Roque Mario Flota Yee Ben
Expediente 896/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roque Mario Flota Yee Ben
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha, ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de cuatro de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD OCN LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos, el escrito presentado por ***, mediante el cual, a fin de dar cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, entre otras cosas, precisa que son los menores de edad de iniciales R.M.F.L. y M.J.F.L., los que de manera directa promueven la presente demanda de amparo, por conducto de la representación legal que ostenta el ocursante, al ser progenitor de los citados infantes. En virtud de lo anterior, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a los menores de edad de iniciales R.M.F.L. y M.J.F.L., solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, que hizo consistir en: ACTO RECLAMADO El acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 502/2017, mediante el cual, la autoridad señalada como responsable no accedió a escuchar a los menores quejosos en la audiencia relativa al incidente de cambio de custodia que promovió su progenitor. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente asunto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Establecido lo anterior, a fin de aterrizar la causal de improcedencia en estudio al caso particular, es menester señalar que, tal como quedó establecido, el presente juicio constitucional fue promovido por los menores de identidad reservada de iniciales R.M.F.L. y M.J.F.L., por conducto de su progenitor ROQUE MARIO FLOTA YEE BEN, señalando como acto reclamado el proveído de veintisiete de mayo en curso, en el que refieren, el Juez responsable trasgredió su derecho fundamental de ser escuchados previamente a resolver el incidente de cambio de custodia promovido por el mismo. En ese sentido, si bien es cierto que los menores impetrantes del amparo no son parte formal en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por lo que el proveído que reclaman no les fue directamente notificado. También lo es, que sus derechos en el procedimiento de origen, se encuentran debidamente representados por sus progenitores, entre ellos, el aquí promovente, al compartir la patria potestad con la madre de éstos, y al ser precisamente él quien instó ante el Juez responsable la escucha de los mismos en la incidencia de cambio de custodia que interpuso en autos de dicho juicio. Por lo que resulta incuestionable que por su conducto ejercieron su derecho a ser escuchados, y por consiguiente, tuvieron conocimiento del acto reclamado y al ser así se encontraban en aptitud de impugnarlo por la presente vía constitucional dentro del plazo señalado por la ley de la materia, al no estar obligados a agotar el principio de definitividad como lo ha sustentado el Máximo Tribunal del País. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página novecientos noventa, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004677, de rubor y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. De ahí que no resulte jurídicamente factible que, por un lado, el promovente hubiere tenido pleno conocimiento del acto reclamado, encontrándose en aptitud de impugnarlo por la vía ordinaria; como incluso dice, lo hizo a través del recurso de revocación el cual aún no ha sido admitido; y por el otro, que sus menores hijos desconocieran la existencia del mismo, y que por ello, se encuentren en aptitud de promover el juicio constitucional en cualquier tiempo, pues como quedó establecido, los mismos se encuentran debidamente representados en autos del juicio de origen por conducto de su progenitor, por lo que, a través de él se hicieron sabedores del mismo. En ese tenor, de los antecedentes de los actos reclamados narrados bajo protesta de decir verdad, en el escrito aclaratorio que en esta propia fecha se provee, se desprende que el progenitor de los menores quejosos manifestó que el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno (acto reclamado), emitido en el expediente 702/2015, le fue notificado el treinta de abril de dos mil veintiuno, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado. Por tanto, tomando en consideración que lo declarado por el ocursante fue en forma expresa y bajo la formal "protesta de decir verdad", y que por disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los hechos manifestados por el promovente constituyen una confesión expresa. Ahora bien, los artículos 34 y 35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establecen lo siguiente: "ARTICULO 34. Si las partes o sus procuradores no concurran al Tribunal o Juzgado en el día y horas a que se refiere el artículo anterior, el Actuario remitirá ese mismo día al "Diario Oficial", para su publicación, una lista de los asuntos no notificados personalmente y con esta publicación quedarán hechas legalmente las notificaciones respectivas, surtiendo sus efectos desde la fecha en que aparezca publicada la lista. Se hará constar en el expediente el número y fecha del periódico en que se hizo la publicación." "ARTICULO 35.- Las listas de notificación contendrán el nombre y apellido de las partes o sus procuradores, indicarán el nombre de la persona o personas a quienes se les notifica, el número de expediente o toca, el tipo de procedimiento y la resolución que se notifique, la autoridad que la emite y la fecha en que se dictó." De lo anterior, se obtiene que la notificación realizada el treinta de abril de dos mil veintiuno, por medio de Diario Oficial, surtió sus efectos el mismo día en que se practicó, en atención a la regla contenida en el numeral 34 previamente transcrito, que rige al acto que se reclama, por tratarse de un juicio en el que se aplicó la legislación civil del ámbito común. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del referido numeral, la notificación surtió efectos el mismo día en que se realizó, por haberse hecho mediante una publicación realizada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, aplicando la primera regla establecida por el artículo 18 de la Ley de Amparo, resulta que el término de quince días para el ejercicio del juicio de amparo, empezó a contarse a partir del día hábil siguiente, es decir, el tres de mayo de dos mil veintiuno, feneciendo el veinticuatro de mayo siguiente. Debiendo descontar de dicho cómputo los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo del año en curso, por tratarse de sábados y domingos; así como el cinco del referido mes y año, por ser inhábil, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que al haber sido presentada la demanda de amparo veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, es inconcuso que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por ende, se ha consentido tácitamente la resolución que se reclama, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto no nos encontramos en alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 20 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, ni de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyo caso la demanda puedo promoverse en cualquier tiempo. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veinticinco de mayo del presente año, según se desprende de la boleta de turno, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 216152, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sin que lo aquí determinado, cause perjuicio alguno a los derechos de los menores impetrantes del amparo, pues en el caso de que la resolución que se dicte en el incidente de cambio de custodia resulte adversa a sus intereses, se encontraran en aptitud de interponer en su contra el medio de impugnación correspondiente, por conducto de su progenitor. En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia: "Localización: Jurisprudencia: I.1o.A. J/4 Novena Época Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Tomo: VII del mes de mayo de 1998 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada de conformidad con el artículo 27 y 29 de la ley de amparo....Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL MENOR. En principio, es menester señalar que en el presente asunto están involucrados dos menores de edad, y que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, toda vez que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4º, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de resguardar la identidad de los niños, este Juzgador determina como medida para proteger la intimidad de los menores que, tal como se realizó en la cuenta que antecede, en lo subsecuente se supriman de este juicio sus nombres, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlos; de ahí que únicamente se proceda a citarlos por sus iniciales R.M.F.L. y M.J.F.L. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta, se tiene a ROQUE ***, en representación de sus menores hijos R.M.F.L. y M.J.F.L., solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con sede en esta ciudad. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese con el número 896/2021-VI-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD Asimismo, se reconoce la personalidad del ocursante, en términos de las actas de nacimiento que acompaña para tal efecto. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción IV, 110, 112 y 114, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les realice del presente proveído, cumplan con lo que a continuación se requiere: Deberá precisar si lo que pretende es promover la demanda por su propio derecho y en representación de los menores, o bien, si son los menores de edad de iniciales R.M.F.L. y M.J.F.L., los que de manera directa promueven la demanda de amparo; ello, pues del proemio de la demanda se desprende que el promovente, insta el presente juicio constitucional de conformidad con los artículos 6° y 8° de la Ley de Amparo, los cuales, atendiendo a que se trata de su progenitor, no son aplicables al caso en concreto. En ese sentido, además, deberá aclarar el motivo por el que solicita ".se nombre a mi nieta (sic) M.J.F.L., un representante especial de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 8° de la Ley de Amparo, para poder tener legitimación para llevar la sustanciación del presente juicio de amparo y darle las facultades más amplias que en derecho procedan.", pues se reitera, dicho numeral resulta aplicable cuando el menor de edad solicita el amparo sin la intervención de su legítimo representante. Señale en forma clara y precisa el acto que le reclama a la autoridad responsable, pues en el apartado correspondiente, se advierte que señaló: ".el acuerdo de 27 de abril del año 2021, dictado por la titular del Juzgado Primero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 502/2017, por medio del cual restringe nuestros derechos de ser escuchados, bajo una deficiente e ilegal resolución.", sin embargo, se omite completamente precisar de qué forma la autoridad responsable restringió el derecho de los menores a ser escuchados. En efecto, de la lectura de la demanda, no se desprende si la trasgresión al derecho fundamental que defiende la parte quejosa, deriva de la omisión de la responsable de pronunciarse respecto a la escucha de los menores que le fuera solicitada, o bien, si expresamente determinó que tal actuación resultaba improcedente. Esto es, se omitió categóricamente señalar cuál es la actuación específica que llevó a cabo -o en su caso, dejó de realizar- la citada responsable, y que trae consigo la trasgresión a los derechos fundamentales de los menores; lo cual al no precisarse resulta confusa e insuficiente su demanda. Finalmente, deberá precisar la fecha de notificación o del conocimiento que tuvieron del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, que por esta vía reclama. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos efectuados (4), dentro del plazo otorgado (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. PRECISIÓN DE COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO. Asimismo, la parte quejosa deberá exhibir con su ocurso aclaratorio, las copias del mismo que sean necesarias para la adecuada tramitación del presente juicio, en su caso, CINCO copias, para correrle traslado a las partes, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para correr traslado a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, otra más para la autoridad responsable, otra más para la tercera interesada, y dos más para el incidente se suspensión que solicitó. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro parte, en cuanto a la solicitud que realiza de que las notificaciones del presente juicio se realicen vía electrónica, no ha lugar a su petición, toda vez que no proporciona nombre de usuario respectivo, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia; eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES). En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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