Romula Agripina Velásquez Márquez
Expediente 1824/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1824/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Romula Agripina Velásquez Márquez
- Romula Agripina Velásquez Márquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de siete de enero de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rómula Agripina Velásquez Márquez, se hizo correctamente a la promovente por lista de acuerdos en términos de los artículos 27 fracción III, 29 y 31 de la Ley de Amparo, el ocho de enero del año en curso, como se ordenó en auto de treinta de diciembre último, notificación que surtió efectos el nueve siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, transcurrió del doce al dieciséis del mes en curso, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, en el mismo se reclamó la orden, verbal o escrita, dada por el presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para que entregue a los terceros interesados Comisariado de Bienes Comunales del Núcleo Agrario de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, la parcela conocida como "Mogotito Colorado", ubicado en los terrenos comunales de la comunidad de Guadalupe de Cisneros, Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, y la orden verbal, o escrita, para que le entregaran un citatorio y le manifestara verbalmente que se presentara en las instalaciones de dicho tribunal y lo apercibiera que debe salir de su parcela que ha venido poseyendo desde hace muchos años, o de lo contrario, ordenará su encarcelamiento; y del actuario ejecutor adscrito a dicho tribunal unitario, el cumplimiento a la orden emitida por la responsable ordenadora que pretende despojarla de la posesión de la parcela multireferida de su comunidad de origen; por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también se precisa que la promovente del amparo anexó a su escrito de demanda siete recibos originales y ocho fotografías (fojas 17 a 23), los que en términos de la fracción XVIII del punto segundo, Capítulo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, si bien las fotografías no se consideran documentos originales, pueden ser de utilidad para la parte promovente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el punto décimo primero, último párrafo del acuerdo de que se trata, notifíquese personalmente a la promovente del amparo este auto para que acuda a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en días y horas hábiles, con identificación oficial, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los referidos documentos exhibidos en este expediente, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, en su oportunidad, los mismos podrán ser destruidos al momento de destruir este expediente. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
" . . . Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil quince. Visto el escrito firmado por Rómula Agripina Velásquez Márquez, recibida seis de los corrientes en este juzgado, por el que en atención al requerimiento que se le hizo en auto de veintiséis de diciembre del año pasado, solicita se le amplíe el plazo de cinco días para que pueda cumplir con el requerimiento que se le hizo en auto inicial, toda vez que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con residencia en esta ciudad, se encuentra gozando de su periodo vacacional y retorna a sus laborales el dieciséis del mes en curso, donde se tramita el juicio de amparo directo que promovió. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En atención al contenido de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la orden, verbal o escrita, dada por el presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para que entregue a los terceros interesados Comisariado de Bienes Comunales del Núcleo Agrario de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, la parcela conocida como "Mogotito Colorado", ubicado en los terrenos comunales de la comunidad de Guadalupe de Cisneros, Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, y la orden verbal, o escrita, para que le entregaran un citatorio y le manifestara verbalmente que se presentara en las instalaciones de dicho tribunal y lo apercibiera que debe salir de su parcela que ha venido poseyendo desde hace muchos años, o de lo contrario, ordenará su encarcelamiento Del actuario ejecutor adscrito a dicho tribunal unitario, el cumplimiento a la orden emitida por la responsable ordenadora que pretende despojarla de la posesión de la parcela multireferida de su comunidad de origen. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". De la interpretación del último de los citados preceptos, se advierte que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados después de concluido el juicio, específicamente en los relativos a la ejecución de la sentencia, no pueden válidamente reclamarse en amparo en la vía indirecta, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, momento en el cual podrán reclamarse además en el amparo, como violaciones procesales, las determinaciones intermedias contenidas en dicha resolución, así como las que se hubieren cometido durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. Empero, cabe aclarar, que si bien el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de garantías indirecto deberá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que existen casos de excepción a esa regla, pues, el amparo biinstancial también puede solicitarse contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, que aunque no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, gozan de autonomía respecto de éste, por considerase un requisito previo para hacer ejecutable dicha determinación, no teniendo como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia emitida en el juicio natural. No obstante, la determinación impugnada en esta instancia constitucional no goza de autonomía respecto al cumplimiento de la sentencia, ya que, es precisamente el acuerdo por el que se requiere a la demandada, aquí quejosa para que cumpla con la sentencia en la cual, como lo narra en los antecedentes del acto reclamado, en uno de sus puntos resolutivos ordena la desocupación del inmueble conocido como "El Mogotito Colorado"; por tanto, no es ajena a la materia de la sentencia. En efecto, la promovente del amparo manifiesta en su demanda de garantías, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el ocho de diciembre de dos mil catorce, a las doce horas el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, se presentó en su domicilio particular el cual le entregó un citatorio suscrito por el titular de dicho tribunal, en que le indicaba que tendría que comparecer el quince del mes de diciembre de ese año, que de viva voz el magistrado le indicó que en el expediente 961/2012 de su índice, dictó sentencia en la que decretó la desocupación del inmueble, que le comunicaba que tenía quince días para desalojar la parcela llamada "El Mogotito Colorado" de la Agencia Municipal de Guadalupe de Cisneros del municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca; asimismo, deduce el quejoso que dicha sentencia no es firme pues el siete de agosto del año dos mil catorce, interpuso el juicio de amparo 614/2014, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien lo remitió por incompetencia el catorce de julio al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, para que lo conociera en amparo directo. Por ello es evidente que el acto reclamado en esta instancia constitucional se trata de un acto de ejecución de sentencia en el expediente 961/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, pues consiste en orden del presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para que la aquí quejosa entregue a los terceros interesados Comisariado de Bienes Comunales del Núcleo Agrario de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, la parcela conocida como "Mogotito Colorado", ubicado en los terrenos comunales de la comunidad de Guadalupe de Cisneros, Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, su notificación y apercibimiento. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, como seguimiento al logro de la ejecución de la sentencia emitida en el expediente 961/2012, de su índice, le notificó tal requerimiento. Es ilustrativa por su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Bajo ese contexto, si el acuerdo reclamado se trata de un acuerdo o resolución intermedio que no tiene el carácter de autónomo respecto del procedimiento de ejecución, contra el cual resulta improcedente el juicio de garantías, ya que en todo caso, ese acuerdo sólo podrá ser reclamado por la parte quejosa hasta que se dicte la resolución que ponga fin a dicha cuestión, esto es, que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, siempre que aquélla sea contraria a los intereses del mismo. De otro modo, como se dijo, se estaría abusando de la promoción el juicio de amparo, lo que además tendría como consecuencia el retardo en la ejecución de la sentencia, lo que sin duda generaría perjuicio a las partes. Se cita al respecto, la jurisprudencia 1ª J 20/2003, visible en la página once, tomo XVII, junio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Máxime que la quejosa no es ajena a la controversia porque manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representante en el expediente agrario 961/2012, promovió juicio de amparo a su nombre, contra la sentencia dictada en dicho juicio. En tales condiciones, al reclamarse en la especie un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de amparo de que se trata. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a la parte quejosa, pues, el análisis de la causa de improcedencia constituyen un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes. "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo Del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1494, libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe. JLEV/MECG/Gaby
- Principal
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de enero de dos mil quince. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los oficios 5228 y 5229 de la secretaria judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, recibidos el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por los que remite las copias certificadas de las constancias relativas al juicio de amparo 614/2014 de su índice y del incidente de suspensión relativo, cumpliendo con la solicitud que se le hizo en auto de veintiséis de diciembre último. NOTIFÍQUESE...
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