Ronald Góngora Nah

Expediente 2722/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 40 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2722/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Ronald Góngora Nah

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    MESA IV. Visto el estado que guardan los presentes autos así como el oficio 6692/2023, remitido por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual informó que ese órgano de control constitucional el dos de marzo del año en curso, se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, el cual le fuera enviado con motivo del punto de acuerdo 219/2022, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en cumplimiento al artículo 6 del diverso Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que, con motivo de la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, señala los lineamientos para remitirle diversos expedientes de amparo, así como la migración de su expediente electrónico. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso i), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que el mismo fue turnado a un diverso órgano de control constitucional con motivo de un Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, deberán digitalizarse todas las constancias que integran el citado expediente, para los fines legales pertinentes. Por otra parte, solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo; por ende, tal y como se solicita en el oficio de cuenta, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, se ordena dar acceso al expediente electrónico a dicho órgano jurisdiccional para que pueda consultar las constancias relativas a la substanciación del presente juicio. En tal virtud, hágase lo anterior, del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las acciones necesarias a fin de que la autoridad de mérito, se encuentre en aptitud de acceder y consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa. Finalmente, solicita se le remita copias certificadas de constancias conducentes de la resolución interlocutoria de veintidós de febrero del año en curso; por lo tanto, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítasele copia certificada de las notificaciones a las partes, respecto de la resolución interlocutoria de veintidós de febrero del año en curso, así como los oficios de las autoridades señalas como responsables en el presente incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA I. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, así como el oficio SECNO/STCCNO/1345/2022, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con el que comunica a este órgano jurisdiccional que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, autorizó el punto de acuerdo 219/2022, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, lo anterior en cumplimiento al artículo 6 del diverso Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en el que, con motivo de la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, señala los lineamientos para remitirle diversos expedientes de amparo, así como la migración de su expediente electrónico. Por tanto, toda vez que el presente expediente no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos en el punto 4 del referido acuerdo, se ordena remitirlo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que asuma su conocimiento hasta su resolución, eventual cumplimentación y archivo definitivo; para lo cual se deberá incluir el presente expediente en el acta de entrega que para tal efecto se realice, en términos del citado punto 4. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintisiete minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo IV-2722/2022, promovido por********************, todos los quejosos por su propio derecho y además los dos primeros, en representación de los menores de edad ********************; y estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, La Jueza, declara abierta la audiencia. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda de amparo, auto admisorio de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, y da cuenta con los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), en representación del Director Ejecutivo de la ASEA, en su denominación correcta; apoderado legal de Petróleos Mexicanos, y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión o CRE), en representación del Titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía y Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, (en su denominación correcta), todos con sede en la ciudad de México. Asimismo, se hace constar que la Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, no rindió su informe justificado relativo a la ampliación de demanda de dos de enero del año en curso, a pesar de estar debidamente notificada de ello, pues en los presentes autos, obra la constancia de notificación del oficio 08/2023, por medio del cual se le solicitó lo rindiera, de acuerdo a la guía 701501555024A507475691, de la mensajería rápida denominada "Estafeta", el cual fue recibido el seis de enero del año en curso. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Y en cuanto a la autoridad omisa, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por presuntivamente cierto el acto que se le reclama en la ampliación de demanda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las documentales ofrecidas por la parte tercero interesada ******************** Sociedad Anónima de Capital Variable, en su escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, y las ofrecidas por el Director General de lo Contencioso en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, al rendir su informe justificado; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento 09/2023, de la Representación Social adscrita a este Juzgado; y los formulados por la citada tercero interesada, en su escrito de veintiocho de diciembre del año pasado; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones que hacen las partes antes mencionadas. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente que desahogar, al haberse agotado la audiencia en los términos antes señalados, la Jueza declara vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Lic. Karla Alexandra Domínguez Aguilar. Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán Lic. Maricarmen Zermeño Ocampo. Secretaria de Juzgado.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y un minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos y cuenta con los informes previos rendidos por la Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), y la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), en representación del Director Ejecutivo de la ASEA, en su denominación correcta; el apoderado legal de Petróleos Mexicanos, y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión o CRE), en representación del Titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía y Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, (en su denominación correcta), todos con sede en la ciudad de México, mismos que ya obran agregados en autos. Asimismo, da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 2904, correspondiente al escrito de Daniel Alerto Chale Pérez, apoderado de la persona moral tercera interesada "AUTOSERVICIO YUCATÁN", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el que formula alegatos en este asunto. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo y como se indicó en párrafos precedentes, ténganse por rendidos en tiempo y forma, los informes de las autoridades responsables, para que sean tomados en consideración como correspondan, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 144 del citado ordenamiento legal. Asimismo, se da cuenta que mediante acuerdo de cuatro de enero del año en curso, dictado en autos del juicio principal de donde deriva este incidente, se dejó de tener como responsable "Dirección del Departamento de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Akil, Yucatán, en virtud de que la Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, informó que la autoridad señalada", no figuraba en el organigrama de dicha autoridad Municipal, cuestión que se tiene como hecho notorio en los presentes autos, y se deja de tener a dicha autoridad como responsable, para los efectos legales correspondientes. En el período de pruebas: se da cuenta con las documentales, ofertadas por la parte quejosa, en su demanda de amparo, en su escrito de trece de diciembre de dos mil veintidós, así como las ofertadas por la Presienta Municipal de Akil, Yucatán, que adjuntó a su informe de cuenta, y las documentales ofrecidas por Daniel Alerto Chale Pérez, apoderado de la persona moral tercera interesada "AUTOSERVICIO YUCATÁN", Sociedad Anónima de Capital Variable; en su escrito de ocho de diciembre del año en curso; por tanto, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas, en virtud de su naturaleza jurídica, cerrándose a continuación este período; al no haber alguna otra que desahogarse, se cierra este periodo. En cuanto al periodo de alegatos: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones de la parte quejosa en su escrito de trece de diciembre de dos mil veintidós y en su escrito de dieciocho de enero del año en curso; así como las manifestaciones realizadas por la parte tercero interesada Daniel Alerto Chale Pérez, apoderado de la persona moral tercera interesada "AUTOSERVICIO YUCATÁN", Sociedad Anónima de Capital Variable; en su escrito de veinte de diciembre del año en curso, y en el de esta propia fecha. A lo anterior, la Jueza, acuerda: Agréguese a los presentes autos, el escrito de alegatos de cuenta y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones de la parte tercero interesada en vía de alegatos. Hecho lo anterior, se declara cerrada esta etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Visto, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2722/2022-IV, promovido por Ronald Góngora Nah, Martha Leonils Tolosa Caamal y Gabriela Leonils Góngora Tolosa, todos los quejosos por su propio derecho y además los dos primeros, en representación de los menores de edad Johathan Leonel, Joseph Amauri y Johan Gael, todos de apellidos Góngora Tolosa, contra los actos que reclamaron de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Akil, Yucatán, y de otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 4°, 5° y 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y. R E S U L T A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentra el informe previo de la autoridad responsable, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, se estima que los actos que primigeniamente reclama la parte quejosa, consisten en: - La aprobación, expedición o emisión de las licencias, permisos o autorizaciones de factibilidad de uso de suelo; licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia para construcciones de uso diferente a casa habitación, estaciones de servicio; gasolineras; licencia de operación y/o expendio público de gasolina y/o licencia de construcción de gasolinera, en los predios ubicados en la calle veintisiete diagonal, número sesenta y uno, manzana sesenta y cinco, así como el de calle veintisiete diagonal, número cincuenta y nueve, manzana sesenta y cinco, ambos del Municipio de Akil, Yucatán. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por tanto, en auto de veintiocho de noviembre del año pasado, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables, su correspondiente informe previo. Por auto de dos de enero del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda, respecto de nuevas autoridades y nuevos actos consistentes en: - La emisión de las licencias de uso de suelo, construcción de gasolinera, alineamiento y número oficial de gasolinera, todas con fechas veintitrés de agostos del presente año, a favor de "Autoservicio Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable", así como la expedición de la licencia de funcionamiento en favor de la citada persona moral, de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; y la emisión del título de permiso de expedición de petroliferos en estaciones de servicio número PL/24309/EXP/ES/2022 por el que autoriza a "Autoservicio Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, para expender gasolinas Regular, Premium y Diesel en la estación de servicio ubicada en la calle veintisiete diagonal, manzana sesenta y cinco, número cincuenta y nueve y sesenta y uno, de Akil, Yucatán, de conformidad con la resolución número RES/1029/2022, emitida por la CRE el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Motivo por el cual, se solicitó a las responsables sus informes previos; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 139 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, tal como se hizo constar en la audiencia incidental que antecede, las partes no ofrecieron prueba alguna ni realizaron manifestación en vía de alegatos; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva, atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos. TERCERO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. La Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), en representación del Director Ejecutivo de la ASEA, en su denominación correcta, el apoderado legal de Petróleos Mexicanos, y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión o CRE), en representación del Titular y del Órgano de Gobierno de dicha Comisión, todos con sede en la Ciudad de México, al rendir sus correspondientes informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclamó, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa que desvirtúe tales negativas; por ende, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, procede negar a los amparistas, en este aspecto, la medida cautelar solicitada, por falta de materia sobre la cual pueda decretarse respecto de dichas autoridades, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. La Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), así como el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía en representación del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México, reconocieron la existencia de los actos que se les reclama en el presente asunto. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en su escrito primigenio de demanda y en su escrito de ampliación, y que en específico hace consistir en la emisión de las licencias de uso de suelo, construcción de gasolinera, alineamiento y número oficial de gasolinera, todas con fechas veintitrés de agosto del año dos mil veintidós, a favor de "Autoservicio Yucatán", Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la expedición de la licencia de funcionamiento en favor de la citada persona moral, de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; y la emisión del título de permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio número PL/24309/EXP/ES/2022 por el que se autoriza a "Autoservicio Yucatán", Sociedad Anónima de Capital Variable, para expender gasolinas Regular, Premium y Diesel en la estación de servicio ubicada en la calle veintisiete diagonal, manzana sesenta y cinco, número cincuenta y nueve y sesenta y uno, de Akil, Yucatán; se niega la medida cautelar, por tratarse de actos consumados, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." QUINTO. OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, en cuanto a los efectos y consecuencias derivadas de los actos reclamados, la parte quejosa aduce que debe de concederse la suspensión en atención al principio de precaución correspondiente al derecho al medio ambiente sano, así como al peligro a la vida e integridad que pudiera significar para los quejosos la construcción y operación de la estación de servicios, tomando en consideración que se encuentran involucrados menores de edad. Ahora bien, para determinar si procede o no conceder la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester analizar si en la especie, se colma lo establecido por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cuyos postulados de manera enunciativa y no limitativa se contemplan en