Rosa Elia Montoya De Nieto

Expediente 21/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
21/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Rosa Elia Montoya De Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de enero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **************, mandatario judicial de **************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con la prevención formulada el trece de enero del presente año. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. Así es, de los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Así, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En ese orden de ideas resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control que sirve para impugnar normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, al mismo tiempo, protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos puedan causar un agravio a los gobernados. Por lo tanto, sólo los titulares de las garantías que consideran sea violado en su perjuicio lo dispuesto en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden hacer valer la acción de amparo. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos, o bien su representante legal. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. A fin de comprender por qué en el caso se actualiza la causa de improcedencia en comento, conviene precisar lo siguiente: Ante el Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, se instauro el juicio sucesorio testamentario **********, a bienes de *************. Es parte en dicho juicio la directa quejosa **************, a quien mediante auto de veinte de abril de dos mil diez, se le tuvo designado como mandatario al ahora promovente **************; quien ratificó dicho mandato el diez de julio de la misma anualidad. En ese orden, cabe señalar que el artículo 2101 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual se encuentra inmerso en el Título Noveno, Capítulo V, referente al mandato judicial, dispone: "Art. 2101. El procurador, aceptado el poder, está obligado: I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por algunas de las causas expresadas en el artículo 2108; II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; III. A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio." Del precepto legal trascrito se desprende que el mandatario judicial está obligado a seguir el juicio en todas sus instancias mientras no haya cesado su encargo; pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; y, practicar bajo la responsabilidad que código adjetivo civil del Estado impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. Del contenido del citado numeral se desprenden las actuaciones que se autorizan al mandatario judicial, las cuales se encuentran referidas al juicio en el cual se le otorga el mandato, pero del mismo no se advierte que se le autorice para promover la demanda de amparo en nombre del mandante. Ello es así, pues como se dijo, el juicio de amparo sólo puede ser instado por quien figura como quejoso o por su representante legal; y, el mandatario judicial no puede equipararse a un representante legal, pues este último carácter, únicamente se puede adquirir mediante la designación específica, es decir, mediante un poder exprofeso; pues si bien, el citado precepto señala que el mandatario judicial está obligado a seguir el juicio en todas sus instancias, dicha disposición debe entenderse destinada a la primera y segunda instancia del juicio natural, empero, no puede hacerse extensiva al juicio de amparo, pues en éste, la legitimación se regula exclusivamente por la legislación de la materia, conforme a lo que dispone el supra citado artículo 6°, en relación con el diverso numeral 11 de dicha ley. Ahora, si bien el normativo 11 de la Ley de Amparo, establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre y cuando se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas; sin embargo, este numeral no puede interpretarse en el sentido de que el mandatario judicial, tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su mandante, pues su participación se limita, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria; habida cuenta que dicha designación no lo convierte en su representante legal. Lo anterior, porque el mandatario judicial y/o autorizado, incluso en términos amplios, carece de facultades para incoar el juicio de amparo, a diferencia del representante legal o apoderado, a que se refiere el párrafo primero del artículo 6º de la Ley de Amparo. Por tanto, si sólo la parte quejosa directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, a través de su representante legal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo -con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo-; es de concluirse que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo- que en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas al quejoso o diversas a quienes legalmente los representen-, evidentemente, un mandatario judicial (cuya participación, como se dijo, se limita a la defensa de su poderdante, únicamente en la jurisdicción ordinaria), carece de legitimación para instar la acción constitucional. Luego, si en la especie, **************, promovió la demanda de amparo a nombre de *************, pretendiendo justificar su personalidad por ser mandatario judicial de ésta última en el juicio sucesorio testamentario *************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, resulta inconcuso que no está legitimado, procesalmente hablando, para instar la acción constitucional en nombre de la parte que dice representar, ya que dicho normativo no lo faculta para ello, sino únicamente para actuar en ese procedimiento, pero no para promover el juicio de amparo reclamando un acto emanado de un juicio distinto, actualizándose así, la causa de improcedencia invocada En otras palabras, si en la especie el promovente del amparo reclama las actuaciones del juicio sucesorio testamentario ***********, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, en el que su mandante es parte, donde aduce que se afectaron sus derechos fundamentales, entonces puede establecerse que no está legitimado para acudir a solicitar el amparo, pues sus facultades se encuentran restringidas para actuar en el juicio en el que se le otorgó mandato judicial, no para promover el juicio de amparo reclamando actos emitidos en un diverso controvertido. Como conclusión, puede establecerse que en el juicio de amparo, la demanda debe provenir directamente de quien figura como parte en el juicio de origen o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del mandatario judicial. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por **************, mandatario judicial de **************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con la prevención formulada el trece de enero del presente año. