Ronald Herve Santos Ricalde

Expediente 1113/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1113/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Ronald Herve Santos Ricalde

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito Ronald Herve Santos Ricalde, mediante el cual solicita la devolución los documentos exhibidos en estos autos. Por ende, toda vez que no existe razón legal para que dichos documentos permanezcan en autos, se accede a la devolución de los mismos, por conducto de las personas que señala para tal efecto. En ese sentido, a fin de que le sean entregados los documentos que solicita, con apoyo en el artículo 3, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le deja en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea en lo personal o por conducto de las personas que autoriza, para que estén en aptitud de acudir al Juzgado y realizar el trámite para la devolución de tales documentos, previo recibo y copia que de ellos se dejen en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por RONALD HERVE SANTOS RICALDE, contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, consiste en la calificación registral negativa de trece de febrero de dos mil veinte. De manda de amparo la que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Así, en el caso, se advierte que la parte quejosa reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la calificación registral negativa, emitida el trece de febrero del año dos mil veinte, en la que se le negó el servicio registral número 31190011144, para la materialización y entrega del certificado parcelario número 1004071, respecto de la titularidad sobre la parcela 203 Z3 P3 del ejido Umán, municipio de Umán, estado de Yucatán. En ese sentido, se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: Que el acto reclamado proceda de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que la ley que rija el acto conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, Que contra dichos actos, la ley aplicable conceda la suspensión con los mismos alcances que la Ley de Amparo, y sin prever mayores requisitos que los estipulados en la misma, para la concesión de la suspensión definitiva. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de "definitividad", mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Sentado lo anterior, se tiene que el acto ya precisado no es susceptible de ser analizados en la presente vía constitucional, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, procede un recurso ordinario en su contra, por virtud del cual pueden ser revocado, modificado o nulificado los actos; en tanto que, términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe obligatoriedad de las partes de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. En efecto, contra la calificación registral negativa, emitida el trece de febrero del año dos mil veinte, en la que se negó al quejoso el servicio registral número 31190011144, para la materialización y entrega del certificado parcelario 1004071, respecto de la titularidad sobre la parcela 203 Z3 P3 del ejido Umán, municipio de Umán, estado de Yucatán, procede el juicio agrario que expresamente prevé el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que literalmente dice lo siguiente: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. .IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación." Por lo que a criterio de la suscrita, debe de agotarse ese juicio previo a acudir al amparo, cuenta habida que el numeral de referencia, establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; por ende, estos son competentes para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de una resolución de esa naturaleza. Se afirma lo anterior, ya que el juicio de amparo, por regla general, sólo pueden reclamarse actos definitivos; por lo que es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo indirecto, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Los que carezcan de fundamentación; Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala que el acto reclamado del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, lo constituye, la Calificación Registral Negativa, emitida el trece de febrero del año dos mil veinte, en la que se le negó el servicio registral 31190011144, para la materialización y entrega del certificado parcelario 1004071, respecto de la titularidad sobre la parcela 203 Z3 P3, del ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán. Determinación que no se encuentra en algunas de las hipótesis a que se hace mención, por lo que no se encuentra exenta de agotar el principio de definitividad, sino que dicho acto reclamado, encuadra en la hipótesis prevista en el referido artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el cual establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. En efecto, la aplicación de la normatividad agraria en cuanto al fondo del acto, esto es, la calificación registral negativa y su correspondiente afectación al derecho que dice tener el quejoso, son factores determinantes para fijar la competencia en la forma y términos señalados, pues en el conflicto se involucran sujetos de derechos agrarios, así como autoridades agrarias y dicha controversia surge con motivo de la aplicación de la normatividad agraria, con el objeto de resolver sobre la afectación a un derecho otorgado por dicha asamblea. Lo anterior encuentra sustento, por analogía en la parte conducente de la ejecutoria de contradicción de tesis 35/2008-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Segundo Circuito, aprobada a por la Segunda Sala del Máximo Tribunal el siete de mayo de dos mil ocho, cuyo tenor literal de la parte que se desea destacar es el siguiente: ".Conforme a estos preceptos, son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria. En la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento, los tribunales agrarios se sujetarán al procedimiento previsto en la Ley Agraria, el cual tiene matices tutelares de clase, pues de oficio deben considerar los usos y costumbres de las comunidades o grupos indígenas involucrados que no se opongan a la ley ni afecten a terceros; asegurar que esos grupos sociales vulnerables cuenten con traductores; suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros y proveer lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes, características que no se encuentran en otras jurisdicciones, como la administrativa, en sentido estricto. