Rosa Amelia Carvajal Rangel

Expediente 342/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
342/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Rosa Amelia Carvajal Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del expediente relativo al toca I-49/2018 y cuadernillo incidental 996/2014 de su índice, mismo que le fue remitido mediante auto de cinco de julio de la presente anualidad.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, dos de mayo de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que********************, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el seis de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita, pues se desechó de plano la presente demanda de amparo Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia 308/2018, autos originales relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria 996/2014, incidente de reducción de pensión alimenticia y toca de apelación I-49/2018; mediante el cual informa que en acuerdo de diecisiete de los actuales, dicha Superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, en tales condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-342/2018-1. Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- del C. Magistrado de la Octava Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, se reclama la Sentencia Definitiva de fecha 27 febrero de 2018, dictada dentro del Toca 1-49/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto de mi parte en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, dentro del Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en el Emplazamiento, derivado de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número -que sobre el pago de alimentos promovido de mi parte. ." Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Luego, como ya quedó precisado, el acto reclamado lo constituye la sentencia de veintisiete de febrero pasado, emitida por el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca I-49/2018, misma que confirmó la interlocutoria de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento promovido por la aquí quejosa; se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en ese procedimiento; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. Por tanto, resulta evidente que la resolución reclamada, no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, virtud a que hasta este momento, no es posible determinar si el sentido en que se resuelva en el juicio principal de donde deriva la citada incidencia, la cual pudiera no ser contraria a sus intereses; por tanto, no tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de garantías, y no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. Así se considera, pues el hecho de que el Magistrado responsable, haya confirmado la sentencia que resolvió el incidente sobre defecto en el emplazamiento, al considerar que se cumplió con la finalidad del emplazamiento que es hacer del conocimiento a determinada persona la existencia de un litigio enderezado en su contra, siendo una cuestión respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, ha sostenido que si la parte demandada da contestación en tiempo y forma a ésta, los vicios que en su caso pudiera contener el emplazamiento que se les realizó, quedan compurgados, en virtud de que esa diligencia cumplió con su principal cometido que es el de hacer saber a la parte reo la existencia del juicio instaurado en su contra. Por ello, no tiene sobre la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, además de que si así fuera, esa cuestión como se adelantó está sujeta a la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, -en el caso de que obtuviera una resolución desfavorable en el juicio natural-, estaría en aptitud legal de interponer en su caso los recursos ordinarios de defensa, o bien, el amparo directo en contra de la resolución que resolviera en definitivo el controvertido natural, haciendo valer la violación procedimental que hoy es motivo del reclamo constitucional, en el supuesto de que ésta trascendiera al resultado del fallo, por lo que, se insiste, el acto que hoy reclama la impetrante, no es factible de reclamarse en el juicio de amparo indirecto, sino que en su oportunidad deberá de ser materia de un juicio de amparo uniinstancial. Tiene aplicación al caso particular, por similitud jurídica la Jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 744, Libro XIX, Tomo 1, del mes de abril de 2013, décima época, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". También es aplicable al caso, la jurisprudencia número 13, que de Novena Época, ha emitido el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, y que se encuentra localizable en la página 538, del Tomo III, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y seis, que es del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION.- Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Así como la diversa tesis jurisprudencial número 48/2016, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese orden de ideas, se determina que el acto aquí reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado el acto que reclama la parte quejosa, se trata de la sentencia de veintisiete de febrero pasado, emitida por el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca I-49/2018, misma que confirmó la interlocutoria de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento promovido por la aquí quejosa; lo que evidencia que no es de aquellos actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, cuyos efectos pueden destruirse si obtiene resolución favorable sobre dicha solicitud, con lo cual las consecuencias de la posible violación, se extinguirían en la realidad sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la impetrante de garantías y sin dejar huella en su esfera jurídica. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado para tal efecto e imponerse de los autos a las diversas personas que indica. Notifíquese personalmente.

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