Rosa Isela Arzola Barraza
Expediente 13/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa Isela Arzola Barraza
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, dos de febrero de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de documentos. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato, catorce de enero de dos mil veintiuno. I. Quejosa. Rosa Isela Arzola Barraza. II. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 13/2021-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. También la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Sentado lo anterior, es preciso señalar que en el presente caso, se impugna la invitación (citatorio) emitida dentro del mecanismo alternativo de mediación 20-UIPAT01-CICN-8-PMA, a efecto de que la quejosa se presente ante la autoridad emisora el quince de enero del año en curso, a solucionar un conflicto entre los intervinientes. En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafos primero y cuarto de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De los preceptos trascritos, se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que el promovente debe acreditar en forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, no pasa inadvertido que el juicio constitucional de derechos fundamentales podrá promoverse por quien tenga un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Siendo oportuno señalar, que al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, que se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo que afecta en su esfera jurídica el hecho de que se le haya citado dentro del mecanismo alternativo de mediación 20-UIPAT01-CICN-8-PMA. Lo anterior, con la finalidad de que la parte quejosa participe en una sesión a fin de propiciar a través del dialogo la solución del conflicto entre los intervinientes. Por tanto, como es de verse, la citación reclamada fue emitida en la fase conciliatoria y no de investigación del delito. En tal tesitura, la Ley Nacional De Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias en Materia Penal, tiene por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable; asimismo, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Dicha Ley es aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federales y locales, y las instituciones especializadas en dichos mecanismos podrán ser dependientes delas procuradurías, fiscalías y los poderes judiciales de la federación o los estatales. De manera específica, los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, señalan lo siguiente: "Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos Son principios rectores de los Mecanismos Alternativos los siguientes: I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación;" "Artículo 7. Derechos de los Intervinientes Los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos tendrán los derechos siguientes: [.] IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un Mecanismo Alternativo;" "Artículo 10. Derivación El Ministerio Público, una vez recibida la denuncia o querella orientará al denunciante o querellante sobre los Mecanismos Alternativos de solución de controversias y le informará en qué consisten éstos y sus alcances. El Ministerio Público, podrá derivar el asunto al Órgano adscrito a las procuradurías o fiscalías cuando la víctima u ofendido esté de acuerdo con solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley, los Intervinientes se encuentren identificados, se cuente con su domicilio y se cumplan con los requisitos de oportunidad y procedencia que establece el presente ordenamiento legal. El Ministerio Público deberá realizar las actuaciones urgentes o inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el Juez derivará el asunto al Órgano respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley y se cumplan los requisitos de oportunidad y procedencia." "Artículo 31. Salvaguarda de derechos Cuando no se alcance Acuerdo, los Intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver. Del mismo modo, cuando el Acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo." "Artículo 32. Conclusión anticipada de los Mecanismos Alternativos El Mecanismo Alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes: I. Por voluntad de alguno de los Intervinientes; II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los Intervinientes; III. Cuando el Facilitador constate que los Intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado que solucione la controversia; IV. Si alguno de los Intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo; V. Por incumplimiento del Acuerdo entre los Intervinientes, y VI. En los demás casos en que proceda dar por concluido el Mecanismo Alternativo de conformidad con la Ley." De conformidad con los preceptos transcritos, en los principios rectores de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, se encuentra el de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo. Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a dicho mecanismo alternativo. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, el mecanismo alternativo de solución, y se dejan a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. Lo anterior implica que la quejosa no se encuentra obligada a someterse a ese mecanismo alternativo de solución de la controversia penal, o arreglo armonioso que solicitó el denunciante de los hechos; y que éste conserva su derecho para resolverla mediante la acción legal que corresponda. En esas condiciones, se estima que el citatorio girado a la parte quejosa -en el cual se le invita a participar en una sesión con la finalidad de propiciar a través del dialogo la solución del conflicto, mediante procedimiento de mediación y conciliación o juntas restaurativas predominantemente orales, gratuitos, confidenciales y voluntarios donde pondrá expresar libremente sus necesidades y pretensiones-, no causa una afectación real y actual en su esfera jurídica, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que fue emitido en la etapa conciliatoria, respecto de la cual, no se encuentra obligada a asistir, ni puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción, por parte de la autoridad responsable, para obligarla a someterse a dicho mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia XX.2o.P.C. J/1 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada." Así las cosas, el citatorio señalado como acto reclamado, no se traduce en una orden privativa de la libertad, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la Facilitadora Penal adscrita a la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales (UEMA), ubicada en esta ciudad, con la finalidad de realizar una diligencia correspondiente al proceso de justicia restaurativa, que en términos legales, tiene como consecuencia que si no acude, se dará por concluido el mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal, lo cual tampoco le afectaría, porque tendría a salvo su derecho para poder conciliar con la víctima u ofendido. Sobre el tema, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, emitió la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de rubro siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Dentro de dicha ejecutoria, fue clara en establecer que la citación para la audiencia inicial, como acto emitido fuera de procedimiento, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Criterio, que igualmente resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa, pues la invitación realizada por la Facilitadora Penal en cita, es un acto que por sí mismo no afecta la esfera jurídica de la quejosa, ya que solo está relacionado con la tramitación de mecanismos alternativos de solución de controversias, para el efecto de que en su caso, la quejosa manifieste su voluntad de participar en éste. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer la quejosa de interés jurídico, y ante tales circunstancias, lo procedente es desechar de plano el presente juicio de control constitucional, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 112 y 113 del citado ordenamiento legal. IV. Domicilio y autorizadas. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como sus autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Lili Margarita Rodríguez y Karla Paola Crespo Alvarado, por no contar con contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que en la medida de lo posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas y medios electrónicos disponibles, para permitir la tramitación del presente asunto, bajo el esquema de "juicio en línea". Finalmente, con apoyo en el artículo 1°, fracción XIV del Acuerdo 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. VII. Notificaciones personales. En cuanto a las notificaciones que se tengan que realizar de manera personal durante la tramitación del presente asunto, en términos del artículo 6, párrafo segundo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias de manera electrónica que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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