Rosa Armida Olmos Blanco

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Rosa Armida Olmos Blanco
  • Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 759/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diez de enero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa Armida Olmos Blanco, para los efectos siguientes: "(.) se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Rosa Armida Olmos Blanco, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1019/2022 su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado. b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario Sergio Rosas Gamboa, así como de Rosa Armida Olmos Blanco, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, siguiendo los lineamientos establecidos en ésta resolución (.)" Mediante proveído de dieciséis de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de diez de enero de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 86 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada de la resolución de seis de enero del presente año, dictada en el expediente 1019/2022 de su índice estadístico. De la resolución anteriormente referida, se advierte que en cumplimiento al fallo amparador otorgado a la quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, el juez responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el demandado -aquí tercero interesado- previsto en el artículo 210, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En primer término, el juez puntualizó que los alimentos provisionales que se fijan en los juicios respectivos, constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienen a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva. Así mismo, que conforme al artículo 210 del código procesal anteriormente citado, cualquier reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, se resolverá previa vista que se dé a la parte contraria del reclamante, tomándose en consideración única y exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obre hasta el estadio procesal, sin que se prevea la posibilidad de valorar otro medios de convicción respecto de los cuales requieran especial desahogo. En primero término, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el acreedor alimentario, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales y documentos exhibidos por ambas partes. Ahora, una vez actualizados los requisitos para ejercer la acción de alimentos, esto es, se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar la pensión alimenticia, se deberá atender lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establece que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos; así como la obligación que existe entre los cónyuges, conforme lo previsto en el numeral 233 del citado código civil. Resultado del análisis de las documentales aportadas, el juez responsable, tuvo por acreditado la existencia de la afinidad entre los cónyuges, con la copia certificada del acta de matrimonio número 293 con fecha de registro de trece de abril del año mil novecientos sesenta y siete, expedida por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, la cual fue exhibida por la actora, y al cual le otorgó valor probatorio conforme a lo establecido por los diversos 235 fracción II, 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil, de donde resulta el derecho de la misma a percibir alimentos por parte de su cónyuge. Acto seguido, el juez procedió al análisis de proporcionalidad conforme los numerales 242, en relación con el diverso 233, del multicitado código civil, determinando improcedente la reclamación interpuesta por el recurrente Sergio Rosas Gamboa. De la ponderación de los hechos narrados por la actora y medios de convicción ofertados por ésta, el juez tuvo por acreditado de forma indiciaria la presunción que tiene la actora de percibir el rubro de alimentos por parte de su cónyuge, que se trata de una persona de la tercera edad, que contrajo matrimonio cuando ella contaba con diecisiete años de edad, que derivado del matrimonio procreó tres hijos quienes actualmente son mayores de edad, que se encuentra enferma, por lo que requiere estudios y revisión médica los cuales realiza de forma particular, ya que le fue suspendida la atención médica que le proporcionaba el demandado a través del Hospital de Pemex de esta ciudad, así también se justificaron los pagos que realiza por conceptos de habitación del inmueble que ocupa, y que no realiza ninguna actividad laboral remunerativa, por lo que estableció el porcentaje del cuarenta por ciento en el proveído de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Ahora respecto a lo manifestado por el recurrente, en el sentido que la pensión alimenticia provisional incumple con la proporcionalidad ya que se encuentra divorciado de la actora al haberse disuelto el vínculo matrimonial por sentencia de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia de este distrito judicial, dentro de los autos del expediente 2553/98, ordenándose la cancelación de la pensión alimenticia establecida dentro del juicio civil número 2975/95 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz. El juez responsable determinó que dicha circunstancia no puede ser materia de estudio en el recurso que se provee, toda vez, que el análisis de la