Rosa López Torres
Expediente 920/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa López Torres
- Agente del Ministerio Público, Titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual informa que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *****; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se les hizo en proveído de siete de noviembre del presente año, lo que hace señalando como autoridad responsable ejecutora al Director de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que se estudia. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: La primer regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último párrafo del precepto en comento, se establece la última regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que la promovente del amparo reclama la orden de detención así como su ejecución dictada dentro de la carpeta de investigación MOR/053/37666/2018 del índice de la Agencia del Ministerio Pública de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales de la Fiscalía de Alto Impacto, del Estado de Michoacán. En ese contexto, se advierte que los actos reclamados, esto es el mandato de captura y su ejecución, son de carácter positivo, pues tiene por efecto privar a la quejosa de su libertad; por ende, en atención a su naturaleza, es válido colegir que sí requieren ejecución material. En este orden de ideas, el siguiente paso consiste en determinar el lugar en que dichos actos deben ser ejecutados. Al respecto, debe precisarse que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, se desprende que el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho se encontraba en un restaurante en Morelia con Efraín García Becerra, tratando asuntos relacionados con un contrato de compraventa y asesoría en construcción de un invernadero, lugar en el que se presentó una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse ******, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, así como dos personas del sexo masculino, que dijeron ser agentes de la Policía Ministerial de dicho Estado, quienes le manifestaron que debía presentarse ante la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán ya que tenía el carácter de imputada del delito de fraude. Aunado a lo anterior, mediante auto de siete de noviembre de la presente anualidad, se previno a la quejosa a efecto de que señalara a la o las autoridades ejecutoras que pretenden llevar a cabo el acto reclamado; en atención a dicha solicitud, mediante escrito presentado el nueve de los actuales, la promovente del amparo precisó que como autoridad ejecutora señalaba al Director de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán de Ocampo. En ese orden, dado que de las manifestaciones vertidas por la quejosa tanto en su demanda como en su escrito aclaratorio, constituyen una CONFESIÓN, y se les otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; es posible considerar que la ejecución de la orden tendiente a privarla de su libertad, tendrá lugar precisamente en Morelia, Michoacán, localidad que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emergió al resolver la contradicción de tesis 571/2012, entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo tema que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Sin que obste a lo anterior que la promovente del amparo no haya señalado dónde tiene su domicilio particular, puesto que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito, pues acoger este criterio, equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar, como en el caso sucede. Como sustento se encuentra la jurisprudencia visible en la página 97, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." En ese sentido, atendiendo a que los actos reclamados son de carácter positivo, ya que implican la posible privación de la libertad de la quejosa, mismos que se pretenden ejecutar en la ciudad de Morelia, Michoacán, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en la propia entidad federativa, lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitar atentamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído, así como realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *****; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se les hizo en proveído de siete de noviembre del presente año, lo que hace señalando como autoridad responsable ejecutora al Director de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que se estudia. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: La primer regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último párrafo del precepto en comento, se establece la última regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que la promovente del amparo reclama la orden de detención así como su ejecución dictada dentro de la carpeta de investigación MOR/053/37666/2018 del índice de la Agencia del Ministerio Pública de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales de la Fiscalía de Alto Impacto, del Estado de Michoacán. En ese contexto, se advierte que los actos reclamados, esto es el mandato de captura y su ejecución, son de carácter positivo, pues tiene por efecto privar a la quejosa de su libertad; por ende, en atención a su naturaleza, es válido colegir que sí requieren ejecución material. En este orden de ideas, el siguiente paso consiste en determinar el lugar en que dichos actos deben ser ejecutados. Al respecto, debe precisarse que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, se desprende que el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho se encontraba en un restaurante en Morelia con Efraín García Becerra, tratando asuntos relacionados con un contrato de compraventa y asesoría en construcción de un invernadero, lugar en el que se presentó una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse ******, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, así como dos personas del sexo masculino, que dijeron ser agentes de la Policía Ministerial de dicho Estado, quienes le manifestaron que debía presentarse ante la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán ya que tenía el carácter de imputada del delito de fraude. Aunado a lo anterior, mediante auto de siete de noviembre de la presente anualidad, se previno a la quejosa a efecto de que señalara a la o las autoridades ejecutoras que pretenden llevar a cabo el acto reclamado; en atención a dicha solicitud, mediante escrito presentado el nueve de los actuales, la promovente del amparo precisó que como autoridad ejecutora señalaba al Director de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán de Ocampo. En ese orden, dado que de las manifestaciones vertidas por la quejosa tanto en su demanda como en su escrito aclaratorio, constituyen una CONFESIÓN, y se les otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; es posible considerar que la ejecución de la orden tendiente a privarla de su libertad, tendrá lugar precisamente en Morelia, Michoacán, localidad que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emergió al resolver la contradicción de tesis 571/2012, entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo tema que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Sin que obste a lo anterior que la promovente del amparo no haya señalado dónde tiene su domicilio particular, puesto que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito, pues acoger este criterio, equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar, como en el caso sucede. Como sustento se encuentra la jurisprudencia visible en la página 97, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." En ese sentido, atendiendo a que los actos reclamados son de carácter positivo, ya que implican la posible privación de la libertad de la quejosa, mismos que se pretenden ejecutar en la ciudad de Morelia, Michoacán, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en la propia entidad federativa, lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitar atentamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído, así como realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 920/2018-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. ..." (.)" Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite y la que habrá de ejecutarlo. En el caso concreto, la quejosa señaló en su demanda de amparo como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, de quien reclama la orden de detención emitida en su contra. De lo anterior, no se advierte que la quejosa haya señalado autoridad ejecutora alguna, la cual tendrá que ejecutar el acto que reclama. Cabe señalar que en el apartado de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifiesta que: "El día 26 del mes de octubre del año en curso, fui citada en un restaurante de la ciudad de Morelia, por el ***********, para tratar asuntos relacionados a un contrato de compraventa y asesoría en construcción de un vivero, ya que soy la representante legal de la empresa denominada PROYECTOS ***********., lugar hasta el que se presentaron, una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse ***********, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, así como dos personas del sexo masculino, que dijeron ser agentes de la Policía Ministerial de dicho Estado, manifestándome que me estaban notificando que debería presentarme ante la Fiscalía de asuntos especiales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán ya que tenía el carácter de imputada del delito de fraude, (.). El día 29 de octubre del año en curso, el apoderado legal de la empresa antes mencionada, de nombre ************, acudieron ante la mencionada fiscal para conocer los detalles del asunto en cuestión, pero el personal de dicha fiscalía se negó a proporcionar información y copias simples de la carpeta de investigación citada con anterioridad, manifestando que se encontraba plenamente acreditada mi responsabilidad penal del delito de fraude, sin dar mayores datos y manifestando que la policía ministerial de dicho Estado acudiría a mi domicilio a detenerme en fechas próximas.". Lo subrayado es propio. Desprendiéndose de la transcripción anterior que la quejosa tiene conocimiento de la participación de autoridades ejecutoras que pretenden llevar a cabo el acto del que se duele; las cuales indica pertenecen al Estado de Michoacán, sin embargo, no realizó el señalamiento correspondiente. Por ello, es imprescindible que la solicitante del amparo, ante actos concretos y específicos como la privación de la libertad que reclama, determine a las autoridades que estima pretenden ejecutarlo. Se invoca por aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, publicada en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Agosto de dos mil trece, Décima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracción III, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Señale a la o las autoridades ejecutoras que pretenden llevar a cabo el acto reclamado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Asimismo, se le tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédula profesional número ************ registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que menciona en términos limitados del numeral en cita por no encontrarse en el supuesto de los citados profesionistas. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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