Rosa Francisco Prisciliano
Expediente 105/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 37 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rosa Francisco Prisciliano
- Sindico del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala
- José Pedro Salvatierra Chumacero
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada de la sentencia de veintisiete del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, entregando copia autorizada de la determinación correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese, personalmente a la quejosa, así como a José Juan Carrasco Parraguirre; y por oficio al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, terceros interesados en el presente asunto. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Rosa Francisco Prisciliano; atento a su contenido, dígasele que con relación a su petición de que se hagan efectivos los apercibimientos realizados a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en determinaciones de veinticinco de julio y ocho de noviembre del año en curso, será al momento de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo cuando se acuerdo al respecto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto se informa que se dejó insubsistente la sentencia reclamada y se ordenó traer los autos a la vista para dictar nueva resolución; en tales condiciones, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, emita sentencia y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 119, 123 y 125 vuelta), siendo que la primera realizó manifestaciones al respecto (fojas 126 a 134). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, este órgano colegiado concedió a Rosa Francisco Prisciliano, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra sentencia en el que se analice la personalidad de la parte demandada, con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación; lo anterior, por tratarse de un presupuesto procesal, dado que ya había sido materia de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia. Y, con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, resuelva lo que en derecho proceda" (foja 86). Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (fojas 93 y 94). Por oficio 620/2023, de veintiséis de mayo del año en curso, la autoridad responsable, remitió el acuerdo de la misma fecha, en el que dejó insubsistente la sentencia reclamada de diecinueve de enero de dos mil veintitrés (foja 99 vuelta), y ordenó dictar una nueva resolución. Por oficio 671/2023, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés (fojas 106 a 118), por tal motivo, se les dio vista a las partes (foja 119), siendo que mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés, la quejosa Rosa Francisco Prisciliano, realizó manifestaciones al respecto (fojas 126 a 134). Mediante resolución de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo por las siguientes razones: "I. A. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia reclamada de diecinueve de enero del año en cita (foja 99); y, el ocho de junio de dos mil veintitrés, dictó una nueva resolución en la que: B. Al realizar el análisis de la personalidad de la parte demandada Amisael Atonal Lara en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en el poder notarial que exhibió al presentar su recurso de apelación, realizó lo siguiente: -Trascribió parte de la ejecutoria de amparo, como se verá: Ejecutoria de amparo (fojas 80 vuelta a 85). Sentencia de apelación de ocho de junio de dos mil veintitrés (fojas 110 vuelta a 113). Ahora, es necesario destacar que los artículos 1205 y 1206 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como del diverso 58 procesal civil de esta entidad federativa, disponen lo siguiente: "Artículo 1205.- Se inscribirán en el Registro: I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; II.- La constitución del patrimonio de familia; III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles; IV.- La condición resolutoria que se pacte en los contratos; V.- Los contratos de prenda que requieran de registro para producir efectos contra tercero; VI.- La escritura constitutiva de las sociedades civiles, asociaciones, los poderes, nombramientos y revocación de los mismos; VlI.- Los poderes que tengan el carácter de irrevocables o que recaigan sobre un inmueble específico; VIII.- La escritura que reforme las escrituras constitutivas de las sociedades o asociaciones civiles; IX.- Las resoluciones judiciales, las de árbitros y arbitradores que produzcan alguno o algunos de los efectos mencionados en la fracción I; X.- Los testamentos por efecto de los cuales se deje la propiedad de bienes raíces, o de derechos reales, haciéndose el registro después de la muerte del testador; XI.- En los casos de sucesiones, los instrumentos notariales y la resolución interlocutoria en la que se reconozca el derecho de los herederos legítimos, el nombramiento y el discernimiento del cargo de albacea; XII.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión de bienes, así como las inscripciones ordenadas por autoridades judiciales y/o administrativas; XIII.