Romina Berni Salgado

Expediente 300/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
300/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Romina Berni Salgado
  • ROMINA BERNI SALGADO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por el cual testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de queja 99/2017, concluyendo en único punto resolutivo que es del tenor siguiente: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese el presente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado de la Oficina Postal Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite copia certificada de las piezas postales relativas a los oficios 17862, 19119, 19271 y 19275; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, toda vez que dichas piezas ya obran en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 300/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 300/2017-III, promovido por Diana Salgado Arroyo, por propio derecho y en representación de su menor hija Romina Berni Salgado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado Federal, Diana Salgado Arroyo, por propio derecho y en representación de su menor hija Romina Berni Salgado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: No. Autoridades Responsables Actos Reclamados 1 -Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. -Directora General Adjunta de Derecho de Familia, encargada del despacho de la dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. -Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Morelos del Sistema DIF. -Director General del Instituto Nacional de Migración, con sede en Morelos. -Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Municipio de Yautepec, Morelos. -Lo constituye la orden de incomunicación, expulsión, deportación o destierro decretada en contra de la menor Romina Berni Salgado, derivada del expediente 01/2017-1 y que pretende ejecutarse por todas las autoridades señaladas. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de febrero de este año, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos ordenó registrar la demanda de amparo con el número de expediente 300/2017-III, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Seguido el trámite del asunto, el veinte de abril de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual, se llevó en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a quienes se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme lo establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, de una lectura integral del escrito de demanda, se desprende que los actos reclamados por el quejoso en el presente juicio de amparo consisten en la supuesta orden de deportación, expulsión o destierro de la menor Romina Berni Salgado, derivada del juicio de restitución internacional de menores 1/2017, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado, pues además de que las autoridades responsables lo negaron en sus informes justificados, ello se desprende de las constancias que anexaron a los mismos, entre las que se encuentran los autos del juicio de restitución internacional de menores 1/2017 antes referido. Documentos que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues al ser expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se reputan como públicos. Y es que de dichas constancias se advierte que, en el caso, no se ordenó o ejecutó algún acto de expulsión, deportación o destierro en contra de la menor quejosa, sino que lo que se llevó a cabo fue un procedimiento de restitución internacional de menores, en función de que las autoridades centrales del país de origen de la menor -Italia- y del lugar en donde, presuntamente, fue retenida -México- solicitaron el inicio y substanciación del referido procedimiento; lo que constituye un acto diverso a los que aquí se reclaman y, por consiguiente, que no les es equiparable. Es así, por las razones que a continuación se exponen. De principio, cabe analizar los conceptos jurídicos de expulsión, deportación y destierro. Expulsión La Organización Internacional para las Migraciones definió en su Glosario Sobre Migración (página 25), a la expulsión como el "Acto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de asegurar la salida del territorio de ese Estado de una o varias personas (extranjeros), contra su voluntad." Al respecto de la expulsión, nuestro ordenamiento jurídico dispone, en los artículos 33 de la Constitución Nacional y 114 de la Ley de Migración , que se reputarán extranjeras aquellas personas que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de esa norma fundamental, que esas personas gozarán de los derechos humanos y garantías reconocidos en nuestro país y que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsarlos del territorio del país con fundamento en la ley correspondiente, cuando juzgue inconveniente su permanencia. Aunado a lo anterior, el artículo 30 de la citada norma suprema , establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización y especifica los supuestos que encuadran en cada uno de ellos. Además, esa misma disposición normativa, en su artículo 11 , estipula que toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes y que el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad penal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Así, tenemos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la expulsión constituye una facultad reservada al Presidente de la República para sacar del territorio nacional a un extranjero -definido como todo aquél que no es mexicano pero se encuentra dentro del territorio nacional- por considerar que su permanencia en él es perniciosa o inconveniente. Deportación La antes mencionada Organización Internacional para las Migraciones en la misma obra (página 18), conceptualizó a la deportación como el "Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado." De esa noción, se desprende que la deportación constituye un acto unilateral del Estado, en ejercicio de su soberanía, por la que ordena la salida de un extranjero de su territorio después de rechazar por alguna razón su internamiento o porque concluyó el permiso con el que permanecía en él. En torno a esa facultad del Estado, la Ley de Migración establece en su artículo 143, párrafo tercero, que la deportación es la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el periodo durante el cual no podrá reingresar al mismo, según los supuestos establecidos en el artículo 144 de dicha norma . Por su parte, el citado último artículo, refiere