Rómulo Dúron Zamora

Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
667/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Rómulo Dúron Zamora
  • Rómulo Dúron Zamora y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó su demanda de amparo sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 667/2020. Desechamiento. Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Ahora bien, en el caso de estudio se actualiza la que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo; motivo de improcedencia que desde luego, es notorio y manifiesto. Los artículos 61, fracción XXIII y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ARTÍCULO 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". En la especie, la parte quejosa reclama la falta de acuerdo al escrito de petición presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte ante la autoridad responsable. Dicho acto se torna improcedente en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo interpretados en sentido contrario. Es así, debido a que si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, el veintisiete de octubre del año en curso, es evidente que a esa fecha no han mediado los diez días hábiles que señala el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para que la autoridad responsable dé contestación a su solicitud y le notifique el contenido de la misma; pues, si la promoción en la cual se expresa la petición planteada, fue presentada ante la autoridad responsable el veintiuno de octubre del actual y el escrito de demanda fue presentado el veintisiete siguiente, es indudable que no han fenecido los diez días hábiles con los que cuenta la responsable para contestar la petición formulada y notificarle en términos de ley, ya que dicho plazo transcurre del veintidós de octubre al cinco de noviembre (en dicho plazo no se contemplan los días de la semana que pudieran declararse inhábiles). En ese tenor, el simple transcurso de cuatro días hábiles, no constituye un acto omisivo de autoridad que pueda causar alguna afectación en la esfera jurídica de la parte promovente del amparo. Sobre el particular resulta conveniente invocar la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, del Tomo IV, Septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. Se considera oportuno precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J.6/2019 (10a) ha reconocido la posibilidad de que el legislador estatal, de acuerdo con sus respectivas atribuciones competenciales, pueda desarrollar o incluso ampliar el contenido de un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que contengan disposiciones de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre y cuando, no se rebasen los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico. Asimismo, en esa ejecutoria ha reiterado que desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, se ha sustentado por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal que la expresión de 'breve término' a que se refiere el artículo 8o. constitucional, es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse; de igual forma determinó que el plazo debe de entenderse como un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad. La jurisprudencia P/J.6/2019 (10a) que se ha citado y sirve de sustento en este asunto por analogía, es del tenor siguiente: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, si la Constitución Política del Estado de Oaxaca, dispone un máximo de diez días para dar respuesta a las peticiones que se le formulen, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario; es evidente, que el transcurso de tan solo cuatro días no le irroga un perjuicio a sus derechos fundamentales previstos en el numeral 8 Constitucional. Por tanto, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rómulo Durón Zamora en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado de forma expresa, y como su autorizado para tales efectos a la persona que señala, sin las amplias facultades que confiere el 12 de la Ley de Amparo, en virtud que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo previsto por el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional notifiquen a las partes los acuerdos y las resoluciones que se dicten en este incidente en sus domicilios respectivos o en las oficinas que ocupa este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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