Rosa Itzel Solis Tirado y Otros.

Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Rosa Itzel Solis Tirado y Otros.
  • Rosa Itzel Solis Tirado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal, la determinación de diecinueve de mayo del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que la resolución que se dictó fue la siguiente. En el juicio principal, se sobreseyó fuera de audiencia; Por su parte, el Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, de conformidad con el artículo 159 de la Ley de Amparo, en auxilio de la justicia federal recibió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintitrés, proveyó respecto de la suspensión de plano solicitada, la cual fue concedida. El asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el expediente que nos ocupa es conservable. Lo anterior, en concordancia a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementaba al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (abrogado), que precisaba: " [.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Destacando que se acude a esa disposición administrativa, porque a pesar de que actualmente rige un nuevo acuerdo en la materia, la hipótesis que aquí se analiza no se encuentra regulada, pero es idéntica a la que dio origen a la precisión que se realizó en su momento en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En razón de que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos, con sus anexos, el oficio que remite la Juez de Partido Segundo de lo Civil, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 420/2023 del índice de este juzgado, que se le envió para notificar al quejoso directo el proveído de diecinueve de mayo pasado. Háganse las anotaciones respectivas debiéndose dar de baja la comunicación oficial 420/2023 del índice de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Téngase por recibido, con su anexo el oficio que remite el Juez Calificador de Seguridad Pública con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento de lo solicitado en proveído de nueve de los actuales, remite las constancias que le fueron solicitadas, por lo que se proveé: La responsable remitió: a) Boleta de Libertad fechada el cuatro de marzo del año en curso, registrada con el número de oficio 1575/2023, suscrita por el agente del Ministerio Público Investigador I del Sistema Procesal Penal Acusatorio, de Acámbaro, Guanajuato, dirigido al Director General de Seguridad Pública, Movilidad y Central de Emergencia de esa ciudad, documento en el que se advierte que se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso. b) Extracto de la bitácora de salida de detenidos, documento de donde se advierte el motivo de la salida del aquí quejoso. De las referidas constancias así como de las que obran en autos a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que la parte quejosa reclamó: Privación de la libertad e incomunicación". Por tanto, de acuerdo con el contenido del oficio que remitió la responsable Juez Calificador de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato y anexos; que se le solicitó en proveído de nueve de mayo del año en curso, se desprende que: El cuatro de marzo de dos mil veintitrés, a las veinte horas con treinta y cinco minutos, en acatamiento a la boleta de libertad, registrada con el número de oficio 1575/2023 suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador I del Sistema Procesal Penal Acusatorio con residencia en Acámbaro, Guanajuato, el quejoso directo ******************** fue dejado en libertad por excarcelación, bajo las reservas de ley. Por tanto, es evidente que la omisión que la parte quejosa tilda de inconstitucional (privación a la libertad e incomunicación) cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al ya no encontrarse el quejos directo privado de su libertad, mucho menos incomunicado, de lo que se puede advertir que no transgredió el derecho fundamental que en esta instancia reclamó, cesando así la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos para lo cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Toda vez que de constancias se advierte que el quejoso directo ******************** señaló como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en prolongación Madero, número 56, en Acámbaro, Guanajuato, en aras de no vulnerar sus derechos fundamentales, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, al Juzgado Civil de Partido en turno, con sede Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene dentro de su jurisdicción, a quien corresponda para que se constituya en ese domicilio y notifique al nombrado lo aquí ordenado; así como para que lo requiera, para que dentro del término de tres días señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este tribunal.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio 2083/2023 que remite el agente del Ministerio Público 2 Investigador de la Unidad de Tramitación Común Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual informa la imposibilidad con que cuenta para corroborar la información proporcionada por las responsables al rendir su respectivo informe justificado. En razón de lo anterior, como del estado de los autos, se advierte que las responsables, al rendir su informe justificado, entre otras constancias, remitieron copia certificada del oficio JCSPM/027/2023 de cuatro de marzo del año en curso, suscrito por los policías **************** adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato, a través del que dejaron a disposición del agente del Ministerio Público en turno de esa ciudad, al quejoso directo ***************; documento que fue recibido en la agencia del Ministerio Público 2 Investigadora de la Unidad de Tramitación Común Acámbaro, Guanajuato (por estar de turno), según se advierte del matasellos y que la oficiante manifiesta no haber seguido con el trámite de la carpeta de investigación *************** que se generó en contra del aquí quejoso; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, solicítese al titular de la agencia del Ministerio Público I Investigadora de la Unidad de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato, para que en el plazo de tres días legalmente computado, corrobore la información proporcionada por las responsables en cuanto a que, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintitrés dejaron a disposición de la autoridad investigadora al aquí quejoso, en caso afirmativo, deberá remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten y en su caso si se judicializó dicha carpeta y los datos que tenga al respecto; bajo apercibimiento que de no hacerlo se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260 fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aras de corroborar la actualización de una posible causa de improcedencia, o bien, descartar su configuración, ya que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo su estudio es oficioso;

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