Rosa Abundia Landeros Becerril

Expediente 177/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
177/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Anselmo Alfredo Landeros Becerril
  • Rosa Abundia Landeros Becerril
  • ANSELMO ALFREDO LANDEROS BECERRIL y Otros.
  • Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; haciendo manifestación al respecto, únicamente la parte quejosa, mediante el escrito identificado con el número 16915; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que, por una parte se sobreseyó el juicio constitucional, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. (Fojas 54 a 65) 2. Por auto de trece de julio del año en curso, al no haber sido recurrida la sentencia de mérito, la misma causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. (Fojas 75 y 76) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo fueron para que la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: "1. Deje sin efecto la resolución dictada el quince de enero de dos mil dieciséis, en los autos del toca número **015; y, 2. Dicte otra, la cual podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales evidenciados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, de manera congruente y exhaustiva, dé contestación a la totalidad de los argumentos vertidos por los aquí quejosos, al momento en que interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de veintiocho de octubre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el incidente de remoción de albacea, derivado del expediente ***, relativo a la sucesión legítima a bienes de ***, es decir, en relación a: a) Que la Juez admitió actuaciones ajenas al sucesorio, pues tuvo por ofrecido el expediente ***(sic) del Juzgado Primero Civil de Lerma, México, y no del que tiene el conocimiento; b) Que se tuvo por presentados a los demandantes a la audiencia de desahogo de pruebas de fecha doce de octubre de dos mil quince, sin que éstos estuviesen presentes, mientras que a *** no le tuvo por justificada la inasistencia con la constancia que para ello exhibiera en el procedimientos incidental; y, c) Que quien resolvió el incidente de remoción del cargo de albacea lo fue la Secretario del Juzgado en funciones de Juez y no el Juzgador, por lo que refirió, que al resolver se encontraba impedida para ello.". En ese tenor, a través de las misivas 2435 y 2516, de cinco y once de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta de la Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el cinco de dicho mes y año, emitió un acuerdo por el que dejó insubsistente la resolución de quince de enero de dos mil dieciséis (acto reclamado), emitida en el toca ***de su índice (fojas 83 y 84); y, que mediante resolución de once de agosto del año en curso dictó de nueva cuenta resolución en el aludido asunto. (Fojas 89 a 114 de autos). Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a los presentes autos. Por acuerdo de quince de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la resolución emitida por la responsable se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere; haciéndolo únicamente la parte quejosa. (Fojas 126 a 128) Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgada a la autoridad responsable, es decir, que al dictar la nueva resolución, ésta podría ser en el mismo sentido, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que ésta cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución de quince de enero de dos mil dieciséis, emitida por la propia autoridad en el toca ***, y ordenó turnar los autos, con la finalidad de que, en acatamiento al fallo protector, se pronunciara otra. Así, en su lugar, el once de agosto del año en curso, emitió una nueva sentencia en la que, previa contestación de los agravios hechos valer por la parte quejosa, los consideró parcialmente fundados pero inoperantes; motivo por el cual, confirmó la sentencia interlocutoria apelada, es decir, la de veintiocho de octubre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el incidente de remoción de albacea, derivado del expediente ***, relativo a la sucesión legítima a bienes de ***; y, finalmente, no hizo condena de costas judiciales en esa segunda instancia. Lo anterior es así, pues como se requirió en la ejecutoria de mérito, emitió otra resolución, la cual fue en el mismo sentido, pero purgó los vicios formales evidenciados en la misma, esto es, dio contestación a la totalidad de los argumentos vertidos por los aquí quejosos, al momento en que interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria aludida. En efecto, respecto el motivo de disenso tocante a que quien resolvió el incidente de remoción del cargo de albacea, lo fue la Secretario del Juzgado en funciones de Juez y no el Juzgador, por lo que la parte quejosa refirió, que al resolver se encontraba impedida para ello; consideró infundados los agravios respectivos, al enfatizar que la Secretario de mérito no actuó de manera arbitraria, sino con base en la regla establecida en el artículo 108, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que prevé: "Artículo 108.