Ronaldo Mendoza Matilde
Expediente 13/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/02/2016
Partes del expediente
- Ronaldo Mendoza Matilde
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el telegrama de cuenta, remitido por el Director de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual acusa recibo del oficio 3021, de este índice, por el que se devolvieron las constancias que remitió como pruebas; circunstancia de la cual queda enterado este órgano de control constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de tres de febrero del año en curso.
- Principal
Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días otorgado a los quejosos ***, para que dieran cumplimiento a las prevenciones que se les formularon en proveído de seis de los cursantes. En virtud de lo anterior y ante su omisión, se hace efectivo el apercibimiento con que fueran conminados y con fundamento en el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovido por 1. ***, por propio derecho, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 13/2016. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a 1. Ronaldo Mendoza Matilde. En inicio, debe hacerse notar que es un hecho notorio que en el juicio de amparo 1783/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, fue promovido entre otros por el quejoso 7. José Ángel Tovar Guillén, el cual se tramita en este juzgado de Distrito; sumario del cual se advierte diversa constancia de notificación; en la que el solicitante de amparo ante citados firmó ante la presencia del fedatario judicial adscrito. Constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo que estatuyen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido y toda vez que la rúbrica que calza el escrito de amparo de cuenta, difiere notablemente de los rasgos y trazos con la que obra en la constancia señalada en párrafos precedentes, dentro de los juicios de amparo 1783/2015; por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción I y 114, fracción I, de la actual Ley de Amparo, requiérase al quejoso 7. José Ángel Tovar Guillén, para que dentro del plazo de cinco días, indique el por qué de la firma discrepante, la ratifique y manifieste lo que a su interés convenga, en virtud de que este juzgado presume que la rúbrica que obra en la demanda con la que se da cuenta, no corresponde a la persona que aparece como promovente y a la que se ha hecho referencia, dado que ésta es la manifestación de su voluntad para accionar al órgano constitucional, y es inusual que discrepen en forma tan evidente. Lo anterior en atención a que de proveer lo conducente en relación a la demanda, sin antes aclarar esa situación, es decir, sin tener la certeza que la persona que la promueven efectivamente manifestó su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del estado. Como justificación a lo anterior, glósese copia certificada de la constancia relatada en el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Del mismo, modo se apercibe al quejoso 7. José Ángel Tovar Guillén, que de no ratificar las firmas discrepantes y no manifestar el por qué de la divergencia entre la asentada en la demanda y en la documental supracitada, será válido concluir que la demanda no está firmada por él y se acordará lo que en derecho corresponda. De igual forma, hágase de su conocimiento que de existir discrepancia entre la firma asentada en la diligencia y la que estampó en la demanda, se acordara lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. (S.J.F., 9ª Época, Tomo IX, Marzo 1999, Página 1391). Para tal efecto, comisiónese a uno de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de Distrito, a efecto de que, por única ocación se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, para la práctica de la diligencia de mérito, lugar donde afirma el quejoso 7. José Ángel Tovar Guillén, se localiza. Bajo ese mismo tenor, requiérase a la totalidad de los quejosos, es decir a 1. Ronaldo Mendoza Matilde, 2. Abad Frized Gómez, 3. Giovanny Olea Ramírez, 4. Ricardo Pérez Rivas, 5. Elias Alcantar Cortes, 6. Alejandro Rosado Domínguez, 7. José Ángel Tovar Guillén, 8. José Noé Barajas Esquivel, 9. Carlos Mendoza García y 10. Carlo Alesandro Ricalde Barado, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, satisfagan los requisitos que establece el numeral invocado en primer término, es decir, manifiesten: 1. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, entre los cuales deberá especificar de manera pormenorizada, cuáles fueron las condiciones de las solicitudes de atención médica, ante quién o quien las formuló, por qué medios y, en su caso, la respuesta a sus solicitudes; 2. O en todo caso la omisión por parte de las autoridades responsables en dar contestación a sus peticiones. Lo anterior es así, puesto que de la lectura integral del escrito de demanda, no se advierte elementos suficientes que permitan conocer al suscrito, los alcances de su petición o el acto reclamado en específico. De la misma forma, se les requiere para que precisen si señala como acto reclamado la negativa a contestar la petición formulada, especificando la autoridad ante quién fue realizada - del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México-, para recibir la atención médica que refieren; asimismo, para que precise la fecha en la cual fue formulada la solicitud(es) en comento, cuándo fue la última vez que fue valorado por el servicio médico, cuándo iniciaron sus padecimientos, y cuándo fue diagnosticado. En virtud que del contenido de la demanda no se advierten tales circunstancias, lo cual genera incertidumbre respecto a los alcances que pretenden los promoventes al acudir al juicio de garantías. En el mismo tenor, se previene a los solicitantes de amparo para que: 1. Refieran si dentro de una temporalidad reciente han promovido diversos juicios de amparo en contra del mismo acto, o similares al que impugna a través del presente; y, 2. En su caso, indiquen los números de juicios con los cuales fueron registrados y ante qué órgano jurisdiccional se llevó su trámite, así también, precise cuáles fueron los efectos de la suspensión que, de actualizarse tal supuesto, se hubiere decretado. 3. De igual forma, deberán indicar si ya realizaron la solicitud de atención médica en forma escrita, previa y directamente a las autoridades penitenciarias correspondientes, como lo ordena el artículo 77 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, así como la fecha que dieron contestación a sus solicitudes, en caso de haberlas realizado. Por otra parte, acorde a lo establecido en el numeral 16 fracción IV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se aprecia que la autoridad encargada de otorgar la atención médica lo es el Titular del Área Técnica del Centro Federal en el que se encuentran recluidos; en consecuencia, requiéraseles para que en el mismo plazo manifiesten si señalan a la referida autoridad como responsable. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda, se puede tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente los actos que tildan de inconstitucionales. Se les apercibe que para el caso de no desahogar el requerimiento relativo a los antecedentes, dentro del término que se les concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. De no desahogar el último requerimiento, referido a señalar como autoridad responsable al Titular del Área Técnica del Centro Federal en que se encuentra recluido; quedan apercibidos que se proveerá respecto de la demanda en los términos planteados inicialmente. Por otra parte, a pesar de que los promoventes manifiestan que con la negativa de otorgar atención médica en las especialidades que refeiren, se vulnera la garantía prevista por el artículo 22 Constitucional, lo cierto es, que no se ubican en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 15, en relación al diverso 126 de la Ley de Amparo (aplicables a la casuística y naturaleza de los actos de que se trata). Convicción a la que se arriba, porque lo cierto es que los actos reclamados no se ubican en alguna de las hipótesis que prevén los citados numerales; es decir, de aquellos que ameritan la inmediata intervención de este juzgador, para proveer respecto de éstos. El último precepto, regula la procedencia de la suspensión de plano aplicable (según los hechos narrados en la demanda) y, como se aprecia, los actos que ahí se prevén, tienen como característica la pronta e inmediata necesidad -debido a su naturaleza- de actuar para detener su ejecución, con el objeto de evitar la consumación de un perjuicio al impetrante, pero que tengan la singularidad de ser un menoscabo grave y de notoria lesión al bien jurídico tutelado por la norma, pues de lo contrario, el análisis relativo a si pueden ser suspendidos, será materia de estudio en otro momento procesal, no en este auto. Para emprender el análisis en cuestión, es menester hacer referencia a los diferentes supuestos relacionados con el acto que se reclama, a saber: a) Los que ponen en peligro la vida; . d) Los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. . Ahora, con relación a dichos actos, no obliga al juez de Distrito a suspenderlo de plano, en virtud de que para ello, debe decirse que si bien el acto que refieren los numerales citados con antelación abarcan un parámetro muy vasto, no por esa circunstancia se debe considerar, en automático, inmerso dentro de dicho parámetro a cualquier acto, sólo por el hecho de que así lo califique el solicitante de amparo en su demanda; sino que, en todo caso, es labor del juzgador ponderar si en verdad la ejecución de dichos actos son equivalentes a un riesgo fundado para la vida de los quejosos, lo anterior en relación a la falta de atención médica que se aduce, pues ello implicaría la pronta e inmediata necesidad de suspender los actos, verbigracia, infarto agudo al miocardio, traumatismo craneoencefálico, etcétera; es decir, lesiones que en realidad pudieran significar un peligro de la extinción del funcionamiento orgánico de una persona, para justificar la suspensión que recaerá también, de inmediato. Si así fuera, es decir, catalogarlos como de ese tipo (urgentes) nada más atendiendo a las manifestaciones de quien promueve, perdería sentido entonces la tarea conferida al juez de Distrito en los numerales 109 en relación con el 114 de la Ley de Amparo, que no sólo faculta, sino que obliga al juzgador a examinar todas y cada una de las demandas que son sometidas a su consideración, para luego, entre otras cosas, prevenir al solicitante, admitir o desechar la demanda. Inclusive, tales aseveraciones son congruentes con lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-1681-1998, denominada Del Expediente Clínico, en su capítulo relativo a las definiciones, pues precisamente en su artículo 4.10, estable como significado del vocablo "urgencia", lo siguiente: 4.10. Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Por consiguiente, la omisión de proporcionar atención médica a los quejosos, no implica necesariamente que puedan perder la vida o algún órgano, en razón de ello no es viable hasta el momento decretar la suspensión de plano. Aun cuando la expresión "actos que importen peligro de privación de la vida", englobe parámetros muy amplios, éstos deben representar un peligro fundado para la vida, y por lo expresado en la demanda, esto no se actualiza; es decir, no se soslaya que existe cierta afectación, pero no es correspondiente al apremio o urgencia, en grado tal, que amerite suspenderlos a través de este auto. Lo anterior, ya que de la lectura integra de la demanda, hasta el momento no se aprecia que los actos reclamados constituyan alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional ya que no se está en presencia de la imposición de penas inusitadas (aquellas que han sido abolidas por inhumanas, infamantes, crueles o excesivas); penas trascendentales (aquellas que afecta de modo directo a las personas allegadas a los sentenciados); así como los demás previstos en el numeral 15 de la ley de la materia (incomunicación e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Estimar lo contrario, es decir, suspender los actos con las manifestaciones de los promoventes, causaría un perjuicio con notoria lesión a los intereses de la sociedad y a las disposiciones de orden público; por una parte, porque estas últimas dejan de cumplirse y pierde razón de ser su establecimiento dentro del sistema jurídico mexicano; y por otra, en virtud de que la sociedad está interesada en que las leyes se cumplan, pero sobre todo, en que los centros de reclusión de máxima seguridad, como el de nuestra atención, cuiden celosamente las medidas de seguridad (reduciendo al mínimo los conatos de motín, evasión, fuga de internos, etcétera), bajo los estrictos controles de vigilancia que son requeridos, a fin de que no sea burlada la norma legal aplicable. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, se tiene como domicilio el centro de reclusión donde se encuentran. Además, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 21, párrafo tercero, del citado ordenamiento, se habilita al actuario judicial de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. En atención a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes, impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
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