Rony Osmael Méndez Nolasco
Expediente 337/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rony Osmael Méndez Nolasco
- Rony Osmael Méndez Nolasco y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite vía electrónica el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, agréguese al cuadernillo de antecedentes para que obre como corresponda, y téngasele informando que dicho juzgado insiste en declinar a competencia legal por territorio a favor de este juzgado, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, en aquella ciudad, para la substanciación del conflicto competencial en torno a lo que expone. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 10295, que suscribe la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, a través del cual, comunica la determinación de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 335/2023 de su índice, y remite vía todo lo actuado en ese controvertido formado con la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************, de nacionalidad guatemalteca, contra actos del Representante Local del Instituto Nacional de Migración, Encargado de la Estación Migratoria en Chihuahua (Ciudad Juárez), y otra autoridade, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23 y 33 constitucionales, así como con la razón actuarial relativa a la comunicación oficial 41/2023 (orden 42/2023) deducida del citado juicio de amparo, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acúsese recibo. Regístrese el presente juicio de amparo bajo el expediente 337/2023-IV-A. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En principio, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal fundamental. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poder-deber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor compresión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. El segundo (objetivo), es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. Dicho de otro modo, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. En el caso, para la fijación de la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, el artículo 107, fracción VII, constitucional señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" Del anterior precepto constitucional se obtiene que, para conocer del juicio de amparo, como regla general, es competente el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado: 1) se ejecute o 2) trate de ejecutarse; destacando que, para efectos de su tramitación, entre otros aspectos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por i) materia, ii) grado, iii) auxiliar, iv) concurrente y v) por territorio; en el caso, interesa destacar las referentes a las de "territorio". Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del numeral reproducido se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito" La primera se caracteriza porque, al margen del lugar en donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, requieren de ejecución por parte de una autoridad. La segunda, más que un supuesto diverso a la primera regla, constituye un matiz de la anterior, ya que, sobre el mismo criterio, prevé que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera se refiere a que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Adicionalmente, debe decirse que de las tres directrices en comento puede apreciarse claramente que, para la determinación de la competencia, la Ley de Amparo atiende, como regla general, a los efectos producidos por el acto tildado de inconstitucional, desde la perspectiva de la ejecución material que requiera, de modo que si no la conlleva, la competencia deberá ser definida privilegiando la voluntad del quejoso, esto es, a favor del juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. Como se ve, el precepto legal invocado prevé como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, el de "ejecución material"; expresión que debe entenderse en el sentido de que con el acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; mientras que, lo que hace la diferencia entre las primeras, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es ilustrativa al respecto, la tesis 3a. XLIX/93, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, página 13, que enseguida se transcribe: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." En ese sentido, se destaca que conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del referido numeral 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o bien cuando los actos carezcan de ejecución material, conocerá del juicio de amparo aquel ante quien se presentó el escrito de garantías, por ser quien previno en el conocimiento, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. En el caso concreto, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la quejosa reclama lo siguiente. "III. AUTORIDADES RESPONSABLES . Representante Local del Instituto Nacional de Migración. 1. Representante Migración, Encargado de la Estación Migratoria en Chihuahua (Ciudad Juárez) 2. Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito aa la Oficina de Representación en Chihuahua 2. Sub Encargado de la Estancia Provisional Juárez IV. ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN 1. El alojamiento DE MANERA PROLONGADA E INDEFINADA en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la ley de Migración y por ende del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Mantenerlos incomunicados con su abogado el Lic. ********************, con número de teléfono ********************; 3. La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración; 4. La retención de la documentación de identidad de las personas migrantes (pasaportes, credenciales, entre otros) o aquella con la que acrediten su situación migratoria. 