- Las copias certificadas relativas a las actas de embargo o secuestro, cuando recaiga sobre bienes inmuebles o derechos reales susceptibles de registro; XIV.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados." "Artículo 1206.- Los actos y contratos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual si podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables." "Artículo 58.- Al primer escrito se acompañarán precisamente: I.- El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presenta en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona, o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; II.- El poder que acredite la personalidad del mandatario, cuando éste intervenga; III.- De los escritos y documentos referidos, se acompañarán tantas copias como partes existan; con el objeto de que se corra traslado a todos los interesados; y si éstos excedieren de veinticinco fojas quedarán en la Secretaría para que se instruyan las partes." De un análisis a los preceptos legales de referencia, se advierte que, los primero dos señalan que inscribirán en el registro, en lo que interesa, la escritura constitutiva de las sociedades civiles, asociaciones, los poderes, nombramientos y revocación de los mismos; además, los actos deben registrarse y si no se registran, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables; y, del último precepto, indica que se debe acompañar el documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presenta en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona, o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona. Asimismo, es necesario precisar que se debe entender por legitimación ad procesum y legitimación ad causam. La legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Por otra parte, la legitimación ad causam o relación jurídica sustancial, se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho (activa) y contra la persona obligada por la ley (pasiva) para satisfacerlo; esa relación jurídica sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular; de tal forma, la legitimación "ad procesum" es requisito para la procedencia del juicio por tratarse de un presupuesto procesal, mientras que la "ad causam" lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Para que a una persona pueda considerársele como parte en sentido formal (apoderado general o especial, representante legal, endosatario en procuración, etcétera), y pueda en consecuencia actuar válidamente en juicio a nombre de quien es parte en sentido material, es requisito sine qua non que acredite su personalidad a través de los medios que la ley establece, esto es, debe justificar que está investida de la capacidad o potestad correspondiente, pues en caso contrario, para efectos legales, la parte en sentido material que pretendió representar no habrá intervenido en la relación jurídica que, según se dijo, para su existencia requiere, necesariamente, de la intervención de los tres sujetos: actor, Juez y demandado. Esta cuestión debe ser resuelta necesariamente en la instancia original del juicio, como una consecuencia lógica jurídica de las consideraciones antes sustentadas, resulta considerar que las partes sólo pueden impugnar la personalidad de su contraparte en primera instancia. Por lo que, si esta impugnación se hace vía agravio en la apelación, el Tribunal de Alzada no puede llevar a cabo dicho estudio. Ello opera sin perjuicio de que la Sala o el Tribunal de Apelación puedan, de oficio, analizar la personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal. Ahora en el presente caso, mediante escrito depositado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado legal Amisael Atonal Lara, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, anexó copia certificada del Poder Notarial número cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, volumen mil ochocientos veintiuno, de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, realizado ante la Fe del Notario Público Número 64 del Estado de México, a efecto de acreditar su personalidad, lo anterior, la juzgadora de origen, lo acordó en auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y le reconoció la personalidad de dicho apoderado. Posteriormente, el trece de junio de dos mil veintidós, la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, analizó la personalidad de la parte demandada al dictar la sentencia de primera instancia, en el que determinó lo siguiente: "Adicionalmente para la suscrita, no paso por desapercibido que a la presente fecha el Poder Notarial con el cual el demandado Amisael Atonal Lara en su carácter de Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la presente fecha no se encuentra vigente esto en atención a lo plasmado en la cáusasela (sic) décima primera del Instrumento número 56491, Volumen 1821, de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, realizado ante la Fe del Notario Público Número 64 del Estado de México el cual estableció que la vigencia de dicho poder Notarial era por dos años a partir de su expedición por lo tanto, a