Rosa Angelica Martinez Linares
Expediente 970/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosa Angelica Martinez Linares
- Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia En el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite vía electrónica el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de febrero del año en curso, informa que se avocó del conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rosa Angélica Martínez Linares, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y de otras autoridades. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, misma que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosa Angélica Martínez Linares, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y de otras autoridades, remitiendo los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Valles San Luis Potosí, sin que a la fecha hayan informado lo relativo. Ahora bien, toda vez que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, conocer de dicha incompetencia, habiendo registrado el expediente respectivo bajo el número de control interno 40/2021; por tanto, a fin de acordar lo relativo al archivo de este juicio, gírese atento oficio al citado órgano jurisdiccional, a fin de que se sirva informar el trámite que hubiese dado a la incompetencia planteada y remita el acuse de recibo de estilo, respecto del oficio 852/2021 por el que se remitió el expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa Rosa Angélica Martínez Linares, con siete copias que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el quince de enero del año en curso; en atención a su contenido, se provee: Vista la demanda de amparo y los escritos aclaratorios y en términos de lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, conforme con las consideraciones siguientes. El aludido precepto legal establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo transcrito se pone en evidencia que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, en el caso del juicio de amparo, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé tres supuestos básicos para que los Jueces de Distrito conozcan de un juicio, a saber. 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. En la especie, del estudio integral de los escritos de demanda y aclaratorios se colige que la parte quejosa señala como responsables a las autoridades que enseguida se mencionan, a las que reclama los actos que también se precisan: 1) Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí; autoridad a la que si bien señala como ordenadora, también precisa que la citada responsable con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictó sentencia en el toca de apelación 355- 2018; resolución esta última, a la que no se ha dado cumplimiento. 2) Juez de Primera Instancia de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, al que le atribuye en esencia, el incumplimiento a la sentencia emitida por dicha Sala, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 355-2018, ordenado por el propio Juez en acuerdos de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y trece de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Civil por Petición de Herencia número 186/2017, de su índice. Asimismo, la resolución emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, por el aludido Juez, como consecuencia de la acumulación solicitada por la propia quejosa y acordada por el Juez responsable en el expediente 203/2017 Juicio Ordinario civil por Reconocimiento de Paternidad, que se acumuló al 186/2017 ya citado y que refiere, se traduce en el incumplimiento a la resolución de dieciocho de junio de dos mil dieciocho dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 3) Fiscalía General del Estado, a través de su Vicefiscal Científico doctor Jesús Nieto Cid del Prado, a quien atribuye la emisión del oficio DSP/01813/2020 de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que informó no estar en posibilidad de desahogar la prueba de ADN ordenada en los autos del juicio de origen, en cumplimiento a lo ordenado por la citada Sala responsable. Ahora bien, de los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, expresados por la promovente, se desprende lo siguiente: 1. Que el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la promovente promovió por la vía ordinaria civil, Juicio de Petición de herencia, en contra de la albacea y herederas Luz Arely Rocha Zarate y Prissilla Jaset Flores Rocha, admitiéndose dicha demanda y registrándose bajo el número 186/2017. 2. Con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable dictó sentencia, en la que refiere la quejosa, se negó el estudio y resolución, por lo que la ahora promovente promovió recurso de apelación. 3. Dicho recurso de apelación fue resuelto el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del toca de apelación 355-2018, que determinó revocar la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia, dejar insubsistente la sentencia de trece de marzo de dos mil dieciocho y reponer el procedimiento para el efecto de que el Juez responsable decrete de manera oficiosa el desahogo de los medios de prueba necesarios, para los efectos que precisó en dicho fallo. 4. Posteriormente, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez responsable dictó un auto en el que dejó insubsistente la sentencia de trece de marzo del citado año y ordenó el desahogo de las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ordenadas por la superioridad, haciendo lo propio en diverso proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la que acordó lo propio en relación a la prueba pericial en materia de genética ofrecida por la quejosa, a fin de recabar la pericial de ácido desoxirribonucleico (ADN). 