Rosa Alicia Hernández Camarena
Expediente 1148/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosa Alicia Hernández Camarena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, en particular el escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa Rosa Alicia Hernández Camarena reclama del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado y del Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí: 1) la determinación en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 484/2023; y, 2) la omisión de señalar nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia complementaria. Asimismo, el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, al rendir su informe justificado1 , manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. De igual manera, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, en su correspondiente informe justificado2 , señaló que es cierto el acto reclamado, dado que el dieciséis de mayo del presente año, se dictó auto vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa dentro de la causa penal de origen, por el delito de robo calificado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (únicamente esta determinación constituye el acto reclamado). Agregó, que en la audiencia de revisión de medida, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por los motivos que expone. Lo que se corrobora con el disco compacto que acompañó al oficio recibido en este juzgado el veintiséis de octubre del presente año, en el que obra el registro de audio y video de las audiencias celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, lo cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, al ser expedidas por funcionario en ejercicio de sus atribuciones; en las que consta la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro: 2004362, de rubro. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Asimismo, en relación al diverso acto consistente en la omisión de señalar nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia complementaria, a través de la comunicación oficial recibida en este juzgado el diecisiete de octubre del año actual, el Juez responsable precisó y acreditó que el diez de octubre de esta anualidad, emitió el proveído en el que ordenó informar al Fiscal General del Estado que el Agente Fiscal omitió formular acusación en contra de la imputada -aquí quejosa-, dentro del plazo que se le concedió, requiriéndole para que en el término de quince días, se pronuncie respecto a dicha obligación procesal y lo apercibió de que, en caso de no efectuarlo, con fundamento en los artículo 325, último párrafo y 328, del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , dictará el sobreseimiento de la causa penal. Causa de improcedencia De lo anteriormente expuesto se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé lo siguiente: Marco legal "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 3 Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" Interpretación del marco legal De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Caso concreto En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia antes señalada, toda vez que, como quedó asentado, la parte quejosa reclama la determinación a través de la que se le impuso prisión preventiva oficiosa y la omisión de que se señale nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia complementaria. Asimismo, de las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa y, en su lugar, se le impuso la prisión preventiva justificada; además, de que, el diez de octubre de la citada anualidad, actuó en términos del artículo 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, ordenó hacer del conocimiento del Fiscal General del Estado, que el Agente Fiscal no formuló acusación dentro del plazo que le fue concedido y lo apercibió que de no realizar manifestación alguna, dictaría el sobreseimiento de la causa. Por tanto, es claro que los actos reclamados en este asunto, cesaron en sus efectos, por lo que no podría estudiarse la legalidad de los mismos, sin afectar los nuevos pronunciamientos, al haber sido sustituidos procesalmente, como ya se evidenció, de ahí que, como se dijo, se actualice la causa de improcedencia de referencia. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En relación con el mismo tópico conviene precisar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Decisión Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Director del Centro de Prevención y Readaptación Social número 1, pues al no haber sido combatidos por vicios propios, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éstos. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." En consecuencia, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, en particular el escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa Rosa Alicia Hernández Camarena reclama del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado y del Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí: 1) la determinación en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 484/2023; y, 2) la omisión de señalar nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia complementaria. Asimismo, el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, al rendir su informe justificado1 , manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. De igual manera, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, en su correspondiente informe justificado2 , señaló que es cierto el acto reclamado, dado que el dieciséis de mayo del presente año, se dictó auto vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa dentro de la causa penal de origen, por el delito de robo calificado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (únicamente esta determinación constituye el acto reclamado). Agregó, que en la audiencia de revisión de medida, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por los motivos que expone. Lo que se corrobora con el disco compacto que acompañó al oficio recibido en este juzgado el veintiséis de octubre del presente año, en el que obra el registro de audio y video de las audiencias celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, lo cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, al ser expedidas por funcionario en ejercicio de sus atribuciones; en las que consta la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro: 2004362, de rubro. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Asimismo, en relación al diverso acto consistente en la omisión de señalar nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia complementaria, a través de la comunicación oficial recibida en este juzgado el diecisiete de octubre del año actual, el Juez responsable precisó y acreditó que el diez de octubre de esta anualidad, emitió el proveído en el que ordenó informar al Fiscal General del Estado que el Agente Fiscal omitió formular acusación en contra de la imputada -aquí quejosa-, dentro del plazo que se le concedió, requiriéndole para que en el término de quince días, se pronuncie respecto a dicha obligación procesal y lo apercibió de que, en caso de no efectuarlo, con fundamento en los artículo 325, último párrafo y 328, del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , dictará el sobreseimiento de la causa penal. Causa de improcedencia De lo anteriormente expuesto se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé lo siguiente: Marco legal "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 3 Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" Interpretación del marco legal De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Caso concreto En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia antes señalada, toda vez que, como quedó asentado, la parte quejosa reclama la determinación a través de la que se le impuso prisión preventiva oficiosa y la omisión de que se señale nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia complementaria. Asimismo, de las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa y, en su lugar, se le impuso la prisión preventiva justificada; además, de que, el diez de octubre de la citada anualidad, actuó en términos del artículo 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, ordenó hacer del conocimiento del Fiscal General del Estado, que el Agente Fiscal no formuló acusación dentro del plazo que le fue concedido y lo apercibió que de no realizar manifestación alguna, dictaría el sobreseimiento de la causa. Por tanto, es claro que los actos reclamados en este asunto, cesaron en sus efectos, por lo que no podría estudiarse la legalidad de los mismos, sin afectar los nuevos pronunciamientos, al haber sido sustituidos procesalmente, como ya se evidenció, de ahí que, como se dijo, se actualice la causa de improcedencia de referencia. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En relación con el mismo tópico conviene precisar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Decisión Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Director del Centro de Prevención y Readaptación Social número 1, pues al no haber sido combatidos por vicios propios, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éstos. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." En consecuencia, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A MARIO CEBALLO GUDIÑO, PERITO EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA DESIGNADO POR ESTE JUGADO, LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra el dictamen pericial de Mario Ceballos Gudiño, perito designado por este juzgado; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Requerimiento del dictamen En tal virtud, con la finalidad de integrar debidamente el presente expediente, con fundamento en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión al citado profesionista, a efecto de que dé cumplimiento al requerimiento solicitado en autos. En el entendido de que, de no hacer manifestaciones al respecto, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, este juzgado realizará las gestiones correspondientes para designar a un diverso perito a efecto de desahogar la prueba pericial en materia topografía ofertada en el presente juicio. Apercibimiento Asimismo, de ser omiso en manifestar lo conducente, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Notifíquese; hágase personalmente al perito en materia de topografía Mario Ceballos Gudiño
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase por recibido y agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, mediante el cual, en atención al requerimiento de diez de octubre del año en curso, remite copia certificada de la diversa determinación dictada en la causa penal de origen; por lo que se provee: Vista. Con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Requerimiento Ahora, en relación a la manifestación que efectúa en el sentido de que mediante oficio 6337/2023, remitió el disco versátil que contiene la audiencia de treinta y uno de agosto del presente año; dígasele que, como se señaló en proveído de diez del mes y año, en dicho disco obra diversa determinación y no la que refiere. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, se sirva remitir las constancias que acrediten que en el proceso penal RI/SLP/CP-484/2023, el treinta y uno de agosto del presente año, se dejó insubsistente la prisión preventiva oficiosa y, en su lugar, se decretó prisión preventiva justificada en contra de la aquí quejosa, como le fue requerido el diez de octubre de dos mil veintitrés . Apercibimiento Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese
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