Rosa Balbina Micaela González Herrera

Expediente 358/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
358/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Rosa Balbina Micaela González Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 358/2018 5B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha concluido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de seis de abril de este año, por el cual se desechó la demanda -fojas 12 a 15-. Firmeza del acuerdo. ...se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. ... archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. ...procédase a su destrucción, ... Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. ...

  2. Principal

    PRAL. 358/18 5-B% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciocho. ... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciocho. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo escrita presentada el cuatro de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada el cinco siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por Rosa Balbina Micaela González Herrera, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 358/2018. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la misma ley. En el caso, del análisis de la demanda se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causal de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .. La interpretación del supuesto transcrito lleva a concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado emana de un juicio, siempre que dicho actuar sea de imposible reparación, entendiéndose como tal, aquel que afecte materialmente un derecho sustantivo, es decir, no debe tratarse de una lesión meramente adjetiva o intraprocesal. En ese contexto, es pertinente destacar que existe una afectación a un derecho sustantivo cuando el actuar de la autoridad responsable lesiona los derechos fundamentales de la parte agraviada. En cambio, cuando el acto reclamado sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, se está en presencia de una lesión a un derecho adjetivo, pues la conducta desplegada por la autoridad no trastoca un derecho fundamental tutelado por la Constitución Federal. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca en el recurso de revisión 515/2017, mediante la cual confirma la parte relativa del acuerdo de tres de marzo de ese año, dictado en el expediente 292/2017, del índice de la Séptima Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, en el que se tuvo por acreditada la personalidad de la directora Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca. Dicho acto no produce una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica de la promovente, pues, en todo caso, se trata de una lesión adjetiva; es decir, dicha determinación no transgrede sus derechos sustantivos, aspecto necesario para determinar que el juicio sea procedente. La conclusión que precede se sustenta en que en la resolución dictada por la Sala responsable se examinó una cuestión de carácter intraprocesal (personalidad de la parte demandada) que no afecta algún derecho sustantivo ni impide de forma actual el ejercicio de un derecho. Aunado a que, en la etapa en que se encuentra el juicio natural, no puede establecerse de qué manera va a repercutir en el resultado del fallo que se llegue a dictar; además, tampoco que se trata de una lesión a algún derecho fundamental de la parte quejosa, como lo es la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2006589 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento; por tanto, de plano, procede desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por Rosa Balbina Micaela González Herrera. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en calle J.P. García, número ochocientos veintidós, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca y por autorizado para ese efecto, con las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Joel Alejandro Ramírez López -registro 27628-, en virtud de que se encontró registro de su cédula, en el sistema correspondiente, como así se asentó en la certificación de cuenta. En tanto que las diversas personas que menciona, se les autoriza únicamente para recibir notificación e imponerse de autos, por no estar registrados en el referido sistema. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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