Rony Manuel Zacarias Ramírez

Expediente 581/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
581/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Rony Manuel Zacarias Ramírez
  • Jefe del Departamento de Operaciones, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria Janos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra concedida la suspensión provisional y la definitiva, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de su Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia, que sobresee en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Ahora bien, atendiendo que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Por otra parte, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    PRIMERO. Por escrito recibido el diez de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito del Estado de Chihuahua, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, RONY MANUEL ZACARÍAS RODRÍGUEZ, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades responsables, por estimarlos violatorios de las garantías consagradas en los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, hace consistir en la orden de tenerlo privado de la libertad y restringirles el libre tránsito por el país y la violación a la Ley de Refugiados con motivo de la deportación a su país de origen Guatemala. SEGUNDO. El diez de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional decretó la suspensión de plano, ratificada que fue la demanda, se admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que en derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional e iniciada en los términos que anteceden; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37, primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos de las autoridades que se estiman violatorios de garantías individuales, emanados fuera de procedimiento judicial y ejecutados dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del sumario, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del análisis al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de tenerlo privado de la libertad y restringirle el libre tránsito por el país y violación a la Ley de Refugiados con motivo de la revisión migratoria (procedimiento administrativo migratorio) para depórtalo a su país de origen Guatemala. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, por sí y en ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes de la suspensión de plano y justificados, negó la existencia de los actos reclamados. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario que desvirtúe tales negativas. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto, respecto de dichos actos y autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Segunda Sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia PC.I.P. J/54 K (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, página 1967, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia". CUARTO. La Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos, por sí y en ausencia del Representante Local del Instituto Nacional de Migración encargado de la Estación Migratoria de Janos y Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos, con domicilio en Janos, Chihuahua, en sus informes de la suspensión de plano y justificados, negó la existencia de los actos atribuidos consistentes en la orden de tenerlo privado de la libertad y restringirle el libre tránsito por el país; sin embargo, de sus manifestaciones se advierte la existencia de los mismos. Máxime, que reconoció uno de los actos impugnados relativo a la violación a la Ley de Refugiados con motivo de la revisión migratoria (procedimiento administrativo migratorio), para depórtalo a su país de origen Guatemala. Como apoyo de dicho informe remitió vía electrónica copia certificada de algunas constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio seguido en contra de los justiciables; a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Por ende, se tienen plenamente probados los actos que se reclama. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así como la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 940 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis, página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Cabe mencionar que también habrá cesación de efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso concreto, está acreditado que el impetrante del amparo RONY MANUEL ZACARÍAS RODRÍGUEZ, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se le dictó acuerdo de presentación alojándolo en la Estación Migratoria de Janos, para el procedimiento administrativo de migración con anterioridad a la promoción del juicio de amparo; sin embargo, también quedó probado que sus efectos cesaron pues al aquí quejoso se le permitió su salida de la Estación Migratoria de Janos, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento a las resoluciones dictadas. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79 y 124, de la Ley de Amparo, se, resuelve: R E S O L U T I V O S: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 581/2020-III-B, promovido por RONY MANUEL ZACARÍAS RODRÍGUEZ, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO Y QUINTO de esta sentencia. N O T I F Í Q U E S E.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, de los que se advierte que, por auto de fecha siete de abril del año en curso, se proveyó respecto de los informes justificados que remitieron las autoridades responsables Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, de Janos, Chihuahua, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria, de Janos, Chihuahua, y la C. Licenciada Karina Guadalupe Hernández Aguirre, Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria, en Janos, Chihuahua, con residencia en el Municipio de Janos, Chihuahua, por lo que, a la fecha no han transcurrido los ocho días hábiles que marca la ley, para que las partes se impongan de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89." Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.

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