Rosa Elía Gallegos Sifuentes

Expediente 1601/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1601/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Rosa Elía Gallegos Sifuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior de la que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se tuvo por desechada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Sin que sea el caso proveer al respecto, toda vez que no se advierten documentos que sea necesaria su devolución.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... +++CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto y de un análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los requerimientos de pago derivados de un crédito para la adquisición de una casa de interés social. Expuesto lo anterior, se advierte que en el presente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, en el caso particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que la quejosa reclama a la que señala como responsable lo son los requerimientos de pago derivados de un crédito para la adquisición de una casa de interés social. Lo que conduce sostener que se trata de un acto derivado de la contratación de un crédito de vivienda con el ente que señala como autoridad responsable, pues así se advierte de las manifestaciones vertidas por la quejosa en el escrito de demanda. Por lo que es inconcuso que para adquirir dicho préstamo, plasmó su voluntad de aceptar los términos y condiciones que le fueron impuestos para que el mismo le fuera autorizado, de manera que la relación que surge entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los obreros a quienes se les otorga el crédito correspondiente, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato que al respecto firman, y conforme al cual la institución mencionada determina las condiciones y métodos de pago. Esto es, el trabajador acepta los requisitos que se le imponen a través de un contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución y acreditado). Entonces, se puede establecer que los requerimientos de pago son derivados de un contrato de apertura de crédito, celebrado entre la parte quejosa y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que existe un acuerdo de voluntades, por lo que se adquieren obligaciones y derechos establecidos en el mismo y tienen sustento en una relación jurídica establecida en un plano de coordinación, puesto que las partes contratantes como ya se mencionó establecieron derechos y obligaciones recíprocos; por lo tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes, corresponde a la de supra a subordinación ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de crédito, en cualquiera de sus formas, ya sea verbal escrito o por un acuerdo de voluntades tácito, implica que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la quejosa tienen obligaciones y derechos recíprocos en caso de aceptarlos, lo que evidencia que la relación existente entre las partes contratantes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el instituto y el particular. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza, principalmente, debido a que los actos materia del reclamo tienen su origen en la celebración de un contrato de apertura de crédito, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actúa en un plano de coordinación con la parte quejosa al utilizar su facultad de contratar, de tal manera que el vínculo que la parte quejosa pretende que exista con el instituto, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del acuerdo de voluntades de otorgamiento de un crédito. De ahí que el acto reclamado, consistente en los requerimientos de pago por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por un crédito de vivienda, devienen de un contrato de apertura de crédito celebrado entre la parte quejosa y el Instituto mencionado, por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que ante la falta de pago del crédito otorgado, la institución tenga derecho a realizar cobros y apercibimientos que fueron del conocimiento del particular al haberlo adquirido. Por lo tanto, el acto que aquí se reclama no genera que la relación derivada de un acuerdo de voluntades entre el quejoso y dicho instituto, en su caso, se transforme en acto de autoridad. Pues como se dijo, el acto reclamado no es emitido de manera unilateral por la responsable, puesto que fue celebrado de manera voluntaria por las partes un contrato de otorgamiento crédito, en un mismo plano, por lo que el instituto, al requerir el pago de lo prestado, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como cualquier acreedor en un plano de coordinación. Es aplicable la tesis XX.2o7 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2002, página 1230, registro 186933, que establece: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo. En el contexto anterior, la controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de crédito para la adquisición de una vivienda o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA PROMOVIDA POR ROSA ELIA GALLEGOS SIFUENTES, de conformidad con el numeral 113 de la citada ley. Ello, sin que pase desapercibido que la quejosa no cumple con los requisitos del artículo 108, de la Ley de Amparo, en el contexto integral de la demanda; sin embargo, a nada práctico conduciría requerir al promovente para que se ajuste a los mismos, si desde un inicio se conoce el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como autorizado en únicamente para oir y recibir notificaciones e imponerse de autos a +++ Ahora bien, tomando en consideración que el domicilio procesal de la parte quejosa se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 17, Constitucional, se faculta al Actuario de esta adscripción para que se constituya a dicho domicilio ubicado en Carretera 190, Kilometro 79 (Panamericana-Internacional) número 1937, de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y cerciorado de que corresponde a