Romulo Martínez Sánchez

Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
15/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Romulo Martínez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 15/2018, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de once de mayo de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. De la misma forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias relativas al juicio de amparo 432/2017 e informa el estado procesal que guarda. Ahora, de las constancias remitidas por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos por diverso oficio 795/2018 (fojas 47 a 101), se advierte que en el juicio de amparo 432/2017, promovido por Rómulo Martínez Sánchez, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, se reclamó: El proceso legislativo consistente en la expedición, promulgación y publicación que dio lugar a la creación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, particularmente el artículo 58, fracción I, inciso i): y, El acto de aplicación consistente en la expedición del decreto mil cuatrocientos diecinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", el ocho de marzo de dos mil diecisiete. En ese esquema dicho Juzgado Federal amparó al hoy quejoso para el efecto de que el Congreso responsable en la parte que interesa: "Emitiera otro decreto, en el que debía equiparar el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el peticionario de amparo" En tal circunstancia, de las constancias que obran en autos se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, se emitió el decreto número dos mil ciento sesenta por el que se abrogó el decreto mil cuatrocientos diecinueve, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5479, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al -aquí quejoso Rómulo Martínez Sánchez- Por su parte, en esta instancia constitucional 15/2018-III, el quejoso Rómulo Martínez Sánchez, presentó demanda de amparo indirecto y señaló como autoridad responsable al Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclamó: 1.- El incumplimiento lo ordenado por el decreto dos mil ciento sesenta por el que abrogó el diverso decreto mil cuatrocientos diecinueve, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5479, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al quejoso Rómulo Martínez Sánchez. 2.- Las omisiones de llevar a cabo las acciones administrativas para el efecto de cubrir el pago de pensión en cumplimiento al decreto número dos mil ciento sesenta por el que abrogó el decreto mil cuatrocientos diecinueve, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5479, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al quejoso; y, 3.- La orden verbal para omitir el pago de pensión por jubilación en consecuencia del decreto antes citado. Por su parte, de las constancias allegadas en el oficio de cuenta se desprende el diverso decreto número dos mil seiscientos cinco por el que se abrogó el decreto dos mil ciento sesenta, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5524, el día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Rómulo Martínez Sánchez materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 432/2017, puesto que por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó que el decreto materia del acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa no desmostó haber dado cumplimiento a la sentencia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Bajo ese contexto, al haberse abrogado el decreto dos mil ciento sesenta de once de julio de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5524 el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al quejoso Rómulo Martínez Sánchez mediante el diverso decreto número dos mil seiscientos cinco es evidente que el presente juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada en el caso de otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, antes de la abrogación del decreto dos mil ciento sesenta, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis del incumplimiento de lo ordenado por decreto dos mil ciento sesenta, así como de las omisiones de llevar a cabo las acciones administrativas para el efecto de cubrir el pago de pensión en cumplimiento al citado decreto y, de la orden verbal para omitir el pago de pensión por jubilación en consecuencia del decreto mencionado, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que fue abrogado por el diverso decreto número dos mil seiscientos cinco. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que el decreto materia de los actos reclamados en el presente asunto fue abrogado, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Apoya la anterior conclusión, la Tesis 1a. XLVIII/2000 del rubro "ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE EL MANDAMIENTO DE EMBARGO PRECAUTORIO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA.", de la Primera Sala, consultble en el Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, página 237. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril de ese año. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.) del rubro "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió el Juzgado oficiante, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de once de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias relativas al juicio de amparo 432/2017 e informa el estado procesal que guarda. Ahora, de las constancias remitidas por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos por diverso oficio 795/2018 (fojas 47 a 101), se advierte que en el juicio de amparo 432/2017, promovido por Rómulo Martínez Sánchez, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, se reclamó: El proceso legislativo consistente en la expedición, promulgación y publicación que dio lugar a la creación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, particularmente el artículo 58, fracción I, inciso i): y, El acto de aplicación consistente en la expedición del decreto mil cuatrocientos diecinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", el ocho de marzo de dos mil diecisiete. En ese esquema dicho Juzgado Federal amparó al hoy quejoso para el efecto de que el Congreso responsable en la parte que interesa: "Emitiera otro decreto, en el que debía equiparar el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el peticionario de amparo" En tal circunstancia, de las constancias que obran en autos se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, se emitió el decreto número dos mil ciento sesenta por el que se abrogó el decreto mil cuatrocientos diecinueve, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5479, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al -aquí quejoso Rómulo Martínez Sánchez- Por su parte, en esta instancia constitucional 15/2018-III, el quejoso Rómulo Martínez Sánchez, presentó demanda de amparo indirecto y señaló como autoridad responsable al Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclamó: 1.- El incumplimiento lo ordenado por el decreto dos mil ciento sesenta por el que abrogó el diverso decreto mil cuatrocientos diecinueve, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5479, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al quejoso Rómulo Martínez Sánchez. 2.- Las omisiones de llevar a cabo las acciones administrativas para el efecto de cubrir el pago de pensión en cumplimiento al decreto número dos mil ciento sesenta por el que abrogó el decreto mil cuatrocientos diecinueve, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5479, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al quejoso; y, 3.- La orden verbal para omitir el pago de pensión por jubilación en consecuencia del decreto antes citado. Por su parte, de las constancias allegadas en el oficio de cuenta se desprende el diverso decreto número dos mil seiscientos cinco por el que se abrogó el decreto dos mil ciento sesenta, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5524, el día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Rómulo Martínez Sánchez materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 432/2017, puesto que por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó que el decreto materia del acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa no desmostó haber dado cumplimiento a la sentencia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Bajo ese contexto, al haberse abrogado el decreto dos mil ciento sesenta de once de julio de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad", número 5524 el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación al quejoso Rómulo Martínez Sánchez mediante el diverso decreto número dos mil seiscientos cinco es evidente que el presente juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada en el caso de otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, antes de la abrogación del decreto dos mil ciento sesenta, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis del incumplimiento de lo ordenado por decreto dos mil ciento sesenta, así como de las omisiones de llevar a cabo las acciones administrativas para el efecto de cubrir el pago de pensión en cumplimiento al citado decreto y, de la orden verbal para omitir el pago de pensión por jubilación en consecuencia del decreto mencionado, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que fue abrogado por el diverso decreto número dos mil seiscientos cinco. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que el decreto materia de los actos reclamados en el presente asunto fue abrogado, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Apoya la anterior conclusión, la Tesis 1a. XLVIII/2000 del rubro "ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE EL MANDAMIENTO DE EMBARGO PRECAUTORIO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA.", de la Primera Sala, consultble en el Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, página 237. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril de ese año. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.) del rubro "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió el Juzgado oficiante, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración que por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se giró oficio al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos a efecto de que remitiera diversas constancias relativas al juicio de amparo 432/2017, sin que hayan sido allegadas a la fecha, por lo que a efecto de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese...

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