Rosa Garduza Gómez

Expediente 840/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
840/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Rosa Garduza Gómez
  • Fiscalia General del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Rosa Garduza Gómez, en contra del auto de once de octubre del año en curso en el que se desechó de plano la demanda de amparo, el cual fue registrado bajo el número de toca 169/2019, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

  2. Principal

    Quejosa Rosa Garduza Gómez, interpone recurso de queja. Remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa Rosa Garduza Gómez por medio del cual da cumplimiento a la prevención que se le efectuara mediante proveído de dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve; al respecto, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento dictado en el expediente en que se actúa formado con la demanda de amparo promovida contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 840/2019-IIA. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado la omisión de dar contestación a su escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos de origen, ello en razón de que la prevención que efectuada por este órgano jurisdiccional, fue para el efecto de que aclarara los actos y los antecedentes del mismo, específicamente, para que manifestara si era su deseo señalar como acto, además del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de origen, la obligación impuesta por la autoridad responsable relativa al señalamiento del domicilio de la parte demandada fin de correrle traslado y continuar con la secuela procesal, de ahí que lo relacionado con el escrito de mérito, no fue materia de la demanda y tampoco del auto aclaratorio, ello al ser posterior al acuerdo reclamado. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo dictado en audiencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro del incidente de falsedad de firma, relativo al juicio laboral número 1483/2017-I, del índice del tribunal responsable. La admisión de la prueba pericial en grafoscopía y grafología en el incidente de mérito, así como la carga de señalar perito de su parte. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al efecto, conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, Materia Común, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio íntegro de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio, se advierte que respecto de los actos reclamados, se actualiza una causal de improcedencia como se verá a continuación. Cabe destacar que el incidente de falsedad de firma relativo al juicio laboral 1483/2017-I, del índice de la responsable se encuentra en trámite, y que la promovente, no tiene el carácter de persona extraña al expediente de origen de donde deriva el acto que reclama, porque, es parte formal dentro del juicio natural, de ahí que en la única hipótesis en que podría quedar comprendido el acto reclamado, para que el peticionario solicitara el amparo y protección de la Justicia Federal, por la vía biinstancial, sería la contenida en la fracción V, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo. Por tanto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación: El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso artículo 107 del mismo ordenamiento legal dispone: "El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anteriormente transcrito, se desprende que cuando el amparo se pida ante el Juez de Distrito y se reclamen actos procesales en la controversia de origen, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procederá contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Empero, en el caso concreto, no es procedente el juicio sobre la base de tal disposición. Lo anterior, ya que los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución o tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, los actos reclamados que nos ocupa, no tienen una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que por el momento no afectan ni restringen ningún derecho sustantivo tutelado por la constitución o tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, ya que el acto reclamado, sólo genera que siga el trámite del incidente de falsedad de firma, hasta el dictado de la interlocutoria que le ponga fin, lo que en el caso no se advierte que haya ocurrido, por lo que dichos actos sólo tienen efectos meramente intraprocesales, y pueden o no trascender al resultado del incidente del que se ha dado noticia, momento en el cual, de serle desfavorable debe impugnarlas en la vía y forma pertinentes que en su caso procedan contra la resolución correspondiente, es por todo lo anterior, que el juicio de amparo que se intenta con la presentación de la demanda que se provee, sea improcedente. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia Común, Página: 1944, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial).". Sustenta lo aquí aseverado, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, consultable en la página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo 2003, Materia Civil, Novena Época, registro IUS 184249, que textualmente establece: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". En consecuencia, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Cabe destacar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, las tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes. "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rogerio Arturo Ostos Cruz, Tania Galindo Hernández, Ángel Cruz Lagunés, Juan Manuel Vargas Castro, Levi David Monzalvo Bautista, Nancy Angélica Juan Huesca, Víctor Alejandro Espejo Salinas, Loida Flores González, Jorge Luis Arcos Martinez, Guadalupe Pineda Mujica, Cecilia Esperanza Ostos Cruz y Brenda Cecilia Ostos Reyes, por así haberlo solicitado la quejosa, parte actora en el juicio de origen, esto es el trabajador. Esto último, sin necesidad de verificar si los autorizados cuentan o no con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, puesto que la ocursante se trata de la parte actora en el juicio laboral de origen, esto es, el trabajador; de ahí que no resulta obligatorio para la referida quejosa acredite ante este juzgado que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogados, tal y como lo establece el segundo párrafo del citado numeral. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa Rosa Garduza Gómez por medio del cual da cumplimiento a la prevención que se le efectuara mediante proveído de dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve; al respecto, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento dictado en el expediente en que se actúa formado con la demanda de amparo promovida contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 840/2019-IIA. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado la omisión de dar contestación a su escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos de origen, ello en razón de que la prevención que efectuada por este órgano jurisdiccional, fue para el efecto de que aclarara los actos y los antecedentes del mismo, específicamente, para que manifestara si era su deseo señalar como acto, además del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de origen, la obligación impuesta por la autoridad responsable relativa al señalamiento del domicilio de la parte demandada fin de correrle traslado y continuar con la secuela procesal, de ahí que lo relacionado con el escrito de mérito, no fue materia de la demanda y tampoco del auto aclaratorio, ello al ser posterior al acuerdo reclamado. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo dictado en audiencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro del incidente de falsedad de firma, relativo al juicio laboral número 1483/2017-I, del índice del tribunal responsable. La admisión de la prueba pericial en grafoscopía y grafología en el incidente de mérito, así como la carga de señalar perito de su parte. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al efecto, conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, Materia Común, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio íntegro de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio, se advierte que respecto de los actos reclamados, se actualiza una causal de improcedencia como se verá a continuación. Cabe destacar que el incidente de falsedad de firma relativo al juicio laboral 1483/2017-I, del índice de la responsable se encuentra en trámite, y que la promovente, no tiene el carácter de persona extraña al expediente de origen de donde deriva el acto que reclama, porque, es parte formal dentro del juicio natural, de ahí que en la única hipótesis en que podría quedar comprendido el acto reclamado, para que el peticionario solicitara el amparo y protección de la Justicia Federal, por la vía biinstancial, sería la contenida en la fracción V, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo. Por tanto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación: El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso artículo 107 del mismo ordenamiento legal dispone: "El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anteriormente transcrito, se desprende que cuando el amparo se pida ante el Juez de Distrito y se reclamen actos procesales en la controversia de origen, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procederá contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Empero, en el caso concreto, no es procedente el juicio sobre la base de tal disposición. Lo anterior, ya que los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución o tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, los actos reclamados que nos ocupa, no tienen una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que por el momento no afectan ni restringen ningún derecho sustantivo tutelado por la constitución o tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, ya que el acto reclamado, sólo genera que siga el trámite del incidente de falsedad de firma, hasta el dictado de la interlocutoria que le ponga fin, lo que en el caso no se advierte que haya ocurrido, por lo que dichos actos sólo tienen efectos meramente intraprocesales, y pueden o no trascender al resultado del incidente del que se ha dado noticia, momento en el cual, de serle desfavorable debe impugnarlas en la vía y forma pertinentes que en su caso procedan contra la resolución correspondiente, es por todo lo anterior, que el juicio de amparo que se intenta con la presentación de la demanda que se provee, sea improcedente. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia Común, Página: 1944, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial).". Sustenta lo aquí aseverado, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, consultable en la página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo 2003, Materia Civil, Novena Época, registro IUS 184249, que textualmente establece: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". En consecuencia, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Cabe destacar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, las tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes. "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rogerio Arturo Ostos Cruz, Tania Galindo Hernández, Ángel Cruz Lagunés, Juan Manuel Vargas Castro, Levi David Monzalvo Bautista, Nancy Angélica Juan Huesca, Víctor Alejandro Espejo Salinas, Loida Flores González, Jorge Luis Arcos Martinez, Guadalupe Pineda Mujica, Cecilia Esperanza Ostos Cruz y Brenda Cecilia Ostos Reyes, por así haberlo solicitado la quejosa, parte actora en el juicio de origen, esto es el trabajador. Esto último, sin necesidad de verificar si los autorizados cuentan o no con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, puesto que la ocursante se trata de la parte actora en el juicio laboral de origen, esto es, el trabajador; de ahí que no resulta obligatorio para la referida quejosa acredite ante este juzgado que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogados, tal y como lo establece el segundo párrafo del citado numeral. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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