5. Cualquier inminente posterior orden de traslado a otra estación migratoria." En ese contexto, para resolver el asunto, una primera cuestión a dilucidar es bajo qué regla de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio, se ubican los actos reclamados por la parte quejosa. Con tal propósito, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los respectivos actos y determinar si son de ejecución material o no. Asimismo, se estima que aquellos actos, que si bien revisten de ejecución, la misma se dará en el lugar en el que materialmente se encuentran la parte quejosa y no en su domicilio. Por lo que, en el presente asunto, a consideración de quien aquí resuelve, se actualizan dos hipótesis por las cuales resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, como a continuación se explica: En principio, se debe destacar, que el promovente de la demanda refiere, que los directos quejosos son de nacionalidad guatelmalteca, quienes son extranjeros en movilidad y que entraron a este país en marzo de dos mil veintitrés, y se encontraban de manera irregular al no contar con un abogado que los asesore sobre su calidad migratoria. Asimismo, que llegaron a esta ciudad fronteriza el día de ayer y se hospedarían en el Hotel Real Inn, ubicado en Boulevard ********************, ******************** sin embargo, fueron detenidos y puestos bajo custodia del Representante Local del Instituto Nacional de Migración, de Ciudad Juárez Chihuahua. Aunado a lo anterior, el promovente refiere que a sus representados no se le ha resuelto su calidad migratoria fuera del marco que indica el artículo 68 de la ley de Migración y no se le ha dado acceso a información para pedir ayuda a la COMAR, teniendo el temor a que sean deportados u obligados a firmar un documento en el que supuestamente de forma voluntaria quieran abandonar el país y regresar a Guatemala. Además de que desde que están detenidos no se les ha brindado la posibilidad de comunicarse con su abogado particular que contrataron su familiares, es decir el promovente de la demanda de amparo indirecto. Sin embargo, contrario a lo manifestado por ********************, en lo párrafos precedentes, de la la razón actuarial relativa a la comunicación oficial 41/2023 (orden 42/2023) de índice de este juzgado de Distrito, deducida del citado juicio de amparo 335/2023 en análisis, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, se desprende que contrario a lo expuesto por el promovente, los quejosos ********************, no fueron privados de la libertad ni se encuentran alojados en las instalaciones de la Estancia Provisional de esta ciudad, del Instituto Nacional de Migración, ni tampoco existe registro de los quejosos en el sistema computacional y bitácora de dicha institución, por lo que los actos reclamados no se están ejecutando en los términos expuestos por dicho promovente. Lo anterior, constituye un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, Novena Época, registro digital 172215, cuyo rubro y texto, dicen: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. De lo anterior, y analizada que fue la demanda de amparo en su integridad, se concluye que los actos reclamados pueden tener ejecución en uno o más distritos y que a su vez se reclaman actos que carecen de ejecución material, por lo que se estima que hasta este momento, es competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito ante quien se presentó dicho escrito. En efecto, respetuosamente, no se comparten las consideraciones que sostuvo el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, para declinar la competencia del juicio de amparo 335/2023 de su índice. En principio, dado que declara su incompetencia, bajo el argumento, de que la ejecución de los actos que parte promovente señala que está sufriendo los quejosos se está ejecutando en esta ciudad, por autoridades ubicadas dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. Luego de lo anterior es que no se compartan los motivos expuestos por órgano jurisdiccional declinante, en virtud de que la parte quejosa reclama una pluralidad de actos entre los cuales hay algunos que pueden tener ejecución material en uno o más distritos, que incluso algunos ya fueron ejecutados, así como otros que no la requieren, como la omisión de darle acceso a los quejosos a la información para pedir ayuda a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por lo que en el presente asunto, se surte la competencia en favor de la jueza de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Efectivamente, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, el oficio de salida reclamado, así como otros que no la requieren, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó alguno de los actos reclamados, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Lo anterior, tomando en consideración el sentido y alcance del derecho humano mencionado, dado que la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Orienta lo anterior, por las razones que contienen las Tesis: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE TERRITORIO. EN TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE LUGARES O ÁMBITOS ESPACIALES DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). El párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la abrogada ley, contiene una novísima hipótesis en torno al lugar de ejecución ("Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.") que al igual que la hipótesis del párrafo primero del citado numeral, el lugar o ámbito espacial de ejecución sigue siendo la pauta para la determinación de la competencia por razón de territorio. Sin embargo, la diferencia entre ambos párrafos estriba en que mientras el primero presupone que la ejecución se materializa en un solo lugar o en una sola jurisdicción; el segundo contempla la posibilidad de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, que por la naturaleza de tracto sucesivo del acto, éste tuviere sucesiva realización en dos o más lugares o distritos. Así, en ese párrafo segundo el legislador creó una regla de competencia territorial que, comprendiendo esos dos o más lugares de ejecución, se define a favor del Juez de Distrito ante el que materialmente se presente la demanda de amparo. Aunado que al tener certeza de la inexistencia los actos reclamados en esta jurisdicción, según la razón actuarial relativa a la comunicación oficial 41/2023 (orden 42/2023) deducida del citado juicio de amparo, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, no se puede establecer en este momento que los mismos se vayan a ejecutar en el distrito al que pertenece el juzgado declinante, como es el caso, de la orden de deportación reclamada, que puede ser ejecutada en lugar en el que materialmente se encuentren los quejosos, quienes se reitera no