que será deportado del país el extranjero que: I. Se haya internado sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; IV. Esté sujeto a proceso penal, haya sido condenado por delito grave o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta; y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. Aunado a eso, el artículo 19 de la Ley en mención , establece que el Instituto Nacional de Migración es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional, así como la instrumentación de políticas públicas en la materia. Bajo ese contexto, tenemos que en México la deportación es una medida que decreta el Instituto Nacional de Migración, en ejercicio de sus atribuciones legales, en la que ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y determina un periodo durante el cual no podrá ingresar al mismo, cuando incurra en ciertos supuestos establecidos en la Ley de la materia. Destierro La Real Academia Española, en una de las acepciones de la palabra destierro, la define como una pena que consiste en expulsar a alguien de un lugar o de un territorio determinado, para que, temporal o perpetuamente, resida fuera de él . Ahora, la pena de destierro, en un mundo delimitado por Estados libres, soberanos y autónomos, debe entenderse en el sentido de que la expulsión del territorio será de todo el que comprenda el de la nación correspondiente. En relación con dicha facultad, el artículo 5, párrafo sexto, de la Constitución Nacional , refiere que en México no puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Es, pues, dable sostener que en nuestro país está prohibido el forzar, como pena, a una persona para que deje el territorio nacional y, por consiguiente, que ninguna autoridad del Estado podrá decretarla o ejecutarla. Así, tenemos que los conceptos jurídicos de expulsión, deportación y destierro participan de las siguientes notas características. 1. Consisten en la salida de una persona del territorio nacional, esto es, tienen la finalidad de forzar a una persona a dejar un Estado. 2. Son medidas que, en un sentido amplio, pueden ser consideradas como una sanción, en tanto que se imponen como reproche, ya sea por no cumplir ciertos requisitos legales de estancia, ser considerado como alguien perjudicial o como un castigo en sentido estricto. 3. Los sujetos de la deportación y de la expulsión son extranjeros (de esta característica no participa el destierro). Precisado lo anterior, se procede a estudiar en que consiste un procedimiento de restitución de un menor, realizado en términos del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores y si este es equiparable o no a una deportación, expulsión o a un destierro. Sobre la base de las consideraciones hechas por Elisa Pérez-Vera en el informe explicativo del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores, previo al análisis correspondiente de su articulado, se delimitará el tema de aquél y se señalará su objetivo. La autora parte de la premisa de que la hipótesis primaria de la aplicación del convenio está en encontrarse ante el traslado de un menor fuera de su entorno habitual o de la negativa de devolverlo a su retorno, tras una estancia en el extranjero consentida por la persona que ejercía la custodia. Y es que, dice, en ambos casos la consecuencia es la misma; el menor ha sido apartado del entorno familiar y social en el que desarrollaba su vida. Además, sostiene que la persona que traslada al menor, se trata, comúnmente, de alguien que forma parte del círculo familiar del menor, en un sentido amplio o, incluso, el padre o la madre. Por ello, continúa, es frecuente que la persona que tiene al menor, trate de conseguir que una resolución judicial o administrativa del Estado de refugio, legalice la situación de hecho que acaba de crear. De ahí, afirma que el problema abordado por el Convenio adquiere toda su importancia jurídica por la posibilidad que tienen los particulares de establecer vínculos más o menos artificiales de competencia judicial, pues pueden pretender alterar la ley aplicable -pretendiendo demandar la guarda y custodia del menor no en su lugar de origen, que es donde debe resolverse, sino en el Estado de refugio- y lograr con ello una resolución que les sea favorable. Con fundamento en esas consideraciones, la autora sostiene que los objetivos del convenio se podrían resumir de la forma siguiente: dado que un factor característico de estas situaciones reside en el hecho de que el sustractor pretende que su acción sea legalizada por las autoridades competentes del Estado de refugio, un medio eficaz de disuadirle, consiste en que sus acciones se vean privadas de toda consecuencia práctica y jurídica. Para alcanzar ese objetivo o finalidad, concluye aquella, el Convenio consagra en primer lugar el restablecimiento del statu quo mediante la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita. Al respecto del objetivo y finalidad del multicitado Convenio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 29/2016, refirió, en sintonía con lo expuesto por la autora antes referida, que su objetivo fundamental se asienta en el rechazo unánime del fenómeno de los traslados ilícitos de menores y, por ende, que su finalidad descansa en garantizar su restitución inmediata cuando han sido víctimas de un traslado o retención ilícita al país en donde originariamente residían, esto es, en regresarlos a su entorno habitual donde se deberá decidir respecto a los derechos de custodia. Y es que, continúa la ejecutoria antes mencionada, lo más adecuado para la protección del interés superior del menor es que la asignación de la guarda y custodia, así como el establecimiento de un régimen de visitas, se realice en el país de su residencia habitual; además de que precisa que el citado Convenio no pretende determinar a quién de los familiares corresponde la tutela en el futuro del menor, sino únicamente el evitar que a partir de un cambio unilateral de las condiciones por una de las partes, realizado de manera ilícita, se establezca una situación que trascienda a los citados derechos de custodia. Asimismo, se sostuvo en esa resolución, que el interés superior del menor debe girar en principio en torno a su inmediata restitución, a menos que quede plenamente demostrada alguna de las excepciones extraordinarias contempladas dentro del propio Convenio, en virtud de que dicha norma convencional reconoce que existe una presunción de que el interés superior del menor sustraído o retenido se ve mayormente protegido con su restitución