Rosa Isela Luna Méndez

Expediente 504/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
504/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Rosa Isela Luna Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de diez de junio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de junio de dos mil diecinueve. En tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Luna Méndez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 504/2019-II-A. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, es el siguiente: -La orden de desposesión dictada en el juicio ordinario civil 1508/2015/X, respecto al lote de terreno número cuarenta y siete, manzana uno, de Calle Sol, número noventa y tres, del Fraccionamiento Villas Xalapa. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DESECHAMIENTO Es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, como lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia al criterio de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", que con el número 532/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, se encuentra registrada la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Luna Méndez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que reclamó la orden de desposesión dictada en el juicio ordinario civil 1508/2015/X, respecto al lote de terreno número cuarenta y siete, manzana uno, de Calle Sol, número noventa y tres, del Fraccionamiento Villas Xalapa, en el que el tres de julio de dos mi diecisiete, se dictó sentencia, por parte del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del citado Juzgado Primero de Distrito, en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ello al haberse constatado que el derecho de propiedad con el que se ostentaba la quejosa, esto es, el contrato de compra-venta de diez de diciembre de diez de diciembre del dos mil catorce, era de fecha posterior al inicio de aquel controvertido, al haber sido presentado el tres de febrero del dos mil diecisiete ante el Notario Público, sin que hubiera constancia de que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de ahí que se consideró que no era oponible al actor en el juicio de origen, precisamente por esa circunstancia, lo que permite concluir que técnica o formalmente no existe una afectación a su espera jurídica por lo que hace al derecho de audiencia, pues no hubo una obligación de llamarla a juicio, precisamente por tratarse de un derecho posterior a ese juicio. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.27/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.". Lo anterior, se refuerza con la manifestación expresada bajo protesta de decir verdad en el ocurso en el que desahoga la prevención que se le efectuó y que se provee en este mismo acto, en el que expresó que el precitado juicio de amparo es referente al acto que impugna en el juicio de amparo en que se actúa, se atribuye a las mismas autoridades y que al resolverse el juicio de amparo 532/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en esta misma ciudad, se le dejó en estado de indefensión, de lo que se puede concluir con certeza que ese juicio de amparo también fue promovido por la aquí quejosa. En esas condiciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo que dispone el numeral 61, fracción XI del mismo ordenamiento legal; cuya observancia debe acatarse de oficio, atenta su naturaleza de orden público; por ende, debe desecharse de plano la presente demanda, en razón de que el acto reclamado ha sido materia de otro juicio de amparo tramitado anteriormente ante este Juzgado y por tanto, constituye cosa juzgada. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." El precepto antes transcrito establece como hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto reclamado que los señalados en el presente juicio de amparo. En efecto en la demanda que dio origen al juicio de amparo 504/2019-II-A, que ahora se provee, se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en eta ciudad y otras autoridades, y además señaló como acto reclamado la orden de lanzamiento dictada en el juicio ordinario civil 1508/2015, respecto al lote de terreno número cuarenta y siete, manzana uno, de Calle Sol, número noventa y tres, del Fraccionamiento Villas Xalapa. Y del contenido de la sentencia dictada en el juicio de amparo 532/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido por la misma quejosa Rosa Isela Luna Méndez, contra las mismas autoridades y acto reclamado, se advierte que el tres de julio de dos mi diecisiete, se dictó sentencia, por parte del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del citado Juzgado Primero de Distrito, en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ello al haberse constatado que el derecho de propiedad con el que se ostentaba la quejosa, esto es, el contrato de compra-venta de diez de diciembre de diez de diciembre del dos mil catorce, era de fecha posterior al inicio de aquel controvertido, al haber sido presentado el tres de febrero del dos mil diecisiete ante el Notario Público, sin que hubiera constancia de que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de ahí que se consideró que no es oponible al actor en el juicio de origen, precisamente por esa circunstancia, lo que permite concluir que técnica o formalmente no existe una afectación a su espera jurídica por lo que hace al derecho de audiencia, pues no hubo una obligación de llamarla a juicio, precisamente por tratarse de un derecho posterior a ese juicio, causando ejecutoria dicha sentencia el treinta y uno de julio de ese mismo año y en el mismo auto se ordenó el archivo definitivo del citado juicio constitucional. En ese contexto, resulta inconcuso que existe cosa juzgada, en razón de que, la quejosa en ambos juicios de amparo se ostentó como tercera extraña al juicio ordinario civil de origen, además que señaló el mismo acto reclamado a las mismas autoridades responsables; en consecuencia, existe determinación firme que declara la inacatabilidad del acto reclamado en el presente juicio al haberse determinado en uno diverso, que el derecho de propiedad que ostenta la quejosa en el amparo, con el que pretendió ser oída en el juico de origen, es de fecha posterior al inicio de aquel controvertido, sin que esté debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, contra el mismo acto reclamado a