Rosa Juárez Bautista

Expediente 206/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa Juárez Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, seis de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 113 y 114), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 117 y 118). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a Rosa Juárez Bautista, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".para que la junta responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que: a) Por las razones expuestas en este fallo, declare improcedente la excepción de obscuridad de la demanda que opuso el Instituto Mexicano del Seguro Social. b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que los elementos que debe acreditar la parte actora para la procedencia de la acción de otorgamiento y pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, son: I. Que tenga reconocido en el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales; II. Que haya cumplido 60 años de edad; y III. Que se encuentre privado de un trabajo remunerado. c) Hecho lo anterior, analice el resto de las excepciones opuestas, así como las pruebas que ofrecieron las partes y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda en cuanto a la acción ejercida." (foja 75). I. En la parte conducente de la ejecutoria de amparo, este Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "En este sentido, contra lo determinado por la junta, la información referente al nombre y domicilio de las empresas en las que el trabajador prestó sus servicios, los puestos y actividades que desempeñó, así como la antigüedad generada, no son elementos constitutivos de la acción de otorgamiento y pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, dado que tales datos en forma alguna inciden en la procedencia de tal acción. De ahí que se estima ilegal el criterio que se sostuvo en el laudo reclamado, en el sentido de tener por acreditada la excepción de obscuridad de la demanda opuesta por el enjuiciado y, con base en ello, determinar que no prosperó la acción intentada por la hoy quejosa, dejando a salvo sus derechos respecto de las prestaciones que reclamó del instituto. Cabe señalar que la excepción de oscuridad de la demanda, en realidad, tiende a posibilitar al demandado para conocer las pretensiones, hechos y derechos que el actor plasma en el libelo de inicio del proceso laboral, y así estar en condiciones de edificar una defensa integral, sin embargo, este aspecto, en la especie, no implica ni debe confundirse con los elementos constitutivos o de procedencia de la acción, de manera que si en el caso, la acción intentada no se integra con el señalamiento del nombre y domicilio de las empresas en las que el trabajador prestó sus servicios, los puestos y actividades que desempeñó, así como la antigüedad generada, luego, no puede jurídicamente absolverse a partir de una estimación que sin base sustantiva alguna, los considere como elementos de la acción." (fojas 74 vuelta y 75). II. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo de veintidós de enero anterior, y ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 86). El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, pronunció otro fallo en el que: a) Por las razones expuestas en la ejecutoria que se cumplimenta, en cuanto a la excepción de obscuridad de la demanda que opuso el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó: "Cabe señalar que la excepción de oscuridad de la demanda, en realidad, tiende posibilitar al demandado para conocer las pretensiones, hechos y derechos que el actor plasma en el libelo de inicio del proceso laboral, y así estar en condiciones de edificar una defensa integral, sin embargo, este aspecto, en la especie, no implica ni debe confundirse con los elementos constitutivos de procedencia de la acción, de manera que si en el caso, la acción intentada no se integra con el señalamiento del nombre y domicilio de las empresas en las que el trabajador prestó sus servicios, los puestos y actividades que desempeñó, así como la antigüedad generada, luego, no puede jurídicamente absolverse a partir de una estimación que sin base sustantiva alguna, los considere como elementos de la acción, por lo que se declara improcedente la excepción de obscuridad de la demanda opuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social." (foja 101). b) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, una vez que analizó los elementos que debe acreditar la parte actora para la procedencia de la acción de otorgamiento y pago de la pensión de cesantía en edad avanzada (consistentes en: 1. Que tenga reconocido en el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales; II. Que haya cumplido 60 años de edad; y III. Que se encuentre privado de un trabajo remunerado), determinó: "En la tesitura anterior, al haber desvirtuado la parte actora el contenido dela hoja de certificación de vigencia de derechos con el resultado de la prueba de inspección que ofertó para tal efecto, esta junta tiene por acreditado de parte del actor, entre otras cuestiones, que sí fue asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cotizó 923 semanas además de que se encuentra dentro de la conservación de sus derechos. Ahora bien, tenemos que por cuanto hace al requisito de la edad, de autos consta que para ese efecto la actora ofrece la documental pública consistente en su copia certificada de acta de nacimiento de la actora Rosa, misma que obra en autos a fojas 15 y a la cual se le concede pleno valor probatorio por tratarse de un documento público expedido en términos de los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, y de la cual se colige que el actor nació el día 11 de noviembre de 1953, por lo que actualmente cuenta con más de 60 años de edad por lo que a la fecha en que presentó su escrito inicial de demanda (05 de febrero de 2016) ya contaba con la edad requerida de 60 años de edad. Finalmente y por lo que toca al requisito relativo a que el actor esté privado de trabajo remunerado, tomando en consideración que la privación del trabajo remunerado es un requisito negativo que la fracción tercera del artículo 145 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente y como por trabajo remunerado debemos entender que quien lo realiza, recibe una percepción económica derivada de dicho vínculo laboral, por lo tanto toca al instituto demandado demostrar que el actor sí cuenta con trabajo remunerado, lo que en el presente caso no aconteció, pues con ninguna de las pruebas que aportó el instituto demandado acredita que el hoy actor cuente con trabajo alguno, además al manifestar expresamente en su escrito de contestación a la demanda que el actor se encuentra dado de baja del régimen de seguridad social queda por entendido que efectivamente se encuentra privado de un trabajo remunerado al no existir vínculo contractual alguno; por ende, se reitera que subsiste a favor del trabajador la presunción de que se encuentra privado de trabajo remunerado. (.)." (foja 105). En consecuencia, probado por el actor que se encuentra desempleado de manera involuntaria debido a su edad y condición física, así como de que no percibe ingreso económico alguno, lo consiguiente es considerar que satisface los requisitos que establece el artículo 145 de la Ley del Seguro Social mencionada, para que pueda gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada a cuyo otorgamiento se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social." c) Hecho lo anterior, analizó el resto de las excepciones opuestas, así como las pruebas que ofrecieron las partes y, con libertad de jurisdicción, determinó: ".En las relatadas condiciones, lo procedente es condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar a la actora Rosa Juárez Bautista, una pensión por cesantía en edad avanzada, a partir del 11 de noviembre de 2013, fecha en la que cumplió 60 años la actora, a otorgarle un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión, así como a otorgarle los incrementos que se hayan dado en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973; sin embargo el instituto demandado al dar contestación al escrito inicial de demanda opuso para el supuesto de ser condenado a la prestación reclamada la excepción de prescripción de pago de pensión, en términos del artículo 279, fracción I de la Ley del Seguro Social de 1973, limitando la condena a un año antes de la presentación de la demanda; pues dicha excepción resulta procedente (.); debiéndose pagar la pensión de cesantía en edad avanzada a partir del 05 de febrero de 2015, es decir un año anterior a la presentación de la demanda. En las relatadas condiciones acreditado por la actora que tiene derecho a gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada, lo procedente es determinar su cuantía en términos de lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, (.)." (fojas 105 vuelta a 111). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada del laudo de veintitrés del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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