Rosa Maria Cabrera Cortes

Expediente 1714/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1714/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Rosa Maria Cabrera Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. SE HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1086/2020-III, promovido por ERIKA ROBLES CEDILLO por derecho propio y en representación de TERESA CEDILLO LARA, MARIO ROBLES CEDILLO, ALBA ROBLES CEDILLO y REYNA ROBLES CEDILLO; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este juzgado federal, ERIKA ROBLES CEDILLO por derecho propio y en representación de TERESA CEDILLO LARA, MARIO ROBLES CEDILLO, ALBA ROBLES CEDILLO y REYNA ROBLES CEDILLO, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se radicó el juicio de amparo con el número 1086/2020-III, y se emitió auto de prevención. Una vez subsanada la demanda de amparo, por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en la fracción I del artículo 74 la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, es lo siguiente: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el expediente agrario 32/2020, que omite aplicar la medida de apremio solicitada por la hoy quejosa, así como acordar la inspección solicitada. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo informó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora además con las fotocopias certificadas del expediente agrario de origen, que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, documentales entre las que obra la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. A) Los terceros interesados Emigdio Abel Robles Guerrero y Cruz Robles Portugal, aducen que se trata de un acto consentido, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de amparo resulta extemporánea al no haberse promovido dentro del plazo de quince días previstos en la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).. En ese orden de ideas, debe señalarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló reclama la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el expediente agrario 32/2020, y resolución de la que se tuvo por notificada el mismo día de su emisión, tal y como consta en autos. Por lo tanto el plazo para incoar la demanda de amparo transcurrió del seis al treinta de noviembre de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ellos, siendo que la demanda de amparo se presentó en la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por lo que es evidente que se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el tercero interesado. B) Asimismo, los terceros interesados también refieren que los actos que reclama la quejosa no afectan sus intereses jurídicos o legítimos. Es infundada la causal de improcedencia invocada, por las consideraciones que a continuación se indican. El citado numeral al efecto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos de los particulares, ya sea jurídica o legítimamente. Cierto, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través del juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Así, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. En el caso, la ahora quejosa es la actora del juicio de origen, y reclama en el presente juicio de amparo la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable no proveyó sobre la totalidad de pretensiones que hizo valer a la responsable por escrito de tres de noviembre de dos mil veinte, ello en relación a una medida de apremio solicitada por la hoy quejosa, así como en relación a una prueba de la inspección relacionada con una medida cautelar, acto reclamado de la que se advierte una afectación a la esfera jurídica de la quejosa, al ser omisa la responsable en proveer sobre sus pretensiones en el expediente de origen, máxime que esta relacionado con la medida cautelar que le fue concedida y que aduce fue violada por la parte demandada en el juicio de origen. Por lo tanto, al no actualizarse diversa causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio hecha valer por las partes o se advierta de oficio por este juzgado en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Es sustancialmente fundado el único concepto de violación hecho valer. Previo al estudio del acto reclamada se relataran sus antecedentes relevantes con base en los datos que obran en el expediente agrario de origen: 1.- Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, TERESA CEDILLO LARA, MARIO ROBLES CEDILLO, ALBA ROBLES CEDILLO, REYNA ROBLES CEDILLO y ERIKA ROBLES CEDILLO, demandaron por la vía contenciosa agraria al Núcleo de Población Comunal de Tepoztlán, Morelos, a través del Comisariado de Bienes Comunales y otros, la declaración judicial de adquisición de derechos por prescripción positiva (fojas 1 a 74 anexo I). 2.- Por auto de treinta de enero de dos mil veinte, se radicó el juicio agrario con el número 32/2020, y se emitió auto de prevención (fojas 75 y 76 anexo I). 3.- Una vez subsanada la admisión se admitió a trámite el juicio agrario, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y se le concedió la medida cautelar en los términos siguientes: "Siendo que, con relación con la medida solicitada, se establece que con la única finalidad de mantener las cosas en el estado que se encuentran, y evitar en lo futuro la generación de sinnúmero de juicios, resulta procedente requerir a la demandada para que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran, hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se les impondrá como medida de apremio que representa la cantidad de cinco unidades de medida y actualización." (Fojas 81 a 83 anexo I) 4.- Por escrito de diez de julio de dos mil veinte, la parte actora informó al Tribunal responsable la violación de la medida precautoria emitida en el expediente, solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio ordenada y emitiera pronunciamiento en relación a la prueba de inspección solicitada (fojas 92 a 101 anexo I). A dicha promoción recayó el auto de doce de agosto de dos mil veinte, por el que la responsable reiteró las medidas cautelares concedidas (foja 103 anexo I). 5.- Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, la parte actora, aquí quejosa, solicitó nuevamente a la hoy responsable se hiciera efectiva la medida de apremio ordenada el treinta de enero de dos mil veinte y emitiera pronunciamiento en relación a la prueba de inspección solicitada (fojas 166 a 199 anexo I). 6.- La anterior promoción fue acordada en el acta de audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual la autoridad responsable nuevamente reiteró la medida cautelar emitida en el auto de admisión, para que se abstenga de realizar actos de molestia y para mantener las cosas en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto causara estado la sentencia que se emita en el juicio natural, apercibiendo a los demandados que de no hacerlo así, les impondría como medida de apremio la cantidad de veinte unidades de medida y actualización (fojas 135 y 136 anexo I). Es dicha determinación el acto reclamado en el presente juicio de amparo. La parte quejosa como concepto de violación sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que fue omisa hacer efectiva la medida de apremio decretada y pronunciarse en relación a la prueba de inspección solicitada. El anterior concepto de violación es fundado como enseguida se expone. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su primer párrafo, en lo que nos interesa lo siguiente: "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]." El precepto citado, en términos generales, establece la garantía de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando de dicho precepto tres condiciones esenciales a las cuales deben ajustarse los actos que realizan: 1) Se exprese por escrito; 2) Provenga de autoridad competente y, 3) En el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Conforme al precepto constitucional invocado, se advierte que es obligación de la autoridad citar en el acto de molestia, los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 260, consultable a foja 175, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ambos deberes, tienen que ser acatados por toda autoridad administrativa y judicial que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados. No se excluyen uno del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. Aunado a lo anterior, se impone destacar que la indebida satisfacción de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación de los actos de molestia de las autoridades se presenta, tratándose de la indebida fundamentación, cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no se ubican en el contenido de la norma legal que se aplica al caso. Ahora bien, uno de los principios rectores es el de congruencia, el que en materia agraria se encuentra inmerso en el artículo 189 de la Ley Agraria, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones." Dicho principio de congruencia , implica la exhaustividad de sus resoluciones, en el sentido de obligar al tribunal a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos, de forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos materia del debate. Por tanto, si al momento de emitir sus resolución el órgano jurisdiccional omite el análisis y resolución de alguna de ellas, viola el referido principio y, en consecuencia, los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de registro 272666, emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XI, Cuarta Parte, página: 193, de rubro siguiente: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS." Asimismo, cobra aplicación a lo anterior la tesis de número de registro digital 2013528, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2723,de rubro: "SENTENCIA AGRARIA. SI AL DICTARLA EL TRIBUNAL OMITE EL ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE ALGUNA DE LAS ACCIONES O EXCEPCIONES, NO LO HACE EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS O INCLUYE UNA QUE NO SE HIZO VALER POR LAS PARTES, VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY AGRARIA Y, EN CONSECUENCIA, LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." Ahora bien, en este juicio la parte quejosa reclama la determinación de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente de origen. Del contenido de la resolución en cita se advierte que, en la parte que interesa la autoridad responsable determinó lo siguiente: "SEXTO.- En cuanto al folio 4605, vistas las manifestaciones y atención a la medida precautoria dictada en auto inicial se reitera la misma para que las partes se abstengan de realizar actos de molestia y para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta que cause estado la sentencia que resuelva el presente juicio, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se les impondrá como medida de apremio que represente la cantidad de veinte unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero del dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de desindexación del salario mínimo, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria, ello en atención a que esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan conocer el ingreso y/o jornal que perciban los demandados, por lo que se establece de manera discrecional. Y en caso se daría vista a la Fiscalía Estatal." De lo hasta aquí expuesto, es inconcuso que, efectivamente, la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su determinación. Ello es así dado que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada pasó por alto las pretensiones hechas valer en actor en su escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, ya que en éste refirió que la parte demandada en el juicio natural violó la medida cautelar decretada, por lo que solicitó: hiciera efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio a la parte demandada y se pronunciara en relación a la prueba de inspección solicitada en tal medida precautoria. En este contexto, una vez analizada la resolución combatida, en confrontación con el derecho fundamental antes analizado, se advierte que el acto reclamado no cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, pues la autoridad responsable