Rosa Maria Capistran Herrera
Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosa Maria Capistran Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 157/2023-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el trece de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículos 25, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente es conservable. Finalmente, toda vez que el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 157/2023-II, promovido por Rosa María Capistrán Herrera; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda depositada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el treinta y uno siguiente en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Rosa María Capistrán Herrera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Ditrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Incompetencia. Mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos ordenó remitir la demanda de amparo a este Juzgado por conocimiento previo. TERCERO. Trámite. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, se asumió el conocimiento de la demanda, admitiéndose a trámite, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como el emplazamiento del tercero interesado. El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se emplazó al tercero interesado Alfredo Sosa Espinoza. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse actos de una autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución emitida en el toca civil 697/2022-3-1, pues así lo aceptó en su informe justificado que rindió. Además, la existencia de tal acto se corrobora con las copias certificadas del referido expediente a las que se les otorga plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de haber sido expedidas por autoridad pública en ejercicio de sus funciones. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución que se reclaman a la Jueza Tercera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, toda vez que así lo admitió al rendir su informe justificado. TERCERO. Estudio de los conceptos de violación. Al no advertir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, y en el caso no opera la suplencia de la deficiencia de la queja en virtud de que no se actualiza alguna hipótesis de las previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En primer término, se estima necesario establecer de manera breve los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado veinticuatro de abril de dos mil seis, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) demandó en la vía especial hipotecaria a Vicente Alfredo Sosa Espinosa y María de Los Ángeles Soto Ríos, el pago de diversas prestaciones estableciendo que el inmueble otorgado en hipoteca se encuentra ubicado en la manzana V, casa 168, de la unidad habitacional El Paraje A, municipio de Jiutepec Morelos (fojas 2 a 5 anexo I). 2. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos admitió a trámite la demanda, registrándola con el número de juicio 82/2006 y ordenó emplazar a los demandados (fojas 136 y 137 anexo I). 3. En proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve el Juez de Primera Instancia reconoció a Rosa María Capistran Herrera como cesionaria de los derechos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) (fojas 199 y 200 anexo I). 4. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve se tuvo a los demandados por contestada la demanda entablada en su contra (fojas 25 y 26 anexo II). 5. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, el demandado Vicente Alfredo Sosa Espinosa solicitó la suspensión del procedimiento en el juicio hipotecario debido a que presentó demanda de nulidad del contrato privado de compraventa con garantía hipotecaria, el cual es la base del juicio hipotecario (fojas 397 a 398 anexo II). 6. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Jueza de Primera Instancia ordenó la inspección por conducto de la Actuario en el expediente 51/2022 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado (fojas 433 anexo II). 7. El veinte de abril de dos mil veintidós la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial desahogó la inspección al expediente 51/2022 (fojas 434 anexo II) 8. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el demandado Vicente Alfredo Sosa Espinosa nuevamente solicitó la suspensión del juicio hipotecario, o en su caso, que el juicio 51/2022 se acumulara el juicio hipotecario (fojas 436 anexo II). 9. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado ordenó la acumulación del juicio 51/2022 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial al expediente 82/2006 de su índice (fojas 437 anexo II). 10. El diez de agosto de dos mil veintidós, la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado determinó que en razón de que el juicio 51/2022 se tramita en la vía ordinaria civil y el juicio 86/2022 es ventila en la vía especial hipotecaria no es factible la acumulación por lo que dejó sin efecto el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós y emitió otro en el que con fundamento en el artículo 170, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el juicio ordinario civil 51/2022 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado y determinó que una vez que sea concluido dicho juicio proveería sobre la suspensión decretada. 11. Inconforme la parte actora con dicha determinación interpuso recurso de apelación. Del referido recurso conoció la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos sustanciándolo en el toca 1697/2022-3 en el cual por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós confirmó el auto de diez de agosto de dos mil veintidós. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales se hicieron consistir en los siguientes: I. Aduce la quejosa que la resolución reclamada vulnera sus derechos humanos al suspender el procedimiento en el juicio hipotecario bajo el argumento de que la nulidad que pretende hacer valer el demandado en el juicio ordinario civil es previo al hipotecario ya que se pueden dictar sentencias contradictorias, sin embargo el juicio hipotecario inició en el año dos mil seis. Es inoperante tal planteamiento, toda vez esencialmente es una reiteración de los agravios que esgrimió ante la Sala responsable, pues en ellos sostuvo básicamente que hablar de definición previa significa que esos procedimientos hayan sido anteriores al incoado en su contra, lo cual no aconteció toda vez que la demanda que dio origen al juicio especial hipotecario 82/2006 radicado en el Juzgado Tercero Civil se promovió en el año dos mil seis y la demanda de nulidad que dio origen al juicio 51/2022 fue presentada en el año dos mil veintidós. La Sala responsable calificó de infundados los referidos agravios en los siguientes términos: "Ahora bien, en segundo lugar, es menester considerar qué debemos entender por una definición previa o conexa a la decisión del juicio como lo señala el dispositivo legal invocado. En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a qué debe entenderse por cuestión previa o conexa, ello, a través de las contradicciones de tesis 34/2006, 384/2009 y 111/2011. De las cuales resaltan las siguientes consideraciones. Debe entenderse que "resolución previa o conexa" es el presupuesto a resolverse anticipadamente bien para la prosecución del juicio o bien para la solución definitiva, sin cuya satisfacción el juez no puede pronunciar válidamente fallo de fondo sobre la pretensión litigiosa. En efecto en la especie, por resolución de cuestión previa o conexas debe entenderse como el elemento esencial que debe resolverse, previamente a la prosecución del juicio o al dictado de la sentencia definitiva, dado que incide directa o inmediatamente en el rumbo del procedimiento, al trascender en la debida consecución de este; por lo que tal tópico debe solucionarse anticipadamente a la conclusión del asunto principal. (.) En suma "cuestión previa" tiene que ver con aspectos de naturaleza trascendental que poseen la virtud de incidir en la debida consecución y resultado del juicio. Ahora bien tomando en cuenta lo antes expuesto no asiste razón a la recurrente, pues este tribunal de alzada considera correcta la resolución emitida por la A quo al suspender el procedimiento especial hipotecario, con la finalidad de evitar que se lleguen a dictar sentencias contradictorias en ambos procedimientos. En ese sentido no le asiste la razón a la recurrente cuando aduce que no se trata de una causa previa sino una causa posterior al juicio especial hipotecario, el cual fue interpuesto catorce años antes que el juicio ordinario civil, ya que atendiendo a las consideraciones dadas por la Primera Sala del máximo tribunal en las contradicciones de tesis antes citadas, la cuestión previa o conexa es un presupuesto al resolverse anticipadamente bien para la prosecución del juicio o bien para la solución definitiva, sin cuya satisfacción el juez no puede pronunciar válidamente fallo de fondo sobre la pretensión litigiosa." Argumentos de la Sala que no fueron combatidos por la quejosa, pues en vía de conceptos de violación reiteró los argumentos vertidos en los agravios de ahí su inoperancia. Apoya por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 62/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." II. Por otra parte, aduce la quejosa que la parte demandada en el juicio natural demandó la nulidad del contrato de compraventa; sin embargo,-dice- la Sala responsable no analizó que dicha acción de nulidad también fue argumentada por la demandada envía excepción al momento de contestar la demanda por lo que la cual será analizada cuando se dicte sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario. Deviene inoperante el argumento por novedoso toda vez que no fue planteado por la quejosa en los agravios que hizo valer en el recurso de apelación. En efecto, en vía de agravios la quejosa básicamente argumentó: a) Previo significa que esos procedimientos son anteriores al incoado en su contra, lo cual no aconteció toda vez que la demanda que dio origen al juicio especial hipotecario 82/2006 radicado en el Juzgado Tercero Civil se interpuso en el año dos mil seis y la demanda de nulidad que dio origen al juicio 51/2022 fue presentada en el año dos mil veintidós. b) No se trata de una causa previa o conexa a la decisión del juicio especial hipotecario ya que la resolución que se dicte en el juicio ordinario no puede influir en la resolución del juicio hipotecario porque se trata de un contrato de compraventa en el cual la recurrente no intervino, es decir, no fue parte y los derechos y obligaciones pactados en ese contrato no pueden trascender a su esfera jurídica razón por la cual consideró que no se pueden dictar sentencias contradictorias. c) La decisión de solicitar la conexidad correspondía al actor pues la defensa de la conexidad tiene por objeto la remisión de los autos en que se oponga al juzgado que previno en el conocimiento de la causa conexa, en términos del artículo 261 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. De lo expuesto se advierte que el tema que plantea en el concepto de violación analizado no fue materia de análisis en la resolución reclamada, de ahí que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de una resolución a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues se reitera tales argumentos no formaron parte de la litis natural, y por ende, la autoridad responsable no tuvo la oportunidad legal de examinarlos ni de pronunciarse sobre ellos, por lo que de analizarlos en esta instancia constitucional la suscrita Jueza se sustituiría a la responsable, lo cual es inadmisible; de ahí lo inoperante de los argumentos analizados. Por igualdad de razón apoya a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 150/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN." Consecuentemente, al resultar inoperantes los conceptos de violación se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rosa María Capistrán Herrera, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
********************Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos.****************************************Ana Columba Contreras Martínez****************************************
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de las constancias que remitió el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos,; por tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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