aquel que fue designado por la impetrante de amparo, le notifique este auto, además le requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por lista que se publica en los estrados de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    +++CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto y de un análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los requerimientos de pago derivados de un crédito para la adquisición de una casa de interés social. Expuesto lo anterior, se advierte que en el presente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, en el caso particular, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que la quejosa reclama a la que señala como responsable lo son los requerimientos de pago derivados de un crédito para la adquisición de una casa de interés social. Lo que conduce sostener que se trata de un acto derivado de la contratación de un crédito de vivienda con el ente que señala como autoridad responsable, pues así se advierte de las manifestaciones vertidas por la quejosa en el escrito de demanda. Por lo que es inconcuso que para adquirir dicho préstamo, plasmó su voluntad de aceptar los términos y condiciones que le fueron impuestos para que el mismo le fuera autorizado, de manera que la relación que surge entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los obreros a quienes se les otorga el crédito correspondiente, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato que al respecto firman, y conforme al cual la institución mencionada determina las condiciones y métodos de pago. Esto es, el trabajador acepta los requisitos que se le imponen a través de un contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución y acreditado). Entonces, se puede establecer que los requerimientos de pago son derivados de un contrato de apertura de crédito, celebrado entre la parte quejosa y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que existe un acuerdo de voluntades, por lo que se adquieren obligaciones y derechos establecidos en el mismo y tienen sustento en una relación jurídica establecida en un plano de coordinación, puesto que las partes contratantes como ya se mencionó establecieron derechos y obligaciones recíprocos; por lo tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes, corresponde a la de supra a subordinación ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de crédito, en cualquiera de sus formas, ya sea verbal escrito o por un acuerdo de voluntades tácito, implica que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la quejosa tienen obligaciones y derechos recíprocos en caso de aceptarlos, lo que evidencia que la relación existente entre las partes contratantes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el instituto y el particular. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza, principalmente, debido a que los actos materia del reclamo tienen su origen en la celebración de un contrato de apertura de crédito, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actúa en un plano de coordinación con la parte quejosa al utilizar su facultad de contratar, de tal manera que el vínculo que la parte quejosa pretende que exista con el instituto, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del acuerdo de voluntades de otorgamiento de un crédito. De ahí que el acto reclamado, consistente en los requerimientos de pago por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por un crédito de vivienda, devienen de un contrato de apertura de crédito celebrado entre la parte quejosa y el Instituto mencionado, por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que ante la falta de pago del crédito otorgado, la institución tenga derecho a realizar cobros y apercibimientos que fueron del conocimiento del particular al haberlo adquirido. Por lo tanto, el acto que aquí se reclama no genera que la relación derivada de un acuerdo de voluntades entre el quejoso y dicho instituto, en su caso, se transforme en acto de autoridad. Pues como se dijo, el acto reclamado no es emitido de manera unilateral por la responsable, puesto que fue celebrado de manera voluntaria por las partes un contrato de otorgamiento crédito, en un mismo plano, por lo que el instituto, al requerir el pago de lo prestado, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como cualquier acreedor en un plano de coordinación. Es aplicable la tesis XX.2o7 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2002, página 1230, registro 186933, que establece: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo. En el contexto anterior, la controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de crédito para la adquisición de una vivienda o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA PROMOVIDA POR ROSA ELIA GALLEGOS SIFUENTES, de conformidad con el numeral 113 de la citada ley. Ello, sin que pase desapercibido que la quejosa no cumple con los requisitos del artículo 108, de la Ley de Amparo, en el contexto integral de la demanda; sin embargo, a nada práctico conduciría requerir al promovente para que se ajuste a los mismos, si desde un inicio se conoce el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como autorizado en únicamente para oir y recibir notificaciones e imponerse de autos a +++ Ahora bien, tomando en consideración que el domicilio procesal de la parte quejosa se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 17, Constitucional, se faculta al Actuario de esta adscripción para que se constituya a dicho domicilio ubicado en Carretera 190, Kilometro 79 (Panamericana-Internacional) número 1937, de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y cerciorado de que corresponde a aquel que fue designado por la impetrante de amparo, le notifique este auto, además le requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por lista que se publica en los estrados de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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