Rosa Margarita Gallardo Guevara

Expediente 545/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
545/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Rosa Margarita Gallardo Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito y anexo, consistente en el testimonio de la ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 273/2023 de su índice. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de amparo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, realícese su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés..."

  2. Principal

    MESA IV B "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa de recibo del oficio 11143/2023, con el que se remitió el original del escrito de interposición y expresión de agravios, así mismo informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, el cual quedó registrado con el número 273/2023; de lo que este Juzgado toma conocimiento..."

  3. Principal

    MESA IV B "... Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Romualdo Martínez Cruz, autorizado legal de la quejosa ********************; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, lo siguiente: 1) Expediente electrónico, debidamente habilitado o vinculado; y, 2) Original y copia del escrito interposición de recurso y expresión de agravios. Se instruye al Oficial Judicial A, para que habilite y vincule el expediente electrónico..."

  4. Principal

    MESA "... Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, Adscrita a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 545/2023. De la lectura integral de la demanda amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el Expediente de Responsabilidad Administrativa número 21/03/PA-C/2022, del índice del Departamento de Procedimientos Administrativos ¨C¨, adscrito a la dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Honestidad, Trasparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del cual se determina que no opera la caducidad de la instancia, a favor de la quejosa ********. Con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 170, de la Ley de Amparo... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación"... Así, es claro que cuando el acto reclamado incide sobre aspectos de tramite o procesales, debe combatirse en el amparo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento. En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal... En la especie, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, pues no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo fecha doce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el Expediente de Responsabilidad Administrativa número 21/03/PA-C/2022, del índice del Departamento de Procedimientos Administrativos ¨C¨, adscrito a la dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Honestidad, Trasparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del cual se determina que no opera la caducidad de la instancia, a favor de la quejosa. Bajo esa tesitura, se concluye que el acto reprochado en esta instancia no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, ello porque como se advierte son relativos a actos dentro del juicio que solo resuelven la cuestión procesal; de modo tal que no es relativo a derechos sustantivos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que hagan procedente el juicio de amparo... Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Cabe agregar, que quien ahora ocurre en demanda de amparo no queda en estado de indefensión, pues de lo expuesto no se asume que el juicio de amparo sea llanamente improcedente y que la cuestión procesal que combate en relación con el juicio de origen en forma alguna pueda ser materia de análisis en defensa constitucional, sino sólo que no es este el momento propicio en atención a que la vía indirecta del amparo no es la idónea de acuerdo a la pretensión de la parte quejosa de controvertir una cuestión procesal que, a su decir, la dejó sin defensa, por lo cual, debe aguardarse al dictado de la resolución que afecte materialmente su derecho de acceso a la justicia, y sólo entonces, promueva el amparo haciendo valer tal violación procesal... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes. Notificación electrónica. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario ********************, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas... desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."

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