la misma autoridad responsable ordenadora, lo cual constituye una razón o circunstancia que hace inejercitable la acción de amparo de modo absoluto contra dicho acto y que no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. Aunado a que la causal de improcedencia preinvocada, es evitar que un mismo acto sea analizado en dos o más juicios de amparo, con el inminente riesgo de atentar contra la cosa juzgada, que constituye verdad legal. En esas condiciones, es evidente que se actualiza, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que se reclama en la presente demanda de garantías fue materia de otro juicio de amparo, constituyendo por tanto cosa juzgada, por las razones que fueron expuestas en este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.11o.C.J/6(10a) visible en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada". Se relaciona por su contenido, la tesis I.11o.C.29 K (10a) visible en el Libro 63, Febrero 2019, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo." Sostiene la determinación por su contenido, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y uno, del Tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." No es óbice a lo anterior la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que en el juicio natural se le ha tratado de desalojar en diversas ocasiones. Es así, por que los intentos de lanzamiento a los que alude, no podrían considerarse como actos independientes, que hagan resurgir sucesivamente, la posibilidad de ejercer la acción de amparo. Antes bien, dichos actos deben considerarse consecuencia de la primera orden de lanzamiento, de modo que lo resuelto en el juicio de amparo relativo a uno de los conatos de lanzamiento debe considerarse como cosa juzgada para los subsecuentes. Al respecto es ilustrativa por identidad de razón el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis de la décima época, en materia común, número I.3o.C.84 K (10a.), visible a fojas 1854, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008869, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio." En tales condiciones, en términos del artículo 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo en comento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvio Olegario Ortiz Miguel y Luiz Marlio Silva Platas, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 81951 y 177252, respectivamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: En tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Luna Méndez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 504/2019-II-A. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, es el siguiente: -La orden de desposesión dictada en el juicio ordinario civil 1508/2015/X, respecto al lote de terreno número cuarenta y siete, manzana uno, de Calle Sol, número noventa y tres, del Fraccionamiento Villas Xalapa. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DESECHAMIENTO Es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, como lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia al criterio de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", que con el número 532/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, se encuentra registrada la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Luna Méndez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que reclamó la orden de desposesión dictada en el juicio ordinario civil 1508/2015/X, respecto al lote de terreno número cuarenta y siete, manzana uno, de Calle Sol, número noventa y tres, del Fraccionamiento Villas Xalapa, en el que el tres de julio de dos mi diecisiete, se dictó sentencia, por parte del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del citado Juzgado Primero de Distrito, en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ello al haberse constatado que el derecho de propiedad con el que se ostentaba la quejosa, esto es, el contrato de compra-venta de diez de diciembre de diez de diciembre del dos mil catorce, era de fecha posterior al inicio de aquel controvertido, al haber sido presentado el tres de febrero del dos mil diecisiete ante el Notario Público, sin que hubiera constancia de que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de ahí que se consideró que no era oponible al actor en el juicio de origen, precisamente por esa circunstancia, lo que permite concluir que técnica o formalmente no existe una afectación a su espera jurídica por lo que hace al derecho de audiencia, pues no hubo una obligación de llamarla a juicio, precisamente por tratarse de un derecho posterior a ese juicio. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.27/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.". Lo anterior, se refuerza con la manifestación expresada bajo protesta de decir verdad en el ocurso en el que desahoga la prevención que se le efectuó y que se provee en este mismo acto, en el que expresó que el precitado juicio de amparo es referente al acto que impugna en el juicio de amparo en que se actúa, se atribuye a las mismas autoridades y que al resolverse el juicio de amparo 532/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en esta misma ciudad, se le dejó en estado de indefensión, de lo que se puede concluir con certeza que ese juicio de amparo también fue promovido por la aquí quejosa. En esas condiciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo que dispone el numeral 61, fracción XI del mismo ordenamiento legal; cuya observancia debe acatarse de oficio, atenta su naturaleza de orden público; por ende, debe desecharse de plano la presente demanda, en razón de que el acto reclamado ha sido materia de otro juicio de amparo tramitado anteriormente ante este Juzgado y por tanto, constituye cosa juzgada. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." El precepto antes transcrito establece como hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto reclamado que los señalados en el presente juicio de amparo. En efecto en la demanda que dio origen al juicio de amparo 504/2019-II-A, que ahora se provee, se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en eta ciudad y otras autoridades, y además señaló como acto reclamado la orden de lanzamiento dictada en el juicio ordinario civil 1508/2015, respecto al lote de terreno número cuarenta y siete, manzana uno, de Calle Sol, número noventa y tres, del Fraccionamiento Villas Xalapa. Y del contenido de la sentencia dictada en el juicio de amparo 532/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido por la misma quejosa Rosa Isela Luna Méndez, contra las mismas autoridades y acto reclamado, se advierte que el tres de julio de dos mi diecisiete, se dictó sentencia, por parte del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del citado Juzgado Primero de Distrito, en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ello al haberse constatado que el derecho de propiedad con el que se ostentaba la quejosa, esto es, el contrato de compra-venta de diez de diciembre de diez de diciembre del dos mil catorce, era de fecha posterior al inicio de aquel controvertido, al haber sido presentado el tres de febrero del dos mil diecisiete ante el Notario Público, sin que hubiera constancia de que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de ahí que se consideró que no es oponible al actor en el juicio de origen, precisamente por esa circunstancia, lo que permite concluir que técnica o formalmente no existe una afectación a su espera jurídica por lo que hace al derecho de audiencia, pues no hubo una obligación de llamarla a juicio, precisamente por tratarse de un derecho posterior a ese juicio, causando ejecutoria dicha sentencia el treinta y uno de julio de ese mismo año y en el mismo auto se ordenó el archivo definitivo del citado juicio constitucional. En ese contexto, resulta inconcuso que existe cosa juzgada, en razón de que, la quejosa en ambos juicios de amparo se ostentó como tercera extraña al juicio ordinario civil de origen, además que señaló el mismo acto reclamado a las mismas autoridades responsables; en consecuencia, existe determinación firme que declara la inacatabilidad del acto reclamado en el presente juicio al haberse determinado en uno diverso, que el derecho de propiedad que ostenta la quejosa en el amparo, con el que pretendió ser oída en el juico de origen, es de fecha posterior al inicio de aquel controvertido, sin que esté debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, contra el mismo acto reclamado a la misma autoridad responsable ordenadora, lo cual constituye una razón o circunstancia que hace inejercitable la acción de amparo de modo absoluto contra dicho acto y que no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. Aunado a que la causal de improcedencia preinvocada, es evitar que un mismo acto sea analizado en dos o más juicios de amparo, con el inminente riesgo de atentar contra la cosa juzgada, que constituye verdad legal. En esas condiciones, es evidente que se actualiza, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que se reclama en la presente demanda de garantías fue materia de otro juicio de amparo, constituyendo por tanto cosa juzgada, por las razones que fueron expuestas en este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.11o.C.J/6(10a) visible en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada". Se relaciona por su contenido, la tesis I.11o.C.29 K (10a) visible en el Libro 63, Febrero 2019, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo." Sostiene la determinación por su contenido, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y uno, del Tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." No es óbice a lo anterior la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que en el juicio natural se le ha tratado de desalojar en diversas ocasiones. Es así, por que los intentos de lanzamiento a los que alude, no podrían considerarse como actos independientes, que hagan resurgir sucesivamente, la posibilidad de ejercer la acción de amparo. Antes bien, dichos actos deben considerarse consecuencia de la primera orden de lanzamiento, de modo que lo resuelto en el juicio de amparo relativo a uno de los conatos de lanzamiento debe considerarse como cosa juzgada para los subsecuentes. Al respecto es ilustrativa por identidad de razón el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis de la décima época, en materia común, número I.3o.C.84 K (10a.), visible a fojas 1854, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008869, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio." En tales condiciones, en términos del artículo 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo en comento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvio Olegario Ortiz Miguel y Luiz Marlio Silva Platas, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 81951 y 177252, respectivamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Luna Méndez, contra el acto que reclama Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 504/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. De la interpretación armónica de los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, se advierte que al inicio del juicio de amparo indirecto se presentan distintas situaciones a resolver por parte del Juez de Distrito, atendiendo al caso concreto que se presenta ante su jurisdicción. Entre esas situaciones, se encuentra el caso de que se advierta alguna irregularidad en el referido ocurso de demanda, o bien, se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de dicha ley, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el promovente pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que el promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo. En ese contexto, sí existe una imprecisión de los actos reclamados, a efecto de no dejar en estado de indefensión al solicitante de amparo, debe requerirlo por no haber expresado con precisión los actos reclamados; lo que cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, el juez de amparo debe conocer con exactitud la intención del promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo, lo que debe hacerse, tomando en cuenta los actos señalados por el quejoso en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. IMPRECISIONES QUE SE APRECIAN EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo. En primer lugar, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto número 532/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido por la aquí quejosa Rosa Isela Luna Méndez, por el mismo acto reclamado, datos que son de invocar como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, puesto que los referidos asuntos pudieran guardar relación directa con el acto