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de la justicia agraria en todo el país. Se integran con el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. Los Tribunales Unitarios Agrarios tienen competencia para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Visto el punto a definir, a la luz de estos principios, se obtiene lo siguiente: El Registro Agrario Nacional, por conducto de los registradores, en observancia del principio de legalidad que rige su actuación, emite una resolución, debidamente fundada y motivada, en la cual califica la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad que los rige, de lo cual dependerá su inscripción, de modo que en su esfera de atribuciones aplica la normatividad de la materia, como es la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. El recurso de revisión tiene por objeto que en la sede de las propias autoridades agrarias se verifique la legalidad de la calificación registral negativa de la inscripción solicitada. La impugnación de la resolución pronunciada en el recurso de revisión tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, relativas a la inscripción de actos jurídicos, por tanto, da origen a la tramitación de un juicio agrario. Dicha resolución también proviene de una autoridad en materia agraria y por su sentido de afectación, trasciende al derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, supuesto que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la cual establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; por ende, éstos son competentes para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de una resolución de esa naturaleza. De esta manera, la aplicación de la normatividad agraria en cuanto al fondo del acto, esto es, la confirmación de la calificación registral negativa y la naturaleza, también agraria, de la autoridad emisora de la resolución pronunciada en el recurso de revisión, son factores determinantes para fijar la competencia en la forma y términos señalados, pues en el conflicto se involucra un sujeto colectivo de derecho agrario, como es un ejido, así como autoridades agrarias y dicha controversia surge con motivo de la aplicación de la normatividad agraria, con el objeto de resolver sobre la afectación a un derecho otorgado por dicho estamento. Corrobora lo anterior el artículo 1o., párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual dispone la inaplicabilidad de dicha ley a la justicia agraria, regla que instituye una excepción a la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevista en el artículo 14, fracción XI, de dicha ley, para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues su jurisdicción es genérica en materia administrativa, no específica para los asuntos de naturaleza agraria, para los cuales la propia Constitución instituyó los tribunales agrarios." De la ejecutoria que en parte ha quedado transcrita surgió la jurisprudencia 2a./J. 88/2008, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de dos mil ocho, página 66, cuyos rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." En reiteración del anterior criterio, el Alto Tribunal sostuvo en diversa jurisprudencia, que la procedencia del juicio de nulidad contenido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, únicamente depende de que se impugne una resolución de una autoridad agraria, en el caso los Delegados del Registro Agrario Nacional (y los registradores Integrales adscritos a dicha dependencia); y que esa resolución altere, modifique o extinga un derecho. Lo que se desprende de la parte que se destacada de la jurisprudencia 2a./J. 124/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de dos mil quince, Tomo II, página 1943, cuyos rubro y texto dicen: "RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. ES OPTATIVO AGOTARLO PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN DE LA ASAMBLEA RELATIVA A LA ELECCIÓN O REMOCIÓN DE ÓRGANOS EJIDALES. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, vigente hasta el 11 de octubre de 2012, cuando el Registro Agrario Nacional niegue la inscripción de un acta de asamblea relativa a la elección o remoción de órganos ejidales, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. A su vez, este último precepto indica que los interesados podrán interponer el recurso de revisión o, "cuando proceda", intentar la vía jurisdiccional que corresponda; es decir, lo optativo depende de que la vía jurisdiccional proceda sin condición alguna. En ese orden, si la procedencia del juicio de nulidad contenido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, únicamente depende de que se impugne una resolución de una autoridad agraria, en el caso los delegados del Registro Agrario Nacional; y que esa resolución altere, modifique o extinga un derecho, lo que igualmente se actualiza con la resolución negativa de inscripción del acta de asamblea aludida, porque trasciende directamente al derecho que tienen los ejidos de nombrar a sus órganos de representación y de vigilancia, así como de solicitar su registro; entonces, resulta patente que, en el caso, no existe mayor condición para la procedencia del juicio agrario, de manera que es optativo agotar el recurso de revisión, esto es, los interesados pueden elegir entre ese medio de defensa en sede administrativa o acudir desde luego ante el Tribunal Unitario Agrario. Lo anterior incluso permite, que la solución de las controversias suscitadas por la negativa de inscripción de la asamblea relativa a la elección o remoción de los órganos ejidales sea expedita." En las relatas condiciones, se concluye que al estar expeditos los tribunales agrarios para conocer y resolver los conflictos relacionados por la aplicación de las leyes de esa materia, entre ellas, las que precisamente rigen al Registro Agrario Nacional y de manera expresa, de acuerdo con el numeral 18, fracción IV, el juicio de nulidad contra resoluciones dictadas por esta autoridad agraria que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, es