Rosa Alicia Landell Arvizu
Expediente 812/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rosa Alicia Landell Arvizu
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria, del que se advierte que en la materia de la revisión administrativa **, se confirmó la sentencia recurrida en la que se negó el amparo en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo de la copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión administrativa *** y los autos originales del juicio de amparo *** del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa por documentos originales, toda vez que no los exhibió. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y al órgano revisor. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito que presenta la parte quejosa, atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida en este asunto. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en la inteligencia que la correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado y en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 812/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintidós minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, quejosa y fiscal federal adscrita-, la demanda de derechos, así como los informes justificados rendidos por la Junta Directiva, el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y el subdirector de Finanzas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales, allegadas por las autoridades responsables y la parte quejosa, así como las páginas de internet y publicaciones del Diario Oficial de la Federación mencionadas en su demanda, así como la inspección judicial; a la par, con la presuncional, instrumental de actuaciones y confesional expresa anunciadas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del instituto responsable, y su jefa de departamento. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas documentales, páginas de internet, publicaciones del Diario Oficial de la Federación, presuncional, instrumental y confesional expresa. Respecto de la prueba de inspección, con fundamento en el primero de los citados preceptos, se desecha al no resultar el medio idóneo para acreditar la existencia del acto reclamado; aunado a que resultaría ocioso el desahogo de ésta, toda vez que las documentales exhibidas por las partes resultan suficientes para resolver la cuestión planteada. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Rosa Alicia Landell Arvizu, contra el acto atribuido a la junta directiva y otras autoridades pertenecientes al ISSSTESON, con sede esta ciudad; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por oficio 12448/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, remitió a la Oficial de Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo promovida por Rosa Alicia Landell Arvizu. Lo anterior, toda vez que en el juicio de amparo 785/2021, de su índice, se puso de relieve la necesidad de conocer por separado los actos tildados de inconstitucionales por la promovente, en razón de que ante una posible concesión del amparo, deberían analizarse de manera particular. Por tanto, sus pretensiones no podían ser analizadas en un solo juicio de amparo, razón por la que con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el homólogo federal ordenó la separación de autos. Se admite demanda. Con motivo de lo expuesto, por acuerdo de veintidós de julio de la anualidad en curso, se admitió a trámite la demanda promovida por Rosa Alicia Landell Arvizu, única y exclusivamente en contra el acuerdo N°8.VI.BIS.2021-SO-714 adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno; asimismo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento. Finalmente, la audiencia constitucional en este juicio, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del acto que se estima inconstitucional tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Acuerdo N°8.VI.BIS.2021-SO-714, adoptado en sesión ordinaria por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tomó conocimiento del incremento de las pensiones y jubilaciones correspondientes al año dos mil veinte; en el sentido de que en marzo de dos mil veinte se aplicó un incremento del tres punto ocho por ciento y en enero de dos mil veintiuno se aplicó el incremento diferencial para llegar al cinco por ciento, quedando todos los pensionados y jubilados con un incremento de cinco por ciento aplicable a dos mil veinte. IV. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la Junta Directiva, el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y el subdirector de Finanzas, todos del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de sus informes justificados; no obstante, de haberlo negado el nombrado en segundo orden, y el tercero no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que al efecto allegó la parte quejosa y la Junta Directiva responsable; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. V. Causas de improcedencia -infundadas- El subdirector de Finanzas y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones responsables, hacen valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV; sin embargo, en virtud de que como ya se dijo en el apartado correspondiente, de las documentales exhibidas por las partes, se advierte la existencia del acto reclamado que se les atribuye. Bajo esa óptica, es infundada la causal de improcedencia invocada por las citadas autoridades responsables. Ahora, en relación con la causal de improcedencia enunciada por la Junta Directiva, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa a que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del acuerdo N°8.XI-2020- SO-708 en sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se autoriza el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte. Es infundada, porque el acto aquí reclamado es el acuerdo N°8.VI.BIS.2021-SO-714, adoptado en sesión