el artículo 129 de la ley de la materia. Además, en relación con lo anterior, es necesario hacer una breve exposición de las reglas de procedencia de la suspensión, haciendo especial énfasis en lo relativo a los conceptos de interés social y orden público, ponderación de la apariencia del buen derecho y, como en el caso específico se advierte la hipótesis de interés legítimo, también se atenderá al requisito del daño inminente e irreparable que se debe acreditar para la concesión de la suspensión, así como el interés social que justifique su otorgamiento. Así, en términos generales, el incidente de suspensión en el juicio de amparo, tiene dos finalidades preponderantes: mantener viva la materia del juicio de amparo en lo principal, es decir, permitir a través de la suspensión, que el Juez de Distrito analice la cuestión principal sometida a litis, ya que de esta manera, de conceder la protección de la justicia federal permitiría restituir efectivamente al quejoso el derecho violado por el acto de autoridad; y, evitarles mayores perjuicios de continuar surtiendo los efectos del acto reclamado, los que de consumarse haría imposible restituir el derecho violentado. También es importante señalar, que la suspensión es temporal, es decir, subsiste en tanto el juicio de amparo se resuelve en lo principal; por regla general no tiene efectos restitutorios ni es constitutiva de derechos para la parte quejosa, sobre todo, cuando no se tenían antes de la presentación de la demanda. Ahora bien, para conceder la suspensión de los actos reclamados, cuando se tramita a petición de parte y, en particular, cuando se aduce un interés legítimo, se deben tomar en cuenta, los siguientes elementos: 1) Que la suspensión la solicite el agraviado; 2) Que el acto reclamado sea cierto, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva, requiere que en los informes previos la autoridad responsable haya aceptado su existencia, o bien, se presuma la existencia ante la omisión de rendir el informe previo correspondiente; 3) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de ser suspendido; 4) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, caso en el cual se podrá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita; y, 5) Que exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, quien resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional. En el caso, se estiman cumplidos los requisitos apuntados. 1) La solicitud de la parte quejosa. Dicho requisito se encuentra colmado, toda vez que los quejosos aducen que la autorización o permisos para la construcción de la estación de servicio para la venta de gasolina, ubicada en los predios de la calle veintisiete diagonal, número sesenta y uno, manzana sesenta y cinco, así como el de calle veintisiete diagonal, número cincuenta y nueve, manzana sesenta y cinco, ambos del Municipio de Akil, Yucatán, les causa afectación en virtud de la cercanía del predio en el que habitan y la zona de obra en donde se está construyendo la estación de servicio. Pues para ello, adjuntaron a su demanda de amparo, copia certificada de un aviso de recibo de la Comisión Federal de Electricidad, expedida a favor del quejoso Ronald Góngora Nah, del que se advierte que tiene como domicilio calle veintisiete, con treinta y seis, esquina de Akil, Yucatán; así como copias de las credencial de elector, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, a favor de Gabriela Leonils Góngora Tolosa, Martha Leonils Tolosa Caamal, y Ronald Góngora Nah, con domicilio en la calle veintisiete, con treinta y seis, sin número, de Akil, Yucatán. Por lo que los quejosos esgrimen un interés legítimo, puesto que afirman que la construcción de gasolinera ubicada en los predios de la calle veintisiete diagonal, número sesenta y uno, manzana sesenta y cinco, así como el de calle veintisiete diagonal, número cincuenta y nueve, manzana sesenta y cinco, ambos del Municipio de Akil, Yucatán, resienten una afectación directa a su esfera jurídica, pues consideran que contraviene sus derechos fundamentales, máxime que aducen que entre los quejosos hay menores de edad. 2) Que el acto reclamado sea cierto. En el particular, con base en las constancias que obran en autos, se presume la existencia de los actos reclamados, por lo que también se colma dicho requisito, de acuerdo a los informes previos rendidos por la Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), así como el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía en representación del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México, quienes reconocieron la existencia de los actos que se les reclama en el presente asunto. 3) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de ser suspendido, también se encuentra colmado, pues en el caso, se trata de la emisión de las licencias de uso de suelo, construcción de gasolinera, alineamiento y número oficial de gasolinera, todas con fechas veintitrés de agosto del año dos mil veintidós, a favor de "Autoservicio Yucatán", Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la expedición de la licencia de funcionamiento en favor de la citada persona moral, de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; y la emisión del título de permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio número PL/24309/EXP/ES/2022 por el que autoriza a "Autoservicio Yucatán", Sociedad Anónima de Capital Variable, para expender gasolinas Regular, Premium y Diesel en la estación de servicio ubicada en la calle veintisiete diagonal, manzana sesenta y cinco, número cincuenta y nueve y sesenta y uno, de Akil, Yucatán; esto es, se trata de actos cuya naturaleza son susceptibles de ser suspendidos provisionalmente. 4) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, caso en el cual se podrá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Dicho requisito también se satisface. El orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto; se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Conceptos expuestos en la jurisprudencia I.3o.A. J/16, que se estima aplicable no obstante de referirse a la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, porque la redacción coindice en esencia en el actual numeral 128 de la Ley de la materia, cuyos datos y contenido es el siguiente: Novena Época, Registro: 199549, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Administrativa, Página: 383 "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". En ese orden, se cumple el requisito aludido ya que con la concesión de la medida no causa perjuicio al interés social, ni contraviene disposiciones de orden público, pues no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se refiere el numeral 129 de la Ley de Amparo; por el contario, dado el interés que aducen los justiciables, y la naturaleza de los derechos que pueden afectarse por los actos reclamados, es interés de la sociedad que tales derechos se protejan al grado de tomar toda clase de medidas que prevengan la afectación de los mismos. Lo anterior, porque de seguirse ejecutando los actos reclamados podría causarse un daño inminente e irreparable que podría causarles a los quejosos, el establecimiento de esa estación de servicio que aducen, cerca del domicilio donde habitan. Lo anterior, porque el establecimiento y funcionamiento de las estaciones de servicios (gasolineras), es una actividad que se encuentra rigurosamente reglamentada, pues constituye una cuestión de orden público e interés social que el establecimiento de tales giros se lleve a cabo de manera ordenada, y sobre todo segura, ya que es interés del Estado proteger la integridad de los habitantes, habida cuenta que las actividades que desarrollan implica un riesgo que podría poner en peligro a la sociedad en general. De este modo, el daño inminente que se acredita de forma indiciaria, deriva de la especial situación en que se ubican los quejosos frente al acto reclamado, pues demostraron tener su domicilio en la misma calle en donde se está construyendo la estación de servicio de gasolina operada por "Autoservicio Yucatán", Sociedad Anónima de Capital Variable. De lo que se sigue que de no concederse la suspensión conlleva una afectación a los quejosos pues se trata de un giro comercial reglamentado que si bien puede generar beneficios económicos para los expendedores de gasolinas, o inclusive crear fuentes de trabajo, lo cierto es que no producen beneficios para la sociedad en general que deban preservarse; es decir, la operación de la estación de servicio no se trata de una cuestión de interés social u orden público que deba preservarse, ya que ni siquiera se pone en riesgo el abasto del hidrocarburo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Primer Circuito, visible en la página 2507, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y PRECAUTORIO, APLICABLES A LOS RIESGOS EN ESA MATERIA. El principio de prevención conduce a un accionar destinado a evitar o disminuir riesgos ciertos; hay identificación plena del factor que produce el daño y de éste; en cambio, el principio precautorio se aplica a los riesgos inciertos, es decir, se desarrolla dentro de un espectro de incertidumbre en cuanto a la existencia y consecuencias de una conducta o actividad determinada en el medio ambiente, por lo que la elección de las acciones preventivas se lleva a cabo a partir de la evidencia científica existente sobre los posibles impactos de aquélla." Así, analizados tales aspectos bajos los conceptos de interés social, contravención al orden público y apariencia del buen derecho, llevan a la conclusión de que es procedente la suspensión definitiva solicitada, ya que los quejosos tienen su propiedad cerca donde se está llevando a cabo la construcción de servicio de gasolina, por lo que, sí pudieran resentir alguna afectación a su esfera jurídica, lo que genera que se satisfagan los requisitos analizados, así como los establecidos por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión pues dichos elementos son suficientes para establecer la procedencia de dicha medida cautelar. Pues si bien, la tercero interesada "Auto Servicio Yucatán", a través de su apoderado legal, manifestó contar con todos los permisos necesarios para operar la estación de servicio ubicada en los predios en la calle veintisiete diagonal, número cincuenta y nueve y sesenta y uno, por veintisiete y treinta y uno, de Akil, Yucatán, y para ello, adjuntaron copia certificada de la licencia de Construcción, licencia de alineamiento y número oficial, licencia de uso de suelo, emitidas por el Ayuntamiento de Akil, Yucatán, así como la resolución emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, donde se autoriza el proyecto de la estación de servicio, y la impresión del permiso