omitió dar respuesta a los argumentos de la parte actora precisados en el párrafo precedente. Lo anterior no prejuzga sobre la procedencia o improcedencia de la pretensión expuesta por la parte actora, pues la autoridad tiene plena jurisdicción para analizarla. Por lo tanto, al quedar demostrado que la autoridad responsable no emitió pronunciamiento en relación a las pretensiones de la parte actora, aquí quejosa, en el sentido que hiciera efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio a la parte demandada y se pronunciara en relación a la prueba de inspección solicitada en tal medida precautoria, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo emitido en el acta de audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, únicamente en cuanto al punto "SEXTO", relativo al pronunciamiento sobre la medida cautelar decretada en el juicio agrario de origen, dejando intocado lo que no fue materia de la presente sentencia. Y con plenitud de decisión subsane la violación constitucional destacada, emitiendo una nueva determinación fundada y motivada en torno a las pretensiones del allá actor, aquí quejoso, en su escrito de folio 4605, presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, destacadas en esta sentencia, sin que implique que deba resolver en determinado sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 67/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 195590, visible en la página 358, Tomo VIII, septiembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO." Por su aplicación, se cita la jurisprudencia IX.2o J/14, de número de registro 210154, visible en la página 59 de la Gaceta número 82 del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1994, de rubro siguiente: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." SEXTO. CAMBIO DE TITULAR DEL JUZGADO. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anteiror, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ERIKA ROBLES CEDILLO, TERESA CEDILLO LARA, MARIO ROBLES CEDILLO, ALBA ROBLES CEDILLO y REYNA ROBLES CEDILLO, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos indicados en la quinta consideración de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe, el día de hoy dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que las labores de este juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por ROSA MARIA CABRERA CORTES por su propio derecho contra actos de la junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; fórmese el expediente 1714/2021-I-B, que por orden le corresponde de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. PREVENCIÓN A efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la peticionario de amparo para el efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los términos que más adelante se detallan. Único.- Precise acto reclamado. De la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".la negativa de la responsable a (.) respetar los plazos y términos establecidos por la Ley para realizar la emisión del laudo como lo estipulan los artículos 855 segundo párrafo, 886, 887, 888,889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral que nos ocupa." De lo anterior se advierte que se duele de que la autoridad no ha emitido el laudo en el expediente de origen. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, la impetrante no indica la fecha en que el Tribunal señalado como responsable cerró instrucción y turnó los autos para la formulación del proyecto de laudo, lo que resulta necesario saber, para determinar la negativa o retraso existente para el dictado de laudo del que se duele. Esto es así, pues la quejosa en su demanda únicamente refiere que el veinticuatro de junio del año en curso, presentó la última probanza pendiente, sin asentar si el Tribunal responsable ya otorgó a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos, que refiere el artículo 884, fracción V de la Ley de Amparo; así como tampoco indica si la responsable realizó la certificación relativa a que no existe pendiente probanza alguna por desahogar, ni de que se haya dado el término de tres días con dicha certificación que establece el artículo 885 de la Ley de la Materia, y por ende, si ya se declaró cerrada la instrucción, para estar en aptitud de dictar el laudo dentro de dicho procedimiento, del que se duele. Por lo expuesto, no se advierte con claridad el acto u omisión que pretende impugnar. Por tanto, al no existir claridad en el acto reclamado, pues en el particular no se tiene certeza; se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término concedido, cumpla con lo siguiente: Precise el acto que pretende combatir en esta vía, esto es, deberá indicar si reclama la omisión de realizar las certificaciones a que hace referencia los artículos 884, fracción V, y 885 de la Ley Federal del Trabajo y declarar el cierre de instrucción en el expediente laboral 719/2017; o bien, la omisión y/o negativa a dictar el laudo respectivo en dicho procedimiento. Así, en caso de reclamar este último (omisión del dictado del laudo) deberá asentar la fecha en que se declaró el cierre de instrucción y en la que se le notificó o tuvo conocimiento de dicha actuación. Ello, en virtud de que como quedó precisado, el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales; por lo que el análisis que se realice deberá delimitarse en función a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de tal procedimiento, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página cincuenta y cuatro, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. También, encuentra sustento por similitud jurídica, en la tesis XX.57 K, cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871. Asimismo, encuentra apoyo por similitud, en la tesis I.4o.C. 26, sustentada por el Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.". APERCIBIMIENTO Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término que se le concede, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. SE HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.Ser*

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano