Rómulo Américo Roaro Ruíz
Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rómulo Américo Roaro Ruíz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 192/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 14, segundo párrafo, y 17, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que deriva de la figura jurídica "cosa juzgada refleja". Dichos dispositivos establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 14 (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 17. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.)". En efecto, la fracción XXIII, del numeral 61, de la ley de la materia debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que implica que las restantes fracciones del citado precepto sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia de la acción constitucional, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. A efecto de evidenciar lo anterior, en primer término, se destaca que la figura de "cosa juzgada" surge con el dictado de una determinación que ha adquirido firmeza legal, ya sea porque esta no es impugnable o, aun siéndolo, no se interpuso el recurso o medio de defensa respectivo o, habiéndose hecho valer, fue resuelto. La finalidad de esa figura, es dotar a las partes en litigio de un principio de seguridad y certeza jurídicas respecto de la firmeza de las determinaciones adoptadas por la autoridad jurisdiccional. La figura de que se trata se encuentra establecida en el artículo 17 constitucional, al disponer que las leyes federales y locales, establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, cuando un litigio ha sido resuelto mediante la determinación respectiva que ha adquirido firmeza legal, no es susceptible de discutirse o analizarse nuevamente, en aras de salvaguardar las garantías de acceso a la justicia, y tutela judicial efectiva, previstas en el citado numeral 17 constitucional. Ahora, para que se actualice la figura de "cosa juzgada", es necesario que entre un asunto previamente resuelto y el diverso nuevamente planteado, exista identidad en: Los sujetos y la calidad con que intervinieron; El objeto (derecho que se reclama); y La causa (hecho jurídico que se invoca como fundamento de la acción, es decir, el principio generador del derecho que se trata de hacer valer). La "cosa juzgada" es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica en nuestro país, porque constituye el respeto y acatamiento a las consecuencias jurídicas derivadas de una relación procesal, siempre que en el juicio correspondiente haya sido respetado el derecho del debido proceso con sus formalidades esenciales. Así, los efectos de dicha figura jurídica en materia de amparo, se encaminan a vedar la posibilidad de discusión, examen o análisis posterior en torno a un acto de autoridad que ya fue materia de estudio previo, realizado por un órgano de control en el que se dilucidó la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, lo anterior con la finalidad de evitar la emisión de resoluciones judiciales, eventualmente contradictorias entre sí, para salvaguardar el principio de seguridad y certeza jurídicas para las partes. Aunado a lo anterior, es necesario precisar que la figura de "cosa juzgada", además de proporcionar certeza respecto de las resoluciones que se han suscitado en litigios constitucionales mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia de amparo, también tiene efectos respecto del procedimiento ordinario u otro distinto, pero necesariamente vinculado con el diverso del que derivó la resolución reclamada, esto es, una vez que el tribunal de amparo se ha pronunciado sobre el punto controvertido, dicha opinión, en la mayoría de los casos, vincula necesariamente a la autoridad responsable a asumir cierta posición frente a posteriores cuestionamientos análogos, a fin de no vulnerar la eficacia de dichas determinaciones. Analizada la figura jurídica de que se trata, es necesario mencionar la variante conocida como "cosa juzgada refleja o efecto reflejo de la cosa juzgada", que se actualiza en un determinado juicio o litigio, a pesar de no existir la identidad o límites subjetivos y objetivos de la tradicional "cosa juzgada" (identidad de sujetos y calidad con que intervinieron, objeto y causa), porque existe una circunstancia o efecto extraordinario de un litigio o proceso anterior ya resuelto, que incide en el segundo y resulta determinante para su resolución. En ese sentido, la "cosa juzgada" tiene por objeto evitar la duplicidad en la tramitación de procesos o emisión de resoluciones cuando previamente ya fue decidida la misma cuestión jurídica, la cual requiere identidad en el punto litigioso resuelto con anterioridad, y aquel en que esa cuestión sea planteada de nuevo, por lo que se refiere a los sujetos y calidad con que intervinieron, objeto y causa. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia reconocen la existencia de un efecto reflejo de la "cosa juzgada", cuando en un caso concreto, a pesar de que no existe identidad en el objeto, no puede negarse o desvincularse la influencia que ejerce la cosa juzgada de un litigio anterior sobre el que va a fallarse, por ello es que se denomina "refleja". De esta forma, la "cosa juzgada" puede surtir efectos en el mismo proceso, o en otros, de dos maneras: La primera es la denominada "eficacia directa", que se actualiza cuando los elementos estructurales en ambas contiendas son idénticos -sujetos, objeto y causa-. La segunda es la "eficacia refleja", en la cual, si bien no es necesario que exista una identidad subjetiva y objetiva entre dos litigios o procesos, de manera extraordinaria se actualiza una consecuencia jurídica, porque en una determinación anterior ya fue resuelto algún aspecto fundamental relacionado con la instauración de la segunda contienda, que impacta en esta cuando se produzca la posibilidad de emitir un eventual fallo contradictorio. Por ende, a fin de impedir que un juzgador incurra en el dictado de una segunda resolución incongruente, o que controvierta las determinaciones adoptadas en un primer asunto, en el que clara y objetivamente fue resuelto un conflicto de intereses que tiene dependencia o interrelación con el planteado en segundo término, se autoriza que de manera "refleja", la "cosa juzgada" surta efectos. Así, con el "efecto reflejo" se robustece el principio de seguridad jurídica, ya que proporciona mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, al evitar la emisión de criterios diferentes o hasta contradictorios entre sí, en torno a un mismo hecho o punto litigioso tratado en asuntos unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. De esa forma, esta modalidad de "cosa juzgada refleja", sólo requiere que en la segunda cuestión planteada se pretenda reiterar el análisis respecto de un punto de derecho, en torno del cual, en un fallo previo vinculado con aquél, se haya tomado una decisión precisa, clara e indudable, sobre algún hecho o situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del segundo objeto del conflicto planteado. En conclusión, los elementos que deben concurrir para que se actualice la "eficacia refleja de la cosa juzgada", son: La existencia de una determinación firme; La existencia de una nueva cuestión planteada; Que el objeto de ambas circunstancias sea conexo por tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; La existencia de un hecho o situación, que sea elemento o presupuesto lógico necesario entre aquellas dos primeras cuestiones, que se haya sido dilucidado de manera precisa, clara e indudable en determinación firme; y Que para la solución del segundo planteamiento, se requiera asumir un criterio sobre ese elemento o presupuesto lógico común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Ahora, a fin de evidenciar que en la especie se actualiza la "cosa juzgada refleja", debe tomarse en consideración lo siguiente. **************, promovió juicio de amparo del que conoció este órgano jurisdiccional bajo el número ***************, controvertido en el que señaló como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORA ( Juez Primero Civil del Partido Judicial. EJECUTORAS ( Registro Público de la Propiedad. ( Actuario designado o asignado que por turno corresponda, por la Central de Actuarios. ( Policía Municipal. Todos con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato. El acto reclamado se hizo consistir en el siguiente: La desposesión del inmueble ubicado en *********** de esta misma ciudad, derivada de la sentencia emitida por el Juez Primero Civil de Partido Judicial, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en los autos del Juicio Ordinario Mercantil *********, en donde se condenó a la demandada denominada *****************, al cumplimiento del contrato de compraventa de fecha veinte de diciembre de dos mil nueve, celebrado con la actora *****************; sin que la quejosa previamente hubiera sido oída ni vencida en dicho juicio (tercera extraña en sentido estricto), no obstante que dijo ser la propietaria y poseedora del inmueble. En el referido juicio de amparo se dictó sentencia el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que la quejosa no demostró su interés jurídico, bajo los argumentos torales siguientes: En suma, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, que colma en esencia su objetivo con la nulificación de los actos de autoridad que se reclamen y que resulten violatorios de los derechos subjetivos públicos del gobernado, por lo que para el logro de este objetivo es menester la demostración o acreditamiento de cuatro presupuestos fundamentales, a saber: a) La existencia del acto que se reclama; b) Que ese acto produzca una afectación; c) Que esa afectación incida en algún derecho subjetivo público del que es titular el quejoso, y; d) Que tal afectación contraríe las disposiciones contenidas en la Norma Fundamental. Bajo dicha guisa y trasladado lo anterior al caso que nos ocupa, a consideración de quien esto resuelve, el tercero de los requisitos apuntados no se encuentra acreditado. Es así, puesto que del escrito de demanda se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño en sentido estricto al juicio ordinario mercantil *************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad, reclamando que se le pretende privar del inmueble ubicado en ****************** de esta ciudad, respecto del cual la parte quejosa aduce ser su propietaria, sin que previamente haya sido oída ni vencida en juicio. Y, a efecto de acreditar la propiedad del bien inmueble de marras, el peticionario del amparo ofreció como prueba de su parte copia certificada de la siguiente documental: Acta de entrega y recepción de la vivienda ubicada en ***************, por parte de ************** a "El Propietario" ***************, levantada en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el día nueve de febrero de dos mil nueve; documento que fue pasado ante la fe del Notario Público número 19, en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el día veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Documental que, valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta insuficiente para acreditar que efectivamente la agraviada detentaba la propiedad sobre el referido inmueble en la fecha en que se inició el juicio del que deriva el acto reclamado. Dicho aserto obedece en razón de que si el Juicio Ordinario Mercantil ***************, en el que se ejerció la acción sobre cumplimiento de contrato privado de promesa de compraventa, otorgamiento y firma de las escrituras correspondientes al Notario Público, cancelación de gravamen y pago de gastos y costas; respecto del inmueble ubicado en ***********, se inició el catorce de marzo de dos mil dieciocho, según se desprende de las constancias que obran a fojas noventa y cuatro a noventa y seis del tomo I de prueba; el cual versó sobre una acción de naturaleza real. Y si de la hoja adjunta al documento descrito en líneas precedentes, como acta de entrega recepción de la vivienda, se advierte que el original fue presentado ante el Notario Público 19 diecinueve con ejercicio en Celaya, Guanajuato, hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintidós para que diera fe del mismo. Es inconcuso que dicho documento adquirió fecha cierta con posterioridad al inicio del juicio ordinario mercantil de origen del que precisamente emana el acto reclamado; por ello, lo litigado y resuelto en tal controvertido no afecta de modo alguno su esfera jurídica, y como consecuencia, carece de interés jurídico en el presente juicio. Con base en lo expuesto, el documento que se presente ante un fedatario público, puede ser considerado de fecha cierta hasta dicho momento, y no en la data en la que aparece en el documento que fue celebrado el acto jurídico, ello es así en razón que, respecto de este último, el notario no puede tener certeza y menos aún dar fe de dicho acto. Bajo dicha premisa si en el caso la accionante se quejó de haber sido afectada en su derecho subjetivo de propiedad respecto del inmueble aludido y, para acreditar la titularidad del derecho que dice tener, exhibió copia certificada de acta de entrega recepción del inmueble de nueve de febrero de dos mil nueve; mismo que tuvo a la vista el fedatario público hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintidós; debe concluirse que con tal documento no puede tenerse por demostrado su interés jurídico, merced que para que ello ocurriera era necesario que el referido título hubiera sido de fecha cierta con antelación al inicio del juicio ordinario mercantil donde se discutió una acción de naturaleza real, lo cual en la especie no acontece, pues el controvertido de origen se inició el catorce de marzo de dos mil dieciocho, es decir, en una fecha previa a la que adquirió dicho carácter (fecha cierta). Dicha sentencia se declaró ejecutoriada mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, al no haber sido recurrida por las partes. Ahora, en el presente juicio el quejoso *****************, acude al amparo señalando como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORA. Juez Primero Civil de Partido. EJECUTORAS. Registro Público de la Propiedad. Actuario designado por la Oficina Central de Actuarios. Policía Municipal. Todos de la ciudad de Celaya, Guanajuato. El acto reclamado lo hace consistir en: La privación de la posesión del inmueble ubicado en calle ***********, en esta ciudad, ubicado