fueron ubicados en la Estancia Provisional de Ciudad Juarez, del Instituto Nacional de Migración. Por tanto, si la intención del legislador es facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, de ahí que cuando las constancias que obran en autos no aporten información suficiente para determinar el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponda al Juez ante quien se presentó la demanda respectiva, pues es dable presumir que la parte quejosa opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, lo que es congruente con el aludido cambio normativo introducido en la Ley de Amparo vigente en materia de competencia Es aplicable a lo anterior la tesis de rubro y contenido, siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LOS AUTOS NO EXISTE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DETERMINAR EL LUGAR EN QUE TENDRÁ EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. En este sentido, dicho ordenamiento dispone que la competencia se surte de acuerdo con las reglas siguientes: a) A favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, resulta manifiesta la intención de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, de ahí que cuando las constancias que obran en autos no aporten información suficiente para determinar el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponda al Juez ante quien se presentó la demanda respectiva, pues es dable presumir que el quejoso opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, lo que es congruente con el aludido cambio normativo introducido en la Ley de Amparo vigente en materia de competencia." En ese sentido, se destaca que conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del referido numeral 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, conocerá del juicio de amparo aquel ante quien se presentó el escrito de demanda, por ser quien previno en el conocimiento, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Aunado a lo anterior, también debe mencionarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), estableció que el tercer párrafo del citado precepto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, como ya se precisó, se considera que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, es competente para conocer del presente asunto, por lo dispuesto en el artículo 37 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada. En mérito de lo anterior, resta decir, que para establecer la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se involucran derechos de personas migrantes, se debe atender a la reforma constitucional en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, concretamente al principio interpretativo pro persona contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el juzgador debe tener en cuenta que las reglas establecidas sobre la competencia se deben interpretar de la manera que más favorezca a los derechos de las personas verificando la actuación real de la autoridad. De ahí que el ejercicio de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, porque ese ejercicio es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente a las personas más vulnerables, como lo son los migrantes, en aras de una justicia más pronta y expedita. Orienta lo anterior la tesis de rubro y contenido siguiente: "MIGRANTES. AL TRATARSE DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBE DETERMINARSE DE MANERA ÁGIL, SIN FORMULISMOS Y FAVORECIENDO TODO TIEMPO LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA, CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA. Hechos: Personas migrantes promovieron juicio de amparo en contra de autoridades del Instituto Nacional de Migración, de quienes reclamaron la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento, la deportación, expulsión, proscripción o destierro. El Juzgado de Distrito en Materia Administrativa se declaró legalmente incompetente por razón de materia al estimar que los actos reclamados son de naturaleza penal. A su vez, el Juez de Distrito en Materia Penal, al que se remitió el amparo no aceptó la competencia al estimar que los actos reclamados son eminentemente administrativos, dado que fueron emitidos por las autoridades migratorias. El Juez requirente insistió en la incompetencia y se formuló el conflicto competencial. Criterio jurídico: Para establecer la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la retención de un migrante, se debe atender a la reforma constitucional en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, concretamente al principio interpretativo pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el juzgador debe tener en cuenta que las reglas establecidas sobre la competencia se deben interpretar de la manera que más favorezca a los derechos de las personas verificando la actuación real de la autoridad. Además, se deben atender los tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad y, analógicamente, lo determinado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en el año 2020 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México forma Parte y que se refiere a los ajustes del procedimiento que deben realizar todos los juzgadores a nivel nacional, pues de no hacerlo se "vulnera el derecho a un juicio imparcial y puede propiciar exclusión de las actuaciones judiciales o dar lugar a que se dicten sentencias injustas". Justificación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, el ejercicio de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, porque ese ejercicio es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente a las personas más vulnerables, como lo son los migrantes, en aras de una justicia más pronta y expedita." En consecuencia, en obvio de mayores trámites, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, devuélvase este asunto, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, con auto inserto de la presente determinación. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cabe mencionar que el juzgador que se ha declarado incompetente ya proveyó lo conducente respecto a la suspensión de los actos reclamados, por lo que este juzgado no realiza pronunciamiento alguno en ese sentido. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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