la presente fecha ya no cuenta con la debida personalidad, ya que de actuaciones judicial no se parecía (sic) que Amisael Atonal Lara en su carácter de Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, haya realizado algún trámite tendiente para acreditar su personalidad en el presente juicio. Luego, inconforme con la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y recibido el seis de julio siguiente, en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado legal Amisael Atonal Lara, interpuso recurso de apelación y anexó un nuevo poder notarial número ciento un mil novecientos cinco, libro tres mil cincuenta y siete, de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, realizado ante la Fe del Notario Público Número 98 del Estado de México, a efecto de acreditar su personalidad. En acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, lo registró con el toca 323/2022, en la misma fecha se declaró competente para conocer del mismo. Seguido el trámite, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dicha Sala, dictó sentencia, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; sin embargo, en ninguna consideración de la sentencia hizo pronunciamiento alguno de oficio sobre la personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal. En ese tenor, le asiste razón a la parte quejosa, pues la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala se encontraba en aptitud de analizar la legitimación procesal de quien compareció a nombre de la demandada; en primer lugar, porque fue materia de pronunciamiento por parte de la Juzgadora Natural al momento de dictar la sentencia definitiva, pues, fue precisamente ahí donde hizo su análisis y estimó que el Poder Notarial con el cual el demandado Amisael Atonal Lara en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la fecha ya no se encontraba vigente, porque en la cláusula décima primera del Instrumento número 56491, Volumen 1821, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, realizado ante la fe del Notario Público Número 64 del Estado de México, el cual estableció que la vigencia de dicho poder Notarial era por dos años a partir de su expedición, y que a esa fecha ya no contaba con la debida personalidad, ya que de actuaciones judiciales no se apreciaba que dicho apoderado del Instituto demandado haya realizado algún trámite tendiente para acreditar su personalidad en el juicio; y, en segundo lugar, porque el Tribunal de Alzada pudo de oficio analizarla en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal, lo cual, no efectuó el examen de la personalidad como base de presupuesto procesal, se tenía que analizar. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 18/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 341, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, de la Novena Época, con registro digital 162515, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA ESTUDIARLA DE OFICIO. La personalidad de las partes es un presupuesto procesal cuya violación resulta en un acto de ejecución de imposible reparación. En consecuencia, debe ser planteada por las partes en primera instancia. Por lo tanto, si no se impugnó la personalidad de una de las partes en la primera instancia, y se pretende introducir como agravio en la apelación que se hace valer contra la sentencia de primer grado, es improcedente el estudio de dicho agravio por el Tribunal de Alzada. Asimismo, el Tribunal de Apelación debe omitir el examen de la personalidad, en el caso de que hubiera sido impugnada y se encuentre consentida la resolución recaída a la impugnación, porque entonces habrá operado la preclusión del derecho para atacarla. Todo ello sin perjuicio de que la Sala o el Tribunal de Alzada puedan, de oficio, analizar la personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal." Es necesario destacar que los artículos 1205 y 1206 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como del diverso 58, de la codificación procesal civil vigente en el Estado, disponen lo siguiente: "Artículo 1205.- Se inscribirán en el Registro: I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; II.- La constitución del patrimonio de familia; III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles; IV.- La condición resolutoria que se pacte en los contratos; V.- Los contratos de prenda que requieran de registro para producir efectos contra tercero; VI.- La escritura constitutiva de las sociedades civiles, asociaciones, los poderes, nombramientos y revocación de los mismos; VlI.- Los poderes que tengan el carácter de irrevocables o que recaigan sobre un inmueble específico; VIII.- La escritura que reforme las escrituras constitutivas de las sociedades o asociaciones civiles; IX.- Las resoluciones judiciales, las de árbitros y arbitradores que produzcan alguno o algunos de los efectos mencionados en la fracción I; X.- Los testamentos por efecto de los cuales se deje la propiedad de bienes raíces, o de derechos reales, haciéndose el registro después de la muerte del testador; XI.- En los casos de sucesiones, los instrumentos notariales y la resolución interlocutoria en la que se reconozca el derecho de los herederos legítimos, el nombramiento y el discernimiento del cargo de albacea; XII.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión de bienes, así como las inscripciones ordenadas por autoridades judiciales y/o administrativas; XIII.- Las copias certificadas relativas a las actas de embargo o secuestro, cuando recaiga sobre bienes inmuebles o derechos reales susceptibles de registro; XIV.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados." "Artículo 1206.- Los actos y contratos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual si podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables." "Artículo 58.- Al primer escrito se acompañarán precisamente: I.- El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presenta en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona, o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; II.- El poder que acredite la personalidad del mandatario, cuando éste intervenga; III.- De los escritos y documentos referidos, se acompañarán tantas copias como partes existan; con el objeto de que se corra traslado a todos los interesados; y si éstos excedieren de veinticinco fojas quedarán en la Secretaría para que se instruyan las partes." La idónea comprensión de los preceptos de referencia, en caso de los primero dos señalan que inscribirán en el registro, la escritura constitutiva de las sociedades civiles, asociaciones, los poderes, nombramientos y revocación de los mismos; además, los actos deben registrarse y si no se registran, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a terceros, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables; y, del último precepto, indica que se debe acompañar el documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presenta en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona, o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona. La descripción de dispositivos en cita, nos obligan a precisar que se debe entender por legitimación ad procesum y legitimación ad causam. Así se tiene que la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Por otra parte, la legitimación ad causam o relación jurídica sustancial, se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho (activa) y contra la persona obligada por la ley (pasiva) para satisfacerlo; esa relación jurídica sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular; de tal forma, la legitimación "ad procesum" es requisito para la procedencia del juicio por tratarse de un presupuesto procesal, mientras que la "ad causam" lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Para que a una persona pueda considerársele como parte en sentido formal (apoderado general o especial, representante legal, endosatario en procuración, etcétera), y pueda en consecuencia actuar válidamente en juicio a nombre de quien es parte en sentido material, es requisito sine qua non que acredite su personalidad a través de los medios que la ley establece, esto es, debe justificar que está investida de la capacidad o potestad correspondiente, pues en caso contrario, para efectos legales, la parte en sentido material que pretendió representar no habrá intervenido en la relación jurídica que, según se dijo, para su existencia requiere, necesariamente, de la intervención de los tres sujetos: actor, Juez y demandado. Esta cuestión debe ser resuelta necesariamente en la instancia original del juicio, dado que las partes sólo pueden impugnar la personalidad de su contraparte en primera instancia. Lo que opera sin perjuicio de que la sala o el tribunal de apelación puedan, de oficio, analizar la personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal, y porque esto es lo que se suscita en la especie, puesto que mediante escrito depositado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado legal Amisael Atonal Lara, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, anexó copia certificada del Poder Notarial número cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, volumen mil ochocientos veintiuno, de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, realizado ante la Fe del Notario Público Número 64 del Estado de México, a efecto de acreditar su personalidad, lo anterior, la juzgadora de origen, lo acordó en auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y le reconoció la personalidad de dicho apoderado. Posteriormente, el trece de junio de dos mil veintidós, la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, analizó la personalidad de la parte demandada al dictar la sentencia definitiva, en la que determinó lo siguiente: "...para la suscrita, no paso por desapercibido que a la presente fecha el Poder Notarial con el cual el demandado Amisael Atonal Lara en su carácter de Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la presente fecha no se encuentra vigente esto en atención a lo plasmado en la cláusula décima primera del Instrumento número 56491, Volumen 1821, de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, realizado ante la Fe del Notario Público Número 64 del Estado de México el cual estableció que la vigencia de dicho poder Notarial era por dos años a partir de su expedición por lo tanto, a la presente fecha ya no cuenta con la debida personalidad, ya que de actuaciones judicial no se parecía (sic) que Amisael Atonal Lara en su carácter de Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, haya realizado algún trámite tendiente para acreditar su personalidad en el presente juicio. Luego, inconforme con la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, por la que declaró probada la acción de usucapión y condenó al instituto demandado a conceder a favor de la accionante las prestaciones reclamadas; mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y recibido el seis de julio siguiente, en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado legal Amisael Atonal Lara, interpuso recurso de apelación y anexó un nuevo poder notarial número ciento un mil novecientos cinco, libro tres mil cincuenta y siete, de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, realizado ante la Fe del Notario Público Número 98 del Estado de México, a efecto de acreditar su personalidad. Y mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, lo registró con el toca 323/2022, en la misma fecha se declaró competente para conocer del mismo, continuando con el trámite que en derecho corresponde. En ese tenor, si bien es veraz que al momento en que se dictó la sentencia definitiva, el poder Notarial con el cual el demandado Amisael Atonal Lara en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya no se encontraba vigente, porque en la cláusula décima primera del Instrumento número 56491, Volumen 1821, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, realizado ante la fe del Notario Público Número 64 del Estado de México, el cual estableció que la vigencia de dicho poder Notarial era por dos años a partir de su expedición, y que a esa fecha ya no contaba con la debida personalidad, ya que de actuaciones judiciales no se apreciaba que dicho apoderado del Instituto demandado haya realizado algún trámite tendiente para acreditar su personalidad en el juicio; y, en segundo lugar, porque la Alzada de oficio en ejercicio de sus atribuciones se pronunciaría sobre este presupuesto, por tratarse de un presupuesto procesal, pues en apoyo a lo anterior, tiene aplicación en lo que interesa la Jurisprudencia 1a./J. 18/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 341, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, de la Novena Época, con registro digital 162515, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA ESTUDIARLA DE OFICIO. La personalidad de las partes es un presupuesto procesal cuya violación resulta en un acto de ejecución de imposible reparación. En consecuencia, debe ser planteada por las partes en primera instancia. Por lo tanto, si no se impugnó la personalidad de una de las partes en la primera instancia, y se pretende introducir como agravio en la apelación que se hace valer contra la sentencia de primer grado, es improcedente el estudio de dicho agravio por el Tribunal de Alzada. Asimismo, el Tribunal de Apelación debe omitir el examen de la personalidad, en el caso de que hubiera sido impugnada y se encuentre consentida la resolución recaída a la impugnación, porque entonces habrá operado la preclusión del derecho para atacarla. Todo ello sin perjuicio de que la Sala o el Tribunal de Alzada puedan, de oficio, analizar la personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal." -Concluyó diciendo que el poder notarial que exhibió el representante del demandado al momento de interponer el recurso de revisión, satisface a cabalidad el presupuesto en estudio, ya que dicho instrumento notarial cumple con las exigencias de ley, a tal grado que en nada limita el hecho de que el mismo no se encuentre inscrito en las oficinas que menciona la actora en el juicio de origen basándose en el artículo 1206 del código civil, esto en razón a que la definición de perjuicio a tercero no se surte debido a que defensivamente esta singularidad no limita fuerza y alcance legal del referido documento, esto por encuadrar en el supuesto establecido en la fracción I, del artículo 319, del Código de Procedimientos Civiles, motivo por el cual le otorgó valor probatorio pleno en base al artículo 431 de dicho código civil, concluyendo que Amisael Atonal Lara, sí tiene personalidad en el juicio, como apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ahora bien, de todo lo anterior, se advierte que la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no fundó ni motivó la causa legal de su proceder, pues sin mayor análisis sostuvo que la personalidad de la parte demandada con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación, solo se concretó a trascribir parte de la ejecutoria de amparo, como se puede observar del cuadro comparativo inserto anteriormente, además que no lo hizo de manera congruente y exhaustiva, desatendiendo lo ordenado en los efectos del amparo protector, ya que únicamente concluyó que dicho poder