en el lote *************, con motivo de no haber sido oído y vencido en el juicio ordinario mercantil *************, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, promovido por ************ en contra de ***************. El aquí quejoso basa su reclamación en que, con fecha dos de enero de dos mil veintitrés, adquirió de ************** los derechos de propiedad y posesión del inmueble ubicado en *****************, según dice acreditarlo con el contrato de cesión de derechos celebrado en la precitada fecha, el cual adjunta a su demanda. Es decir, el peticionario del amparo defiende en esta instancia constitucional, los derechos de propiedad y posesión que dice tener sobre el mencionado inmueble, los cuales indica que adquirió de la mencionada **************, a través del contrato de cesión de derechos concertado el dos de enero del presente año; señala que aquella adquirió y pagó el bien raíz, lo cual se demuestra con la copia simple de diversos recibos de dinero y con la copia certificada del acta de entrega recepción de nueve de febrero de dos mil nueve, que realizó en su favor el representante legal de ***************, respecto del aludido inmueble, documentos que adjunta al ocurso que se provee. Con lo anterior, se reitera que es evidente el "efecto reflejo de la cosa juzgada", en razón de que al retomar lo establecido en la última tesis transcrita, se corroboran los requisitos para su actualización, a saber: a) La existencia de una determinación firme, emitida el catorce de diciembre de dos mil veintidós por el este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 1027/2022-VII, misma que no fue controvertida pues causó ejecutoria cinco de enero del año en curso; b) La existencia de una nueva cuestión planteada, a saber, la presentación de este nuevo juicio de amparo por diverso quejoso, pero defendiendo los derechos de propiedad y posesión del mismo inmueble que pretendió proteger la quejosa en aquél juicio de derechos -Verónica Silva Chávez-; ahora bajo el sustento de un contrato de cesión de derechos que aquella realizó en favor del aquí peticionario del amparo, teniendo como antecedente de propiedad el documento que fue ineficaz para demostrar el interés jurídico de la quejosa en el juicio de amparo 1027/2022-VII; c) Que el objeto de ambas circunstancias sea conexo por tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; en el caso, la privación de los derechos de propiedad y posesión del inmueble ubicado en ******************; d) La existencia de un hecho o situación, que sea elemento o presupuesto lógico necesario entre aquellas dos primeras cuestiones, que haya sido dilucidado de manera precisa, clara e indudable en determinación firme; que en el caso lo es que el documento que exhibió la quejosa para acreditar su interés jurídico, no fue apto para tal efecto al carecer de fecha cierta, según se decidió en el juicio de amparo 1027/2022; y e) Que para la solución del segundo planteamiento, se requiera asumir un criterio sobre ese elemento o presupuesto lógico común, por ser indispensable para apoyar lo fallado; en el caso, resultaría necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, lo cual ya fue materia de estudio en la referida resolución emitida por este juzgado en el juicio de amparo 1027/2022, en el sentido de que el documento que se exhibió para demostrar el interés jurídico, no es apto por no tener fecha cierta (documento del cual deriva el diverso contrato de cesión de derechos con el que el aquí quejoso pretende demostrar su interés jurídico); Luego, en virtud de que en el caso existe "cosa juzgada refleja", porque lo relativo a la afectación a la propiedad y posesión que dice tener el quejoso sobre el inmueble de marras, indirectamente ya fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo, en función de que el documento en el que basa su pretensión y con el cual pretende demostrar su interés jurídico, deriva directamente del diverso respecto del que ya se determinó que carece de fecha cierta y por ende, con él no es posible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo; entonces se actualiza la causal de improcedencia invocada, como se precisó. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Como lo solicita el gestionante, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza a la parte quejosa para que consulte de manera electrónica el presente expediente, así como para que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte corresponde; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************ en virtud de que obra su cédula profesional 2198292, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se le tiene proponiendo el correo electrónico que indica, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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