Rosa Evelia Hernández Peña
Expediente 845/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2017
Partes del expediente
- Rosa Evelia Hernández Peña
- José Luis Tapia Valencia y Otros.
- José Luis Tapia Valencia
Actuaciones
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. ESTA SENTENCIA SERA PUBLICABLE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO
- Principal
SE NOTIFCA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.....REGISTRO....Vista; la demanda de amparo promovida por José Luis Tapia Valencia, Rosa Evelia Hernández Peña, María Concepción Velázquez Calvo, Francisca Alejandra Moreno de los Santos y Clara Esperanza Velázquez García, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 845/2017-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE PLANO POR UN QUEJOSO. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Clara Esperanza Velázquez García, no la suscribió, por lo que la falta de firma en que incurre la promovente, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 113 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6°, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y, sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, lo que constituye un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, pues un escrito sin firma, debe ser considerado como un simple papel que no contiene expresión de voluntad alguna y en el caso, al no existir la manifestación de la voluntad de la promovente Clara Esperanza Velázquez García, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, por lo que respecta únicamente a la quejosa antes citada. Sirven de orientación al respecto los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, visibles, el primero de ellos en la página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Y el segundo criterio puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: XIV, Julio de 1994, Página: 542, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante." ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo en relación a los quejosos José Luis Tapia Valencia, Rosa Evelia Hernández Peña, María Concepción Velázquez Calvo y Francisca Alejandra Moreno de los Santos. AUTORIDADES RESPONSABLES Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS De la demanda de garantías se advierte que se reclama: Omisión de acordar el escrito de demanda relativo al Juicio Laboral 280/C/2017. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin aperturarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117 de la ley normativa del juicio de garantías pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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