inmediata al país de origen . De ahí, se concluye, que la carga de la prueba para demostrar que se actualiza alguna de las excepciones extraordinarias recaiga sobre el sustractor o retenedor. Ahora bien, ya en el estudio normativo, en términos del artículo 3 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores , se considera que el traslado o retención de un menor es ilícito cuando se hubiera producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de que el hecho ocurriera; o cuando este derecho se ejerciera de forma efectiva, conjunta o separadamente, en el momento del acontecimiento, o se habría ejercido en caso de que éste no se hubiera producido. Así, lo crucial es que el Convenio no pretende determinar a quién corresponderá en el futuro la custodia del menor, sino simplemente evitar que un cambio de circunstancias introducido unilateralmente por una de las partes violente el derecho de custodia ejercido de forma efectiva, ya sea separada o conjuntamente. Por su parte, el artículo 8, primer párrafo, del citado Convenio , dispone que cuando alguien sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual de la menor, para que, con su asistencia, quede garantizada su restitución. Aunado a ello, el artículo 11 de la misma normativa convencional , estipula que las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en estos casos y que si éstas no hubieran tomado una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación del procedimiento, el solicitante o la autoridad central del Estado requerido tendrán derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora. Finalmente, en sus artículos 12 y 13 el Convenio en estudio , instituye que cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente y a la fecha de iniciación del procedimiento ante la autoridad correspondiente del Estado donde se encuentre el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde que se produjo el hecho, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor, además, estipula que incluso en el caso de que ese plazo se hubiera superado, se deberá ordenar la restitución salvo que quede demostrado que el menor ya está integrado en su nuevo ambiente, y que el Estado requerido no estará obligado a ordenar la restitución del menor si quien se opone a ella demuestra que acontecen dos situaciones. Situaciones, consistentes en que quien se hubiera hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado esos actos; o que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable. Asimismo, disponen que la autoridad judicial o administrativa podrá negarse a ordenar la restitución si comprueban que el propio menor se opone a ella, siempre y cuando haya alcanzado una edad y grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Partiendo de lo analizado con anterioridad, tenemos que la restitución de un menor, tiene, entre otras, las características que a continuación se enuncian: 1. Tiene como base y sustento jurídico el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 2. Responde a la necesidad internacional de disuadir o evitar que menores de edad sean sustraídos o retenidos de manera ilegal en un país diverso al de su origen. 3. Impide que el padre o madre sustractor pretenda obtener una resolución administrativa o jurídica -guarda y custodia- en el país de origen y con eso busque convalidar su actuar. 4. Pretende restituir el statu quo que tenía el menor previo a los acontecimientos. 5. Se lleva a manera de un proceso -particularmente en México, ante autoridades jurisdiccionales-. 6. La situación se considera de interés prioritario y, por consiguiente, se solicita a los países contratantes que se resuelva a la brevedad posible -el convenio habla de seis semanas en su artículo 11, segundo párrafo-. 7. Se consideran supuestos de excepción, que tiene que demostrar fehacientemente el sustractor o retenedor, para evitar la restitución del menor a su lugar de origen. En atención a esas consideraciones, es claro que la restitución de un menor a su país de origen no participa de las mismas características que la expulsión, la deportación y el destierro. Pues la restitución de un menor busca resolver un fenómeno internacional que genera un efecto sumamente perjudicial en el interés superior del menor, reflejado en afectaciones que pueden ser tanto físicas como psicológicas, derivadas de la incertidumbre y frustración a que se enfrentan los menores frente al quebrantamiento de su estabilidad familiar, la separación del progenitor con el que siempre ha convivido, la necesidad de adaptarse a un idioma extranjero, a condiciones culturales que no le son familiares, a nuevos profesores, a una familia desconocida, entre otros ; mientras que aquellas medidas consisten, básicamente, en la orden de salida de una persona del territorio de un determinado Estado, aplicada a manera de una sanción en sentido amplio. De ahí, que una resolución de restitución de un menor no sea equiparable a una expulsión, una deportación o a un destierro, de forma que no pueda dárseles un tratamiento similar ni considerar que el primero es una especie o derivado de los segundos. Ahora, en el caso se sostiene que está acreditado que lo que se llevó a cabo fue un procedimiento de restitución internacional de menores y no actos de expulsión, deportación o destierro, pues de las constancias se advierte que el ocho de febrero de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su unidad jurídica respectiva, remitió a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la solicitud de restitución internacional de la menor Romina Berni, formulada por la Autoridad Central de Italia, anexando a la misma, la documentación del procedimiento relativo que se llevó en ese país, entre la que se encuentra la petición de su padre, Massimo Berni, para que a éste se le diera trámite, así como la solicitud del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México correspondiente. Elementos que fehacientemente evidencian que en el caso, la menor quejosa fue sujeta de un procedimiento de restitución internacional de menores y que no fue expulsada, deportada o desterrada del país y, por consiguiente, que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son inexistentes. En virtud de lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo. SEGUNDO. Dese cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, quien autoriza y da fe. Con esta fecha se giraron los oficios con los números 19270, 19271, 19272, 19273 y 19274

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