acción que viene ejercitando la actora como cónyuge compete al dictado de la sentencia y no en esta etapa procesal, en la que únicamente se debe analizar si la pensión alimenticia establecida cumple con la proporcionalidad que establece el numeral 242 del Código Civil del Estado. De los elementos de pruebas aportados en el sumario, se advierte que las partes hasta antes de la disolución del vínculo matrimonial, estuvieron viviendo juntos por un periodo de más de treinta años aproximadamente, que cuando contrajeron matrimonio la actora tenía diecisiete años y se dedicaba al hogar, y el demandado contaba con veinticinco años además de que realizaba un actividad laboral en la empresa Petróleos Mexicanos y que en la actualidad él tiene la calidad de jubilado. Con lo antes señalado, se vislumbra el estado de desigualdad en que se encuentra la acreedora alimentaria, que es una persona de la tercera edad quien cuenta con la edad de setenta y dos años, sin ingresos propios y padeciendo diversas enfermedades propias de la edad de adulto mayor, sin que cuente con el servicio público de una institución de salud. En contraste con lo anterior, si bien el recurrente cuenta con una edad aproximada de ochenta años, quien de igual manera debe contar con enfermedades propias de la edad, a diferencia de la actora, él si cuenta con el rubro de servicio médico, al ser jubilado de la empresa Petróleos Mexicanos, además de percibir la cantidad de $14,949.76 (catorce mil novecientos cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.), que por concepto de deducciones se le efectuaron la cantidad de $6,339.90 (seis mil trescientos treinta y nueve pesos 90/100 M.N.), que de esa deducción el concepto de pensión alimenticia que percibe la actora es por la cantidad de $5, 979.90 (cinco mil novecientos setenta y nueve 90/100 M.N.), quedándole al demandado una cantidad neto a pagar por la suma de $8,609.86 (ocho mil seiscientos nueve pesos 86/100 M.N.) para solventar sus propios gastos por concepto de alimentos. Aunado a lo anterior, el recurrente no acredita a cuánto asciende los gastos que él eroga, ni así que la pensión provisional establecida se contraponga con su capacidad económica, además que no es factible determinar el entorno social en que se desenvuelven las partes al no contarse con los elementos suficientes para ello. Asimismo, la actora desde el año de mil novecientos noventa y cinco estuvo percibiendo pensión alimenticia por parte del recurrente hasta que se disolvió el vínculo matrimonial entre ellos, que la actora no realizaba una actividad en el mercado laboral, circunstancia diversa en la que se encuentra el demandado, por tanto se advierte una relación asimétrica entre los partícipes, y que se cuenta con un desequilibrio económico en perjuicio de la parte actora. En ese contexto, y atendiendo a su deber de impartir justicia con base a una perspectiva de género, cuando existan situaciones que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, el juez responsable justificó el estado de necesidad de la parte acreedora alimentaria, el vínculo familiar entre ambos y la capacidad económica del deudor, a efecto de cumplir con la obligación de fijar la pensión alimenticia en base al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado. Por último, si bien el demandado acreditó que entre él y la actora ya no existe vínculo matrimonial, máxime que él se encuentra actualmente unido en matrimonio con una diversa persona, hasta el momento procesal en el que se encuentran no resulta ser el medio idóneo para justificar que ésta última dependa económicamente del demandado, ya que no se cuenta con la manifestación de Elvira Molina de que ella requiera el rubro de alimentos por parte de su cónyuge, máxime que del acta de matrimonio exhibido, Elvira Molina confesó ser empleada; por tanto, el juez determinó que el agravio manifestado por el demandado resulta improcedente para tener por acreditado que él cuente con otra acreedora más que la que figura en el juicio presente. En consecuencia, de acuerdo a los medios de convicción exhibidos por las partes contendientes, así como al principio de proporcionalidad en término de los que disponen en los numerales 242 y 239 del Código Civil del Estado, el juez responsable determinó improcedente la Reclamación planteada y, CONFIRMÓ el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, consistente en el 40% (CUARENTA POR CIENTO) ello es así atendiendo al razonamiento lógico jurídico indicados en párrafos que antecede. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo; esto es, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 1019/2022, y en su lugar, emitió otra, y derivado del análisis de todos los elementos para valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad establecido en los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado, determinó improcedente la Reclamación planteada y, CONFIRMÓ el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, consistente en el 40% (CUARENTA POR CIENTO). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de ocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 30 a 33 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diez de enero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa Armida Olmos Blanco, para los efectos siguientes: "(.) se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Rosa Armida Olmos Blanco, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1019/2022 su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado. b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario Sergio Rosas Gamboa, así como de Rosa Armida Olmos Blanco, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, siguiendo los lineamientos establecidos en ésta resolución (.)" Mediante proveído de dieciséis de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de diez de enero de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 86 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada de la resolución de seis de enero del presente año, dictada en el expediente 1019/2022 de su índice estadístico. De la resolución anteriormente referida, se advierte que en cumplimiento al fallo amparador otorgado a la quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, el juez responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el demandado -aquí tercero interesado- previsto en el artículo 210, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En primer término, el juez puntualizó que los alimentos provisionales que se fijan en los juicios respectivos, constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienen a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva. Así mismo, que conforme al artículo 210 del código procesal anteriormente citado, cualquier reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, se resolverá previa vista que se dé a la parte contraria del reclamante, tomándose en consideración única y exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obre hasta el estadio procesal, sin que se prevea la posibilidad de valorar otro medios de convicción respecto de los cuales requieran especial desahogo. En primer término, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el acreedor alimentario, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales y documentos exhibidos por ambas partes. Así, una vez que se considere actualizados los requisitos para ejercer la acción de alimentos, esto es, se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar la pensión alimenticia, se deberá atender lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establece que los alimentos deben de ser proporcionados a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos; así como la obligación que existe entre los cónyuges, conforme lo previsto en el numeral 233 del citado código civil. Resultado del análisis de las documentales aportadas, el juez responsable, tuvo por acreditado la existencia de la afinidad entre los cónyuges, con la copia certificada del acta de matrimonio número 293 con fecha de registro de trece de abril del año mil novecientos sesenta y siete, expedida por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, la cual fue exhibida por la actora, y al cual le otorgó valor probatorio conforme a lo establecido por los diversos 235 fracción II, 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil, de donde resulta el derecho de la misma a percibir alimentos por parte de su cónyuge. Acto seguido, el juez procedió al análisis de proporcionalidad conforme los numerales 242, en relación con el diverso 233, del multicitado código civil, determinando improcedente la reclamación interpuesta por el recurrente Sergio Rosas Gamboa. De la ponderación de los hechos narrados por la actora y medios de convicción ofertados por ésta, el juez tuvo por acreditado de forma indiciaria la presunción que tiene la actora de percibir el rubro de alimentos por parte de su cónyuge, que se trata de una persona de la tercera edad, que contrajo matrimonio cuando ella contaba con diecisiete años de edad, que derivado del matrimonio procreó tres hijos quienes actualmente son mayores de edad, que se encuentra enferma, por lo que requiere estudios y revisión médica los cuales realiza de forma particular, ya que le fue suspendida la atención médica que le proporcionaba el demandado a través del Hospital de Pemex de esta ciudad, así también se justificaron los pagos que realiza por conceptos de habitación del inmueble que ocupa, y que no realiza ninguna actividad laboral remunerativa, por lo que estableció el porcentaje del cuarenta por ciento en el proveído de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Ahora respecto a lo manifestado por el recurrente, en el sentido que la pensión alimenticia provisional incumple con la proporcionalidad ya que se encuentra divorciado de la actora al haberse disuelto el vínculo matrimonial por sentencia de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia de este distrito judicial, dentro de los autos del expediente 2553/98, ordenándose la cancelación de la pensión alimenticia establecida dentro del juicio civil número 2975/95 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz. El juez responsable determinó que dicha circunstancia no puede ser materia de estudio en el recurso que se provee, toda vez, que el análisis de la acción que viene ejercitando la actora como cónyuge compete al dictado de la sentencia y no en esta etapa procesal, en la que únicamente se debe analizar si la pensión alimenticia establecida cumple con la proporcionalidad que establece el numeral 242 del Código