ordinaria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, relativo a la corrección del incremento de pensión para el año dos mil veinte; por ello, no puede actualizarse el cambio de situación jurídica, porque la emisión del acto materia de litis constitucional fue creado después del acuerdo N°8.XI-2020- SO-708 y, por ende, no puede ser sustituido por éste. Finalmente, en cuanto a la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, por conducto de la jefa de departamento, indica que la quejosa incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, toda vez que, previó a la interposición de su demanda, debió agotar el recurso administrativo susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. Sin embargo, tal argumento es infundado, no solo porque se limita a enunciar la causal de improcedencia sin realizar mayor razonamiento, sino porque existe una excepción al principio de definitividad, como se indica en la norma invocada, toda vez que en el amparo el plazo para pronunciarse sobre la suspensión provisional es de veinticuatro horas, mientras que el plazo previsto en la legislación administrativa local es mayor. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 159/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS ESTADOS DE SONORA Y DE NUEVO LEÓN. NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ESTABLECER LAS LEYES LOCALES UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean se suspendan los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otra parte, conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se pueda promover algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por su parte, los artículos 66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León y 63 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora disponen que en el mismo auto en que se admita la demanda se decretará la suspensión de los actos impugnados; sin embargo, el plazo con que cuenta el Magistrado Instructor para otorgar la suspensión en el juicio contencioso administrativo es de tres días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado. Consecuentemente, como las leyes locales en estudio establecen un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad que permite al particular acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo." VI. Cuestión previa al estudio de constitucionalidad del acuerdo N°8.VI.BIS.2021-SO-714 Es preponderante realizar la delimitación del marco económico legal para la actualización de los montos de las pensiones y análisis del procedimiento llevado a cabo por las autoridades responsables para tales efectos. De conformidad con lo previsto en el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, el incremento anual al monto de pensión debe otorgarse considerando el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. Así, los numerales cuya inobservancia delata la quejosa, disponen: "LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA TRANSITORIOS DEL DECRETO 211 ARTÍCULO QUINTO.- Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." "REGLAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Artículo 26.- Los incrementos en los montos de las pensiones otorgadas por el Instituto, serán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, para las generaciones futuras; para las generaciones actuales o con derechos adquiridos será en los mismos términos o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores con el Estado u los Organismos afiliados, el que sea mayor. El incremento en el salario mínimo se aplicará al monto de las pensiones a partir del día primero de enero del año correspondiente, debiéndose actualizar en los casos en que se acredite ante el Instituto un incremento mayor, en los precisos términos del acuerdo correspondiente." Como se observa, de acuerdo con los dispositivos legales recién transcritos, en relación con el artículo 59 de la Ley 38 de ISSSTESON, el derecho a la obtención de una pensión por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera a favor del trabajador o sus familiares derechohabientes, cuando se colman determinadas exigencias legalmente previstas para tal efecto. Además, conforme al transcrito transitorio, existen dos clases de generaciones de pensionados, las actuales y las futuras, las primeras incluyen a las personas que iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado previo a la emisión del decreto 211, en tanto que las segundas son las que ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del referido decreto (veintinueve de junio de dos mil cinco); siendo que las señaladas en primer término se incrementarán conforme al salario mínimo general vigente en esta Entidad Federativa o a la negociación de trabajadores con el Estado; el que sea mayor. Luego, a efecto de poner en contexto con la mecánica disyuntiva que prevén los numerales en cita y principalmente para poder atender con suficiente información el problema jurídico planteado en el presente juicio, debemos definir la figura denominada "salario mínimo". En ese sentido, la figura económica del salario mínimo, se puede definir como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por los trabajos que estos realizan durante un periodo determinado, misma que no puede verse disminuida ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. La finalidad de que se establezca un salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones escasas y que con ello se garantice el mínimo vital de la clase trabajadora. En el sistema jurídico mexicano, la figura del salario mínimo encuentra su fundamento en el artículo 123, segundo párrafo, apartado A, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. En consonancia con tales disposiciones fundamentales y, en atención a la satisfacción de necesidades normales de un jefe de familia, cada año el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, previa realización de los estudios correspondientes, efectúa la actualización del valor del salario mínimo general y profesionales, mediante el dictado de una resolución que se difunde a través del Diario Oficial de la Federación, y, para el caso que nos ocupa (dos mil veinte), se divulgó a través del mencionado medio de difusión oficial, esencialmente lo que a continuación se transcribe: "SE RESUELVE PRIMERO.- Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas: El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. SEGUNDO.- En esta ocasión en términos generales para efectos de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2019; segundo, un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto Independiente de Recuperación. TERCERO.- Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo general será de 123.22 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores." Así, lo resuelto en la resolución en cita, relativo a los incrementos de dos mil veinte, se resume de la manera siguiente: Salario mínimo 2019 102.68 Monto Independiente de Recuperación (MIR) 14.67 Incremento de fijación salarial 5% X = (Salario mínimo 2019 + MIR) + Incremento de fijación salarial X = Salario mínimo 2020 X = (102.68 + 14.67) + 5% X = 123.22 Publicación en el Diario Oficial de la Federación 23/12/2020 Ahora, una vez delineado el marco económico legal del valor referente que de acuerdo con el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe tomarse en cuenta para la actualización de los montos de las pensiones y, atendiendo al planteamiento de reclamo del justiciable, se obtiene que el problema jurídico que nos ocupa, básicamente habrá de ser resuelto mediante la respuesta a dos interrogantes, a saber: ¿El procedimiento llevado a cabo por la junta directiva responsable para la aplicación del incremento de pensión correspondiente al año dos mil veinte, se ajustó a lo dispuesto por los artículos quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al 26 del Reglamento de Pensiones del referido instituto?; y, En caso de obtener una respuesta negativa a la pregunta que precede, ¿El incremento correspondiente debió efectuarse sobre el porcentaje pretendido por la quejosa (20.0038955979% -sic-)? Para dar contestación al primero de los cuestionamientos de mérito, es necesario analizar el acta de sesión reclamada, la cual en el apartado que aquí resulta de interés, señala: "SESIÓN ORDINARIA 714 (.) ACUERDO No.8.VI.BIS.2021-SO-714: La H. Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, sus consejeros integrantes toman conocimiento que el incremento de las pensiones y jubilaciones correspondientes al año 2020 y respectivo retroactivo se aplicó de la manera siguiente conforme a la disponibilidad financiera del Instituto. En el mes de marzo del 2020, el Departamento de Administración de Nómina de Pensionados y Jubilados, aplicó un incremento del 3.8%, posteriormente en el mes de enero de 2021, se aplicó el incremento diferencial para llegar al 5%, quedando de forma global a todos los pensionados y jubilados de este Instituto su incremento al 5% del ejercicio 2020, incluyendo el pago retroactivo. (.)" Del contenido del documento parcialmente transcrito, se obtiene que en la mencionada sesión ordinaria, la Junta Directiva tomó conocimiento de la propuesta para el incremento de pensiones y jubilaciones para el año dos mil veinte y, para tal efecto, se circunscribieron a una propuesta de un porcentaje injustificado sin atender al ejercicio disyuntivo entre el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo. Para mayor precisión, tenemos que los incrementos a las pensiones en esta entidad para el año dos mil veinte, fueron aprobados de la manera siguiente: Acta de sesión Número de Acuerdo Fecha de sesión Incremento general Incremento magisterio 700 7.III.bis-2020- SO-700 07/02/20 3.8% 3.8% 714 8.VI.BIS.2021- SO-714 29/04/21 1.2% 1.2% Total 5% 5% En ese contexto, la respuesta a la interrogante primera en estudio es en sentido negativo, toda vez que, como argumenta la quejosa en la demanda de amparo, al realizar la propuesta para el incremento de pensión del año dos mil veinte, la responsable no se ajustó a la previsión normativa contenida en el quinto transitorio del Decreto 211, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto. Lo anterior, resulta de relevancia no sólo por el hecho de que dicha normativa resulta de observancia obligatoria, sino incluso por el hecho mismo de que su instrumentación por parte del legislador ordinario precisamente tuvo como finalidad que la mencionada actualización atendiera a las necesidades reales de los pensionados frente a la evolución del contexto económico del país, mediante la aplicación de los ya analizados indicadores económicos. Ahora, para atender las pretensiones planteadas por la impetrante en su único concepto de violación, se procede a dar respuesta a la segunda pregunta planteada en párrafos precedentes y, para ello, debe hacerse referencia nuevamente a la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, invocada en párrafos anteriores; esto, a efecto de comprender la mecánica y teleología del incremento salarial. De acuerdo con dicha resolución, podemos advertir que el procedimiento de actualización de salarios mínimos del año dos mil veinte, hace alusión a un mecanismo que haga posible recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general, a saber el llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR). El citado monto es una cantidad complementaria, diversa y totalmente ajena al salario base sobre el cual se aplica el porcentaje de incremento en cuestión; la cual se ha resuelto adicionar como una medida de protección social a favor de todos aquellos trabajadores cuyos ingresos no superan el salario mínimo, en aras de contribuir a que recobren su capacidad adquisitiva y tengan acceso a, por los menos, los satisfactores básicos necesarios que como