de expendio de petrolíferos en la estación PL/24309/EXP/ES/2022, emitido por la Comisión Reguladora de Energía; lo cierto es que el artículo 4 Constitucional reconoce a favor de toda persona el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado se encuentra obligado a garantizar el respeto a este derecho. Así, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley, siendo que, de acuerdo a las manifestaciones de la parte quejosa que formularon bajo protesta de decir verdad en la ampliación de demanda de amparo, aducen que debe de concederse la suspensión en atención al principio de precaución correspondiente al derecho al medio ambiente sano, así como al peligro a la vida e integridad que pudiera significar para los quejosos la construcción y operación de la estación de servicio, tomando en consideración que se encuentran involucrados menores de edad, por lo que con ello, o se advierte una posible transgresión a esos derechos de los que gozan, de ahí la apariencia del buen derecho está justificada a su favor. Por tanto, en una ponderación entre los intereses que están en juego y el derecho de las prerrogativas constitucionales a favor de los quejosos, y tomando en cuenta que con la suspensión se puede obtener un beneficio transitorio se CONCEDE LA SUSPENSION DEFINITIVA solicitada para que se continúe con la construcción de la estación de servicio, pero no entre en funciones la operación del expendio de gasolina que se ubica en la calle veintisiete diagonal, número sesenta y uno, manzana sesenta y cinco, y calle veintisiete diagonal, número cincuenta y nueve, manzana sesenta y cinco, ambos del Municipio de Akil, Yucatán; ya que en este estadio procesal, se presume posibles riesgos a la vida y a la salud de los quejosos por la concentración cercana de depósitos de gasolina, en virtud de la cercanía de su domicilio, por lo que opera el principio precautorio, que determina tomar acciones en protección a los bienes jurídicos de preeminente interés social, como lo es evitar que no se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud de las personas, en el caso de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, página 2935, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "LICENCIA PARA OPERAR UNA GASOLINERA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PARA QUE NO SURTA EFECTOS, POR LOS POSIBLES RIESGOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS, DERIVADOS DEL ALEGADO INCUMPLIMIENTO A LA DISTANCIA MÍNIMA QUE DEBE EXISTIR ENTRE ESTACIONES DE SERVICIO. De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracción II y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA.", procede conceder la suspensión provisional en el amparo para que no surta efectos la licencia para operar una gasolinera cuando se alegue que ésta se encuentra fuera de la distancia mínima de resguardo con otra estación de servicio, en contravención al artículo 9 del Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Ello se estima así, pues al advertirse posibles riesgos a la vida y a la salud de las personas por la concentración cercana de depósitos de gasolina, opera el principio precautorio, que determina tomar acciones en protección a los bienes jurídicos de preeminente interés social, como lo es evitar que no se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud de las personas". En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación, por lo que deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento a esta medida cautelar, pues ésta, como se precisó, se concedió para el efecto de que se continúe con la construcción de la estación de servicio, sin que deba de entrar en operación la gasolinera antes señalada. Para ello, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el incumplimiento a la suspensión constituye un delito conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no hacerlo, además de la responsabilidad en que puedan incurrir conforme a lo señalado en el párrafo que precede, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización; con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE NIEGA a Ronald Góngora Nah, Martha Leonils Tolosa Caamal y Gabriela Leonils Góngora Tolosa, todos los quejosos por su propio derecho y además los dos primeros, en representación de los menores de edad Johathan Leonel, Joseph Amauri y Johan Gael, todos de apellidos Góngora Tolosa, la suspensión definitiva de los actos que reclaman de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Akil, Yucatán, y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el tercer y cuarto considerando de este incidente. SEGUNDO. SE CONCEDE a Ronald Góngora Nah, Martha Leonils Tolosa Caamal y Gabriela Leonils Góngora Tolosa, todos los quejosos por su propio derecho y además los dos primeros, en representación de los menores de edad Johathan Leonel, Joseph Amauri y Johan Gael, todos de apellidos Góngora Tolosa, la suspensión definitiva de los actos que reclamaron de a la Presidenta Municipal de Akil, Yucatán, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE), así como el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía en representación del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México; por los motivos y para los efectos expuestos en el quinto considerando de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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