Rosa María Barrón Zepeda
Expediente 36/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2019
Partes del expediente
- Rosa María Barrón Zepeda
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el catorce del mes y año en curso (fojas 95 a 100), el Presidente y la Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince del actual mes (foja 101), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, así como con el comunicado y anexo presentados por las aludidas autoridades responsables en este Órgano Jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 66 a 74), para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la agraviada el veintiuno de este mes (fojas 102 a 104); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintitrés al veinticinco del presente mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 57 a 64), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "**." Resolución que causó ejecutoria el diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 75 y 76). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Emitir los acuerdos que correspondieran, congruentes con el estado procesal del juicio laboral 363/2017, hasta el dictado de la sentencia relativa al incidente de falta de personalidad presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete; y, Hecho lo anterior, notificar dicha resolución a las partes. Luego, a través del oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 66 a 74), el Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, acompañaron la resolución con firmas originales emitida el cuatro de ese mes, en el Incidente de Falta de Personalidad y Personería promovido en el juicio laboral 363/2017 de su índice. Posteriormente, mediante oficio recibido en este Órgano Jurisdiccional el catorce del presente mes (fojas 95 a 100), los aludidos entes responsables enviaron en original las notificaciones practicadas a las partes en el aludido expediente laboral, respecto de dicha determinación. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por ** delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, comunica que Débora Espinosa López, apoderada legal de los quejosos **, compareció ante las oficinas que ocupa la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, a efecto de recoger los cheques expedidos a nombre de los quejosos, con motivo al cumplimiento a la sentencia protectora de garantías; sin embargo, no les fue entregado los mismos, debido a que no presentó carta poder debidamente requisitada y copia de la identificación oficial, tanto de quien otorga el poder como de quien la recibe, requisito según refiere indispensable para las gestiones administrativas como lo establece el "Manual de Pago de Erogaciones Diversas de Gobierno del Estado"; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, debe decirse a la autoridad oficiante que si bien del anexo que se acompaña consistente en el "Manual de Pago de Erogaciones Diversas de Gobierno del Estado", en uno de los puntos del apartado de rubro "normas de operación" se establece que "En caso de que no sea el interesado quien se presente a cobrar, el apoderado deberá presentar carta poder debidamente requisitada y copia de la identificación oficial (credencial de elector, pasaporte mexicano o carta militar) tanto del que otorga el poder como de quien lo recibe, las cuales se anexarán a la póliza cheque"; cierto es que, por manual debe entenderse como cuerpos normativos que contienen información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando; es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Cabe decir también, que los manuales participan de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan aspectos técnicos y operativos en materias específicas, su fundamento legal es una cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos al interior de las dependencias y entidades. A poya a lo anterior, la tesis I.4o.A.630 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos ochenta y uno, Tomo XXVII, Marzo de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. SU CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.- Los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de las dependencias y entidades de la administración pública federal, son cuerpos normativos que contienen la información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando; es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Asimismo, dichos manuales participan de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan aspectos técnicos y operativos en materias específicas, su existencia obedece al acelerado crecimiento de la administración pública, y su fundamento legal es una cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos al interior de las citadas dependencias y entidades. De ahí que para que se consideren normas obligatorias susceptibles de determinar una causa de responsabilidad administrativa, es necesario que además de que la acción u omisión infractora esté prevista en ellos como una atribución del servidor público probablemente responsable, sean aprobados y expedidos por la autoridad facultada para ello y demás ser publicados en el órgano de publicación oficial correspondiente. Así también, la tesis I.4o.A.635 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos ochenta y uno, Tomo XXVII, Marzo de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "** Empero, dichos manuales no tienen la calidad de leyes o reglamentos, sino constituyen normas obligatorias y sirven de base para determinar causas de responsabilidad administrativa, siempre y cuando la acción u omisión prevista en un caso concreto se encuentre claramente precisada como conducta de determinado servidor público. Apoya al caso la Jurisprudencia 2a./J.249/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos quince, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ** Luego, si tomamos en cuenta el principio de supremacía del sistema normativo de las leyes mexicanas, establecido en el arábigo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente, en esencia, en que para la validez de una norma jurídica de menor jerarquía, se requiere que ésta no sea contraria a una norma contenida en un ordenamiento legal de mayor categoría que regule la misma materia específica que la menor, es decir, atendiendo a dicho principio se debe aplicar la ley superior sobre la menor. De todo lo anterior se colige, que el manual al que hace alusión la autoridad responsable "Manual de Pago de Erogaciones Diversas de Gobierno del Estado" (refiriéndose al Estado de Nayarit), al ser como ya se dijo un cuerpo normativo que determina el funcionamiento específico de cada una de las unidades administrativas, niveles jerárquicos y sistemas de comunicación, coordinación y grados de autoridad y responsabilidad, para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades, pese a exigir como requisito para la devolución de contribuciones a personas que comparecen con la representación de otra persona y que deberán exhibir carta poder debidamente requisitada y copia de la identificación oficial, tanto de quien otorga el poder como de quien la recibe, no pueden estar por encima de una norma individualizada, como es la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En ese contexto, del estado de autos, se advierte que al momento de presentar la demanda de amparo se anexó copia del poder general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio otorgado por Colin Arthur Wiebe y Laurel Ann Wiebe, a favor de Débora Espinosa López, del que se advierte que se le otorga facultades a esta persona para recibir pagos en representación de los directos quejosos extranjeros. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, de acatamiento a la sentencia concesoria de amparo, para lo cual remítasele copia del poder en mención, a fin de que genere un cheque o realice una transferencia bancaria a favor de los directos quejosos Colin Arthur Wiebe y Laurel Ann Wiebe, por conducto de Débora Espinosa López, en su carácter de apoderado legal, conforme a las atribuciones contempladas en la escritura pública número 19,877 de quince de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Notario Público número Cuatro, con residencia en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento a la mencionada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley en comento. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe previo rendido por el Titular y los Secretarios de Acuerdos y Ejecutor, respectivamente, todos del Juzgado Segundo de lo Civil, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco. Luego, toda vez que los citados entes responsables, refieren que las constancias relativas al acto reclamado se remitirán mediante diverso oficio, este Juzgado de Distrito estará a la espera de las mismas. Sin que sea obstáculo a lo anterior que en el telegrama de mérito se indiquen los comunicados 55119/2018, 55120/2018, 55124/2018 y 55125/2018, relativos al sumario constitucional de donde deriva la presente incidencia, pues en lo que aquí interesa, únicamente rinden su correspondiente informe previo. Además, es oportuno precisar que el requerimiento efectuado en este expediente mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 18), no es en cumplimiento al fallo protector, sino en virtud de la integración de este incidente a fin de resolver la suspensión definitiva de los actos reclamados.
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