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. Así es, de los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Así, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En ese orden de ideas resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control que sirve para impugnar normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, al mismo tiempo, protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos puedan causar un agravio a los gobernados. Por lo tanto, sólo los titulares de las garantías que consideran sea violado en su perjuicio lo dispuesto en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden hacer valer la acción de amparo. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos, o bien su representante legal. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. A fin de comprender por qué en el caso se actualiza la causa de improcedencia en comento, conviene precisar lo siguiente: Ante el Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, se instauro el juicio sucesorio testamentario **********, a bienes de *************. Es parte en dicho juicio la directa quejosa **************, a quien mediante auto de veinte de abril de dos mil diez, se le tuvo designado como mandatario al ahora promovente **************; quien ratificó dicho mandato el diez de julio de la misma anualidad. En ese orden, cabe señalar que el artículo 2101 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual se encuentra inmerso en el Título Noveno, Capítulo V, referente al mandato judicial, dispone: "Art. 2101. El procurador, aceptado el poder, está obligado: I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por algunas de las causas expresadas en el artículo 2108; II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; III. A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio." Del precepto legal trascrito se desprende que el mandatario judicial está obligado a seguir el juicio en todas sus instancias mientras no haya cesado su encargo; pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; y, practicar bajo la responsabilidad que código adjetivo civil del Estado impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. Del contenido del citado numeral se desprenden las actuaciones que se autorizan al mandatario judicial, las cuales se encuentran referidas al juicio en el cual se le otorga el mandato, pero del mismo no se advierte que se le autorice para promover la demanda de amparo en nombre del mandante. Ello es así, pues como se dijo, el juicio de amparo sólo puede ser instado por quien figura como quejoso o por su representante legal; y, el mandatario judicial no puede equipararse a un representante legal, pues este último carácter, únicamente se puede adquirir mediante la designación específica, es decir, mediante un poder exprofeso; pues si bien, el citado precepto señala que el mandatario judicial está obligado a seguir el juicio en todas sus instancias, dicha disposición debe entenderse destinada a la primera y segunda instancia del juicio natural, empero, no puede hacerse extensiva al juicio de amparo, pues en éste, la legitimación se regula exclusivamente por la legislación de la materia, conforme a lo que dispone el supra citado artículo 6°, en relación con el diverso numeral 11 de dicha ley. Ahora, si bien el normativo 11 de la Ley de Amparo, establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre y cuando se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas; sin embargo, este numeral no puede interpretarse en el sentido de que el mandatario judicial, tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su mandante, pues su participación se limita, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria; habida cuenta que dicha designación no lo convierte en su representante legal. Lo anterior, porque el mandatario judicial y/o autorizado, incluso en términos amplios, carece de facultades para incoar el juicio de amparo, a diferencia del representante legal o apoderado, a que se refiere el párrafo primero del artículo 6º de la Ley de Amparo. Por tanto, si sólo la parte quejosa directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, a través de su representante legal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo -con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo-; es de concluirse que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo- que en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas al quejoso o diversas a quienes legalmente los representen-, evidentemente, un mandatario judicial (cuya participación, como se dijo, se limita a la defensa de su poderdante, únicamente en la jurisdicción ordinaria), carece de legitimación para instar la acción constitucional. Luego, si en la especie, **************, promovió la demanda de amparo a nombre de *************, pretendiendo justificar su personalidad por ser mandatario judicial de ésta última en el juicio sucesorio testamentario *************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, resulta inconcuso que no está legitimado, procesalmente hablando, para instar la acción constitucional en nombre de la parte que dice representar, ya que dicho normativo no lo faculta para ello, sino únicamente para actuar en ese procedimiento, pero no para promover el juicio de amparo reclamando un acto emanado de un juicio distinto, actualizándose así, la causa de improcedencia invocada En otras palabras, si en la especie el promovente del amparo reclama las actuaciones del juicio sucesorio testamentario ***********, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, en el que su mandante es parte, donde aduce que se afectaron sus derechos fundamentales, entonces puede establecerse que no está legitimado para acudir a solicitar el amparo, pues sus facultades se encuentran restringidas para actuar en el juicio en el que se le otorgó mandato judicial, no para promover el juicio de amparo reclamando actos emitidos en un diverso controvertido. Como conclusión, puede establecerse que en el juicio de amparo, la demanda debe provenir directamente de quien figura como parte en el juicio de origen o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del mandatario judicial. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, quien se ostenta como mandatario judicial de ****************, contra actos del Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 21/2022-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones II, III y V del artículo 114, en relación con lo estipulado en las fracciones I, II y V del artículo 108, así como el 110, todos de la ley de la materia, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, ya que resulta ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que se encuentra previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, según el cual, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que ****************, se ostenta mandatario judicial de ******************, y que con dicho carácter promueve el juicio de amparo de que se trata; sin embargo, no adjunta documento alguno con el que acredite dicho presupuesto, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en capítulos anteriores. Se estima de tal manera, toda vez que únicamente anexó a su escrito de demanda copia simple de la resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio especial civil ************ de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta localidad, y de acuerdo a la facultad que otorga el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se considera que es insuficiente, por sí sola, para demostrar cabalmente su personalidad. Lo anterior es así, ya que las copias fotostáticas simples carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan una simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sea bastante cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que pretende demostrarse. Ello, habida cuenta que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Por esa razón, se sostiene que es insuficiente la copia fotostática simple que el promovente del amparo exhibió para acreditar el carácter que ostenta ya que se trata de un mero indicio que no se encuentra corroborado con ningún otro dato distinto que justifique plenamente que tenga reconocida dicha calidad. De ahí que la demanda de amparo se torne obscura e irregular, pues la parte quejosa no exhibe algún documento con el que acredite el carácter con el que se ostenta. Por esa razón, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda, como se estatuye en la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." B) La segunda irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio de los terceros interesados, y en caso de que desconozca a quienes les reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como terceros interesados a *****************, con domicilio para recibir notificaciones el señalado en el proceso de origen; sin embargo, dicha designación no puede sustituir la obligación que prevé el numeral de referencia, ya que no constituye un domicilio en el que pueda ser emplazada la nombrada tercera interesada, dado que el actuario no podría llevar a cabo la notificación con base en las reglas que prevé el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. No se soslaya que la fracción III, inciso b) de este último precepto legal, establece el órgano jurisdiccional podrá, siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, ordenar que la notificación se realice en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen; empero, el señalamiento de este domicilio aplica únicamente con relación a las actuaciones que se promovieron en aquel procedimiento, no así ante las que se lleven a cabo en esta instancia constitucional. Por ello se afirma que el solicitante del amparo tiene la obligación de: i. señalar el domicilio de los nombrados terceros interesados o, en caso de que lo desconozca; ii. manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; esto, a fin de que este Juzgado se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. C) La tercera irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la parte quejosa dentro en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, narró algunos de ellos, también lo es que omitió expresar otros que resultan relevantes para determinar lo procedente en relación con el escrito que se provee, pues omitió señalar: Quienes son las partes en el controvertido natural. ii) Que prestaciones se reclaman. iii) En qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen. Por tanto, se estima que el promovente del amparo soslaya describir de manera cronológica y detallada los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio con apego a la verdad, lo que como se dijo, resulta necesario para proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo. D) Finalmente, la cuarta irregularidad advertida surge con lo estipulado en el 110 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." "(.)" De la transcripción del artículo anterior, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta, las copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, para el tercero interesado, si lo hubiere, para el Ministerio Público Federal adscrito y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse la medida cautelar. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo a la parte quejosa la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar. En el caso, se advierte que la parte quejosa soló exhibió seis copias de su demanda de amparo, por lo que se necesita una copia más para que sean distribuidas de la siguiente manera: Autoridad responsable UNA COPIA. Terceros interesados TRES COPIAS. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito UNA COPIA. Incidente de suspensión DOS COPIAS. Cabe mencionar que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo por comparecencia, vía telegráfica o medios electrónicos; ni se trata de un asunto del orden penal o laboral, ni están involucrados derechos de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, ni la quejosa es una persona en estado de pobreza o marginación, pues el hecho de que haya acudido a contratar los servicios profesionales de abogados, como lo son sus autorizados, para defender sus derechos, denota la ausencia de las citadas características. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, II y V, en relación con el 114, fracciones II, III y V, así como el 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con siete copias para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Acredite con documento fehaciente el carácter de mandatario judicial de *****************, con el que se ostenta al presente juicio. Precise el domicilio dónde puedan ser emplazados los terceros interesados ***********************, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que los desconoce. Manifieste bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en términos de lo expuesto en el cuerpo de la presente determinación; y Exhiba una copia más de su demanda amparo. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, excepto el atinente a la copia de la demanda, en cuyo caso únicamente se postergará la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto exhiba la copia faltante, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria en este expediente, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el promovente debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En otro contexto, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al contar con cédula profesional ************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a Roberto Lenin Medina Borja, por no encontrarse en ese supuesto. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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