Rosa Castañeda López
Expediente 904/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa Castañeda López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad y otras autoridades. Se ordena el registro de la demanda con el número 904/2018-III. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle **********, número **********, Colonia **********, en esta ciudad, dictada dentro del juicio F-1418/2016, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. El cumplimiento y ejecución de esa orden de desalojo. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que en el libelo constitucional en estudio es extemporánea, en cuanto al acto identificado con el número 1 toda vez que se le notificó a la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del uno al veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día hábil siguiente al en que le surtió efectos la notificación del acto que reclama. II. Fueron inhábiles los días veintinueve y treinta de septiembre; seis, siete, doce, trece, catorce, veinte y veintiuno de octubre, todas las fechas del año en curso, por ser días inhábiles, sábados y domingos. De ahí que si presentó la demanda que se analiza hasta el veintiséis de octubre del presente año, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora bien para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia referida, es dable afirmar que en el acto que se analiza, únicamente se requirió el cumplimiento de lo ordenado en el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, (la desocupación y entrega material del inmueble ubicado en **********, número **********, colonia **********, en esta ciudad). Luego, si no se advierte que la quejosa haya impugnado, a través de algún medio ordinario o extraordinario de defensa, el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ello implica que fue consentido, en virtud de que fue emitido únicamente para dar cumplimiento de lo resuelto en el primero, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se explica. Además, el acto reclamado no se impugna por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender del auto en el que tuvo su origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los descritos actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Berenice Aguilar Chavarría, al contar con cédula profesional 6855132, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad y otras autoridades. Se ordena el registro de la demanda con el número 904/2018-III. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle **********, número **********, Colonia **********, en esta ciudad, dictada dentro del juicio F-1418/2016, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. El cumplimiento y ejecución de esa orden de desalojo. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que en el libelo constitucional en estudio es extemporánea, en cuanto al acto identificado con el número 1 toda vez que se le notificó a la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del uno al veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día hábil siguiente al en que le surtió efectos la notificación del acto que reclama. II. Fueron inhábiles los días veintinueve y treinta de septiembre; seis, siete, doce, trece, catorce, veinte y veintiuno de octubre, todas las fechas del año en curso, por ser días inhábiles, sábados y domingos. De ahí que si presentó la demanda que se analiza hasta el veintiséis de octubre del presente año, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora bien para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia referida, es dable afirmar que en el acto que se analiza, únicamente se requirió el cumplimiento de lo ordenado en el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, (la desocupación y entrega material del inmueble ubicado en **********, número **********, colonia **********, en esta ciudad). Luego, si no se advierte que la quejosa haya impugnado, a través de algún medio ordinario o extraordinario de defensa, el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ello implica que fue consentido, en virtud de que fue emitido únicamente para dar cumplimiento de lo resuelto en el primero, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se explica. Además, el acto reclamado no se impugna por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender del auto en el que tuvo su origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los descritos actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Berenice Aguilar Chavarría, al contar con cédula profesional 6855132, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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