Ronald Benson Woodard

Expediente 881/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
881/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Ronald Benson Woodard
  • Ronald Benson Woodard y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cinco del mes y año en curso, por el que, por los quejosos ********** y ********** se tuvo por no presenta la demanda de amparo que promovieron y por ********** se desechó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los quejosos, en proveído de diecinueve de octubre pasado, para que cumplieran con la prevención ahí efectuada, sin que lo hayan hecho ************; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que, únicamente por lo que respecta a los nombrados, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que el quejoso ***********, con escrito recibido el treinta de octubre pasado, aduce dar cumplimiento a la prevención que se les mandó dar en proveído de diecinueve de octubre del año en curso. La prevención realizada a la parte quejosa consistió en que: Manifestara de manera suscinta y cronológica los antecedentes del acto reclamado. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por ello, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, Nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional ha partido de dos criterios, a saber: En primer lugar, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. En segundo lugar, considerado complemento del anterior, que ha evolucionado de la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción V, de la ley de la materia, es el que establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior, verbigracia, la resolución que dirime la cuestión de personalidad, previamente al fondo de un juicio natural. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las violaciones procesales de grado predominante o superior dentro del juicio consisten en la afectación a las partes, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleven la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, estas bases primarias para determinar los supuestos referidos, requieren que se satisfagan íntegramente. Es entendible, que de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio, será improcedente. Y es que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, claro, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación como ya se dijo, o afecten a las partes en grado predominante o superior. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis número LVIII/2004, sustentada por nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional en la República, visible en la página 10, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que no guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo (que también recoge lo preceptuado en el artículo 172, fracción IV), de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto, pudiéndose como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Ilustra lo anterior, por las razones jurídicas que informa la tesis número IV.2o.C.53 K , sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 2372, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado." Por el criterio que la rige, también es aplicable al tesis I.7o.P.9 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, página: 1670, que contempla: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EMITIDO EN LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE SEGUIDO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Del contenido de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo se advierte la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento de ejecución de sentencia y de remate, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente, sean reclamables en el amparo que se promueva contra la resolución final que se dicte en éste; por lo que la misma razón debe regir para aquellos amparos en que se reclame el acuerdo de desechamiento de pruebas emitido en la tramitación de un incidente seguido después de concluido el juicio, pues se trata de un acto de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, tomando en cuenta además, que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en dicho incidente; y, en caso contrario, que goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que lo hayan dejado sin defensa." Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa se tiene que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el recurso de revisión, promovido en contra de la diligencia de ejecución de laudo de fecha treinta de Julio de dos mil dieciocho, por el que no se admitieron pruebas ofrecidas por el aquí quejoso. Como se puede observar, el acto reclamado, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal emitida dentro del recurso de revisión, que podrá hacer valer el inconforme hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho recurso, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del recurso de revisión, si ésta es favorable a los intereses del quejoso y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar la referida irregularidad procedimental, junto con la resolución que haya decidido el recurso, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que el acuerdo reclamado, emitido por la responsable, en la que determinó no admitir pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse, se reitera, si se obtiene resolución favorable dentro del citado recurso, lo cual a la fecha no ha acontecido. Apoya a las anteriores consideraciones por identidad jurídica la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que surgió al resolver la contradicción de tesis 10/2000, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, materia (s) común, la cual reza: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce el quejoso, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    Agréguese en autos, el escrito del quejoso **********, mediante el cual refiere dar cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el diecinueve de los actuales; toda vez, que aún sigue transcurriendo el plazo conferido a los promoventes, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto aquél fenezca.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 881/2018-VI. En la especie, se estima que la demanda de cuenta es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que la parte quejosa no cumplió con el requisito establecido anteriormente, ya que de las manifestaciones realizadas por los quejosos en su escrito, no se satisface la exigencia establecida en la Ley de Amparo, habida cuenta que no precisaron de manera suscinta y cronológica los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se afirma, dado que en el rubro de "Antecedentes", marcado con el número 15, se establece: "15.- Mediante acuerdo de fecha 02 de octubre de 2018 se emitió acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de pruebas y alegatos y una vez que se tuvo por pronunciándose a la Autoridad Responsable, respecto a la reserva de misma fecha 02 de octubre de 2018" Dicho párrafo se considera incompleto, porque no se tiene certeza de que la manifestación que pretenden hacer los quejosos termine precisamente en esa parte, pues, no se obtiene una conclusión lógica en relación a los demás datos ahí señalados. Además que después de ese párrafo que se considera inconcluso, el escrito de demanda continúa con el diverso apartado de los "conceptos de violación", situación que se insiste no permite tener certeza o claridad de la totalidad de las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa, circunstancia que, inclusive pudiera resultar necesaria para la obtención también de manera precisa del acto reclamado en esta vía. Esto es así, porque de la lectura del apartado relativo al acto reclamado, se aprecia que los quejosos señalan dos actos diferentes y se considera que con la aclaración de la totalidad de los antecedentes por los que se realiza esta prevención, el suscrito podrá encontrarse en aptitud de determinar la procedencia o no del juicio, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores del juicio del que emana el acto reclamado y, que válidamente puede obtener la parte quejosa. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste de manera suscinta y cronológica los antecedentes del acto reclamado. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si alguno de los promoventes es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Asimismo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 y 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo, a Daniel Alberto Ramírez Rangel y María Aurora Ramírez Padrón, al contar con sus cédulas profesionales números 7936611 y 3450146 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del primer precepto legal en cita, a Laura Isabel Ramírez Rangel, René Alfonso Ortega Landín, Gabriel Eduardo Hernández, Andrea del Carmen Luna Gloria, José Santos Baldemar y Gabriel Eduardo Hernández al no encontrarse en ese supuesto. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al licenciado **********, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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