notarial cumple con las exigencias de ley, al grado que en nada limita el hecho que no se encuentre inscrito en las oficinas respectivas, aunado a que, el mismo encuadra en el supuesto contenido en el artículo 319, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, asignándole valor probatorio pleno conforme al numeral 431 del referido cuerpo de leyes; como se ve, dicha determinación de la sala responsable no se encuentra fundada ni motivada, ya que simplemente hace mención de los preceptos antes referidos, pero no explica de manera razonada porque lo considera así. Ello es así, porque uno de los lineamientos de la ejecutoria de amparo fue para que analizara la personalidad de la parte demandada, con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación, por tratarse de un presupuesto procesal, dado que ya había sido materia de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia y con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, resolviera lo que en derecho proceda. Cuestión que no ocurrió, pues la responsable no explicó, ni razonó por qué el poder notarial cumplía con las exigencias de ley, pues sólo dijo que en nada limita el hecho que no se encuentre inscrito en las oficinas respectivas, aunado a que, el mismo encuadra en el supuesto contenido en el artículo 319, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, asignándole valor probatorio pleno conforme al numeral 431 de la legislación en mención; esto es, sin justificar dicha determinación. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés, y dicte otro en el que tomando en cuenta lo determinado en las consideraciones de la ejecutoria de amparo, analice la personalidad de la parte demandada, con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación, por tratarse de un presupuesto procesal, dado que ya había sido materia de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia y, con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, resuelva lo que en derecho proceda" (fojas 135 a 147). Por oficio 890/2023, de dieciséis de agosto del año en curso, la autoridad responsable, remitió el acuerdo de la misma fecha, en el que dejó insubsistente la sentencia reclamada de ocho de junio de dos mil veintitrés (foja 158), y ordenó dictar una nueva resolución. Mediante oficio 957/2023, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (fojas 163 a 175), por tal motivo, se les dio vista a las partes (fojas 177 y 178), siendo que mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, la quejosa Rosa Francisco Prisciliano, realizó manifestaciones al respecto (fojas 184 a 192). I. A. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia reclamada de ocho de junio del año en cita (foja 158); y, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictó una nueva resolución en la que: B. Al realizar el análisis de la personalidad de la parte demandada Amisael Atonal Lara en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en el poder notarial que exhibió al presentar su recurso de apelación, realizó lo siguiente: -Invocó las cláusulas primera y tercera de dicho poder (esta última hace mención a la vigencia de dos años), citó los artículos 2168, 2169, 2170, 2172, 2175, 2177 y 2178 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, así como el diverso 431 del Código de Procedimientos Civiles con el que se basó para darle valor probatorio al poder notarial bajo el argumento de que no fue redargüido de falso por la parte contraria, sin que obste que el mismo no fue inscrito ante la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, requisito que establecen los numerales 1205, fracción VII y 1206, del Código Civil el cual resulta irrelevante, en razón a que no se está ante la presencia de un poder irrevocable ya que no se celebró para que su mandatario obtuviera un beneficio sino para su representación y defensa de sus derechos e incluso con limitación en cuanto a su vigencia por un plazo de dos años. -Citó la jurisprudencia de rubro "MANDATO ESPECIAL. CLÁUSULA DE PODER IRREVOCABLE (ARTÍCULO 2596 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)". -Concluyó que por lo anterior el nuevo poder notarial ciento un mil novecientos cinco, del libro tres mil cincuenta y siete, de siete de mayo de dos mil veintiuno de la Notaría Pública Número Noventa y ocho de la Ciudad de México, que exhibió el mandatario legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al momento de interponer el recurso de apelación, cumple con las exigencias de ley para acreditar a su personería, sin que limite el hecho de que el mismo no se encuentre inscrito en la oficina registral como lo establecen los artículos 1205 y 1206 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; por lo que declaró que Amisael Atonal Lara por su representación, sí tiene personalidad para defender en al recurso de apelación con el carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del referido instituto (fojas 166 vuelta a 168). Ahora bien, de todo lo anterior, se advierte que la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no fundó ni motivó de forma