aspiración de derecho fundamental se prevé en el numeral 123, apartado A, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aspiración que incluso así quedó patentizada en la resolución pronunciada por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que al referirse a la introducción de dicha figura, fueron enfáticos en señalar, entre otros aspectos, que se trata de una cantidad absoluta en pesos cuyo objetivo único es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general y, que no debe ser utilizada como referente para fijar incrementos de los demás salaros vigentes en el mercado laboral (salarios federales y locales, diferentes a los mínimos y contractuales, de servidores públicos federales, estatales y municipales y demás del sector informal). Bajo ese orden de ideas, ante la naturaleza del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y sobre todo considerando la exclusión en torno a su aplicación, resulta incuestionable que éste no puede hacerse extensivo al caso de las pensiones. En esta línea argumentativa, para los casos como el que aquí nos ocupa, en los que el porcentaje de incremento de una pensión ha sido determinado por legislador ordinario en función del aumento anual del salario mínimo nacional, no cabe admitir, como lo pretende la quejosa, que también les sea aplicado en su beneficio el Monto Independiente de Recuperación (MIR), en tanto que ello, trasciende a un aspecto totalmente ajeno a la naturalidad y finalidad para la cual fue instrumentado tal mecanismo complementario. En otras palabras, el incremento que, para el caso de esta Entidad Federativa sea aplicado en materia de pensiones y jubilaciones en términos de los citados numerales quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, debe atender en exclusiva, al porcentaje real aplicado al salario mínimo general vigente en esta demarcación geográfica, pero prescindiendo de la aplicación de la cantidad en pesos correspondiente al Monto Independiente de Recuperación (MIR), en la medida en la que la interpretación de dicha figura de naturaleza económico-social, únicamente se circunscribe a la recuperación de la capacidad adquisitiva de aquellos trabajadores cuyos ingresos netos son equivalente al salario mínimo. En concreto, en respuesta a la segunda interrogante formulada en la presente resolución, este juzgador concluye que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los multicitados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que se hizo alusión en esta determinación, a saber: Incremento de fijación salarial (2020) 5% Lo que se ve robustecido con los artículos 59, 73 y 76 de la Ley 38 del ISSSTESON donde se establece que para determinar la cuota pensionaria únicamente se debe considerar el sueldo o sueldos percibidos por los que se cotizó al instituto, sin que exista elemento alguno que permita inferir ni siquiera indirectamente que se permitió la inclusión del Monto Independiente de Recuperación (MIR) que, además, no forma parte del sueldo que percibió la persona trabajadora ahora pensionada. Es corolario de lo expuesto, que no hay en el ordenamiento jurídico estatal precepto normativo alguno que permita la variación de la pensión en los términos que pretende la parte quejosa y, en consecuencia, dicho beneficio solo debe ser aumentado conforme a lo previsto expresamente en la Ley del Instituto en cita. Brinda apoyo a lo anterior, las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en tesis V.2o.P.A.37 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4903, Undécima Época, materia(s) Laboral, Administrativa, con registro digital 2023463, que a la letra dice: "PENSIONES Y JUBILACIONES. EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR) ES INAPLICABLE AL EJERCICIO DE PONDERACIÓN PARA SU INCREMENTO, AL NO PREVERSE EN LOS ARTÍCULOS 59, PÁRRAFO SEGUNDO Y QUINTO TRANSITORIO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. El segundo párrafo del artículo 59 y el artículo quinto transitorio, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, prevén que los montos de las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora" o, en su caso, conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, respecto a generaciones no actuales, o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, respecto de los trabajadores de las generaciones actuales, en ambos casos, el que sea mayor y con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. De esta manera, ambos preceptos coinciden en señalar que los montos de las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general"; de ahí que sea el referido porcentaje el elemento al que debe atenderse para calcular el incremento sin acudir al Monto Independiente de Recuperación (MIR), ni tomarse en consideración de manera indisoluble tanto este último como el porcentaje de aumento del salario mínimo, ya que tales circunstancias no fueron previstas en los artículos citados. Lo anterior es así, pues el objeto o finalidad por el cual fue creado el Monto Independiente de Recuperación y sus reglas de utilización no pueden ser aplicados por analogía o por mayoría de razón al ejercicio de ponderación para el incremento de pensiones y jubilaciones previsto en los artículos 59, segundo párrafo y quinto transitorio referidos, al no considerarlo éstos, por lo cual si el porcentaje de aumento del salario mínimo general constituye un elemento identificable y diferente del Monto Independiente de Recuperación no es dable la aplicación de este último al procedimiento de ponderación, pues su utilización no tiene sustento jurídico." Así como la tesis I.16o.T.22 L (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2492, Décima Época, materia Laboral, con registro digital 2019107, de rubro y texto siguiente: "MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR). CONSTITUYE UN INCREMENTO SALARIAL NOMINATIVO CUYO OBJETO ES APOYAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS QUE PERCIBEN UN SALARIO MÍNIMO GENERAL, POR LO QUE ES INAPLICABLE A LOS PENSIONADOS. De la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en la que se determinó incrementar el salario mínimo que regía en el año 2016, de $73.04, en un 3.9%, más cuatro pesos diarios, el concepto denominado "Monto Independiente de Recuperación" (MIR), constituye un incremento salarial cuyo objeto es apoyar la recuperación económica, única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general. Esto es, la aplicación o incremento al salario del concepto "MIR" es sobre dos hipótesis: 1. Es para trabajadores asalariados, es decir, en activo; y, 2. Que el ingreso salarial diario sea, como tope, un salario mínimo general. Bajo ese marco, es improcedente la integración porcentual de este concepto (que se limita a una expresión monetaria en pesos y no en porcentaje), a la pensión por invalidez de un trabajador que no tiene la calidad de asalariado, sino de pensionado si, además, la cuantía de la pensión relativa rebasa el salario mínimo vigente en el año que sea otorgada." VII. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En atención al acuerdo N°8.VI.BIS.2021-SO-714 contenido en el acta 714 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, donde se autorizó el pago diferencial aplicable a las pensiones y jubilaciones de dos mil veinte, para obtener un incremento total del cinco por ciento respecto a dicha anualidad. Es inoperante el concepto de violación hecho valer por la quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. La impetrante sustancialmente reclama el acta donde se autorizó el pago diferencial aplicable a las pensiones y jubilaciones de dos mil veinte; para obtener un incremento total del cinco por ciento respecto a dicha anualidad; sin que para ello se observaran las disposiciones normativas previstas por los artículos quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al propio organismo, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, concretamente, aquélla que establece un aumento en igual proporción al del salario mínimo general en la zona geográfica de Hermosillo, Sonora. Ahora, a la luz del estudio realizado en el considerando V de esta resolución se concluyó que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que se hizo alusión en líneas anteriores, a saber en lo que interesa: Incremento de fijación salarial (2020) 5% Por otra parte, si bien quedó evidenciado que la autoridad responsable al momento de determinar los aumentos de los pensionados para el año dos mil veinte, no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo; lo cierto es que se otorgó a la impetrante el porcentaje que le correspondía. Es decir, la quejosa recibió un aumento total del cinco por ciento (5%) en su pensión por jubilación, y según lo analizado en esta resolución le correspondía un cinco (5%); por tanto, resulta inconcuso que conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad realice el ejercicio disyuntivo de mérito, no le aportaría ningún beneficio, de ahí lo inoperante de su motivo de disenso. En otro aspecto, cabe destacar que, contrario a lo que pretende la quejosa, la interpretación de las normas que deriva del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene por efecto soslayar las reglas que imperan en el juicio de amparo o lo previsto en la legislación aplicable en cuanto al fondo del asunto. En efecto, si bien la reforma a los artículos 1 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación a los derechos humanos y a la interpretación más favorable a la persona, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano; también lo es que dicha circunstancia no tiene el alcance de que los juzgadores soslayen las reglas que rigen el juicio de amparo o la inobservancia de las normas jurídicas en cuanto al fondo del asunto, es decir, que dejen de cumplir con sus atribuciones y facultades. Por tanto, al no encontrar sustento jurídico lo argumentado por la parte quejosa, pues como ya se dijo, no hay en el ordenamiento jurídico estatal precepto normativo alguno que permita la variación de la pensión en los términos que pretende la peticionaria de amparo, ello no significa que se transgreda en su perjuicio los derechos de legalidad y previsión social. En atención a la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Décima Época, materias Constitucional, Común, con registro digital 2004748, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." VIII. Decisión En ese contexto, al haber resultado inoperante el motivo de disenso hecho valer en contra del acuerdo N°8.VI.BIS.2021-SO-714 contenido en el acta 714 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tomó conocimiento del incremento de las pensiones y jubilaciones correspondientes al año dos mil veinte, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se IX. Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa Alicia Landell Arvizu, contra el acto y autoridades señaladas en los capítulos III y IV, del presente fallo, por las razones expuestas en los apartados VI y VII. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado presentado por la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, en representación del subdirector dicha área adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba la confesional expresa, la presuncional en su triple aspecto e instrumental de actuaciones; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Romulo González Mora1547/2021
- Ronald Gerardo Santillan Meza762/2016
- Ronald Gerardo Santillan Meza633/2018
- Roque Corrales Soqui541/2019
- Roque Corrales Soquie953/2019
- Rosa Alba Maldonado Cruz434/2012
- Rosa Alicia Mendívil Félix135/2021
- Rosa Alicia Mendívil Félix157/2021
- Rosa Alicia Mendívil Félix635/2020
- Rosa Amelia Laguna Soberanes1162/2022
- Rosa Amelia Osuna Orduño531/2018
- Rosa Amelia Rascón Jaime406/2023