Rosa María Campos Macías
Expediente 2259/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2259/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/04/2019
Partes del expediente
- Rosa María Campos Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de marzo de la presente anualidad (foja 114) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 70 a 89), se determinó, por una parte sobreseer y por otra conceder a Rosa María Campos Macías, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción XVIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por la inscripción origen del acto reclamado, respecto de la cantidad de $4,560.00 pesos que pagó el diez de octubre de dos mil dieciocho a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Ello, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 101 a 102). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que en veintiocho de febrero del año en que se actúa puso a disposición de la quejosa un cheque valioso por $4,372.92 (cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional), el cual le fue entregado en catorce de marzo del año en que se actúa, como se desprende de la firma autógrafa que obra en el acuse de recibo (foja 112). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 18), y que se puso a disposición de la quejosa el título de crédito citado en el párrafo anterior el veintiocho de febrero de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de enero del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes enero de dos mil diecinueve entre el mes de septiembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.021710911. Al respecto, es oportuno mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) respecto de la cantidad de $4,560.00 (cuatro mil quinientos sesenta pesos moneda nacional) es el importe de***********(cuatro mil doscientos ochenta pesos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.021710911), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $******* (cuatro mil doscientos ochenta pesos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad * (cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de **********(noventa y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional). Por tanto, si la responsable reintegró la cantidad de **********(cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional), es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de marzo de la presente anualidad (foja 114) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 70 a 89), se determinó, por una parte sobreseer y por otra conceder a Rosa María Campos Macías, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción XVIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por la inscripción origen del acto reclamado, respecto de la cantidad de $4,560.00 pesos que pagó el diez de octubre de dos mil dieciocho a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Ello, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 101 a 102). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 111 a 113), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que en veintiocho de febrero del año en que se actúa puso a disposición de la quejosa un cheque valioso por $4,372.92 (cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional), el cual le fue entregado en catorce de marzo del año en que se actúa, como se desprende de la firma autógrafa que obra en el acuse de recibo (foja 112). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 18), y que se puso a disposición de la quejosa el título de crédito citado en el párrafo anterior el veintiocho de febrero de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de enero del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes enero de dos mil diecinueve entre el mes de septiembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.021710911. Al respecto, es oportuno mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) respecto de la cantidad de $4,560.00 (cuatro mil quinientos sesenta pesos moneda nacional) es el importe de***********(cuatro mil doscientos ochenta pesos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.021710911), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $******* (cuatro mil doscientos ochenta pesos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad * (cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de **********(noventa y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional). Por tanto, si la responsable reintegró la cantidad de **********(cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con noventa y dos centavos moneda nacional), es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por medio del cual remite las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexo adjunto, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
*** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio autorizado del recurso de revisión 548/2017, interpuesto por Desarrollos Banderas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su autorizado Adolfo Dueñas Canales; en consecuencia, agréguense a sus autos el oficio de cuenta y anexos, para los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que revocó la sentencia dictada en este juicio y ordenó la reposición del procedimiento en los términos que indica, esto es: ".lo procedente es revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento en el juicio de amparo, a fin de que se dé vista personal al quejoso con el contenido del oficio y anexos por medio de los cuales el delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, con residencia en Valle de Banderas, Nayarit, remitió el recibo o comprobante de pago del impuesto predial de la cuenta U038436, e informó que las transferencias realizadas por la quejosa el día trece de mayo de dos mil quince se aplicaron a adeudos atrasados, debido a que el sistema de cobro no permite realizar cobros adelantados. Igualmente, deberá prevenirse a la parte quejosa para que, si lo estima pertinente, amplié su demanda en el plazo legal que señala el artículo 111 de la Ley de Amparo vigente, en relación a la aplicación de los pagos efectuados mediante transferencias electrónicas el trece de mayo de dos mil quince, a ejercicios diversos al de dos mil catorce y dos mil quince y, en su caso, señale como autoridad responsable a la correspondiente que intervino en el procedimiento de validación de los pagos; o, incluso, para que manifieste si es su deseo impugnar el sistema normativo relacionado a los ejercicios fiscales respecto de los cuales se validó el pago del impuesto predial; hecho lo cual, Ileve a cabo la audiencia constitucional y dicte la sentencia que en derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción.." En consecuencia, acátese lo resuelto en la ejecutoria de mérito y realícese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de igual manera, acúsese el recibo de estilo y agréguense las actuaciones que se practicaron en el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de la remisión del citado medio de impugnación, en tanto que las restantes déjense por separado. En ese tenor, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede a realizar lo siguiente: Dese vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexos por medio de los cuales el delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, con residencia en Valle de Banderas, Nayarit, remitió el recibo o comprobante de pago del impuesto predial de la cuenta U038436, e informó que las transferencias realizadas por la quejosa el día trece de mayo de dos mil quince se aplicaron a adeudos atrasados, debido a que el sistema de cobro no permite realizar cobros adelantado. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días al en que sea notificada, si lo estima pertinente amplíe su demanda, en relación a la aplicación de los pagos efectuados mediante transferencias electrónicas el trece de mayo de dos mil quince, a ejercicios diversos al de dos mil catorce y dos mil quince y, en su caso, la autoridad responsable que intervino en el procedimiento de validación de los pagos; o, incluso, manifieste si es su deseo impugnar el sistema normativo relacionado a los ejercicios fiscales respecto de los cuales se validó el pago del impuesto predial Asimismo, hágasele saber al promovente que el escrito aclaratorio de la demanda de amparo se debe presentar junto con las copias necesarias para correr traslado a las partes en términos del arábigo 110 de la ley de la materia; cuestión que rige en forma absoluta en el supuesto de que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional al correrles traslado del libelo inicial, como en el caso ocurre ante las irregularidades que fueron apuntadas con antelación, para darles oportunidad a tales partes de que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Resulta aplicable, la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 9/2000, que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "** En la inteligencia que tal requerimiento solo podrá ser desahogado por el promovente del amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, libro Noveno, Agosto de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto reza: "**Se apercibe a la parte promovente, que en caso de no acatar lo establecido en el presente proveído, dentro del término concedido, no se tendrá por ampliada la demanda y se resolverá el presente juicio de garantías tal y como fue planteado. Asimismo, apercíbase al peticionario de amparo, que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación al amparo que se provee, se procederá de conformidad con lo establecido en el ordinal 261, del ordenamiento legal invocado, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Finalmente, se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. **
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