Rosa del Carmen Valdes Ramos
Expediente 222/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa del Carmen Valdes Ramos
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa.
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de abril de dos mil diecisiete. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa del Carmen Valdes Ramos, contra actos que considera violatorios de sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 222/2017. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al órgano jurisdiccional que conozca del amparo, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente, reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria de veinte de febrero de dos mil diecisiete, en el Juicio de Tramitación Especial de Divorcio sin Expresión de Causa 197/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Concordia, Sinaloa, donde se decretó improcedente la Liquidación de la Sociedad Conyugal. Al respecto, cabe destacar, que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República precisa: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Por otra parte, la fracción XVIII del artículo 61 trascrito, establece la restricción de la procedencia del juicio de amparo contra aquellos actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que por virtud de la ley que norma su procedimiento puedan ser combatidos mediante algún recurso o medio de defensa, mismo que tiene la posibilidad de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, principio de definitividad que necesariamente se tiene que agotar el recurso o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, pues de no hacerlo trae como consecuencia la improcedencia del amparo, en virtud de que el juicio de garantías está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que no pueda acudirse a dicha instancia cuando en el procedimiento natural se otorgue un remedio legal, a través del que sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Ahora bien, el numeral 107, fracción III, inciso b), Constitucional transcrito, si bien da el derecho de impugnar en amparo los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, también lo es que ello es procedente una vez agotados los recursos que en su caso procedan contra el acto o actos dictados en el juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 902, Mayo de dos mil dos, tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 187016, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la Tesis VII.3o.C.25 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, del mes de Julio de 2006, Novena Época, Materia Común, página 1182, con registro 174750, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO EXISTE EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, EN TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. La Ley de Amparo no prevé excepción respecto a la obligación de agotar el recurso o medio de defensa que proceda antes de intentar la acción constitucional en tratándose de procedimientos judiciales, aun cuando no suspendan el acto reclamado, pues ello sólo es dable cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Igualmente, la Tesis X.1o.31 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, del mes de Diciembre de 2005, Novena Época, consultable en la página 2661, con registro número 176566, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." También la Jurisprudencia VI.1º. J/85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 51, Tomo 67, Julio de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 215770, cuyo rubro y texto es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Ahora bien, el artículo 413, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Sinaloa, relativos al capítulo Del Divorcio Judicial establece: "Capítulo II Del Divorcio Judicial "Artículo 413 [.]. La interlocutoria que se dicte resolviendo las oposiciones al convenio, relativas a alimentos, régimen de convivencia, guarda, custodia, liquidación de la sociedad conyugal, compensación para el caso de separación de bienes o de cualquier índole en el desahogo de la incidencia y referida a los puntos controvertidos del convenio, serán apelables en el efecto devolutivo." Precepto del cual se desprende que la parte quejosa previo al amparo, debió interponer el recurso de apelación contra la interlocutoria de veinte de febrero de dos mil diecisiete, relativa a la liquidación de la sociedad conyugal, emitida por la Juez responsable, ya que conforme al artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, era procedente el recurso de apelación, a través del cual el acto reclamado pudo ser modificado, revocado o nulificado. Por ello la hoy quejosa tenía forzosamente la obligación de agotar dicho medio de defensa, previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que el amparo es un medio extraordinario que entratándose de actos de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo sólo procede contra actos definitivos, y al no haber observado la agraviada el principio de definitividad que rige en forma ineludible al juicio de garantías, se actualiza respecto de los mencionados actos reclamados, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse en el caso la aludida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, se desecha la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. IV. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Apolonio Lozano Valdez y Askary Silvas González. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Andrea García Arellano, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/0506/2017, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso PCJF/UCNSJP/161/2017, de veinticuatro de febrero del año en curso, signado por el Titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ante Omar Auseigesd Benítez Olmos, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, para conocimiento de la promovente Rosa del Carmen Valdez Ramos, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente. Doy Fe
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