Rosa Beatríz Loría Urzaiz
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosa Beatríz Loría Urzaiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, su oficio 6061, al cual adjunta los autos originales del presente expediente 300/2021-IV-A, y el testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal, en sesión de diecisiete de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión 159/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia constitucional firmada en este juicio el treinta de abril de dos mil veintiuno; ejecutoria en la que se advierte que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Beatriz Loria Urzaiz, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional, y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como Director de la Policía Municipal de Mérida.". ACÚSESE RECIBO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, agregando a los mismos copia autorizada del presente auto. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. De igual manera, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este asunto, el oficio 2928 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Alfonso Ortiz Castro autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Rosa Beatriz Loría Urzaiz en contra de la sentencia de treinta de abril del año en curso, dictada en el presente expediente, registrándolo con el Toca número 159/2021 de su índice. Circunstancia de la cual este juzgado federal queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe. secb
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de estos autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: para los efectos legales que procedan, agréguese a este expediente el escrito de ALFONSO ***, autorizado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta de abril del año en curso. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, remítanse copias del mismo a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho esto, envíese este expediente, junto con el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que esa superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 300/2021-IV-A, promovido por ROSA BEATRIZ LORIA URZAIZ, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el veintidós de febrero siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ROSA BEATRIZ LORIA URZAIZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Municipal de Mérida, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo lugar según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: La expedición del Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como su ejecución. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, al rendir su informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se les atribuyen, por lo que así se tiene para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la autoridad responsable Director de la Policía Municipal de Mérida, con sede en esta localidad, al rendir su informe de ley negó el acto que se le atribuye; sin embargo, el mismo debe tenerse como cierto, dado que por su carácter de autoridad ejecutora, por cuestión de jerarquía pudiera realizar actos de ejecución. Aplica al tema, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el Registro IUS 227890, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por las autoridades responsables, o bien, alguna que se advierta de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. En el presente asunto, el Gobernador del Estado sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar que el aquí quejoso carece de interés jurídico para reclamar la norma general reclamada, porque no acreditó que hubiera sido aplicada en su perjuicio. Tal argumento resulta fundado, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". La porción normativa transcrita determina que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y, contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no le causen afectación, sino que necesiten de un acto posterior de aplicación que lo origine. El numeral 5°, fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Tal disposición normativa revela que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud puede promoverse, únicamente, por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. Es oportuno destacar que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar siempre que esas normas afectan, se insiste, de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Ahora bien, la norma general reclamada dispone: "Artículo único. Se reforman: el artículo 446 y el párrafo primero del artículo 451; y se adicionan: el artículo 166 Bis al capítulo I del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al Anexo I, "Catálogo de Sanciones", todos, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: Sujeción a las medidas de prevención sanitaria Artículo 166 Bis. Los conductores de vehículos deberán respetar las medidas de prevención sanitaria que disponga el Titular del Poder Ejecutivo o la autoridad sanitaria del estado y que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, de cualquier manera, la circulación de vehículos por las vías del Estado, como resultado de alguna emergencia sanitaria o contingencia de índole análoga que ponga en riesgo la integridad o la vida de los habitantes de la entidad. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerado como una infracción grave, por lo que será sancionado con multa y retención del vehículo que corresponda, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento y el Catálogo de Sanciones contenido en su Anexo I. Infracciones graves Artículo 446. Serán consideradas infracciones graves las conductas previstas en los artículos: 48; 66, segundo y tercer párrafos; 70, fracciones XI y XIV; 81; 121, segundo párrafo; 166 Bis; 176, fracción III; 179, fracción VII; 195; 196, fracciones II y VI; 197, fracciones I, II, III, IX, XIV y XVI; 204, fracción I; 205, fracción VI; 215; 233; 236, fracciones I, II, incisos a), b) y c), III, IV, V y VI, antepenúltimo y penúltimo párrafos; 241; 255, fracción I, inciso a); 256, fracción II; 265, fracciones XI y XVI; 270; 286; 287; 302; 303; 308, fracción I; 331, segundo párrafo, fracción I; 337, fracción VII; 342; 347, primer párrafo; 354, fracciones I y II; 359, fracción II; 383, primero y segundo párrafos; 388, primero y segundo párrafos; 392; 394, fracciones I, II y III; 400, fracción I; 434, segundo párrafo; 453 y 458, segundo párrafo. Multa Artículo 451. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de una a quince unidades de medida y actualización; las graves, con multa de dieciséis a cincuenta y seis unidades de medida y actualización; y las muy graves, con multa de noventa a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el Catálogo de Sanciones contenido en el Anexo I de este Reglamento. . . I. a la III. . . . . Tabla de sanciones graves Grupo 3-C: de 44 a 56 unidades de medida y actualización. 1ª Sanción en un año, 44 unidades de medida y actualización. 2ª Sanción en un año, 50 unidades de medida y actualización. 3ª Sanción en un año, 56 unidades de medida y actualización." Del análisis de los artículos trascritos, evidencia que se impondrá multa y retención del vehículo: - A los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el Titular del Poder Ejecutivo o la autoridad sanitaria del estado y que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, de cualquier manera, la circulación de vehículos por las vías del Estado; - Que ello sea como resultado de alguna emergencia sanitaria o contingencia de índole análoga que ponga en riesgo la integridad o la vida de los habitantes de la entidad; - Que el incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores será considerado como una infracción grave. En ese contexto, es evidente que la norma legal reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, pues por sí sola, desde el inicio de su vigencia no genera una obligación para los gobernados, pues requiere la impugnación de las medidas sanitarias impuestas actualmente que le hayan causado perjuicio y que el conductor se ubique en el supuesto previsto en la norma y que la autoridad lo advierta y aplique la sanción correspondiente. Sin embargo, toda vez que inició su vigencia a partir del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, y la presente demanda fue promovida por el quejoso para impugnar la norma general, válidamente requiere acreditar un acto concreto de aplicación de la misma, y que éste sea el primero de aplicación en su perjuicio. Sobre dicho aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se compruebe fehacientemente que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirven de fundamento las jurisprudencias de contenido siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Por lo que con la reforma contenida en el decreto 344/2021 que modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se obstaculiza el ejercicio de su profesión después de las veintitrés horas con treinta minutos. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa no impugna la norma con motivo de un acto de aplicación, sino que la combate directamente, al considerar que transgrede sus derechos protegidos por los artículos 1º, 11, 14, 16 21 29 y 133 constitucionales, relativos a la libertad personal, libertad de tránsito, derecho a la propiedad privada individual y derecho a la seguridad jurídica. Por tanto, resulta necesario determinar si este decreto reclamado reúne las características necesarias para ser autoaplicativo conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés jurìdico, cuya afectación se hace valer en el presente caso. Y al respecto, la parte quejosa aduce tener afectación directa con la sola entrada en vigor de dicho precepto. En esa virtud, la quejosa acompañó a su demanda de amparo los medios de prueba consistentes en: 1.- Copia simple de la credencial para votar con fotografía, a nombre de la quejosa Rosa Beatriz Loria Urzaiz. 2.- Copia certificada de la tarjeta de circulación de folio federal 127956 A, y folio estatal 0503320062017349; expedida por la Agencia de Administración fiscal de Yucatán; y, 3.- Copia certificada de la factura de veintiséis de febrero de dos mil catorce, expedida por Automotriz Montecristo, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de un vehículo Chevrolet Aveo, cuatro puertas, con clave vehicular 0038110, color Champagne Metal, motor hecho en México, con número de serie 3G1TB5AF7EL152477. Sin embargo, las constancias aludidas por sí solas no constituyen el documento idóneo para demostrar que se llevó a cabo el acto de aplicación de la norma reclamada, pues en todo caso lo sería la boleta de infracción con motivo de transitar después de la hora permitida. Por ello, al no haberse acreditado fehacientemente la aplicación de la norma reclamada no es procedente tener por acreditado el primer acto de aplicación de ésta en perjuicio de la parte quejosa; y al no haberlo hecho, se genera la improcedencia del juicio de amparo. Máxime que la promovente no reclamó como acto destacado el acuerdo SSY 6/2020, por el que se modificó el diverso SSY 01/2020 en el que se establecieron las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán, que reformó el párrafo primero del inciso c) de la fracción IV del artículo 2 del citado acuerdo, que determinó: "c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintitrés horas con treinta minutos y hasta las cinco horas", el cual incluso a la fecha ya fue reformado nuevamente por el diverso Acuerdo SSY 08/2021, publicado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno; de ahí que, al no haber sido impugnado el citado acuerdo resultaba necesario acreditar el primer acto de aplicación. Ello, porque en tratándose de normas de individualización condicionada, como acontece en la especie, es la parte quejosa quien debe demostrar fehacientemente que el acto de aplicación de la porción legal reclamada le ha ocasionado un perjuicio, ello a fin de satisfacer el principio de instancia de parte agraviada. Además, porque es ese perjuicio el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio quejoso. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada." Debiendo señalarse como una consideración adicional, que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, porque cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación); ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 267, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 206527, que establece: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." En consecuencia, toda vez que la solicitante del amparo no acreditó el acto de aplicación en su perjuicio de la norma legal reclamada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de reimpresión. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ROSA BEATRIZ LORIA URZAIZ, en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Municipal de Mérida, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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