reclamado que dio origen al presente asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o. J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones" Por ende, resulta indispensable requerir a la impetrante de amparo para que precise diversos hechos para que el suscrito esté en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo y, sobre todo, para determinar la suspensión de los actos reclamados, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando ya se haya resuelto sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido con anterioridad por el mismo quejoso, contra el mismo acto y mismas autoridades, se debe declarar sin materia el incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J.4/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegido en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar." En ese tenor, como quedó precisado en párrafos que anteceden, este órgano federal no cuenta con los elementos suficientes para determinar si juicio de amparo indirecto número 532/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, se está analizando el mismo acto que en esta vía impugna, si se los atribuyó a las mismas autoridades responsables, y si se le otorgó la suspensión del acto, así como si actualmente se encuentra vigente, pues del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), únicamente se puede advertir que lo promovió la aquí quejosa, por lo que, también deberá indicar el estado procesal en que se encuentra dicho juicio, esto es, si todavía está en trámite o si ya se dictó sentencia, si fuera este último caso, en qué sentido se emitió, o en su caso, si el juicio de amparo no fue promovido por el aquí quejosa y se trata de un homónimo, lo anterior bajo protesta de decir verdad. Ello, resulta indispensable pues como se indicó, el impetrante de amparo no narró la totalidad de los hechos en su escrito de demanda, ya que no señaló que también había promovido el diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; lo anterior, incluso es acorde a lo resuelto en la jurisprudencia 1a./J. 4/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se precisó que el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, inclusive después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar. En otro tenor, en el apartado de referente a la fecha de notificación del acto reclamado, la impetrante asentó que tiene información en el sentido de que el próximo once de junio del presente año, se ejecutará una orden de desposesión respecto al inmueble en el que habita, es decir, se limitó a indicar la fecha en que ocurrirá el acto reclamado; sin embargo, omitió indicar la data en que fue notificada, tuvo conocimiento o se hizo sabedora del acto combatido. Igualmente, indica que ya la han tratado de desalojar antes, sin que señale cuándo ocurrió y si tales órdenes de desalojo han sido combatidas por el accionante de amparo. Por otro lado, en su demanda refiere que intentó la acción de nulidad de juicio concluido contra Humberto Camacho Domínguez, en su calidad de administrador único de Constructora Kadic, Sociedad Anónima de Capital Variable, radicándose el expediente 171/2019/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; no obstante, omitió indicar cuáles son las prestaciones que demandó, la fecha en que presentó tal demanda, cuáles son los acontecimientos que dieron origen a dicho juicio y en qué estado procesal se encuentra. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el artículo 108, fracciones II, III y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba un escrito de aclaración al que deberá acompañar copias del mismo, para correr traslado a las partes, con el propósito de acordar conforme a derecho la demanda que se promueve, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, deberá cumplir, con lo siguiente: 1. Si el juicio de amparo indirecto registrado con el número 532/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, se está analizando el mismo acto que en esta vía impugna y si se los atribuyó a las mismas autoridades responsables, o en su caso, si promovió juicio de amparo contra el mismo acto, deberá señalar a qué juzgado correspondió conocer del mismo; 2. Asimismo, deberá señalar si se encuentra en trámite o si ya se dictó sentencia, si fuera este último caso, en qué sentido se emitió, cuáles fueron las consideraciones pronunciadas en dicha sentencia; y, si con motivo de su radicación se otorgó la suspensión del acto y si actualmente se encuentra vigente. 3. O en su caso, indicar bajo protesta de decir verdad que no promovió dicho juicio, y que se trata de un homónimo. 4. Precise la fecha en que fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la circunstancia de que el once de junio de dos mil diecinueve, se ejecutará la orden de desalojo del bien inmueble en que habita. 5. Manifieste si la orden de desalojo que refiere ya se ha tratado de ejecutar antes y la que señala se pretende ejecutar el once de junio de dos mil diecinueve, ambas provienen de un mismo juicio, esto es, del juicio número 1508/2015/X, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. 6. Exprese desde qué fecha tiene conocimiento de la existencia del juicio 1508/2015/X, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y cuándo fue la primera vez que con motivo de la existencia de tal juicio se le intentó desalojar de la vivienda que afirma ocupar desde hace trece años. 7. Puntualice cuáles son las prestaciones que demandó en el expediente 171/2019/II (nulidad de juicio concluido), del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; no obstante, cuándo presentó tal demanda, cuáles son los acontecimientos que dieron origen a dicho juicio y en qué estado procesal se encuentra. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto y rubro sin del literal siguiente: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2000, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Hechos que resultan indispensables para el suscrito juzgador, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión la demanda de amparo. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvio Olegario Ortiz Miguel y Luiz Marlio Silva Platas, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 81951 y 177252, respectivamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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