Civil del Estado. Asimismo el juzgador considero que de los elementos de pruebas aportados en el sumario, se advierte que las partes hasta antes de la disolución del vínculo matrimonial, estuvieron viviendo juntos por un periodo de más de treinta años aproximadamente, que cuando contrajeron matrimonio la actora tenía diecisiete años y se dedicaba al hogar, y el demandado contaba con veinticinco años además de que realizaba un actividad laboral en la empresa Petróleos Mexicanos y que en la actualidad él tiene la calidad de jubilado. Con lo antes señalado, indicó que se vislumbra el estado de desigualdad en que se encuentra la acreedora alimentaria, que es una persona de la tercera edad quien cuenta con la edad de setenta y dos años, sin ingresos propios y padeciendo diversas enfermedades propias de la edad de adulto mayor, sin que cuente con el servicio público de una institución de salud. Manifestó que en contraste con lo anterior, si bien el recurrente cuenta con una edad aproximada de ochenta años, quien de igual manera debe contar con enfermedades propias de la edad, a diferencia de la actora, él si cuenta con el rubro de servicio médico, al ser jubilado de la empresa Petróleos Mexicanos, además de percibir la cantidad de $14,949.76 (catorce mil novecientos cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.), que por concepto de deducciones se le efectuaron la cantidad de $6,339.90 (seis mil trescientos treinta y nueve pesos 90/100 M.N.), que de esa deducción el concepto de pensión alimenticia que percibe la actora es por la cantidad de $5, 979.90 (cinco mil novecientos setenta y nueve 90/100 M.N.), quedándole al demandado una cantidad neto a pagar por la suma de $8,609.86 (ocho mil seiscientos nueve pesos 86/100 M.N.) para solventar sus propios gastos por concepto de alimentos. Aunado a lo anterior, consideró que el recurrente no acredita a cuánto asciende los gastos que él eroga, ni así que la pensión provisional establecida se contraponga con su capacidad económica, además que no es factible determinar el entorno social en que se desenvuelven las partes al no contarse con los elementos suficientes para ello. Asimismo, que la actora desde el año de mil novecientos noventa y cinco estuvo percibiendo pensión alimenticia por parte del recurrente hasta que se disolvió el vínculo matrimonial entre ellos, que la actora no realizaba una actividad en el mercado laboral, circunstancia diversa en la que se encuentra el demandado, por tanto se advierte una relación asimétrica entre los partícipes, y que se cuenta con un desequilibrio económico en perjuicio de la parte actora. En ese contexto, y atendiendo a su deber de impartir justicia con base a una perspectiva de género, el Juzgador consideró que cuando existan situaciones que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, el juez responsable justificó el estado de necesidad de la parte acreedora alimentaria, el vínculo familiar entre ambos y la capacidad económica del deudor, a efecto de cumplir con la obligación de fijar la pensión alimenticia en base al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado. Por último, si bien el demandado acreditó que entre él y la actora ya no existe vínculo matrimonial, máxime que él se encuentra actualmente unido en matrimonio con una diversa persona, el Juez estimó que hasta el momento procesal en el que se encuentran no resulta ser el medio idóneo para justificar que ésta última dependa económicamente del demandado, ya que no se cuenta con la manifestación de Elvira Molina de que ella requiera el rubro de alimentos por parte de su cónyuge, máxime que del acta de matrimonio exhibido, Elvira Molina confesó ser empleada; por tanto, el juez determinó que el agravio manifestado por el demandado resulta improcedente para tener por acreditado que él cuente con otra acreedora más que la que figura en el juicio presente. En consecuencia, de acuerdo a los medios de convicción exhibidos por las partes contendientes, así como al principio de proporcionalidad en término de los que disponen en los numerales 242 y 239 del Código Civil del Estado, el juez responsable determinó improcedente la Reclamación planteada y, CONFIRMÓ el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, consistente en el 40% (CUARENTA POR CIENTO) ello es así atendiendo al razonamiento lógico jurídico indicados en párrafos que antecede. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo; esto es, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 1019/2022, y en su lugar, emitió otra, y derivado del análisis de todos los elementos para valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad establecido en los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado, determinó improcedente la Reclamación planteada y, CONFIRMÓ el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, consistente en el 40% (CUARENTA POR CIENTO). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de ocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 30 a 33 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa tercera interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos, el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa tercera interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

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