5. Asimismo la promovente solicitó ante el Juez responsable la acumulación del diverso expediente 203/2017 relativo al Juicio Ordinario civil por Reconocimiento de Paternidad Postmortem, que se tramita en el mismo juzgado al expediente 186/2017, respecto de lo que con fecha siete de octubre de dos mil veinte, dicho juez manifestó su conformidad con dicha petición. Sin embargo, al inconformarse la parte demandada en ese juicio, con dicha determinación y presentar recurso de revocación, éste fue resuelto el diez de noviembre de dos mil veinte, determinándose la suspensión del procedimiento en el expediente 186/2017 y no obstante la aquí quejosa presentó ante el Juez responsable escrito de desistimiento de la acción en el expediente 203/2017, el mismo le fue negado por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte. De ahí que considera la parte quejosa, que con tales acciones, el Juez de Primera Instancia de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, ha incumplido con la sentencia emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 355-2018, no obstante haberlo ordenado el propio Juez, mediante determinaciones de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y trece de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciadas dentro del Juicio Ordinario Civil por Petición de Herencia número 186/2017, de su índice. Por lo que tal actuar de la responsable en cita, es la que constituye el acto reclamado. Ahora bien, en el caso a estudio la suscrita considera que, dadas las características y naturaleza del acto que por esta vía se reclama, así como los antecedentes narrados en la demanda constitucional y en los escritos aclaratorios, la regla de competencia que aquí interesa es la señalada en el punto 1, por lo que el Juez competente para conocer del amparo que en su contra se promueva, será el del lugar en donde tenga verificativo su ejecución. Se afirma lo anterior, puesto que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten; ello es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Luego, en el caso, el acto concretamente reclamado es la falta de cumplimiento y ejecución por parte del Juez de Primera Instancia de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, de la sentencia de segunda instancia, dictada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro del toca 355-2018 por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Es decir, que la resolución combatida no es un acto de naturaleza meramente declarativa, sino que implica analizar las omisiones en que, señala la quejosa, ha incurrido la responsable Juez de Primera Instancia de Ciudad del Maíz y que por ende, deben en su caso, verificarse en dicho municipio, en cumplimiento a la ejecución del fallo emitido por la Cuarta Sala responsable y que esta última ordenó al Juez de Primera Instancia de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, al reponer el procedimiento, dejando insubsistente la sentencia de primera instancia, para el efecto de desahogar diversas probanzas, por lo cual, es evidente que tales actos deben llevarse a cabo ante la citada responsable, es decir, ante la autoridad residente en el municipio de Ciudad del Maíz; de ahí que se estime aplicable en el caso, la hipótesis que prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se concluye que el juicio de amparo debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe cumplirse la resolución emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con independencia de donde resida la sala que emitió la resolución de segunda instancia, pues es innegable que lo que esencialmente reclama la parte quejosa en el presente asunto, es la falta de cumplimiento a dicha determinación, en los autos del expediente 186/2017, por parte del Juez de Primera Instancia de Ciudad del Maíz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.41 K, localizable bajo el registro 162635 y en la página 2288 del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Asimismo, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo registro consta bajo el número 189167 y es visible en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De consiguiente, si los actos que se reclaman deben verificarse en el municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, tomando en consideración que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo conducente expresamente dispone, específicamente en el párrafo segundo, del punto noveno, que los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en este Estado, en los municipios de Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ebano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Rayón, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla, resulta entonces evidente que la suscrita carece de competencia legal para conocer y resolver este juicio constitucional, consecuentemente, procede declinar competencia al Juez de Distrito con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en turno, en términos de lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, deberá remitirse el presente juicio, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para que a su vez se sirva turnarlo al Juzgado correspondiente. Con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita al Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer de este asunto, el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada. Notifíquese personalmente
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 970/2020-VII, se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal por parte de este juzgado y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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