Rosa Margarita Bastida Santoveña

Expediente 1451/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1451/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Rosa Margarita Bastida Santoveña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. El estado procesal de los presentes autos evidencia que en proveído de veintidós de noviembre pasado, se requirió al licenciado Salvador Gutiérrez Pureco, Notario Público número setenta y ocho en la Ciudad de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, por el plazo de tres días hábiles a fin de que informara a este Juzgado de Distrito si la firma que obra el instrumento notarial seis mil setecientos treinta y siete certificado por el Notario Público Número Setenta y Ocho el primero de julio de dos mil diecinueve, exhibido por la parte quejosa, fue estampada de su puño y letra y el sello que ahí obra corresponden a los que utiliza, de igual forma, manifestara si dicha certificación aparece registrada en sus libros de registro o protocolo con la fecha de la certificación (primero de julio de dos mil diecinueve), sin que a la fecha haya informado lo conducente. En consecuencia, requiérase nuevamente al licenciado Salvador Gutiérrez Pureco, Notario Público número setenta y ocho en la Ciudad de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán para que dentro del plazo de tres días previsto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que dé cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintidós de noviembre pasado. En el entendido que sigue subsistiendo el apercibimiento con el cual se le conminó es decir en caso de omisión, se le impondrá una multa por el importe de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia incidental está señalada para hoy; sin embargo, mediante oficio acordado en auto de veintiuno de noviembre de este año, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio, Estado de Michoacán, comunicó su impedimento para rendir el informe justificado, porque requirió el expediente 1517/2010 que fue remitido al Poder Judicial del Estado, razón por la cual no obra dicho informe justificado, por ende la celebración de la audiencia constitucional se difiere, y en su lugar se fijan las diez horas con quince minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio en el Estado de Michoacán a través del cual comunica que por el momento se encuentra impedido para rendir el informe justificado y previo, ello en virtud de que los autos del expediente 1517/2010 fueron remitidos al Poder Judicial del Estado para su resguardo, los cuales ya fueron solicitados por lo que una vez que se cuenten con las constancias respectivas se rendirá el informe de mérito; de lo que se toma conocimiento para loa efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Incidental

    VI) VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1451/2019-VI, promovido por Rosa Margarita Bastida Santoveña contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatio, Estado de Michoacán y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Rosa Margarita Bastida Santoveña, promovió juicio de amparo, contra las autoridades responsables y actos reclamados, descritos en su demanda. SEGUNDO. En auto de siete de noviembre de este año, se formó por duplicado el incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual inicio al tenor de la presente acta. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado: - - Todo lo actuado en el expediente 1517/2010 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatio, Estado de Michoacán, así como la omisión o falta de emplazamiento al mismo. SEGUNDO. Las autoridades responsables Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatio, Estado de Michoacán, al rendir su informe previo aceptaron la existencia de los actos reclamados. Respecto de las consecuencias derivadas del acto tildado de inconstitucional, se estima procedente negar la suspensión definitiva solicitada, en razón de que la parte quejosa está obligada a demostrar aunque sea de manera indiciaria que el acto combatido le agravia y le causa daños y perjuicios de difícil reparación, para así dejar satisfecha la procedibilidad prevista en el numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, situación que no aconteció al no aportar prueba alguna tendente a demostrar la afectación a sus derechos subjetivos respecto del inmueble referido. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia 167346, publicada a foja 515, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del Tomo XXIX, Abril de 2009, que literalmente establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." En efecto, de acuerdo con el artículo 131 de la Ley de Amparo en vigor, cuando la parte quejosa que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo - entendido éste como aquel interés individual o colectivo que tiene cualquier persona, pública o privada, que resienta una afectación directa o indirecta en su esfera jurídica, derivada de la violación por parte de la autoridad a los derechos que reconoce la Carta Magna, o en razón de la situación especial y excepcional que tienen frente al orden jurídico - el órgano jurisdiccional la concederá siempre y cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que dicha suspensión llegara a negarse, y el interés social que justifique su otorgamiento. Asimismo, el precepto legal en cita, señala que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa pretende demostrar su interés suspensional únicamente con las documentales que en copia simple anexó a su escrito de demanda, consistente en: - Copia simple del instrumento notarial seis mil setecientos treinta y siete pasado ante la fe del Notario Público Número Ciento Setenta y Uno de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, relativo a una fracción del inmueble ubicado en Rancho San Bartolo que forma parte de la Hacienda Sanacoche, ubicada en el Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, actualmente en el municipio de San José del Rincón, Estado de México, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, con hacienda San José; AL SUR, con el Rancho El Madroño; AL ORIENTE, con terreno San Bartolo de los sucesores de Ventura Bastida; y AL PONIENTE, con Hacienda San Jerónimo, con una extensión superficial de 2125000.00 Has cinco caballerías, es decir, doscientos doce y media hectáreas. Documento que se ofreció como un documento certificado, sin embargo, la firma que la calza se advierte que es una copia a color, pues no se observan diferentes cargas de la tinta azul que ahí obra, según la presión que se ejerce, tan es así que de las fojas dos, cinco, seis, nueve, diez y once de tal documento la firma a color está incompleta; todo lo cual hace notar que es evidente que se trata de un documento fotocopiado a color respecto de la firma que aparece en el mismo respecto del Notario. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés suspensional de la quejosa que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la orden de desocupación y entrega del inmueble señalado en líneas anteriores que según en su demanda de amparo tiene en posesión, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente su esfera jurídica, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de derechos. Tiene aplicación al caso la tesis 1ª./J.71/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, enero de 2003, página treinta y tres, cuyo rubro dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN". Se arriba a la anterior determinación, tomando en cuenta que de los antecedentes del escrito inicial de demanda, se advierte que la peticionaria de la protección constitucional acude a la presente instancia en su carácter de tercera extraña al procedimiento, y por tanto, tiene la obligación de acreditar el interés jurídico necesario para que sea protegido con la medida cautelar que solicita; de ahí que, se insiste, en la especie no se surte la hipótesis prevista en el artículo 131 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 515, Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2009, Novena Época, con número de registro 167346, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Rosa Margarita Bastida Santoveña, respecto de los actos, autoridades y motivos indicados en los considerandos primero, segundo de la presente determinación. Notifíquese.

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