ROSA MARGARITA GALLARDO GUEVARA y Otros.

Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
546/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Rosa Margarita Gallardo Guevara
  • ROSA MARGARITA GALLARDO GUEVARA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B "... Agréguese el oficio 6575/2023 y anexos, suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 275/2023, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; asimismo, devuelve el original del juicio de amparo indirecto 546/2023 de este índice. Acúsese recibo. Dicho órgano jurisdiccional declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, y 170 fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que dicho Tribunal remitió los autos originales de este expediente, a efecto de que esté debidamente integrado con las constancias necesarias para su comprensión, agréguesele las actuaciones existentes en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío del recurso de queja. Archívese el presente asunto como concluido, precisando que el mismo es destruible, de conformidad con el artículo 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Por lo que, en términos de dicho numeral, el expediente deberá conservarse en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo será destruido. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    MESA V-B "... Téngase por recibido el escrito de ********************, autorizado legal de los quejosos ********************y********************; por el que interpone recurso de queja contra el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, agréguese a los autos copia de dicho escrito y .... se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el citado proveído, donde se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente y como apoyo del mismo remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y en su caso resolución, así como el original y una copia del escrito de interposición y expresión de agravios y también déjese a su disposición el expediente electrónico de este juicio de amparo. Se instruye a la Oficial Judicial A, Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite el expediente electrónico...."

  3. Principal

    MESA V-B "... Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 546/2023. Improcedencia De la lectura integral de la demanda amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el Expediente de Responsabilidad Administrativa número *******, del índice del Departamento de Procedimientos Administrativos ¨A¨, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del cual se determina que no opera la caducidad de la instancia, a favor de los aquí quejosos ********. Con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 170, de la Ley de Amparo, que establecen: ....... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Lo anterior, conforme al contenido de las tesis siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. .....". [Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. ......". [Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. Así, es claro que cuando el acto reclamado incide sobre aspectos de tramite o procesales, debe combatirse en el amparo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento. En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, los criterios siguientes: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ......" (Jurisprudencia 37/2014 (10ª), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, según certificación del licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). En la especie, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, pues no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el Expediente de Responsabilidad Administrativa número *********, del índice del Departamento de Procedimientos Administrativos ¨A¨, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del cual se determina que no opera la caducidad de la instancia, a favor de los aquí quejosos ********** Bajo esa tesitura, se concluye que el acto reprochado en esta instancia no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, ello porque como se advierte son relativos a actos dentro del juicio que solo resuelven la cuestión procesal; de modo tal que no es relativo a derechos sustantivos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que hagan procedente el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ...... Cabe agregar, que quien ahora ocurre en demanda de amparo no queda en estado de indefensión, pues de lo expuesto no se asume que el juicio de amparo sea llanamente improcedente y que la cuestión procesal que combate en relación con el juicio de origen en forma alguna pueda ser materia de análisis en defensa constitucional, sino sólo que no es este el momento propicio en atención a que la vía indirecta del amparo no es la idónea de acuerdo a la pretensión de la parte quejosa de controvertir una cuestión procesal que, a su decir, la dejó sin defensa, por lo cual, debe aguardarse al dictado de la resolución que afecte materialmente su derecho de acceso a la justicia, y sólo entonces, promueva el amparo haciendo valer tal violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). ....." (Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo del presente año, Décima Época). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a Romualdo Martínez Ruiz, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza a dicha responsable el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Notificación electrónica. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario "Romofirel", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza al peticionario de amparo uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas..... Habilitan días inhábiles ......., en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, ....., hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....."

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