- las ausencias temporales de los servidores públicos del Poder Judicial se suplirán en la forma siguiente: Las de los jueces que no excedan de tres meses dentro del juzgado en que ocurra, por el primer secretario de acuerdos; en su defecto, por los demás secretarios en su orden o bien por el juez que designe el consejo de la judicatura; Las de los jueces de control y de juicio oral por otro que asigne el administrador del juzgado o tribunal." Además, señaló el diverso artículo 63, fracciones IV y XIV, del citado ordenamiento, dispone que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de autorizar las licencias a los titulares de los juzgados, amén de hacer las designaciones de las personas físicas encargadas de sustituirlos. Bajo ese contexto, enfatizó que la primer secretario de acuerdos del juzgado de origen, no actuó de manera arbitraria, sino con base en la regla que emerge del artículo 108 referido, que la facultó para ejercitar la suma de atribuciones que corresponden al funcionario que sustituyó, entre ellas, la de emitir la sentencia interlocutoria recurrida. En adición a lo anterior, subrayó que en el caso concreto no era aplicable la tesis aislada citada por la parte aquí quejosa, porque ésta interpreta una legislación distinta a la que rige en el Estado de México; amén que en el asunto en análisis, la actuación de la secretario de acuerdos no obedeció a un periodo vacacional, sino a la ausencia temporal del titular del juzgado, que, como se vio, se encuentra regulada en la ley orgánica del estado, en el sentido de que el órgano jurisdiccional debe observar continuidad en su función de administración de justicia. Por otro lado, respecto el diverso agravio relativo a que se tuvieron por presentados a los demandantes a la audiencia de desahogo de pruebas de doce de octubre de dos mil quince, sin que éstos estuviesen presentes, mientras que a Alfredo Anselmo Landeros Becerril (quejoso) no se le tuvo por justificada la inasistencia con la constancia que para ello exhibió; calificó de inoperante el mismo, por estar vinculado con violaciones de carácter intraprocesal, esto es, a los actos u omisiones que tuvieron lugar durante el desarrollo del procedimiento incidental y no al tiempo del dictarse la sentencia interlocutoria que constituyó la materia del recurso de alzada. En otro tenor, el diverso motivo de inconformidad tendiente a demostrar que la Juez de origen admitió actuaciones ajenas al sucesorio, pues tuvo por ofrecido el expediente ***(sic) del Juzgado Primero Civil de Lerma, México, consideró que eran inoperantes los agravios, en razón a que, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone en su artículo 2.128, que el acuerdo admisorio de pruebas es irrecurrible. Así como, que de las actuaciones del expediente de origen, se advertía que los aquí quejosos pusieron de manifiesto que los incidentistas incurrieron en un error de forma, al señalar que el expediente principal en que se actuaba, correspondía al índice del Juzgado Primero Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, cuando lo correcto era el Juzgado Tercero Civil de ese Distrito. Eventualidad que, precisó, no bastaba para inadmitir la probanza, porque del contexto del escrito inicial del incidente se observaba con claridad que los interesados ofertaron la prueba consistente en las actuaciones del intestado del cual emergía la incidencia promovida. En las relatadas circunstancias, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo, contrario a lo estimado por la parte quejosa, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que la Sala responsable, en autos del toca ***, dejó insubsistente la resolución de quince de enero de dos mil dieciséis, y una vez que turnó los autos con la finalidad de que, en acatamiento al fallo protector, pronunciara otra, el once de agosto del año en curso, en su lugar, dictó una nueva, en la que en seguimiento de los lineamientos jurídicos expuestos en aquélla, determinó que resultaron parcialmente fundados pero inoperantes los agravios hechos valer por ***, ésta última representada por **; teniendo como consecuencia, que confirmó la sentencia interlocutoria apelada. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte, que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto, que la parte quejosa al momento de desahogar la vista ordenada con el cumplimiento rendido por la responsable, señaló, en esencia, que incurrió en exceso y defecto, al justipreciar de la manera en que lo realizó los agravios plasmados con anterioridad por los motivos que expone; sin que dichas consideraciones, sean diferentes a las que esgrimieron ante la autoridad responsable, la cual, los declaró parcialmente fundados pero inoperantes. Sin embargo, es de precisarse que tales aspectos constituyeron materia de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, los cuales, como ya se precisó, fueron estudiados cabal y totalmente por la responsable. En las relatadas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. e) Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruir, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. f) De conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. *

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguense a los autos el escrito, mediante el cual la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en relación con la vista otorgada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir la valoración correspondiente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por el que informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual remite copia certificada de diversas constancias para acreditar su dicho. En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a las partes con el contenido de las constancias y anexos en mención, para que dentro del término de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los oficios de cuenta signados por el Oficial Mayor y Presidenta de la Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con los cuales, con el primero, acusa recibo del diverso 15620/2016, por el que le fueron devueltos los documentos enviados como anexo a su informe justificado, y con el segundo, solicita una prórroga de diez días más para dar cumplimiento a la ejecutoria decretada en el juicio de amparo en que se actúa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo IV de la ley de la materia, dígase al ocursante, que se le concede la ampliación solicitada de diez días contados a partir de su legal notificación, para que realice las gestiones conducentes a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia de veintitrés de junio de la presente anualidad, en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con que se le conminó en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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