inconcuso que de manera previa a la promoción del juicio de amparo, el peticionario debió acudir ante aquellos para controvertir la resolución emitida el trece de febrero del año dos mil veinte. Asimismo, debe decirse que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad aludido, en virtud de que el juicio agrario no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, ya que la primera de las legislaciones en cita, para efectos de la suspensión, lo remite a los requisitos de esta última. En efecto, el artículo 166 de la Ley Agraria dispone que la suspensión en el juicio agrario se regulará aplicando, en lo conducente, lo dispuesto por el "Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte de la Ley de Amparo"; de esta manera, es dable señalar que el artículo 166 en comento no exige mayores requisitos que la legislación de amparo en vigor para suspender el acto impugnado, puesto que la suspensión será regulada aplicando las disposiciones legales de la Ley de Amparo vigente y al prever está actualmente en un solo apartado lo relativo a la suspensión concedida a los sujetos agrarios (individuales y colectivos), se entiende que los requisitos para otorgar tal medida son los mismos. En ese sentido, si la parte quejosa está en aptitud de obtener del tribunal agrario la suspensión del acto reclamado, con las mismas condiciones que le exige la Ley de Amparo, entonces, le es obligatorio acudir, primero, al juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo. Además, tampoco se actualiza la diversa hipótesis de excepción al mencionado principio rector del juicio de amparo, prevista por el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, consistente en que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así en virtud de que, si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Carta Magna, también es verdad que tal excepción a la causal de improcedencia citada, presupone que en la demanda de derechos fundamentales, exclusivamente se hagan valer esas violaciones constitucionales, porque si además se incluyen cuestiones de legalidad, como sucede en el presente asunto, según se explicará enseguida, la parte quejosa sí se encuentra obligada a agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso ordinario que legalmente proceda, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley de la materia prevé. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, si bien la parte quejosa, aduce que se conculcó en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, lo cierto es que únicamente hace valer argumentos en cuanto a la legalidad del trámite registral, pues tienden a destacar las omisiones e irregularidades en las que -dice el peticionario- incurrió la responsable en la resolución que por esta vía reclama. Por consiguiente, al no haberse interpuesto el juicio de nulidad previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que el quejoso no observó el principio de definitividad que es uno de los que rige en el juicio de amparo; de lo que se sigue, que el acto reclamado en el caso que nos ocupa, no puede estimarse definitivo, para efectos del juicio de amparo y, por ende, es improcedente la demanda de amparo planteada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la cual se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo que se analiza, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En el entendido, que las diligencias de notificación deberán realizarse acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores públicos del CJF que realiza notificaciones.

  4. Principal

    CITATORIO.- Vista la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXXXXXX, contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, consiste en la calificación registral negativa de trece de febrero de dos mil veinte. De manda de amparo la que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Así, en el caso, se advierte que la parte quejosa reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la calificación registral negativa, emitida el trece de febrero del año dos mil veinte, en la que se le negó el servicio registral número 31190011144, para la materialización y entrega del certificado parcelario número 1004071, respecto de la titularidad sobre la parcela 203 Z3 P3 del ejido Umán, municipio de Umán, estado de Yucatán. En ese sentido, se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: Que el acto reclamado proceda de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que la ley que rija el acto conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, Que contra dichos actos, la ley aplicable conceda la suspensión con los mismos alcances que la Ley de Amparo, y sin prever mayores requisitos que los estipulados en la misma, para la concesión de la suspensión definitiva. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de "definitividad", mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Sentado lo anterior, se tiene que el acto ya precisado no es susceptible de ser analizados en la presente vía constitucional, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, procede un recurso ordinario en su contra, por virtud del cual pueden ser revocado, modificado o nulificado los actos; en tanto que, términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe obligatoriedad de las partes de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. En efecto, contra la calificación registral negativa, emitida el trece de febrero del año dos mil veinte, en la que se negó al quejoso el servicio registral número 31190011144, para la materialización y entrega del certificado parcelario 1004071, respecto de la titularidad sobre la parcela 203 Z3 P3 del ejido Umán, municipio de Umán, estado de Yucatán, procede el juicio agrario que expresamente prevé el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que literalmente dice lo siguiente: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. .IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación." Por lo que a criterio de la suscrita, debe de agotarse ese juicio previo a acudir al amparo, cuenta habida que el numeral de referencia, establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; por ende, estos son competentes