Rosa Isela Valdivia Gomez
Expediente 670/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa Isela Valdivia Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 22 DE JULIO DE 2022 QUE REZA: I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cinco de julio de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05 DE JULIO DE 2022, QUE REZA: I. Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual la quejosa - - - - - , cumple los requerimientos de diecisiete y veintisiete de junio del presente año, y en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama: "la resolución de treinta y uno de mayo del presente año, emitida por el juzgado Primero Civil, de esta ciudad, en el juicio de jurisdicción voluntaria C1015/2012, mediante el cual, al resolver el recurso de revocación que interpuso la parte aquí quejosa, confirmó la negativa de reposición de bienes muebles, por no acreditar la propiedad de los mismos". III. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende en su fracción IV que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio (actos preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares) o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), Décima Época, página 744, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, materia común publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."; ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Es decir, la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos o resoluciones llevados en la jurisdicción voluntaria, se circunscribe a la resolución que ponga fin a la diligencia y, cuando sean actos distintos (intermedios), deberá atenderse a si esos actos trascienden a los derechos sustantivos del agraviado. En caso contrario, de considerar que cada resolución o acto intraprocesal emitido en las diligencias de jurisdicción voluntaria puede ser impugnado en la vía de amparo indirecto, contravendría la naturaleza de este medio extraordinario de defensa, tornando su empleo de manera desproporcionada y con fines diversos a los verdaderamente perseguidos, pues debe recordarse que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado a que dichos actos trasciendan a los derechos sustantivos involucrados en ese procedimiento fuera de juicio. Ahora, del análisis de la fracción V del numeral 107 de la legislación en consulta, interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: - La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El criterio de referencia se plasmó en la tesis de jurisprudencia P/J.37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, junio de dos mil catorce, página 39 (registro 2006589), cuyos rubro señala lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Entonces, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos en juicio será improcedente. Atento a lo anterior se advierte que en el caso que nos ocupa el acto reclamado es evidente que no es un acto que ponga fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria, el cual no tiene la connotación de ser un acto de los calificados como irreparables, ya que en la esfera jurídica de la parte quejosa no se produce una afectación material a sus derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que le impidan el ejercicio de un derecho, pues únicamente le producen una lesión jurídica de naturaleza formal o objetiva que no necesariamente llegaría a transcender a la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento de jurisdicción voluntaria. En ese tesitura, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta y uno de mayo del presente año, emitida por el juzgado Primero Civil, de esta ciudad, en el juicio de jurisdicción voluntaria C1015/2012, mediante el cual, al resolver el recurso de revocación que interpuso la parte aquí quejosa, confirmó la negativa de reposición de bienes muebles, por no acreditar la propiedad de los mismos; es inconcuso que la resolución aludida en el presente controvertido no constituye un acto que ponga fin a la jurisdicción voluntaria, ni tampoco un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, puesto que se considera un acto intermedio que si al final produjera privación de defensa en contra del quejoso, llegada la oportunidad, y siempre que se llenen las formalidades del caso, podrá solicitar la protección de la Justicia Federal contra la última resolución que ponga fin a la jurisdicción voluntaria en que tal privación se haya producido. Lo anterior se afirma, habida cuenta que el acto que se reclama en esta instancia fue emitido fuera de juicio (jurisdicción voluntaria) que no culmina con dicha determinación ni lo da por concluido, aunado a que como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. fe.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 27 DE JUNIO DE 2022, QUE REZA: I. Subsiste prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta a través del cual Rosa Isela Valdivia Gómez, pretende desahogar la prevención formulada en autos, previo acordar su ocurso, es menester precisar que mediante auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional previno a la demandante del amparo, por los motivos siguientes: "Relate bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, toda vez que de la narrativa de los mismos no se advierte con claridad cuál es el estado procesal donde se ubica el acto que reclama, esto es, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto impugnado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente." En el escrito que se provee, se advierte que la promovente no da cabal cumplimiento a la prevención formulada en autos, lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto hace una narración de los antecedentes; también lo es que, omitió exponer con claridad cuál es el estado procesal donde se ubica el acto reclamado, en razón que en su escrito de demanda refiere que reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; y, en su escrito aclaratorio indica que promovió recurso de revocación en el que la autoridad responsable confirma la negativa de su solicitud, lo que genera incertidumbre cuál es el acto o actos que en concreto reclama en la presente instancia constitucional. Por tal motivo, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que realice lo indicado en supra líneas. Ahora, en virtud de que el escrito que se provee se recibió en éste órgano jurisdiccional el veintitrés de junio de la presente anualidad, y el proveído que pretende cumplir le fue notificado por lista el veinticuatro de este mismo mes y año, en consecuencia, el término de cinco días que le fue concedido para ese efecto subsisten, cómputo que comenzará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACION DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TERMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATO LA PREVENCION, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TERMINO.". Asimismo, cabe invocar por identidad de razonamiento, la Jurisprudencia 1a./J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 400, Libro VIII, Tomo 1, Mayo de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.". Finalmente, hágasele saber a la parte promovente que queda subsistente el apercibimiento que le fue formulado en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, es decir, que en caso de no cumplir con la prevención de mérito, se procederá conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo y, en su caso, se tendrá por no presentada la demanda constitucional de que se trata.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 15 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Interposición y trámite de recurso de revisión propuesto por la parte quejosa Ma. Consuelo Hernández Galván, por conducto de su mandatario judicial Luis Noé Muñoz Rodríguez. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tramita el medio de impugnación en contra del proveído de treinta y uno de mayo del presente año; fórmese cuaderno de antecedentes, distribúyase el escrito de agravios y una vez integrado dentro del plazo de tres días, remítase a la superioridad de amparo con el original del escrito y una copia para el Fiscal Federal."
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