Rosa Elba Gaytán Leal

Expediente 1087/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1087/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
20/05/2015

Partes del expediente

  • Rosa Elba Gaytán Leal
  • Gonzalo Manuel Llamas Gaytan
  • GONZALO MANUEL LLAMAS GAYTAN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de mayo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de veintuno de abril de dos mil quince, dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1087/2014, promovido por Gonzalo Manuel Llamas Gaytan a través de Rosa Elba Gaytan Leal; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, Rosa Elba Gaytan Leal solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en favor de Gonzalo Manuel Llamas Gaytan, contra actos de autoridades responsables cuya denominación correcta es 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal, 2) Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común, 3) Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Fuero Común especializada en delitos cometidos contra la actividad comercial e industrial; como autoridades ejecutoras 4) Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 5) Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos humanos consagradas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- Es la PRIVACIÓN Y DETENCIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD así como la INCOMUNICACIÓN, TORTURA de mi hijo de nombre GONZALO MANUEL LLAMAS GAYTAN, por las autoridades señaladas como responsables, sin que se haya llenado las formalidades esenciales de procedimiento, además que no ha cometido delito alguno que merezca pena corporal." Cabe precisar que la parte quejosa amplió su demanda de amparo, por lo cual, también se tuvo como autoridad responsable al: 6) Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el delito de robo, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión y trámite. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde por acuerdo de veinticinco de diciembre de dos mil catorce -previa ratificación de demanda-, se admitió a trámite, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, luego, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48 y 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a la nueva ley de la materia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En principio, debe decirse que no se toman en consideración para la fijación de los actos reclamados las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que la peticionaria del amparo expuso en dicho apartado, con apoyo en la jurisprudencia número 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." En ese tenor, del análisis integral de la demanda, se obtiene que el peticionario de la tutela constitucional reclama: La orden de detención girada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no es cierto el acto reclamado a las autoridades 2) Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común; 3) Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Fuero Común especializada en delitos cometidos contra la actividad comercial e industrial y 5) Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en esta ciudad; consistentes en la orden de detención girada en contra del quejoso y su ejecución. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir su informe justificado (fojas 37, 40, 41 y 51) negaron la existencia del acto que se les atribuye y al constituir tales informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado en estudio. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal y 6) Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el delito de robo, con residencia en esta ciudad, consistentes en la orden de detención del quejoso y su ejecución, no obstante que al rendir su informe justificado (foja 27), la primera de dichas autoridades haya negado la existencia del acto que se le atribuye, pues de las constancias de autos se evidencia su certeza. En efecto, junto con su informe justificado (fojas 69 a 164), el 6) Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el delito de robo, remitió copia certificada del expediente de averiguación previa MAZTL/ROBO/548/2014/AP, documental a la que se le confiere valor probatorio pleno al ser emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, en la cual obra el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil catorce por el cual se consignó a Gonzalo Manuel Llamas Gaytán ante la autoridad judicial del fuero común, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de robo calificado en perjuicio de Gerardo Chavarin Cárdenas. En tales condiciones, si bien es cierto que la autoridad señalada como responsable 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal, negó la existencia del acto reclamado; también lo es que de las constancias que remitió la autoridad responsable 6) Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el delito de robo se advierte la existencia del acto reclamado, lo que es suficiente para tenerlo por cierto. Aunado a que, en su informe justificado, la propia autoridad responsable 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal, realizó manifestaciones que evidencia la existencia del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario analizar los conceptos de violación, expuestos por la parte quejosa, dado que se actualiza la improcedencia del juicio, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, conforme a lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la citada ley, al preceptuar: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En las constancias remitidas por la responsable 6) Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el delito de robo, con residencia en esta ciudad, las cuales han sido previamente valoradas, obra copia certificada de la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en los autos de la averiguación previa MAZTL/ROBO/548/2014/AP de su índice (fojas 153 a 160), en donde se determinó ejercer acción penal en contra del aquí quejoso y consignar dicha indagatoria a la autoridad judicial a quien se solicitó que dicara auto de formal prisión en contra de Gonzalo Manuel Llamas Gaytán, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Robo Calificado. En esa virtud, como el peticionario de la protección constitucional reclamó la orden de detención librada en su contra, al haberse consignado al Juez competente en turno, la averiguación previa de la cual emana el acto que se reclama, es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que deriva la supuesta ilegalidad de los actos reclamados, por virtud del cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención girada en contra del quejoso. Es aplicable en lo conducente, la tesis IV.2o.P.43 P de la Novena Época consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009, página: 1373, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." De igual forma, sirve de apoyo la tesis XV.3o.5 P, visible en la página 941, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia." Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable 4) Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, toda vez que no fue reclamado por vicios propios sino como consecuencia del acto indicado. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 24 Tercera Parte, Séptima Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Finalmente, tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en lo que disponen los artículos 73 al 79 y 124 de la Ley de Amparo, se

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de marzo de dos mil quince. Vistos los autos, se advierte que no se corrió traslado con copia del escrito inicial de demanda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, respecto del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con copia del escrito inicial de demanda, notifíquese al citado representante social lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de autos se advierte que se encuentra en vías de notificación el proveído de trece de marzo de dos mil quince, mediante el cual se le dio vista a la parte quejosa con las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Robo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo acordó y firma Leonor González Hernández, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del Consejo; y reforma y deroga disposiciones de otros acuerdos generales; autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/1121/2015, ante Sonia Jumilla Zamudio, Secretaría de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a trece de marzo de dos mil quince. Se tiene recibido el informe justificado rendido por el Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en el Delito de Robo, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, residente en esta ciudad. En atención a lo anterior, se hace el mismo del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, téngase ofrecida la prueba documental que se acompaña al oficio de cuenta, y con la misma, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Anel Peña Solís, secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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