adecuada la causa legal de su proceder, pues al realizar el análisis de la personalidad de la parte demandada con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación, citó las cláusulas primera y tercera de dicho poder, así como los artículos 1205, 1206, 2168, 2169, 2170, 2172, 2175, 2177 y 2178 del Código Civil del Estado de Tlaxcala y el diverso 431 del Código de Procedimientos Civiles; además de la jurisprudencia de rubro "MANDATO ESPECIAL. CLÁUSULA DE PODER IRREVOCABLE (ARTÍCULO 2596 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)"; de lo que se advierte que dichos preceptos y jurisprudencia no satisface el fundamento exigido en la ejecutoria de amparo. Ello es así, porque de nueva cuenta desatendió lo ordenado en los efectos del amparo protector, volvió a concluir que dicho poder notarial cumple con las exigencias de ley, al grado que en nada limita el hecho que no se encuentre inscrito en las oficinas respectivas, puesto que se está ante la presencia de un poder irrevocable ya que no se celebró para que su mandatario obtuviera un beneficio sino para su representación y defensa de sus derechos e incluso con limitación en cuanto a su vigencia por un plazo de dos años, aunado a que, el mismo encuadra en el supuesto contenido en el artículo 319, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, asignándole valor probatorio pleno conforme al numeral 431 del referido cuerpo de leyes; como se ve, dicha determinación de la sala responsable no se encuentra fundada ni motivada, ya que otra vez hace mención de los preceptos antes referidos, pero no explica de manera razonada por qué lo considera así. Como se dijo en la resolución de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por no cumplido el fallo protector, que uno de los lineamientos de la ejecutoria de amparo fue para que analizara la personalidad de la parte demandada, con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación, por tratarse de un presupuesto procesal, dado que ya había sido materia de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia y con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, resolviera lo que en derecho proceda. Cuestión que no ocurrió, pues la responsable no explicó, ni razonó por qué el poder notarial cumplía con las exigencias de ley, pues sólo dijo que en nada limita el hecho que no se encuentre inscrito en las oficinas respectivas, aunado a que, el mismo encuadra en el supuesto contenido en el artículo 319, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, asignándole valor probatorio pleno conforme al numeral 431 de la legislación en mención; esto es, sin justificar dicha determinación. Además, en la ejecutoria de amparo, se estableció que la autoridad responsable tenía que atender lo relativo a que los poderes como acto jurídico debe registrarse y si no se registran, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables; tal como lo prevé los artículos 1205, fracción VI y 1206 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de ahí que, que no se atendió lo antes expuesto. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y dicte otro en el que tomando en cuenta lo determinado en las consideraciones de la ejecutoria de amparo, analice la personalidad de la parte demandada, con base en el nuevo poder notarial que exhibió al momento de que interpuso recurso de apelación, por tratarse de un presupuesto procesal, dado que ya había sido materia de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia y, con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, resuelva lo que en derecho proceda. Asimismo, se hace de su conocimiento que, de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 258, del ordenamiento legal en cita. II. Ahora bien, la quejosa señala en su escrito, que la responsable no cumplió con lo establecido en la ejecutoria de amparo; pues aduce en esencia que: -Repitió el acto reclamado nuevamente, de ahí que no está fundada ni motivada la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. -La responsable le tiene por reconocida la personalidad al demandado por acreditarse como apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con un nuevo poder notarial que sin estar debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala de la misma manera que el anterior poder que se exhibió en el juicio de origen, por tanto, no está debidamente fundada ni motivada, además de que resuelve contra constancias y no atiende lo previsto en los artículos 1205, fracción VI y 1206 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Atento a la conclusión alcanzada, resulta innecesario analizar las manifestaciones de la quejosa en las que se inconforma contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que con lo determinado anteriormente, se colman sus pretensiones. Notifíquese, personalmente a la quejosa y a José Juan Carrasco Parraguirre; y por oficio al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, terceros interesados en el presente asunto. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
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