Rosa Maria Corchado Monroy

Expediente 1227/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1227/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Rosa Maria Corchado Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el proveído de veintiocho de agosto del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción pues en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia (punto vigésimo primero, inciso II), párrafo primero y segundo. 2. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, (punto vigésimo primero, inciso III), párrafo tercero. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase, por recibido el oficio signado por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México; a través del cual rinde informe justificado y adjunta copia certificada del oficio 2361. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que mediante auto de veintiocho de agosto del presente año se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el oficio suscrito por el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, México, a través del cual rinde informe justificado y adjunta diversas copias certificadas de constancias que obran en el expediente 1443/2015. Con el informe y constancias de mérito hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca la tesis XXI.2o.16k, publicada en la página 1081, tomo xiii, abril de 2001, del semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, con número de registro 189948 cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Ahora, el estado procesal de autos releva que la quejosa Rosa María Corchado Monroy tilda de inconstitucional: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1433/2015, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, así como su ejecución, traducida en la desocupación del inmueble número 9, condominio Avándaro II, Club de Golf Avándaro, ubicado en la calle Vega del Valle, sin número, Avándaro, Estado de México. Todo ello, generado con motivo del emplazamiento que se le practicó en ese sumario sin cumplir con las formalidades de ley. Desde esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con la diversa XXIII, y con el artículo 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. I. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. [.]" La quejosa tilda de inconstitucional lo actuado en el procedimiento judicial de origen, derivado no haberla llamado válidamente al mismo, pues afirman que su emplazamiento al mismo incumplió con las formalidades de la ley aplicable. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, quien es parte formal en el juicio natural y alega omisión o ilegalidad en el emplazamiento, pierde la calidad de persona extraña por equiparación al comparecer a éste o, si antes de que se hubiera dictado la sentencia tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, o al existir constancia que durante el juicio, se practicó directamente alguna notificación con el interesado que le permita conocer con certeza la existencia del juicio, en cuyo caso, está en aptitud de integrarse a la relación procesal para interponer los recursos correspondientes para ejercer su garantía de audiencia, y no lo hace. Así se advierte de la ejecutoria derivada de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), publicada en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2013, Libro XXIII, Tomo 1, Décima Época, registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Partiendo de tales premisas, tal supuesto se actualiza en estos autos, pues las constancias remitidas como anexo al informe justificado revelan los antecedentes siguientes: En catorce de diciembre de dos mil quince, el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México admitió a trámite el juicio ordinario civil 1443/2015 promovido por José Miguel Quintana Crespo, como Administrador del Condominio Avándaro II, contra la ahora quejosa Rosa María Corchado Monroy. El quince de diciembre de dos mil quince, dicha responsable ordenó vía exhorto el emplazamiento de la hoy quejosa. Dicha diligencia fue llevada a cabo el cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el Ejecutor adscrito al Juzgado Vigésimo Primero Civil del tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Posteriormente, en proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México fijó hora y día para llevar a cabo la audiencia de depuración procesal. Sobre la base expuesta, el claro que la quejosa carece del carácter de persona extraña equipada con que se ostentó, pues conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél. Precisado lo anterior, y derivado de que la quejosa no es ajena a la controversia de origen, está obligada a agotar los medios de defensa ordinarios contra la citación al sumario de origen. Así, de la intelección del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, fundatoria del principio de definitividad del acto reclamado, como elementos constitutivos de la causa de improcedencia se derivan los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra el acto impugnado debe proceder recurso ordinario o medio de defensa legal. c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) El recurso o medio de defensa debe estar previsto en el procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia invocada. En el caso, se satisface el requisito relacionado en el inciso a), relativo a que el acto reclamado debe emanar de un tribunal judicial. En efecto, el acto reclamado proviene de un tribunal judicial como lo es el Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México; ente que de acuerdo con el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México es autoridad judicial en relación con los procesos de ejecución de penas privativas de libertad. En el caso se actualiza también el requisito mencionado en el inciso b), consistente en que contra el acto impugnado proceda recurso ordinario o medio de defensa legal, pues el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civil para el Estado de México, establece la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, contra aquellas citaciones que no se hicieren de conformidad con lo previsto en ese cuerpo normativo. De igual forma, la hipótesis contemplada en el inciso c), consistente en que por virtud del medio de defensa respectivo, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, se cumple en el asunto estudiado, pues el fin de ese medio de impugnación es revocar o modificar la actuación controvertida. Por ende, a través del incidente de nulidad la accionante constitucional pudo lograr indudablemente que la Juez responsable revocara o modificara su citación al juicio ordinario civil 1433/2015. De igual forma, el supuesto previsto en el inciso d), relativo a que el medio de impugnación pueda hacerse valer dentro del procedimiento donde se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional, se colma, ya que la naturaleza jurídica del auto reclamado corresponde una determinación respecto de la cual, la ley adjetiva del acto reclamado contempla en su contra el incidente de nulidad de notificación. Corolario de lo anterior, como la determinación reclamada no tiene carácter definitiva, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, previo acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debió interponer el incidente de nulidad contra su citación a ese contradictorio, circunstancia que en el caso no aconteció, por ello, el presente juicio de garantías es improcedente como lo dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Al caso es aplicable, la jurisprudencia VI.1o. J/85, publicada en la página 51, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, Volumen LXVII, Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé 61, fracción XVIII, en relación con la diversa XXIII, y con el artículo 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, es procedente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, sobreseer en el presente juicio de amparo. El sentido de esta resolución se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a las autoridades ejecutoras, ya que el acto de éstas, no se reclama por vicios propios, sino que su ilegalidad está subordinada al de la autoridad ordenadora. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 647 del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, parte TCC, página 434, Séptima Época, de rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. ". Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del uno de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese y personalmente .

  4. Incidental

    IV) se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ******************** por los motivos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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