Rosa Isela Cervantes Rea
Expediente 2127/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2127/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2018
Partes del expediente
- Rosa Isela Cervantes Rea
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic y como Director Contencioso de la Consejería Jurídica de dicho ayuntamiento, por medio del cual manifiesta que se generaron los cheques números 0122060 y 0122061, a favor de la quejosa en cumplimiento al fallo protector. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda ante la autoridad responsable con el objeto de que le sean entregados los citados cheques; asimismo, una vez hecho lo anterior, dentro del mismo lapso, lo informe a este Juzgado Federal, a fin de calificar el cumplimiento a la sentencia dictada o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello; apercibida que de ser omisa a lo anterior, se dará vista respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se resolverá lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "***".
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 75 a 77), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de octubre actual (folio 78), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 43 a 58), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $6,660.41 (seis mil seiscientos sesenta pesos con cuarenta y un centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de las contribuciones erogadas por el amparista y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de la contribución adicional a que está obligado el contribuyente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492 y para el mes de abril de dos mil dieciocho de 131.987 . De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7613780145014282, sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $6,660.41 (seis mil seiscientos sesenta pesos con cuarenta y un centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque expedido en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $6,727.35 (seis mil setecientos veintisiete pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (foja 76). Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que la autoridad responsable devolvió de más el numerario de $66.94 (sesenta y seis pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional); empero, dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto el quejoso a fin de devolverla, así como los que efectúe el ente responsable, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó en el juicio, mientras que, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio signado por el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de septiembre del año en curso (foja 114), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el tres de octubre del año actual (fojas 115 a 117), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del cinco al nueve de octubre de dos mil dieciocho, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 79 a 94), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $7,071.03 (siete mil setenta y un pesos 03/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número veintidós mil doscientos treinta y cuatro, que pagó el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, B). Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número veintidós mil doscientos treinta y cuatro; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable (fojas 111 a 113), informó a este Juzgado Federal la forma en que dió cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $6,859.29 (seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 29/100, moneda nacional), cantidad debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $7,071.03 (siete mil setenta y un pesos 03/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $6,791.03 (seis mil setecientos noventa y un pesos 03/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho y en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a agosto del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año actual fue 99.492; y para el mes de agosto de dos mil dieciocho 100.492. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01005. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,859.27 (seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 27/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $68.24 (sesenta y ocho pesos 24/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,859.29 (seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 29/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta suscrito por *, autorizada de la parte quejosa, mediante el que solicita se le tenga desistiendo del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que las facultades para desistirse del juicio de amparo, tramitación y recursos corresponden al quejoso, lo que en la especie no acontece, pues el artículo 12 de la Ley de Amparo sólo la faculta para realizar las actuaciones tendentes a la defensa de su autorizante y no así para retraerse de éstas.
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