Rosa Elena Cruz Refugio
Expediente 179/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Elena Cruz Refugio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
PRAL 179/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese el oficio firmado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual, comunica que dicho tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra la sentencia dictada en este juicio, mismo que registró con el número de toca 308/2022; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 179/2022 mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se remite recurso de revisión a Tribunal Colegiado. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obran las constancias de notificación de la sentencia dictada en este expediente y del acuerdo por el que se comunicó a las partes el trámite del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la referida resolución. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre del actual, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno: 1) el original del escrito de interposición de recurso y expresión de agravios, y 2) el original del juicio de amparo 179/2022. 2. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 179/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Escrito de la parte quejosa. Visto el escrito de la quejosa Rosa Elena Cruz Refugio, mediante el que 1) interpone recurso de revisión y 2) expresa agravios; asimismo, exhibe seis copias del mismo; en su atención, se provee: Trámite a recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio. Por lo que, agréguese a este expediente copia del escrito de referencia y distribúyanse entre las demás partes copia de del mismo; en su oportunidad, remítase este expediente, así como el original y copia del ocurso al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para el trámite del referido recurso. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno. En el entendido de que una vez que se encuentre integrado este asunto y dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Amparo, se remitirá a la superioridad el expediente para el trámite respectivo, y se formará el cuaderno de antecedentes con las constancias relativas. Autorizados. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo téngase por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Hermelinda Quintero Félix, e Israel Mendoza Magaña, por no haberse encontrado registro de su cédula, respectivamente, en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; atento a la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Sin que se realice mayor pronunciamiento respecto de las diversas personas que menciona en su escrito de cuenta, ni del domicilio, teléfonos y correo electrónico que señala para recibir notificaciones, toda vez que en auto de inicio se acordó lo conducente respecto a esos puntos. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 179/2022 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, como se ordenó en acuerdo de once de agosto del año en curso, en audiencia pública Ponciano Velasco Velasco titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Rosa Elena Cruz Refugio, y el informe justificado de la autoridad responsable. Asimismo, hace constar que: 1) no se emplazó a este juicio a la tercera interesada GRUPO PARISINA S.A. de C.V., y 2) que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Dado el sentido de la sentencia que se emitirá, no se le causa perjuicio alguno a la tercera interesada que no fue emplazada a este juicio. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales consistentes en: a) Copia del acta de la audiencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio laboral 40/2017, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. b) Copia certificada de una constancia medica de seis de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el doctor César Deganini Terán. c) Copia del escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno. d) Copia del acta de audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 40/2017, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. - Así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. La autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ofreció como pruebas las documentales consistentes en: - Copias certificadas de las actas de audiencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil veintidós y anexos, así como de los escritos de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, constancias que forman parte del juicio laboral 40/2017, de su índice. Acto continuo, se acuerda: En cuanto a las referidas documentales, se precisa que las mismas, fueron admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza durante la substanciación de este juicio. Por cuanto a las pruebas: de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la quejosa, se tienen por ofrecidas y desahogadas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos, que serán consideradas al resolver este juicio, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, por lo que se declara cerrado este periodo y se dicta la siguiente: Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 179/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el nueve de febrero del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el diez siguiente, la quejosa Rosa Elena Cruz Refugio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en lo acordado en la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 40/2017. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de once de febrero de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 179/2022; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos, en sus fases de pruebas y alegatos, se llevó a cabo en los términos que anteceden; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto en materia de trabajo, y el acto se reclama de una autoridad residente en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto los siguientes: Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: - Lo acordado en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 40/2017, en la cual la responsable determinó lo siguiente: Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, al rendir su informe con justificación, aceptó parcialmente los actos reclamados. Para justificarlo remitió copia certificada de la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós celebrada en el juicio laboral 40/2017, de la que se advierte que la responsable acordó diversas cosas en relación al desahogo de la prueba pericial en materias de caligrafía, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, Por ello, se tienen como cierto el acto reclamado. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por estos últimos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales anteriormente señalados prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, cabe establecer que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y b) recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales, y respecto de los cuales no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como derechos fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, como se dijo, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En este contexto, es oportuno precisar que, en términos generales, el juicio de amparo indirecto actualmente no es procedente contra violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo cuando se reclama el fallo definitivo. En efecto, atento al contexto actual de la Ley de Amparo, como lo ha determinado nuestro máximo tribunal, ese criterio ya no es rector para identificar actos de imposible reparación, pues ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que solo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y, con ello, se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de estos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Por tanto, teniendo en cuenta que la parte quejosa reclama lo acordado por la Junta en la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 40/2017, en la que se determinó: Determinación en la que, en esencia, se acordó lo siguiente: - Se tuvo por presente al perito Raymundo Cortés Ramírez, por parte de la demandada "GRUPO PARISINA S.A. de C.V"., aun cuando no asistió el apoderado de la demandada y se le aceptó del cargo. - No le dio trámite al incidente no especificado de falsedad de documento (certificado médico que justifica la inasistencia del perito de la demandada) que promovió la aquí quejosa. - Se requiere a la actora, aquí quejosa, para que presente a su perito nombrado en la diligencia, para que se discierne del cargo y exhiba los documentos que acrediten la calidad para dictaminar en las materias ofrecidas. Por lo anterior, se advierte que este juicio de amparo es improcedente, porque lo determinado en la diligencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós es relativo al desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa; por tanto, lo acordado no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que solo tienen repercusiones intraprocesales, por lo que no pueden catalogarse entre las hipótesis comprendidas en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el tener por presente al perito de la demandada, sin que estuviera el apoderado de la parte que lo ofertó, así como no darle tramite al incidente no especificado de falsedad de documento, que tenía como finalidad demostrar que el documento (constancia médica) con el que se justificó la inasistencia del perito Raymundo Cortés Ramírez, en el juicio laboral de origen, no es de aquellos actos dictados dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas, o que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, razón por la cual no es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que sus efectos solo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo respectivo, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarla en el juicio de amparo directo que intente contra el mismo, impugnando la determinación de que se duele, como violación procesal, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" Por tanto, queda de manifiesto que la referida violación procesal, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es, precisamente, la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese orden, se insiste, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impide la posibilidad de que la hipotética violación procesal que produce como efecto, sea reparada en el laudo que se pronuncie en el procedimiento laboral, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses y, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En el caso contrario, como ya se precisó, la parte promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se sobresee en este juicio de amparo promovido por la quejosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por la quejosa Rosa Elena Cruz Refugio, contra el acto reclamado a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en lo acordado en la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 40/2017; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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