para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de una resolución de esa naturaleza. Se afirma lo anterior, ya que el juicio de amparo, por regla general, sólo pueden reclamarse actos definitivos; por lo que es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo indirecto, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Los que carezcan de fundamentación; Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala que el acto reclamado del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, lo constituye, la Calificación Registral Negativa, emitida el trece de febrero del año dos mil veinte, en la que se le negó el servicio registral 31190011144, para la materialización y entrega del certificado parcelario 1004071, respecto de la titularidad sobre la parcela 203 Z3 P3, del ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán. Determinación que no se encuentra en algunas de las hipótesis a que se hace mención, por lo que no se encuentra exenta de agotar el principio de definitividad, sino que dicho acto reclamado, encuadra en la hipótesis prevista en el referido artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el cual establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. En efecto, la aplicación de la normatividad agraria en cuanto al fondo del acto, esto es, la calificación registral negativa y su correspondiente afectación al derecho que dice tener el quejoso, son factores determinantes para fijar la competencia en la forma y términos señalados, pues en el conflicto se involucran sujetos de derechos agrarios, así como autoridades agrarias y dicha controversia surge con motivo de la aplicación de la normatividad agraria, con el objeto de resolver sobre la afectación a un derecho otorgado por dicha asamblea. Lo anterior encuentra sustento, por analogía en la parte conducente de la ejecutoria de contradicción de tesis 35/2008-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Segundo Circuito, aprobada a por la Segunda Sala del Máximo Tribunal el siete de mayo de dos mil ocho, cuyo tenor literal de la parte que se desea destacar es el siguiente: ".Conforme a estos preceptos, son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria. En la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento, los tribunales agrarios se sujetarán al procedimiento previsto en la Ley Agraria, el cual tiene matices tutelares de clase, pues de oficio deben considerar los usos y costumbres de las comunidades o grupos indígenas involucrados que no se opongan a la ley ni afecten a terceros; asegurar que esos grupos sociales vulnerables cuenten con traductores; suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros y proveer lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes, características que no se encuentran en otras jurisdicciones, como la administrativa, en sentido estricto. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de la justicia agraria en todo el país. Se integran con el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. Los Tribunales Unitarios Agrarios tienen competencia para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Visto el punto a definir, a la luz de estos principios, se obtiene lo siguiente: El Registro Agrario Nacional, por conducto de los registradores, en observancia del principio de legalidad que rige su actuación, emite una resolución, debidamente fundada y motivada, en la cual califica la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad que los rige, de lo cual dependerá su inscripción, de modo que en su esfera de atribuciones aplica la normatividad de la materia, como es la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. El recurso de revisión tiene por objeto que en la sede de las propias autoridades agrarias se verifique la legalidad de la calificación registral negativa de la inscripción solicitada. La impugnación de la resolución pronunciada en el recurso de revisión tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, relativas a la inscripción de actos jurídicos, por tanto, da origen a la tramitación de un juicio agrario. Dicha resolución también proviene de una autoridad en materia agraria y por su sentido de afectación, trasciende al derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, supuesto que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la cual establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; por ende, éstos son competentes para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de una resolución de esa naturaleza. De esta manera, la aplicación de la normatividad agraria en cuanto al fondo del acto, esto es, la confirmación de la calificación registral negativa y la naturaleza, también agraria, de la autoridad emisora de la resolución pronunciada en el recurso de revisión, son factores determinantes para fijar la competencia en la forma y términos señalados, pues en el conflicto se involucra un sujeto colectivo de derecho agrario, como es un ejido, así como autoridades agrarias y dicha controversia surge con motivo de la aplicación de la normatividad agraria, con el objeto de resolver sobre la afectación a un derecho otorgado por dicho estamento. Corrobora lo anterior el artículo 1o., párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual dispone la inaplicabilidad de dicha ley a la justicia agraria, regla que instituye una excepción a la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevista en el artículo 14, fracción XI, de dicha ley, para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues su jurisdicción es genérica en materia administrativa, no específica para los asuntos de naturaleza agraria, para los cuales la propia Constitución instituyó los tribunales agrarios." De la ejecutoria que en parte ha quedado transcrita surgió la jurisprudencia 2a./J. 88/2008, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de dos mil ocho, página 66, cuyos rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." En reiteración del anterior criterio, el Alto Tribunal sostuvo en diversa jurisprudencia, que la procedencia del juicio de nulidad contenido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, únicamente depende de que se impugne una resolución de una autoridad agraria, en el caso los Delegados del Registro Agrario Nacional (y los registradores Integrales adscritos a dicha dependencia); y que esa resolución altere, modifique o extinga un derecho. Lo que se desprende de la parte que se destacada de la jurisprudencia 2a./J. 124/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de dos mil quince, Tomo II, página 1943, cuyos rubro y texto dicen: "RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. ES OPTATIVO AGOTARLO PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN DE LA ASAMBLEA RELATIVA A LA ELECCIÓN O REMOCIÓN DE ÓRGANOS EJIDALES. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, vigente hasta el 11 de octubre de 2012, cuando el Registro Agrario Nacional niegue la inscripción de un acta de asamblea relativa a la elección o remoción de órganos ejidales, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. A su vez, este último precepto indica que los interesados podrán interponer el recurso de revisión o, "cuando proceda", intentar la vía jurisdiccional que corresponda; es decir, lo optativo depende de que la vía jurisdiccional proceda sin condición alguna. En ese orden, si la procedencia del juicio de nulidad contenido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, únicamente depende de que se impugne una resolución de una autoridad agraria, en el caso los delegados del Registro Agrario Nacional; y que esa resolución altere, modifique o extinga un derecho, lo que igualmente se actualiza con la resolución negativa de inscripción del acta de asamblea aludida, porque trasciende directamente al derecho que tienen los ejidos de nombrar a sus órganos de representación y de vigilancia, así como de solicitar su registro; entonces, resulta patente que, en el caso, no existe mayor condición para la procedencia del juicio agrario, de manera que es optativo agotar el recurso de revisión, esto es, los interesados pueden elegir entre ese medio de defensa en sede administrativa o acudir desde luego ante el Tribunal Unitario Agrario. Lo anterior incluso permite, que la solución de las controversias suscitadas por la negativa de inscripción de la asamblea relativa a la elección o remoción de los órganos ejidales sea expedita." En las relatas condiciones, se concluye que al estar expeditos los tribunales agrarios para conocer y resolver los conflictos relacionados por la aplicación de las leyes de esa materia, entre ellas, las que precisamente rigen al Registro Agrario Nacional y de manera expresa, de acuerdo con el numeral 18, fracción IV, el juicio de nulidad contra resoluciones dictadas por esta autoridad agraria que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, es inconcuso que de manera previa a la promoción del juicio de amparo, el peticionario debió acudir ante aquellos para controvertir la resolución emitida el trece de febrero del año dos mil veinte. Asimismo, debe decirse que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad aludido, en virtud de que el juicio agrario no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, ya que la primera de las legislaciones en cita, para efectos de la suspensión, lo remite a los requisitos de esta última. En efecto, el artículo 166 de la Ley Agraria dispone que la suspensión en el juicio agrario se regulará aplicando, en lo conducente, lo dispuesto por el "Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte de la Ley de Amparo"; de esta manera, es dable señalar que el artículo 166 en comento no exige mayores requisitos que la legislación de amparo en vigor para suspender el acto impugnado, puesto que la suspensión será regulada aplicando las disposiciones legales de la Ley de Amparo vigente y al prever está actualmente en un solo apartado lo relativo a la suspensión concedida a los sujetos agrarios (individuales y colectivos), se entiende que los requisitos para otorgar tal medida son los mismos. En ese sentido, si la parte quejosa está en aptitud de obtener del tribunal agrario la suspensión del acto reclamado, con las mismas condiciones que le exige la Ley de Amparo, entonces, le es obligatorio acudir, primero, al juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo. Además, tampoco se actualiza la diversa hipótesis de excepción al mencionado principio rector del juicio de amparo, prevista por el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, consistente en que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así en virtud de que, si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Carta Magna, también es verdad que tal excepción a la causal de improcedencia citada, presupone que en la demanda de derechos fundamentales, exclusivamente se hagan valer esas violaciones constitucionales, porque si además se incluyen cuestiones de legalidad, como sucede en el presente asunto, según se explicará enseguida, la parte quejosa sí se encuentra obligada a agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso ordinario que legalmente proceda, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley de la materia prevé. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, si bien la parte quejosa, aduce que se conculcó en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, lo cierto es que únicamente hace valer argumentos en cuanto a la legalidad del trámite registral, pues tienden a destacar las omisiones e irregularidades en las que -dice el peticionario- incurrió la responsable en la resolución que por esta vía reclama. Por consiguiente, al no haberse interpuesto el juicio de nulidad previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que el quejoso no observó el principio de definitividad que es uno de los que rige en el juicio de amparo; de lo que se sigue, que el acto reclamado en el caso que nos ocupa, no puede estimarse definitivo, para efectos del juicio de amparo y, por ende, es improcedente la demanda de amparo planteada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la cual se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo que se analiza, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En el entendido, que las diligencias de notificación deberán realizarse acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores públicos del CJF que realiza notificaciones.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano