se dictó el acta de discusión y votación; y, el veintidós siguiente se emitió el laudo, mismo que fue notificó a la parte quejosa el veintinueve de noviembre último. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De la copia certificada de la constancia remitida por la autoridad responsable, se desprende que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la quejosa reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, la omisión de del dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral *** Sin embargo, de las constancias recibidas que remitió la responsable en su informe justificado el veinte de junio de esta anualidad, declaró cerrada la instrucción en dicho expediente y ordenó se turnaran los autos al secretario determinador para la emisión del laudo; y de las constancias recibidas en la cuenta, se aprecia que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se emitió el laudo y el veintinueve siguiente se notificó a la parte quejosa. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Esto es, la quejosa, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que las omisiones reclamadas eran violatorias de derechos; sin embargo, dejaron de existir, de ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas dado que ya no están surtiendo sus efectos y que, además, no dejaron huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por *** SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional...M-II

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RINDEN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, enviado por el Presidente Municipal Constitucional, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Tesorera Municipal y Oficial Mayor, todos del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, por medio del cual informan que se envió oficio a la Tesorera Municipal de ese ayuntamiento, a efecto de que, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que el pago que debe hacerse al quejoso *** deviene de recursos públicos provenientes del Gobierno del Estado. Para tal efecto, anexaron copia del referido comunicado; del que se advierte se instruyó a la citada tesorera para que realizara la estimación correspondiente de la indemnización que debe entregarse al solicitante de amparo. En ese tenor, se requiere a la Tesorera Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, para que en el término de tres días informe el cumplimiento que dio al oficio de referencia que recibió el dieciocho de noviembre de este año; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo establecidos en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y consignación. IMPOSIBILIDAD DE PROPONER PERITO. Por otro lado, 2 agréguese el oficio referido en la cuenta secretarial; en atención a su contenido, téngase al Titular de la División Científica de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo informando la imposibilidad con la que cuenta para proponer un perito en materia de contabilidad que intervenga en el presente juicio por parte de este juzgado federal, por lo tanto, se deja sin efectos el apercibimiento correspondiente. SE REQUIERE DESIGNE ESPECIALISTA. En consecuencia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo, a efecto de que en el término de tres días, proponga un perito en materia de contabilidad, o manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo, a fin de que intervenga por parte de este juzgado federal, y rinda su correspondiente dictamen pericial; apercibido de que, de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de incumplir con dicho requerimiento; en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.M-VI

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SUPERIORIDAD. Agréguese el telegrama de cuenta. Se tiene al Coordinador de General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, realizando diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso, dictada en el recurso de queja penal ***, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, de las que se toma conocimiento, sin que sea necesario realizar pronunciamiento adicional alguno en virtud de su contenido...M-I

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