Roque Corrales Soquie

Expediente 953/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 42 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
953/2019
Año
2019
Actuaciones
42
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Roque Corrales Soquie
  • Director del Hospital General "Doctor Fernando Ocaranza" del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte del expediente. Devolución de legajo de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de pruebas señalado como Anexo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que no obra constancia de notificación respecto del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se ordenó se llevara a cabo personalmente a la parte quejosa, esto es en el domicilio señalado en autos para tal efecto, toda vez que de la notificación efectuada por el actuario de la adscripción el ocho de agosto anterior, se observa fue realizada en el domicilio que se tuvo por revocado en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Comisiona actuario. Por tanto, comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que lleve a cabo la notificación ordenada en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós en los términos precisados con antelación; lo anterior a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese en los términos precisados y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que no obra constancia de notificación respecto del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se ordenó se llevara a cabo personalmente a la parte quejosa, esto es en el domicilio señalado en autos para tal efecto. Comisiona actuario. Por tanto, comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que lleve a cabo la notificación ordenada en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós en los términos precisados con antelación; lo anterior a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese en los términos precisados y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso. Estudio de causal de improcedencia. Es menester señalar que el estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción I, Constitucional, 6° y 16 de la Ley de Amparo, dado que durante la tramitación del juicio de amparo acaeció la muerte del quejoso. En efecto, de conformidad con el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el quejoso muera durante el juicio, siempre que el acto reclamado sólo afecte a su persona. Esto es, tratándose de un derecho personalísimo del quejoso, como la vida y la libertad y sin que exista afectación a intereses patrimoniales que pudieran trascender en sus herederos, es inconcuso que sobreviene dicha causa de sobreseimiento; empero, cuando contrariamente a ello, sí reviste una significación económica que pudiera afectar a su sucesión, no procede la extinción del juicio de amparo, por dichos motivos. Sin embargo, por disposición del artículo 16 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso, su sucesión ha de continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional respecto del acto reclamado que, afectando derechos patrimoniales, no quedaron extinguidos por la muerte del quejoso. Lo que no opera, si no se realiza la intervención de su sucesión o de persona con legitimación para continuar con la acción de amparo, incluso si, de los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio, se obtuvieron resultados negativos. Es así, porque ante la falta de promoción en el juicio de amparo, por parte de quien pudiera resentir afectación a sus derechos económicos obtenidos por transmisión derivada de la muerte del quejoso, no es factible prorrogar la representación del promovente de amparo. En efecto, al no existir parte agraviada, ni sujeto jurídico en favor de quien pudiera dictarse la sentencia para restituirlo en el goce del derecho violado, que constituye un presupuesto procesal del juicio de amparo, en términos de los artículos 6° de la Ley de la Materia, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional, hace sobrevenir la causa de improcedencia invocada y por ende el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción III, del ordenamiento jurídico citado en primer término. En la especie, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir esencialmente en la falta de atención médica al quejoso Roque Corrales Soqui, y el oficio HG/DIR/081/2019 Ahora, mediante oficio con sello de recibido el uno de junio de dos mil veintidós y registro 8660, se tuvo por recibido el oficio en párrafos que anteceden, se aprecia que el titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, informó que el quejoso Roque Corrales Soqui, falleció el uno de mayo de dos mil veintiuno, lo que justificó con la documental que exhibió consistente en el certificado de defunción a nombre del impetrante de amparo, con número de folio 210894078. En esa tesitura, al existir certeza del fallecimiento del quejoso por encontrarse acreditado con el certificado de defunción respectivo, remitido por el titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad; por lo consiguiente, es pertinente destacar que el acto reclamado por el extinto peticionario de amparo en esta instancia constitucional, se circunscribe únicamente a la esfera personal del quejoso, toda vez que los actos reclamados destacados versan sobre la falta de atención médica al quejoso Roque Corrales Soqui. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por tal motivo, resulta indudable, como se anunció, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción III, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 6, este último interpretado en sentido contrario; todos de la Ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis XVI.5o.8 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1793, Materia Común, Novena Época, con número de registro digital: 179176, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Al resolver el Amparo directo 826/2003, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a.J 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386, registro digital 184572, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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