Rosa Aurora Bedian Jimenez

Expediente 616/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
616/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • Rosa Aurora Bedian Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Acúsese recibo del oficio número 4277/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en este circuito, al que anexa el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el once de julio de dos mil diecinueve, dentro del conflicto competencial 14/2019, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial planteado, por los órganos contendientes. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para conocer de la demanda de amparo promovida por ****." Finalmente, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa y el duplicado de los cuadernillos incidentales son susceptibles de destrucción, más no así el cuaderno original el cual es susceptible de depuración, dado que se sobreseyó el presenta asunto, y se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial declinado por este Órgano Concentrado de Control Constitucional.

  3. Principal

    Acúsese recibo del oficio número 18058/2019 signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, al que acompaña el juicio de amparo V-616/2019-2 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual comunica que en proveído de diecinueve de junio pasado, dicho Juzgado rechazó la competencia territorial en función del lugar de pago de la pensión jubilatoria planteada por este juzgador, por las razones que ahí indica. Ahora bien, en el presente caso, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, no comparte el criterio sostenido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en su auto de diecinueve de junio en curso; por ende, se insiste en declinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, por las consideraciones expuestas en el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado por este Órgano Jurisdiccional. A mayor abundamiento debe decirse que, este Tribunal fundó la incompetencia en estudio, en atención a la naturaleza del acto reclamado, que se hace consistir en la aplicación de la unidad de medida de actualización (UMA) en la pensión número 1279131 de la quejosa ********************, la cual le fue otorgada por la Delegación Estatal en Tabasco, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que de los comprobantes de pago correspondientes al mes de febrero de 2017, 2018 y 2019, se desprende como código postal del lugar de pago el 86750, perteneciente al Estado de Tabasco, y el pago se radicó en sucursal Bancomer Tabasco, donde también tiene su reticencia la autoridad señalada como responsable, de donde se determina que el acto impugnado tiene ejecución en dicha entidad federativa, máxime que del escrito de demanda no se desprende que la impetrante tenga su domicilio particular en esta ciudad. Ahora, como en el particular el acto que se reclama en esta vía lo es atendido a lugar de ejecución del acto reclamado, tiene sustento la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." De ahí que este Juzgado de Distrito sostiene que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, debe ser en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa. Por ello, al considerar el suscrito que se surte la hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual la competencia para conocer de un juicio de amparo corresponde al juez federal en cuya jurisdicción se llevará a cabo los efectos del acto reclamado, que como se ha visto pretende ser realizado en el ámbito territorial que la compete a los Juzgados de Distrito en el Estado de Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la Materia, y en apego al acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en turno de este Circuito, para lo que a bien tenga resolver.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-616/2019-2. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado la aplicación de la unidad y medida de actualización (UMA), en su pensión, otorgada por la Delegación Estatal de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda..." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda:  La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;  La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y  La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. En el presente la quejosa reclama la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en su pensión número -, otorgada por la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora bien, de las constancias aportadas por la impetrante de amparo a su demanda de amparo consistente en la pensión otorgada por la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los anexos exhibidos con su escrito de demanda, consistentes en los comprobantes de pago correspondientes a los meses de febrero de 2017, 2018 y 2019, se desprende como código postal del lugar de pago el - y de la certificación de cuenta se advierte que dicho código pertenece al Estado de Tabasco, y el pago se radicó en sucursal Bancomer Tabasco, donde también tiene su residencia la autoridad señalada como responsable, de donde se determina que el acto impugnado tiene ejecución en dicha entidad federativa, máxime que del escrito de demanda no se desprende que la impetrante tenga su domicilio particular en esta ciudad, pues si bien es cierto, proporcionó domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, empero, en el punto número "I", relativo al nombre y domicilio del quejoso únicamente asentó que los mismos ya habían quedado expresados, y de los anexos exhibidos no se advierte dato alguno en tal sentido. Por lo anterior, se concluye que la aplicación de las unidades de medida y actualización (UMA) diarios a su pensión por la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye un acto que se materializó en el ámbito privado de la quejosa pensionada en el lugar de pago que refiere el código postal indicado en los recibos de pago respectivos, ubicado en el Estado de Tabasco, lo que se corrobora con la constancia de concesión de pensión que anexó a su demanda, en donde se precisó como Institución de pago, Sucursal Bancomer Frontera, Tabasco; en ese sentido se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, si el lugar de pago registrado se ubica en el Estado de Tabasco; entonces, la ejecución material del acto reclamado será en dicho Distrito Judicial, y corresponde conocer de la demanda de amparo de mérito al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villa Hermosa, en turno, por ser el que ejerce jurisdicción en dicho territorio, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la presente demanda a dicho similar, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Por similitud, cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 1397, Décima Época, registro 2019174, libro 63 de 2019, Tomo II, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federaciónhttp://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a - quien tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se desprende de la certificación de cuenta; asimismo, se faculta a las restantes personas que refiere para imponerse de autos a las diversas personas que señala, por así solicitarlo.

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