Rosa Jennyfer Saghun Lorenzana
Expediente 2369/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2369/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/03/2021
Partes del expediente
- Rosa Jennyfer Saghun Lorenzana
- Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. El presente asunto se encuentra en trámite. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. SE RECIBE TESTIMONIO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la queja número 515/2019 de su índice, tramitada con motivo del recurso interpuesto por la quejosa ****, contra el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del presente juicio de amparo indirecto número 2369/2019, que desechó la demanda de garantías que presentó. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia que se DECLARÓ INFUNDADO el recurso de queja interpuesto contra el auto impugnado. Luego, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 6.2. Por lista a la parte quejosa, la que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que se encuentra a la espera de que la parte quejosa proporcione los documentos necesarios efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías. Ahora, del estado que guardan los presentes autos se aprecia que en proveído de cinco de noviembre del año en curso (foja 146), se requirió a la responsable de referencia a efecto de que indicara la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la agraviada y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; de igual forma, remitiera las constancias con que comprobara que había notificado lo anterior a la quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Sin embargo, del ocurso y anexo de cuenta, no se advierte que haya cumplimiento con lo requerido en el auto previamente citado; por tanto, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; esto es, deberá comprobar la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la impetrante del amparo y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; asimismo, remitir las constancias con que compruebe que notificó lo anterior a la promovente del presente juicio biinstancial. En la inteligencia, de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de referencia. Finalmente, respecto a su solicitud planteada en el sentido de que se le otorgue una prórroga por el lapso de diez días a partir de que la quejosa le proporcione la documentación en comento; no ha lugar a proveer favorablemente, pues en la presente actuación se le está requiriendo para que dentro de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la determinación, cumpla con el fallo protector concedido, de ahí que debe estarse a lo aquí acordado. Notifíquese.
- Principal
Tepic, Nayarit, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos y certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no realizaron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "****." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el veintiocho de junio de dicho año, en la que por una parte, se negó el amparo solicitado a Citlalli Yahaira Rivas Correa y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados el quejoso Ramón Rivas de la Rosa, respecto del acto reclamado a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, ambos con sede en esta ciudad, consistentes en la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho dictado en el toca civil 88/2018, concesión que fue para los efectos siguientes: ".a) Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de doce de noviembre de dos mil dieciocho en el toca civil 88/2018 de su índice; y, b) En su lugar, dicte otra con plenitud de jurisdicción en el que analice el vicio de falta de congruencia que debe imperar en la sentencia, analizando la figura del usufructo vitalicio y la prestación marcada con el inciso C hecha valer dentro del incidente de cumplimiento a convenio, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de la presente resolución y resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo dejar intocados los restantes aspectos que no fueron materia de concesión.". En esa línea, mediante diverso proveído de cinco de agosto de la presente anualidad causó ejecutoria dicha resolución, y en consiguiente, se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de diez días acatara la sentencia referida y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de veintidós de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el comunicado registrado con número de folio 24315, suscrito por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual informó que el veinte de agosto de la presente anualidad, dictó una nueva resolución en el toca civil 88/2018, de su estadística (fojas 132 a 153) Ahora bien, atendiendo a que la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que la sala responsable: Dejará insubsistente la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil dieciocho dictada en el toca civil 88/2018 de su índice. En su lugar dictara otra con plenitud de jurisdicción, analizando el vicio de falta de congruencia que debe imperar en la sentencia, asimismo la figura del usufructo vitalicio y la prestación marcada con el inciso C hecha valer dentro del incidente de cumplimiento a convenio, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de la resolución en comento. Debiendo dejar intocados los restantes aspectos que no fueron materia de concesión. A fin de analizar mejor lo anterior, cabe mencionar los siguientes antecedentes del toca materia del acto reclamado: El Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en el juicio número 438/1991, de su índice, disolvió el vínculo matrimonial entre Ramón Rivas de la Rosa y María Estela Correa Zatarain; y aprobó en definitiva un convenio entre éstos, quedando obligados a su total cumplimiento, determinación que el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, se declaró ejecutoriada. Ramón Joab y Citlalli Yahaira, ambos de apellidos Rivas Correa, promovieron incidente de cumplimiento de convenio, contra sus progenitores Ramón Rivas de la Rosa y María Estela Correa Zatarain, a través del cual, entre otros, solicitaron que se condenara al primero a entregarles la posesión material del inmueble ubicado en calle Ayutla número 122 (ciento veintidós) departamento 6 (seis), del infonavit Los Fresnos, en esta ciudad. El aquí quejoso Ramón Rivas de la Rosa contestó dicho incidente, en el que argumento que éste no resultaba procedente, ya que dentro de la cláusula tercera del dicho convenio nunca se estableció como obligación la entrega y desocupación de éste, pues alude que la donación de que se trata en dicho convenio, no podía comprender bienes futuros. Por interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, resolvió el incidente de cumplimiento de convenio promovido en autos, declarándolo parcialmente fundado y, en lo que al caso interesa, determinó absolver a la parte demandada incidentista Ramón Rivas de la Rosa, a la entrega y desocupación del bien inmueble materia de la litis, en razón de que, a su consideración, en la cláusula tercera del convenio de que se trata, el ahora demandado no realizó la transmisión de la propiedad o uso de algún derecho real al momento de la suscripción de dicho acuerdo de voluntades, sino que dicha obligación era hacia el futuro, siempre y cuando se liquidara el adeudo contraído mediante el crédito hipotecario otorgado por el Infonavit y, una vez hecho lo anterior, se obligaría a trasmitir la propiedad a sus hijos y, como consecuencia, él se quedaría viviendo en dicho inmueble, sin obligación alguna a desocuparlo, de lo cual derivaba la presunción humana de que se reservó el usufructo vitalicio y la propiedad del bien inmueble pasaría a favor de sus hijos. Los incidentistas Ramón Joab y Citlalli Yahaira, ambos de apellidos Rivas Correa, interpusieron recurso de apelación contra dicha determinación, por el que de manera medular hicieron valer como agravio el argumento relativo a que la resolución en comento violenta lo dispuesto por el ordinal 249 del Código de Procedimientos Civiles, porque el demandado incidentista alegó la nulidad de la cláusula tercera del convenio de divorcio voluntario, no obstante dicha excepción ya había sido resuelta en diverso juicio y que el juez responsable no estaba facultado para resolver sobre la figura del usufructo vitalicio pues no era materia de la litis y, por ende se absolvió al demandado incidentista de la entrega y desocupación del inmueble de que se trata; asimismo, que omitió pronunciarse sobre la entrega y desocupación, ni tampoco explicó por qué se concretó a resolver sobre la improcedencia de dicha reclamación, sin que fundamentara dicha negativa. Por su parte, la sala responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó inoperante el agravio hecho valer por los actores incidentistas, en el sentido de que la resolución en comento violenta lo dispuesto por el ordinal 249 del Código de Procedimientos Civiles, porque el demandado alegó la nulidad de la cláusula tercera del convenio de divorcio voluntario, no obstante dicha excepción ya había sido resuelta en diverso incidente y, que por ende, el juez de origen no estaba facultado para resolver sobre la figura del usufructo vitalicio pues no era materia de la Litis, bajo el argumento que los apelantes no señalaron cual era el agravio o la afectación que eso les generaba, ya que el juez de origen en la resolución combatida solo analizó uno de los argumentos vertidos por el demandado incidental y previo el análisis declaró improcedente tal petición, en relación a la nulidad de la cláusula tercera, de ahí que el análisis que realizó no le genera afectación al apelante. En cuanto al diverso agravio, consistente en la omisión del juez de primera instancia de pronunciarse sobre la entrega y desocupación del bien inmueble materia de la Litis en el juicio de primer instancia, únicamente se concretó a resolver con base en la improcedencia de dicha reclamación sin que fundamentara dicha negativa, el Magistrado responsable resolvió que era fundado dicho agravio porque carecía de falta de fundamentación y motivación. Y, ante lo fundado del agravio, revocó la resolución combatida, condenando al demandado incidentista Ramón Rivas de la Rosa, a cumplir con la cláusula tercera del convenio que suscribió en su oportunidad, consistente en transmitir la propiedad de dicho bien a sus hijos y hacer entrega de éste. Luego, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató la concesión en los términos precisados en los párrafos que anteceden, dado que, realizó lo ordenado, pues, se reitera, el veinte de agosto del presente año dejó insubsistente la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de origen 88/2018, además, analizando el vicio de falta de congruencia que debe imperar en las sentencias, el usufructo vitalicio y la prestación marcada con el inciso C, hecha valer dentro del incidente de cumplimiento a convenio, condenó a Ramón Rivas de la Rosa a la entrega física y material, así como la desocupación del inmueble ubicado en calle Ayutla número 122 (ciento veintidós) departamento 6 (seis), del infonavit Los Fresnos de esta ciudad, esto según las constancias remitidas. Argumentando, en esencia, que erróneamente el juez de origen concedió a Ramón Rivas de la Rosa gozar del usufructo vitalicio del bien inmueble en comento, sin que en algún momento se hubiere pactado tal situación en el convenio de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), por lo cual, no puede establecerse la figura del usufructo, dado que no existe un título constitutivo que lo exprese; y, declaró procedente la prestación marcada en el inciso C, del incidente de cumplimiento al convenio, consistente en la desocupación y entrega del multicitado bien inmueble, ello hasta que se hiciera la escrituración correspondiente a favor de los incidentas. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del referido punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Asimismo, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de treinta de octubre del presente año (foja 32 a 33), con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente, en la inteligencia de que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que en resolución de dieciocho de octubre del año en cita (fojas 413 a 432 original tomo II), se declaró fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovido en su oportunidad por el quejoso Milton Rodríguez Arredondo, por los fundamentos y motivos ahí establecidos. De igual manera, remítase copia certificada de las constancias que dieron origen al recurso de queja, las que se estiman pertinentes, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de impugnación. No pasa inadvertido para este juzgado, que los oficios dirigidos al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México, se entregaron en la Delegación Nayarit de esa Secretaría, con sede en esta ciudad (fojas 443 a 445 tomo II y 39 del cuadernillo), pues respecto de esa Secretaría no se analizó si existió o no defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, como se indicó en el considerando cuarto de la interlocutoria impugnada; por ende, son innecesarios los acuses de recibo de los oficios por los cuales se le hubiera notificado la interlocutoria y admisión del recurso de queja. NOTIFÍQUESE.
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