Romina Alejandra Castro Zamudio

Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
985/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Romina Alejandra Castro Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda; asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos los autos para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 985/2023 y, RESULTANDO ÚNICO. ********************, promovió amparo contra actos de la autoridad responsable que enseguida se enuncia, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO JUEZ DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE FAMILIA 18 NIEGA VERACRUZ, VERACRUZ De quien reclamó: La dilación en la diligenciación del exhorto 540/2022 emitido por el Juez Octavo Especializado en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, la cual tocó conocer al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. En auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado negó la suspensión provisional del referido acto, solicitó informe previo a la autoridad responsable, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Al no existir más pruebas, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, negó la existencia de los actos reclamados. La inexistencia referida, deriva de que la autoridad mencionada, al rendir su informe previo en representación de la autoridad citada, negó la certeza de los actos a ella reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. En consecuencia, ante la negativa expresa de la autoridad responsable mencionada, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Máxime que el juez responsable refirió en su respectivo informe que la quejosa se encuentra interna en el Centro de Readaptación Social de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". No obsta lo anterior, que el juez refiere que el veinticuatro de noviembre del año pasado, libró despacho 452/2022 al juez municipal de La Antigua, Veracruz, para la diligenciación solicitada por el órgano jurisdiccional de la ciudad de Xalapa, Veracruz; y el ocho de septiembre de este año, devolvió las actuaciones al juzgado exhortante mediante correspondencia oficial de fecha veintiséis de septiembre de esta anualidad; por tanto, al momento de la presentación de la demanda no existía la omisión que le atribuye la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el citado considerando. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual rinde informe previo. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de cuenta; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable el 1. Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante oficio STPSP/JLCA/JE9/737/2023, de ocho de septiembre de la presente anualidad dictó proveído de esa misma fecha en el que tuvo a la parte demandada en el juicio laboral de origen ******************** promoviendo incidente de nulidad del emplazamiento, por lo que señaló como fecha para la celebración de una audiencia de pruebas y alegados las once horas con treinta minutos del día dos de octubre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya informado lo relativo a dicha audiencia y, por ende, a las gestiones de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan copia certificada, integra y legible, de las constancias que acrediten el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su caso, las gestiones que para tal efecto se encuentre realizando. Lo anterior, siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dé cabal cumplimiento a la misma, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que se hará efectivo el apercibimiento establecido en el proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del secretario de acuerdos del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, se le tiene informando que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, el que radicó bajo el número ******************** de ese índice, el cual fue turnado para su estudio a la ponencia correspondiente. En consecuencia, estese en espera de que el referido Pleno dilucide el conflicto competencial de que se trata y resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

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